NACIONALES
La abogacía: En un punto de inflexión
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Al día de hoy, si algún joven me pidiera mi opinión sobre estudiar derecho para construir una carrera profesional como abogado litigante, probablemente mi consejo para ese joven en este momento sería, tal y como dice el meme: no lo haga, compa.
Según los datos del Observatorio Laboral, en México hay aproximadamente 363 mil 96 alumnos matriculados en la licenciatura de derecho, y aproximadamente 800 mil 160 profesionistas ejerciendo dicha carrera, cifra que puede ser catalogada como «extraoficial» ya que ésta solo considera a aquellos abogados que están inscritos a algún Colegio y/o Barra, pero fuera de estas agrupaciones, hay un sinfín de abogados litigantes y despachos que no son censados, por lo que la cifra real puede ser significativamente más elevada.
De igual forma, los datos reflejan la abogacía es la 24 carrera mejor pagada del país, pero el grueso de los abogados percibe un sueldo promedio mensual de aproximadamente 11 mil 755 pesos, mientras que el 48% de las personas que estudiaron derecho tienen un trabajo acorde con sus estudios.
No obstante, mi postura de no recomendar a los jóvenes ingresar a las aulas de cualquier facultad de derecho no obedece propiamente a estas cifras, ni mucho menos a que ya haya muchos abogados en el mundo profesional, al contrario, creo que una sociedad como la nuestra que está en constante desarrollo y crecimiento nunca tendrá suficientes abogados para atender en su totalidad todos los problemas, controversias y conflictos que derivan de la interacción social.
Realmente la verdadera razón por la que hoy yo no le recomendaría a ningún joven estudiar esta carrera obedece a una serie de factores con un trasfondo un poco más complejo que los salarios y la cantidad de profesionales del derecho que transitan por tribunales o dependencias gubernamentales, y es que aunque no lo parezca, actualmente el gremio, al menos en nuestro estado, atraviesa una crisis que considero debemos de solucionar de fondo, antes de invitar a más personas a aventurarse en una licenciatura.
En primer lugar, debemos de tener presente que el primer problema al que nos enfrentamos como gremio es que el papel y la importancia del abogado en la sociedad ha sido subestimado y relegado, a tal grado que un importante sector de la población no está dispuesta a invertir en su seguridad y certeza jurídica por un par de razones que son igual preocupantes: por un lado el número de personas indispuestas a invertir en servicios legales es proporcional al número de personas que en el pasado han atravesado situaciones desagradables con abogados carentes de profesionalidad, y por el otro lado, se ha comenzado a consolidar a nuestro alrededor una sutil cultura que hace creer a las personas que no necesitan invertir en arreglar problemas que desde su óptica pueden solucionar por su cuenta o por una módica cantidad.
Un claro ejemplo de esto lo viví la semana pasada conversé con una señora que me comentó que a ella le estaban cobrando $10,000 por un amparo, cantidad que a ella le pareció excesiva ya que un conocido suyo le dijo que ese ‘’papel’’ lo podían conseguir por tan solo $100, como si hacer un amparo fuera fácil, cuando realmente no lo es.
Es casi imperceptible, pero situaciones de esta naturaleza se reproducen cotidianamente, y además, dinamitan las bases de una profesión cuyo valor social no se puede equiparar puesto que es de donde nace el proceso de reparación del tejido social, pero cuya reputación dentro del grueso poblacional está casi tan lastimada como la del político tradicional, razón por la cual es momento de replantearnos seriamente nuestra profesión, de tal manera que podamos sentar las bases para un futuro en el que los abogados puedan vuelvan a ser verdaderos factores de cambio social.
Y muy probablemente el primer paso para alcanzar este objetivo lo podremos encontrar en la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero con la que plantea cambios en materia de colegiación y certificación de profesionistas, iniciativa que guardando sus proporciones, podría encender un acalorado debate como lo hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que tocó fibras sensibles.
En su iniciativa, la senadora plantea que la colegiación, como la certificación periódica de determinadas profesiones son los medios aceptados internacionalmente para evitar que se ataquen derechos de terceros ni se ofendan derechos de la sociedad, por lo que la colegiación obligatoria para los abogados se puede traducir en un mecanismo de control en el ejercicio de la profesión en virtud del cual se deberá replantear también el papel de los Colegios o Asociaciones en donde la afiliación es voluntaria y por lo tanto no solo no cuentan con estándares mínimos de calidad, sino que tampoco cuentan con códigos de conducta profesional o mecanismos de sanción por mala práctica, ya que solamente son vistos como hubs de networking.
Seamos puntuales y muy claros: sí, hay abogados corruptos, que abusan de los clientes, que juegan con su estabilidad y sus derechos laborales, que juegan con el patrimonio de las personas, y aún peor, que juegan con la libertad de aquellas personas que se juegan más de lo que tienen, y por supuesto, también hay abogados que sin ser corruptos, pero que por falta de pericia o capacidad, exponen a sus clientes a peores situaciones, y esta realidad, es innegable porque todos y cada uno de nosotros, la conocemos, y al menos yo realmente no necesito más razones para convencerme de que debemos hacer cambios.
En más de una ocasión lo he dicho en este espacio: no hay nada en nuestra sociedad que sea perfecto, todo es susceptible de mejorar y de ser perfeccionado, y nuestra profesión no es la excepción, de hecho, los problemas que rodean al gremio legal nos gritan que uno de los problemas más grandes que nos rodean, es la falta de colegiación y de controles de calidad efectivos respecto a la prestación de un servicio profesional tan importante como el que ofrecen los abogados, pero que actualmente no cuenta con los índices de popularidad más alto en la industria profesional.
Y sí, probablemente replantear las bases de nuestra profesión partiendo de las condiciones bajo las cuales tanto nosotros como nuestros colegas estarán facultados para ofrecer y prestar sus servicios puede que se torne en un debate bastante incómodo y polémico que seguramente calentará los ánimos de algunos, pero son justamente los debates incómodos y polémicos, las primeras señales de que se está dando en el clavo, y mientras haya debate, habrá voluntad de cambio y apertura para reconocer todo aquello en lo que hemos fallado, y en lo que le hemos fallado a la sociedad.
– Por Mario Ávila
Con un acto en el Monumento a la Revolución y una caminata hacia la glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, festejaron lo que llaman un relanzamiento de su partido.
El PAN ha puesto punto final a las alianzas político-electorales, como las que han hecho en los últimos años con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ello luego de que también se hizo público el cambio al logotipo del partido de derechas.
En un acto donde incluso estuvieron como testigos el perredista Jesús Zambrano y el priista Enrique de la Madrid, lo mismo que Claudio X. González, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, planteó con mucha energía que: “El futuro de Acción Nacional, no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura; esta es la era en que los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu, los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional”.
«Porque hace 86 años -dijo-, no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para hacer nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panistas, esta es una decisión que pide la inmensa mayoría de votantes en este país».
«Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos, eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen, pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta solopor el PAN», dijo.
«Ninguna sigla -abundó-, se antepondrá a las nuestras hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo».
En su discurso pronunciado con vehemencia, Jorge Romero aseguró que el relanzamiento de su partido, gira en torno al concepto más importante, que es un nuevo relevo generacional.
También reveló algunas de las estrategias que utilizarán en lo subsecuente para enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum “y será usar sus mismas frases, como ‘la mafia del poder’, como un espejo donde se vean reflejados y que no quieran ni siquiera voltear a ver”.
A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a todos los que la rodean, Romero Herrera les mandó un mensaje: “Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas, se caigan bien o se caigan mal, da igual”.
NACIONALES
Aprueba el Congreso al gobierno de Sheinbaum ingresos por 10.1 billones de pesos para el 2026
– Por Mario Ávila
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que proyecta percibir 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), es decir 891 mil 667 mdp más que el estimado para 2025.
El documento fue avalado en lo particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La legislación forma parte del Paquete Económico remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Del monto total considerado como ingreso del año venidero, 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a impuestos; 641 mil 782.1 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 39.6 mdp a contribuciones de mejoras; 157 mil 081.7 mdp a derechos; 16 mil 488.3 mdp a productos; 203 mil 520.5 mdp para aprovechamientos; 1 billón 630 mil 973.6 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 232 mil 630.4 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y un billón 472 mil 626.4 mdp a ingresos derivados de financiamientos.
También, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2026, se proyecta una recaudación federal participable por 5 billones 339 mil 634 millones de pesos.
Menciona que el Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del PEF 2026, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un billón 780 mil mdp.
Autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares (mdd).
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
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