Opinión, por Salvador Romero Espinosa //

Nuestra Constitución señala que el consejero Presidente (sic) y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, es decir, por el voto de una mayoría calificada de legisladores que actualmente no ostenta ningún partido político ni alianza dentro de dicha cámara.

Sin embargo, existe en la propia Constitución una salida en caso de que quienes ostentan la mayoría simple no lleguen a acuerdos con los partidos minoritarios para obtener la mayoría calificada necesaria: La insaculación o sorteo de aquellas y aquellos candidatos que un Comité Técnico de Evaluación (CTE) determine como las mejores 5 personas aspirantes a cada cargo de vacante (en este caso, el CTE deberá entregar 2 bloques con 5 hombres cada uno, 1 bloque con 5 mujeres, y 1 bloque mixto para la presidencia, es decir, un total de 20 aspirantes elegibles).

En ese contexto, de la lectura de la convocatoria publicada el pasado jueves 16 de febrero, me ha quedado claro que la alianza que actualmente tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados, no tiene interés en llegar a acuerdos con las fracciones minoritarias y buscará forzar que la elección de la o el consejero presidente del INE y de las otras tres vacantes de consejeros que habrá en abril llegue hasta la etapa del sorteo.

Muchas personas en este punto (incluyendo legisladores de oposición) podrían pensar que ante la falta de acuerdos el sorteo es una buena alternativa, ya que al menos de esa forma se podrá evitar un tema de cuotas o de elección de perfiles demasiado parciales a favor de una sola corriente política, incluso albergando la esperanza de que pudieran llegar excelentes perfiles por esta vía, sin embargo, en mi opinión, la convocatoria publicada está diseñada para que solo lleguen al sorteo final candidatas y candidatos afines al CTE. 

La fórmula que construyeron para lograrlo es tan sencilla y evidente como burda: Le están apostando a tener una mayoría dentro del Comité Técnico de Evaluación, con al menos 4 integrantes afines a sus intereses, para que al final de los 3 filtros de preselección (todos subjetivos y fáciles de manipular), únicamente queden 20 candidatas y candidatos que cumplan con las expectativas de ese grupo mayoritario en la Cámara, de tal forma que incluso la insaculación no represente ningún inconveniente para sus intereses.

La primera etapa, por ejemplo, correspondiente a la evaluación de conocimientos, es sumamente defectuosa en muchos sentidos, empezando por la inexistencia de una guía de estudio, pues únicamente se menciona que evaluará cuatro materias demasiado genéricas: Constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.

De dichas materias, se pueden desprender una infinidad de posibles preguntas (incluso abiertas), ya que al no existir un mínimo acotamiento temático o bibliográfico, pudiera preguntarse sobre alguna norma vigente (de cualquier nivel), alguna norma derogada o abrogada, alguna norma nacional o internacional, alguna jurisprudencia, alguna doctrina nacional o internacional, o hasta sobre autores específicos sin así se deseare, lo que facilitaría que obtengan las mejores calificaciones quienes pudieran tener acceso previo a las preguntas más difíciles (o imposibles) que vengan en el examen.

La segunda etapa es peor, pues aquí la evaluación del currículo profesional, de la exposición de motivos y del ensayo del aspirante, queda abierta completamente al arbitrio de los integrantes del CTE, ya que ni siquiera se prevé una rúbrica objetiva de evaluación, que permita contrastar de manera imparcial la forma en que serán evaluados los perfiles (por ejemplo: ¿cómo van a evaluar parámetros como “virtudes, valores y ética profesional” o “vocación por el servicio público”?, no hay forma de saberlo pero sí de sospecharlo).

La tercera y última etapa, antes de construir los 4 bloques de 5 personas elegibles, es aún peor, pues consiste en una entrevista donde el CTE definirá sin ningún criterio objetivo cuáles son los candidatos cuyas intervenciones más les gustaron, básicamente pudieron haberse evitado las otras dos etapas y dejado solamente ésta, y el resultado sería exactamente el mismo: Discrecionalidad pura por parte del CTE para elegir a sus 20 aspirantes favoritos, no necesariamente los mejores (con una posible influencia de quienes los designaron para formar parte de dicho Comité).

En ese contexto, me parece que la Convocatoria actual es una simulación, pues en realidad permite que la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, pueda influir de manera abrumadora, a través del CTE, en la integración de los 4 bloques de 5 personas que llegarían al Pleno, de tal forma que todas y todos los elegibles en el sorteo sean afines a los intereses de dicha fracción. Al tiempo.