Participación de la mujer, la agenda pendiente

Opinión, por Iván Arrazola //

La lucha por garantizar los derechos políticos de las mujeres, es una lucha que sigue enfrentando diferentes obstáculos. Precisamente el 8 de marzo, es una buena oportunidad para revisar los avances en materia de acciones para el empoderamiento de las mujeres.

Es común que la clase política salga a presumir como un logro la paridad en los congresos y en los gabinetes, pero más allá de esta aparente igualdad es necesario preguntarse si realmente las mujeres participan en las instancias de poder y son tomadas en cuenta al tomar decisiones.

Se recordarán episodios tan bochornosos como el de las diputadas “Juanitas”, un acto de simulación política en el que una mujer se postulaba para un puesto y una vez que había ganado dejaba el cargo para cedérselo a un hombre. Derivado de este tipo de actos es que se trabajó en una legislación que pudiera garantizar la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular y con ello garantizar la igualdad sustantiva.

Como consecuencia de estos cambios constitucionales, hasta el 2023 se contabilizan un total de nueve gobernadoras, este es el número más alto en la historia del país, siete de ellas pertenecen al partido gobernante, Morena, y dos al Partido Acción Nacional. La paridad se ha alcanzado también en el Congreso Federal, 48 % de los lugares en la Cámara de Diputados y 51% en la Cámara de Senadores son espacios ocupados por mujeres, en el gabinete federal 9 de 19 secretarías tienen como titular a una mujer.

Estos datos contrastan con lo que se observa a nivel local, de acuerdo con datos del INEGI, el 23.1% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, en el caso de los síndicos, regidores y concejales, el 50.4% son ejercidos por mujeres esto gracias a la paridad de género, de los titulares al frente de las administraciones municipales, 31.1% son mujeres, del total de personas que laboran en las administraciones públicas municipales, 35.3% son mujeres, en la Administración Pública Federal los cargos titulares son ejercidos en un 24% por mujeres. Como se puede observar, mientras en los cargos más visibles se ha alcanzado una mayor paridad, al interior de las administraciones públicas siguen prevaleciendo los desequilibrios en la repartición de cargos.

El progreso que se ha logrado en los congresos locales y el federal es sin duda un avance importante, pero a pesar de eso persisten ciertas dinámicas que hacen que el avance en la materia sea lento. La paridad es un paso, pero para lograr la igualdad sustantiva es necesario revisar el funcionamiento de las instituciones y el papel que juegan las mujeres.

De poco sirve que se logre el principio de paridad en las legislaturas federal y estatales si las legisladoras se encuentran bajo el control de un liderazgo ejercido generalmente por un hombre, o como ocurre en la práctica política en México, los liderazgos reales son los poderes ejecutivos de los estados en su mayoría controlados por hombres y el presidente de la República.

En el caso de los órganos de decisión legislativos y partidistas, tanto los coordinadores parlamentarios, las presidencias de las comisiones más importantes, recaen generalmente en liderazgos masculinos. Lo mismo sucede con los liderazgos de los partidos y el poder que concentran, de ellos depende el futuro de cualquier mujer que se dedique a la política y por lo tanto ejercen un control sobre ellas en las votaciones.

En la actual coyuntura electoral, por primera vez una mujer ocupa el primer lugar en las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, sin embargo, este hecho que tendría que ser un acontecimiento significativo, es visto con reserva, si bien la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es el personaje más adelantado en las preferencias electorales en este momento, también se le percibe como el personaje más cercano al presidente de la República, que no se ha caracterizado por ser el más empático con los movimientos feministas. Inclusive el discurso de Sheinbaum se ha mimetizado al del presidente López Obrador, lo que genera reservas sobre si el trato será igual al que el mandatario ha dado a estos grupos a los que ha tachado de “conservadores”.

Lo que se pone en tela de juicio es si con estas medidas las mujeres que se dedican o se quieren dedicar a la política pueden ejercer su autonomía en materia de toma de decisiones, es decir, no estar sujetas a la voluntad de un liderazgo que condicione su carrera o su voto, que se vean reflejadas sus preferencias al momento de impulsar la legislación y sobre todo que puedan participar en espacios de poder que incidan directamente en la toma de decisiones.

La agenda por los derechos de las mujeres es amplia y no basta con decir que un gobernante es el más feminista de la historia simplemente por integrar la mitad de su equipo con mujeres, sin duda es un paso importante, pero esto debe de ser acompañado con acciones y políticas públicas que verdaderamente apoyen la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia, por garantizar sus derechos y porque efectivamente las mujeres pueden ejercer con total libertad los cargos que la ciudadanía les ha conferido.