Luchas Sociales: Justicia global y laboral

Por Mónica Ortiz //

México requiere que la reforma laboral avance de manera concreta y a paso urgente, aunque la presión de concluir la nueva estructura laboral que quedó inconclusa desde la administración pasada sea el T-MEC, los constantes señalamientos en el ámbito laboral nos obliga a regularizarnos, es verdad tenemos un país corrupto en materia laboral e inoperante para garantizar relaciones comerciales con otros países, no somos responsables de nuestra propia clase trabajadora, por lo que se volvió inminente este gobierno de Andrés Manuel López Obrador finalice la inclusión de esta reforma tan exhortada por los sectores productivos del país y del extranjero, aunque resulte políticamente contradictoria a la tendencia del pensamiento del Presidente de la República en sus ideologías de buena fe y extrema confianza a los nuevos gobiernos morenistas.

La reforma laboral es forzosa, básicamente porque después de décadas de procedimientos y no procesos en la materia, la simulación de justicia laboral nos ha rebasado, el espíritu con el que se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya no es operante, se han transformado en un blanco fácil y caldo de cultivo corrupto e impune que sirve para ciertos grupos de poder, mismos que construyen imperios en los que se apuesta alto en situaciones sindicales, obrero-patronales, y hasta estructuras electorales de campaña, situaciones usuales que en realidad ya no tienen forma de justicia laboral.

En este contexto, los conceptos jurídicos básicos están carentes de espacios jurisdiccionales para el correcto tratamiento judicial, temas importantes y actuales como el acoso laboral o mobbing, las outsourcing y la relación jurídica transversal que tiene el derecho laboral con el derecho a la seguridad social, el derecho mercantil, societario, la propiedad industrial, las relaciones contractuales, en resumen el correcto desenvolvimiento del derecho corporativo laboral, no resulta compatible con la relaciones laborales y sindicales que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han ejercitado durante décadas pues, los supuestos jurídicos antes referidos solo son compatibles con tribunales especializados en materia de derechos laborales y no en autoridades de buena fe y verdad sabida.

Esta evidente incompatibilidad deja en desventaja el desarrollo propio, eficaz y eficiente de las relaciones laborales entre los sectores industriales y sociales, por lo que estorba a las relaciones internacionales en la materia, hace mucho tiempo que sabemos que la globalización y los derechos fundamentales no funcionan sin la impartición de justicia y ni las juntas, ni los sindicatos, ni nuestro sistema de seguridad social en conjunto, hacen que los sectores involucrados, abriguen certeza y pleno ejercicio de los derechos y las obligaciones, por lo tanto es momento de poner en orden el derecho laboral.

Más que un requisito de competitividad internacional, también es un basta a la corrupción y la simulación que existe en la juntas de conciliación y arbitraje en el país, es un terrible dolor de cabeza para todos los sectores implicados, en este esquema apostar a la desaparición de las juntas de conciliación y crear tribunales que ejerzan jurisdicción en materia laboral, permite dotar de certeza y equilibrio la esfera laboral, con la posibilidad de que los corporativos den a sus clientes patrones, empleadores y empresas, la seguridad de defensa real y una gran variedad de contextos jurídicos.

En este sentido, permitirá a los trabajadores la certidumbre jurídica de que un juzgado resuelva en sano equilibrio y conforme a derecho, incluso situaciones jurídicas en las que los trabajadores constantemente son objeto de abuso, opacidad y discriminación, por lo que de manera integral se pueda tratar temas de acoso, simulación en las outsourcing, representación sindical activa y participativa, seguridad social justa, desde un enfoque global pero siempre jurídico.

Se debe aprobar una reforma laboral, la requiere el país, es urgente, no importa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se incline por políticas populistas de buena fe y confianza ciega, como lo ha hecho con un raudal de temas, habrá que recordar que la creación e historia del derecho laboral en México surgió de esas mismas premisas, pero hoy su estado es putrefacto, dejó de tener la función, misión y el objetivo que las luchas sociales obreras y sindicales, marcaron en su tiempo para satisfacer lo que se consideraba eran necesidades sociales; ahora deberemos cuidar que sean autoridades jurisdiccionales y procedimientos establecidos en la ley, lo que marque la gran diferencia entre justicia y simulación laboral, quizás también se pudrirá como todo en México, pero por lo menos requerirá de nueva cuenta más de un par de décadas.