JALISCO
Cinco federaciones se unen en Jalisco: Consejo Estatal Obrero velará por la paz y estabilidad laboral
Por Mario Ávila //
Con el propósito de refrendar la paz y la estabilidad laboral en Jalisco, así como respetar y defender la contratación colectiva, líderes de federaciones y sindicatos que aglutinan a 1.5 millones de trabajadores, crearon el Consejo Estatal Obrero.
Juan Huerta Pérez, líder de la CTM en Jalisco, explicó que la creación de este organismo tiene tres objetivos primordiales: I.- Refrendar el pacto por la paz y la estabilidad laboral en Jalisco; II.- Generar un acuerdo entre las organizaciones que integran el Consejo, de respeto irrestricto por la contratación colectiva y III.- Generar un órgano de defensa y cuidado de los contratos de los integrantes del CEO.
El Consejo Estatal Obrero por la Paz Laboral y la Generación de Empleos y el bienestar, fue definido como un espacio de consenso, generador de iniciativas del movimiento obrero organizado de Jalisco que promueva el bienestar de los trabajadores e impulse el desarrollo integral de nuestra entidad.
Al mismo tiempo, en esta reunión efectuada en las instalaciones del Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco), se realizó la firma del acuerdo denominado: “Una visión compartida para impulsar la paz laboral, el empleo, la inversión y la competitividad”.
El acuerdo que se firmó con el principal objetivo de impulsar el diálogo, la conciliación y la concertación de voluntades, para que, en el marco de los acuerdos internacionales, las leyes laborales nacionales y estatales correspondientes, se fortalezca la paz laboral, generando las condiciones necesarias y propicias para dicho objetivo.
Sobre este hecho, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se expresó así: “Esto que se dice tan fácil, es de verdad lo que convierte a Jalisco, déjenme decirlo así, en un oasis económico en el país, en un lugar en el que estamos generando condiciones para que ese crecimiento que hemos logrado en los últimos años no se detenga, para que nuestra economía se vaya modernizando y vaya adaptándose a las nuevas circunstancias”.
La paz laboral que se vive en el estado -dijo-, obedece a que desde el inicio de la administración se ha pensado en las y los trabajadores, además de la iniciativa privada y los sindicatos, se ha hecho sinergia para que el estado participe en crear las mejores condiciones para ellos. Por eso estamos dando este paso, que no es sencillo, porque ya firmamos un primer acuerdo que nos permitió llegar hasta aquí, pero ahora tenemos que actualizar nuestros instrumentos y nuestro diseño de organización para ser más efectivos.
El Consejo Estatal Obrero se conforma por 5 federaciones y sindicato representados por sus secretarios: La Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM), representada por Juan Huerta Pérez; la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), por José Alejandro García Hernández; la Federación de Sindicatos Unidos Primero de Mayo de Trabajadores y Empleados (Croc-Sumate), Gabriel Antonio Trujillo Ocampo; el Sindicato Unión de Empleados y Empleadas en Hoteles, Restaurantes y Similares de Jalisco, José Ventura Flores Cervantes y la Federación Obrera de Jalisco (FOJ), por Cándido Nazario Farías.
LEGITIMACIÓN DE CONTRATOS
Tras resaltar que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la prioridad la tienen los trabajadores que integran a los sindicatos y los dirigentes sindicales deberán dejar las frivolidades y ya podrán vivir en una hoguera de vanidades, Juan Huerta Pérez, líder estatal de la CTM, hizo pública la preocupación por la posibilidad de no cumplir a cabalidad con el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, en la fecha fatal del 1 de mayo.
Ante esta problemática y el término fatal del primero de mayo, donde sólo tendrán vida individual los contratos colectivos legitimados o en proceso de legitimación, planteó que la solución podría estar en “combinar las consultas de revisiones contractuales con las legitimaciones, y no obligar a los sindicatos a duplicar consultas como actualmente ocurre”.
No debemos dejar pasar por alto -planteó-, que las organizaciones obreras sindicales perdimos más de un año y medio para celebrar asambleas sindicales en preparación para nuestras consultas por la paralización de actividades por la pandemia del COVID-19, pues se prohibieron todo tipo de reuniones masivas, tiempo que no ha sido considerado por nuestras autoridades para efectos de continuar con nuestras consultas.
Resulta pertinente -abundó-, hablar sobre la falsa premisa de la supuesta extensión del plazo para legitimar nuestros contratos colectivos de trabajo, esto derivado de una mala lectura al Acuerdo emitido por el Centro Federal en el sentido de “ampliar” el período para la fecha de las consultas hasta el 31 de julio de 2023; la lectura real de este Acuerdo es que no existe en sí una ampliación al período, puesto que la fecha límite para registrar consultas en la plataforma del Centro Federal sigue siendo el 1ro de mayo de 2023, lo demás únicamente obedece a la dificultad real que hemos atravesado, tantos sindicatos como la propia autoridad en contar con los visores o inspectores necesarios.
FALTAN CONCILIADORES ESPECIALIZADOS EN CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES
El dirigente de la organización obrera mayoritaria en Jalisco, Juan Huerta, expuso además que “se han burocratizado en demasía los trámites sindicales, cayendo incluso en la obstaculización del efectivo acceso de los derechos de negociación y contratación colectiva de los trabajadores; el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha demostrado ser un organismo preparado para afrontar los nuevos retos.
“Sin embargo es criticable y mejorable la forma en que ha dado respuesta a las promociones de los trabajadores y sindicatos, pues un trámite tan sencillo como lo es solicitar una constancia de representatividad se ha convertido en una pesadilla burocrática, desde exigencias extra legales como lo son proporcionar un croquis con ubicación geo localizable precisa de la fuente de trabajo de la que se pretende obtener la firma de un contrato, hasta una serie de prevenciones “fantasma” -de temas que sí cumplimentó el sindicato, pero la autoridad pareciere no verlas- que retardan de forma injustificada el procedimiento y deja a los trabajadores invisibilizados, desprotegidos y abandonados en espera de la negociación y firma de su contrato colectivo de trabajo”.
Por otro lado -expuso-, otro reto importante y que resulta conveniente destacar, es la forma en que nuestras autoridades han implementado el nuevo sistema de justicia laboral, específicamente en los conflictos colectivos de trabajo, pues tanto en los Centros Locales de Conciliación como en los Tribunales, tanto federales como locales, esta situación ha pasado de noche y no se le ha dado la seriedad e importancia que merece; en efecto, nuestras autoridades locales (en la mayoría de las entidades federativas) no han previsto y destinado conciliadores especializados en conflictos colectivos laborales, sino que esta situación les ha pasado desapercibida.
En el orden de la conciliación- añadió-, bajo la falsa premisa de que ésta, en materia colectiva, corresponde exclusivamente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se ha previsto un área especializada en conciliadores de conflictos colectivos, descuidando un área de extremo cuidado para el desarrollo económico estatal -el equilibrio entre el capital y el trabajo en conflictos de huelga- puesto que, en la etapa de pre-huelga, los centros locales de conciliación pueden intervenir en la resolución de conflictos, sin embargo, al no contar con esta delicada especialización, queda un enorme hueco pendiente de cubrir.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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