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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.

Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.

Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.

Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.

El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.

Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.

La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.

Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.

Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.

La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.

Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.

Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.

La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.

La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.

¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.

“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.

La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.

– Por Francisco Junco

En Jalisco se vive una paradoja que raya en lo absurdo, el auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, se niega a ser auditado. El funcionario que debería garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, cierra las puertas a quien tiene la tarea de revisarlo desde adentro.

Lo que podría parecer un pleito de egos o un desencuentro burocrático es, en realidad, una afrenta al sistema democrático. Se trata de un auditor que desconoce al órgano interno de control nombrado por el Congreso, en un acto de rebeldía institucional que revela mucho más de lo que aparenta.

Desde el 10 de julio, cuando David Rubén Ocampo Uribe asumió la titularidad de la Unidad de Vigilancia del Congreso, se convirtió en el contralor interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Su papel es claro, revisar el funcionamiento administrativo, financiero y laboral del organismo que vigila el gasto público.

Pero a más de un mes de haber asumido el cargo, Ocampo no ha podido tener ni siquiera una reunión con Ortiz Ramírez. Las solicitudes formales se acumulan, los oficios se contestan con evasivas y la interlocución se reduce a la Secretaría Técnica, como si el titular del organismo no existiera.

“Lo primero que solicité fueron los expedientes laborales, la sábana de nómina, los contratos. Quería saber si todo estaba en regla. La respuesta fue negativa. Después pedí una reunión de trabajo pública, con agenda común. Tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo en entrevista con Conciencia Pública.

El auditor no sólo evade, sino que además bloquea. Cuando el contralor intentó comunicarse directamente, el asistente le confesó que tenían prohibido pasarle llamadas. “Le dije que necesitaba hablar con el auditor. Me contestó que sólo podía comunicarme con el secretario técnico. Yo no quiero hablar con su secretario, necesito hablar con él. Somos titulares de áreas que deben coordinarse”, reclamó David Ocampo.

El 19 de agosto fue la fecha límite que el contralor fijó para un encuentro institucional. Citó al auditor en sus oficinas o, en su defecto, en la propia ASEJ. La silla quedó vacía. Ortiz Ramírez no apareció.

Para el diputado de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, el asunto es mucho más grave de lo que parece. “Este señor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante casi ocho años hizo y deshizo en la Auditoría porque no había contralor. Hoy que lo hay, se niega a recibirlo. Eso es un desafío al Congreso y a la sociedad”, afirmó para Conciencia Pública.

El diputado local morenista subrayó que el nombramiento de David Ocampo tuvo un respaldo contundente, 29 de 32 diputados presentes votaron a favor. “Con ese aval, no hay duda de su legitimidad. Lo que pasa es que al auditor le incomoda porque sabe que vamos a abrir la Caja de Pandora”, señaló.

El argumento del auditor para no colaborar resulta, cuanto menos, cuestionable. Según Ortiz Ramírez, el contralor sólo podría solicitarle información con un acuerdo previo de la Comisión de Vigilancia. Una interpretación que, para David Ocampo, es absurda, ya que él, como auditor no necesita un acuerdo y aseguró que “la Constitución me otorga facultades como órgano interno de control. El auditor lo sabe, pero se escuda en tecnicismos para evadir la revisión”.

Esta resistencia no sólo retrata soberbia. También enciende las alarmas, y de acuerdo con David Ocampo, las preguntas son evidentes, ¿qué teme mostrar el auditor? ¿Qué hay en los archivos que no quiere que salgan a la luz? Nadie que actúe con limpieza debería oponerse a ser supervisado.

Y no es una sospecha al aire. Dentro de la ASEJ circulan denuncias internas que pintan un panorama de corrupción. Trabajadores señalan la existencia de aviadores, nóminas infladas, cobro de comisiones ilegales y hasta incapacidades falsas pagadas con recursos públicos.

Una funcionaria de la Dirección Jurídica, identificada como Sandra Verónica Márquez González, quien aunque firmaba como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la ASEJ, su nombramiento era de supervisor C numerario, es señalada como operadora de esas prácticas. Testimonios internos aseguran que mantiene en nómina a personal inexistente, además de cobrar “moches” a trabajadores que ganaron laudos laborales, condicionando el pago de lo que por derecho les corresponde.

Los señalamientos no terminan ahí. También se le atribuye tolerancia hacia incapacidades falsas expedidas por el IMSS, con las que algunos empleados justificaban ausencias mientras seguían recibiendo sueldo completo. Todo, dicen, con el aval implícito del auditor.

El problema se agrava cuando se revisa el historial de esa funcionaria. Su paso por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya había dejado huella: se le vinculó a un grupo conocido como “El Clan Trevi”, acusado de cobrar comisiones por laudos. Más tarde, en la Fiscalía, los trabajadores denunciaron que pedía aportaciones de su sueldo para mantener sus plazas.

Mientras tanto, el malestar crece entre empleados que observan cómo la institución que debería ser ejemplo de legalidad arrastra prácticas clientelares y corruptas. “Es una burla que el organismo encargado de vigilar la transparencia se hunda en lo mismo que debería sancionar”, comentó David Ocampo.

En este escenario, el silencio de otros actores resulta ensordecedor. Ni el Congreso en pleno ni la Fiscalía Anticorrupción han tomado cartas firmes en el asunto. La pasividad alimenta la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de indiferencia.

“El auditor piensa que tiene el sartén por el mango porque entró con acuerdos políticos. Pero se le salió de las manos. Ahora la sociedad presiona y nosotros no vamos a callarnos”, advirtió el diputado guinda.

Para el legislador, Ortiz Ramírez busca prolongar su estancia y hasta se habla de reelección. “No lo vamos a permitir. Un gobernador dura seis años y se va. Este señor ya lleva ocho y pretende quedarse otros ocho más. Es inadmisible”, sentenció.

La pregunta que ronda entre diputados y ciudadanos es la misma ¿cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el auditor no acepta ser vigilado? El sistema de pesos y contrapesos pierde sentido cuando el propio fiscalizador se coloca por encima de la ley.

“La opacidad reina en la Auditoría”, resume David Ocampo. “Y si el auditor desconoce la ley, estamos en un problema muy grave. Porque entonces, ¿cómo están haciendo las fiscalizaciones en el resto del Estado?”.

La paradoja es grotesca, la oficina que vigila a todos los entes públicos se resiste a ser vigilada. El organismo que exige cuentas se niega a dar cuentas, coinciden David Ocampo y Alberto Alfaro.