ENTREVISTAS
Detención de estudiantes fue un error: El Grupo UdeG pierde posiciones pero Alfaro pierde el juicio social
Por Mario Ávila //
“Si se trata del juego de poder, yo creo que el gobernador, Enrique Alfaro, va ganando, porque al final sí les ha restado presupuesto y algunas posiciones de relevancia en los primeros niveles al Grupo UdeG; sin embargo, la otra arista que existe para evaluar el conflicto, es la percepción de la gente, y sin duda en la percepción de la ciudadanía el gobernador va perdiendo y su mayor error fue la detención de los estudiantes de la FEU”.
Este es, en resumen, el análisis que el politólogo Mario Alberto Ramos González hace de los últimos sucesos que se han distinguido públicamente, en el enfrentamiento que desde hace dos años sostiene el Gobierno del Estado con la Universidad de Guadalajara.
Expuso que el mandatario jalisciense ha sabido mover muy bien las fichas del tablero político y del servicio público y ha logrado arrinconar, o tumbar piezas, alfiles, piones y torres, al Grupo UdeG, lo mismo en el Poder Legislativo que en el Judicial.
“Pero en donde no calculó en su justa dimensión el gobernador, fue en el tema del encarcelamiento a los estudiantes, ya que ante ello, no solo que la ciudadanía en la ZMG y en Jalisco mostró su solidaridad con la Universidad de Guadalajara, sino que no contempló la cobertura nacional e internacional de los medios de comunicación, ya que fue una noticia que se divulgó en más de una decena de medios internacionales de gran relevancia como el Washington Post”, planteó Mario Ramos, licenciado en Estudios Políticos y Gobierno y Maestro en Comunicación.
Por sus conocimientos en la materia del manejo de redes sociales y los medios de comunicación masiva, Mario Ramos, doctorante en Políticas Públicas para el Desarrollo, habló para los lectores del semanario Conciencia Pública y planteó: “Nosotros no hemos hecho una encuesta de quien salió perdiendo en la percepción ciudadana en este conflicto, pero sin duda creo que la mayoría de la gente estuvo en contra de esa medida que tomaron de encarcelar a los muchachos, ya que la gente en la calle opinaba que no era posible que habiendo tantos delincuentes haciendo de las suyas en la calle, a los que meten a la cárcel es a tres muchachos que pedían que se respetara un parque público”.
Y expuso: “Al final la sociedad es la que pierde; ya los jaliscienses padecen las consecuencias de dos de las principales instituciones públicas que están enfrentadas, que no dialogan, que no acuerdan. Afortunadamente hasta este momento no hemos visto alguna afectación radical, algunas secuelas o algunos aspectos negativos dentro de la universidad. Aún sigue funcionando, sigue creciendo, las clases se están dando, lo que significa que el conflicto no ha afectado la vida y las funciones sustantivas de la universidad”.
DILEMA PERSONAL, QUE TRASCIENDE A LO INSTITUCIONAL
P.- ¿Considera usted que se trata de un dilema personal o institucional?
R.- No cabe duda que el dilema es personal, aunque en algunas decisiones también se refleja en lo institucional, por ejemplo si se toma una decisión de quitar o no dar presupuesto, se afecta la institución; sin embargo, yo creo que ahí, en el caso de Villanueva, haya además una rivalidad política, recordemos que el rector y el gobernador ya se habían enfrentado en un proceso electoral en el 2015, pero creo que ambos por el tono y el calor del conflicto, parece que sí ha trascendido de lo personal a lo institucional y viceversa.
P.- ¿Se agrava el problema político con la creación de Hagamos?
Yo creo que sí. Yo creo que al final fue evidente que en algún momento hubo expresiones políticas de grupos de la universidad, que llegaron a acuerdos con el mismo gobernador, hicieron coalición, jugaron juntos; sin embargo, en algún momento rompen. Es decir, han sido aliados coyunturales y hoy son adversarios coyunturales y tampoco me extrañarían que tarde o temprano se sienten y se arreglen nuevamente. Al final son actores políticos que saben ver el panorama electoral.
P.- Por lo álgido de las declaraciones y que ya se impliquen temas como cárcel, ¿crees que haya solución llegue antes del 2024 o llegarán a la elección sexenal enfrentados?
R.- Yo creo que se van de pleito hasta el 24, porque en efecto como telón de fondo tenemos el proceso electoral del 2024, se han exacerbado las declaraciones y las mismas acciones, como el hecho de que haya habido ya quienes pasen varias noches en la cárcel, sin duda complica y acentúa el conflicto.
P.- ¿Este pleito no tendrá un desenlace como el del 2010 que terminó en una pronta reconciliación?
R.- Hoy las circunstancias son distintas, en aquel momento el hoy gobernador era simplemente un alcalde de un municipio pequeño, su ámbito de influencia era menor y hoy sabemos el poder que tiene ya como gobernador, con mayoría en el Congreso y con el control de una parte de los otros poderes y organismos, eso creo que sí complica y acentúa el conflicto. A mí lo que me parece grave es que las instituciones se puedan utilizar para dirimir estas diferencias políticas. En eso nadie ganamos, la sociedad pierde. Lo mejor es que hubiera mesura, cordura de ambas partes. Hemos visto al gobernador muy molesto, ha tenido algunas declaraciones y actitudes que demuestran su molestia y tal vez está tomando decisiones en ese estado, lo que ha complicado dejar espacio a la posibilidad de que se resuelvan las diferencias.
P.- En tu opinión tocayo ¿qué papel está jugando en este dilema el gobierno federal y más concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador?
R.- Yo creo que simplemente de espectador, no ha tomado partido, observa que es un conflicto con diferencias locales, en realidad no hemos visto que tome partido y más allá de una declaración por parte del presidente de la República en las mañaneras respecto al presidente de la FIL, no hemos visto acciones concretas, el gobierno federal no ha castigado presupuestalmente a la UdeG, ni ha habido otro tipo de acciones. Yo creo que las relaciones entre el gobierno federal y la universidad siguen marchando adecuadamente. Ha sido solo un espectador.
P.- A pesar de que Villanueva lo ha querido subir al ring…
R.- Al final vemos que este conflicto, estas circunstancias, esta decisión equivocada de encarcelar a los jóvenes estudiantes, lo único que logra es estar visibilizando y probablemente catapultando la imagen del rector y lo convierte en un actor político relevante. Sabemos que hay poca oposición en el estado, pocos líderes que le hagan frente al gobernador, a no ser algunos medios de comunicación, pero no vemos una oposición haciendo el papel; al contrario, muchos partidos y personajes han sido más aliados del poder y hoy esta situación visibiliza a un actor importante y relevante como el rector de la UdeG y el grupo político de la universidad, que los pone en la jugada.
P.- ¿Ves a Villanueva en la boleta del 2024?
R.- No sé, a lo mejor el rector no había planeado, no había deseado esto, pero hoy por hoy lo pone en los reflectores. A los que nos dedicamos a hacer estudios de opinión y encuestas, vemos que es un actor, que lo debemos incluir en las posibilidades de candidatura, ya sea para la alcaldía de Guadalajara o para la gubernatura del Estado.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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