NACIONALES
La abogacía: En un punto de inflexión

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Al día de hoy, si algún joven me pidiera mi opinión sobre estudiar derecho para construir una carrera profesional como abogado litigante, probablemente mi consejo para ese joven en este momento sería, tal y como dice el meme: no lo haga, compa.
Según los datos del Observatorio Laboral, en México hay aproximadamente 363 mil 96 alumnos matriculados en la licenciatura de derecho, y aproximadamente 800 mil 160 profesionistas ejerciendo dicha carrera, cifra que puede ser catalogada como «extraoficial» ya que ésta solo considera a aquellos abogados que están inscritos a algún Colegio y/o Barra, pero fuera de estas agrupaciones, hay un sinfín de abogados litigantes y despachos que no son censados, por lo que la cifra real puede ser significativamente más elevada.
De igual forma, los datos reflejan la abogacía es la 24 carrera mejor pagada del país, pero el grueso de los abogados percibe un sueldo promedio mensual de aproximadamente 11 mil 755 pesos, mientras que el 48% de las personas que estudiaron derecho tienen un trabajo acorde con sus estudios.
No obstante, mi postura de no recomendar a los jóvenes ingresar a las aulas de cualquier facultad de derecho no obedece propiamente a estas cifras, ni mucho menos a que ya haya muchos abogados en el mundo profesional, al contrario, creo que una sociedad como la nuestra que está en constante desarrollo y crecimiento nunca tendrá suficientes abogados para atender en su totalidad todos los problemas, controversias y conflictos que derivan de la interacción social.
Realmente la verdadera razón por la que hoy yo no le recomendaría a ningún joven estudiar esta carrera obedece a una serie de factores con un trasfondo un poco más complejo que los salarios y la cantidad de profesionales del derecho que transitan por tribunales o dependencias gubernamentales, y es que aunque no lo parezca, actualmente el gremio, al menos en nuestro estado, atraviesa una crisis que considero debemos de solucionar de fondo, antes de invitar a más personas a aventurarse en una licenciatura.
En primer lugar, debemos de tener presente que el primer problema al que nos enfrentamos como gremio es que el papel y la importancia del abogado en la sociedad ha sido subestimado y relegado, a tal grado que un importante sector de la población no está dispuesta a invertir en su seguridad y certeza jurídica por un par de razones que son igual preocupantes: por un lado el número de personas indispuestas a invertir en servicios legales es proporcional al número de personas que en el pasado han atravesado situaciones desagradables con abogados carentes de profesionalidad, y por el otro lado, se ha comenzado a consolidar a nuestro alrededor una sutil cultura que hace creer a las personas que no necesitan invertir en arreglar problemas que desde su óptica pueden solucionar por su cuenta o por una módica cantidad.
Un claro ejemplo de esto lo viví la semana pasada conversé con una señora que me comentó que a ella le estaban cobrando $10,000 por un amparo, cantidad que a ella le pareció excesiva ya que un conocido suyo le dijo que ese ‘’papel’’ lo podían conseguir por tan solo $100, como si hacer un amparo fuera fácil, cuando realmente no lo es.
Es casi imperceptible, pero situaciones de esta naturaleza se reproducen cotidianamente, y además, dinamitan las bases de una profesión cuyo valor social no se puede equiparar puesto que es de donde nace el proceso de reparación del tejido social, pero cuya reputación dentro del grueso poblacional está casi tan lastimada como la del político tradicional, razón por la cual es momento de replantearnos seriamente nuestra profesión, de tal manera que podamos sentar las bases para un futuro en el que los abogados puedan vuelvan a ser verdaderos factores de cambio social.
Y muy probablemente el primer paso para alcanzar este objetivo lo podremos encontrar en la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero con la que plantea cambios en materia de colegiación y certificación de profesionistas, iniciativa que guardando sus proporciones, podría encender un acalorado debate como lo hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que tocó fibras sensibles.
En su iniciativa, la senadora plantea que la colegiación, como la certificación periódica de determinadas profesiones son los medios aceptados internacionalmente para evitar que se ataquen derechos de terceros ni se ofendan derechos de la sociedad, por lo que la colegiación obligatoria para los abogados se puede traducir en un mecanismo de control en el ejercicio de la profesión en virtud del cual se deberá replantear también el papel de los Colegios o Asociaciones en donde la afiliación es voluntaria y por lo tanto no solo no cuentan con estándares mínimos de calidad, sino que tampoco cuentan con códigos de conducta profesional o mecanismos de sanción por mala práctica, ya que solamente son vistos como hubs de networking.
Seamos puntuales y muy claros: sí, hay abogados corruptos, que abusan de los clientes, que juegan con su estabilidad y sus derechos laborales, que juegan con el patrimonio de las personas, y aún peor, que juegan con la libertad de aquellas personas que se juegan más de lo que tienen, y por supuesto, también hay abogados que sin ser corruptos, pero que por falta de pericia o capacidad, exponen a sus clientes a peores situaciones, y esta realidad, es innegable porque todos y cada uno de nosotros, la conocemos, y al menos yo realmente no necesito más razones para convencerme de que debemos hacer cambios.
En más de una ocasión lo he dicho en este espacio: no hay nada en nuestra sociedad que sea perfecto, todo es susceptible de mejorar y de ser perfeccionado, y nuestra profesión no es la excepción, de hecho, los problemas que rodean al gremio legal nos gritan que uno de los problemas más grandes que nos rodean, es la falta de colegiación y de controles de calidad efectivos respecto a la prestación de un servicio profesional tan importante como el que ofrecen los abogados, pero que actualmente no cuenta con los índices de popularidad más alto en la industria profesional.
Y sí, probablemente replantear las bases de nuestra profesión partiendo de las condiciones bajo las cuales tanto nosotros como nuestros colegas estarán facultados para ofrecer y prestar sus servicios puede que se torne en un debate bastante incómodo y polémico que seguramente calentará los ánimos de algunos, pero son justamente los debates incómodos y polémicos, las primeras señales de que se está dando en el clavo, y mientras haya debate, habrá voluntad de cambio y apertura para reconocer todo aquello en lo que hemos fallado, y en lo que le hemos fallado a la sociedad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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NACIONALES
El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

– Por Mario Ávila
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.
El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.
Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.
En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».
ENTREVISTAS
La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

– Por Mario Ávila
Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido.
Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad.
El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”.
Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró.
Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades.
Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores.
«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».
«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo.
De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados.
Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”.
Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”.
Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala.
Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación.
Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».
«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó.
“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.