OPINIÓN
Luchas Sociales: Justicia global y laboral
Por Mónica Ortiz //
México requiere que la reforma laboral avance de manera concreta y a paso urgente, aunque la presión de concluir la nueva estructura laboral que quedó inconclusa desde la administración pasada sea el T-MEC, los constantes señalamientos en el ámbito laboral nos obliga a regularizarnos, es verdad tenemos un país corrupto en materia laboral e inoperante para garantizar relaciones comerciales con otros países, no somos responsables de nuestra propia clase trabajadora, por lo que se volvió inminente este gobierno de Andrés Manuel López Obrador finalice la inclusión de esta reforma tan exhortada por los sectores productivos del país y del extranjero, aunque resulte políticamente contradictoria a la tendencia del pensamiento del Presidente de la República en sus ideologías de buena fe y extrema confianza a los nuevos gobiernos morenistas.
La reforma laboral es forzosa, básicamente porque después de décadas de procedimientos y no procesos en la materia, la simulación de justicia laboral nos ha rebasado, el espíritu con el que se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya no es operante, se han transformado en un blanco fácil y caldo de cultivo corrupto e impune que sirve para ciertos grupos de poder, mismos que construyen imperios en los que se apuesta alto en situaciones sindicales, obrero-patronales, y hasta estructuras electorales de campaña, situaciones usuales que en realidad ya no tienen forma de justicia laboral.
En este contexto, los conceptos jurídicos básicos están carentes de espacios jurisdiccionales para el correcto tratamiento judicial, temas importantes y actuales como el acoso laboral o mobbing, las outsourcing y la relación jurídica transversal que tiene el derecho laboral con el derecho a la seguridad social, el derecho mercantil, societario, la propiedad industrial, las relaciones contractuales, en resumen el correcto desenvolvimiento del derecho corporativo laboral, no resulta compatible con la relaciones laborales y sindicales que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han ejercitado durante décadas pues, los supuestos jurídicos antes referidos solo son compatibles con tribunales especializados en materia de derechos laborales y no en autoridades de buena fe y verdad sabida.
Esta evidente incompatibilidad deja en desventaja el desarrollo propio, eficaz y eficiente de las relaciones laborales entre los sectores industriales y sociales, por lo que estorba a las relaciones internacionales en la materia, hace mucho tiempo que sabemos que la globalización y los derechos fundamentales no funcionan sin la impartición de justicia y ni las juntas, ni los sindicatos, ni nuestro sistema de seguridad social en conjunto, hacen que los sectores involucrados, abriguen certeza y pleno ejercicio de los derechos y las obligaciones, por lo tanto es momento de poner en orden el derecho laboral.
Más que un requisito de competitividad internacional, también es un basta a la corrupción y la simulación que existe en la juntas de conciliación y arbitraje en el país, es un terrible dolor de cabeza para todos los sectores implicados, en este esquema apostar a la desaparición de las juntas de conciliación y crear tribunales que ejerzan jurisdicción en materia laboral, permite dotar de certeza y equilibrio la esfera laboral, con la posibilidad de que los corporativos den a sus clientes patrones, empleadores y empresas, la seguridad de defensa real y una gran variedad de contextos jurídicos.
En este sentido, permitirá a los trabajadores la certidumbre jurídica de que un juzgado resuelva en sano equilibrio y conforme a derecho, incluso situaciones jurídicas en las que los trabajadores constantemente son objeto de abuso, opacidad y discriminación, por lo que de manera integral se pueda tratar temas de acoso, simulación en las outsourcing, representación sindical activa y participativa, seguridad social justa, desde un enfoque global pero siempre jurídico.
Se debe aprobar una reforma laboral, la requiere el país, es urgente, no importa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se incline por políticas populistas de buena fe y confianza ciega, como lo ha hecho con un raudal de temas, habrá que recordar que la creación e historia del derecho laboral en México surgió de esas mismas premisas, pero hoy su estado es putrefacto, dejó de tener la función, misión y el objetivo que las luchas sociales obreras y sindicales, marcaron en su tiempo para satisfacer lo que se consideraba eran necesidades sociales; ahora deberemos cuidar que sean autoridades jurisdiccionales y procedimientos establecidos en la ley, lo que marque la gran diferencia entre justicia y simulación laboral, quizás también se pudrirá como todo en México, pero por lo menos requerirá de nueva cuenta más de un par de décadas.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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