Colegiación obligatoria viola derecho humano: La certificación profesional y doctorado, «ni dota de integridad ni quita»

Opinión invitada, por Laura Chávez y Claudia Ruiz (COEFAM)

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de la inconstitucionalidad de la expedición de una cédula profesional temporal y la exigencia de la certificación profesional para obtenerla y renovarla, no implica que se anule nuestra obligación moral de capacitarnos para la profesionalización, pero si protege el derecho humano al trabajo desarrollado desde las profesiones a las cuáles se nos exige cédula desde una ley, que no cumple la visión del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La actualización profesional constante, suma importancia siempre y cuando no sea motivo de politiquerías baratas que se utilicen para generar desde el poder, miedos, separatismos, discriminación, odios, exclusión e incluso con violencia.

La certificación profesional conduce a la “movilidad laboral y formativa” (Ruiz, Mónica Univ. de Barcelona, 2006). Profesionistas en Jalisco, nos formamos, desde nuestros colegios de cada rama o desde diversas instituciones, impulsando la profesionalización a través de la educación continua multidisciplinaria, pugnando por la INTEGRIDAD PROFESIONAL.

Cuestionemos: ¿a pesar de obtener tantos conocimientos y la egoteca llena, se conoce la deontología es decir, el deber ser así de nuestro actuar desde las profesiones?

Desde el derecho familiar, observamos a colegas postulantes y personas juzgadoras, que incluso firman como doctores en derecho, el título del grado de doctorado te da un reconocimiento académico, sin embargo, en la movilidad laboral como es el ejercicio del derecho familiar, el grado o certificaciones que obtengas, no avala de ninguna manera la conducta ética profesional.

Muchas personas con grados, generan guerras interminables, falacias indignas en escritos admitidos que suben la escalada del conflicto en las familias al grado de violencia, violando los principios y toda integridad profesional su actuar impulsa las violencias entre litigantes, familia y postulantes

“La certificación profesional no será inversamente proporcional a la ética”

Si la certificación profesional garantizara la ética, no habría en la cárcel profesionistas de ramas precursoras y ejemplos de certificaciones internacionales desde hace muchos ayeres. O no habría profesionistas que son agresores, que incluso el proceso de certificación, lo están utilizando para jugar competencias, pero no para demostrar competitividad desde la axiología es decir desde los valores.

Se pretendía en Jalisco la certificación a profesionales de la medicina, abogacía, arquitectura, contaduría, ingenierías, salud mental, pero no trabajo social, que tienen tanta injerencia en el nuevo sistema de justicia mexicano, o a las personas diseñadoras que algunas, hacen registro de marcas y patentes sin tener los conocimientos y afectan patrimonios, o se pueden robar ideas o diseños. Etc.

“No solo determinadas profesiones debemos demostrar profesionalización a través de la actualización, si no que todas las personas debemos estudiar constantemente, pero lo más importante no es el “papel obtenido” sino, conducirnos con VALORES, lo cual en un proceso lleno de vicios y selectivista no se logrará.

Se insiste: ¿la certificación profesional realmente acabará con agresores, pedantes, charlatanes, falaces, que poseen doctorados, títulos nobiliarios por la paz con dotada incongruencia en su actuar?

En el proceso a través de la aplicación de antinomias verbales y antijuridicidades, como un método de control, se pretende desterrar a colegios de profesionistas que, de manera constante, promueven el compromiso de profesionistas a conducirse con integridad, en beneficio de sus usuarios y de la sociedad misma.

Dicho sea de paso, obligar a la colegiación atenta el espíritu constitucional como un derecho humano a la libertad de asociación y los colegios no pueden ser responsable de lo que una persona profesionista decida en su conducta, es por ello, que este proceso es muy delicado.

La certificación debe ser VOLUNTARIA y referente fundamental para acreditar formación profesional, pero el referente ético cómo se medirá de manera individual, si la corrupción y las violencias cometidas por profesionistas con “egotecas llenas”, son una constante.

*(COEFAM) Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar del estado de Jalisco A.C.