– Por Redacción Conciencia Pública 

Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.

Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.

Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.

Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.

En municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.

Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara

La desaparición forzada en México no es un fenómeno reciente. Si bien su uso como táctica contrainsurgente en Sudamérica data de décadas pasadas, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.

Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.

El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.

La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.

Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.

La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.

El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.

Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.

Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.

ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN

El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.

La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.

Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.

La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.

– Por Mario Ávila

En una de sus últimas resoluciones, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, desechó el último recurso interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del abogado Juan Collado. Piña resolvió que el recurso de revisión no planteaba un tema de interpretación constitucional novedoso o relevante.

“Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigentes”, señalan en su resolución.

Con esta decisión, la Suprema Corte cerró la puerta a reabrir el proceso por el presunto fraude ligado a 40 millones de dólares en Andorra por parte de Juan Collado, abogado defensor de personajes como Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

En julio pasado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó el amparo directo que interpuso Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, por considerar que no tenía legitimidad para presentar la demanda, debido a que las personas morales solo pueden hacerlo cuando se ve afectado su patrimonio.

Collado, quien pasó cuatro años en prisión preventiva, ya había librado acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, esta última declarada prescrita en 2024.

Hace casi nueve años la Fiscalía General de la República (FGR) ya había resuelto el no ejercicio de la acción penal contra Juan Collado, debido a que no existían elementos para acreditar un supuesto delito de lavado de dinero, para que se liberara el dinero que había sido congelado en Andorra.

Después, la FGR revivió el caso porque en 2018 Alberto Manuel Alcántara, excoordinador general de Investigación de la institución, viajó a Europa para solicitar el desbloqueo de dinero depositado en Andorra.

En España, el diario El País reveló que Collado también es investigado por las autoridades de Andorra por financiar los lujos de políticos mexicanos.

Con la resolución de la SCJN, Collado queda prácticamente libre de los casos más graves. La ministra Norma Piña dejará el cargo en 48 horas, cuando entren en funciones los nuevos integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país.

– Por Redacción Conciencia Pública

Los dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, reforzarán su relación bilateral con la firma de una serie de acuerdos en materia de comercio, salud, agricultura, energía e industria.

Durante la visita oficial del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin al frente de una delegación a la Ciudad de México este jueves 28 de agosto, ambos gobiernos dejaron claro que no buscan, por ahora, un tratado de libre comercio integral, sino avanzar en convenios sectoriales que permitan resultados concretos y de corto plazo.

Entre los compromisos alcanzados destaca la modernización de tratados económicos complementarios y la apertura de auditorías sanitarias a 14 frigoríficos brasileños, requisito indispensable para que la carne de ese país pueda ingresar al mercado mexicano.

Funcionarios de la Secretaría de Economía subrayaron que este paso representa un avance importante en la diversificación de importaciones, en un momento en que la seguridad alimentaria ocupa un lugar central en la agenda nacional.

En el terreno de la salud, se firmaron declaraciones conjuntas para fortalecer la cooperación regulatoria y el desarrollo de vacunas y medicamentos. Ambas naciones buscan robustecer sus sistemas de producción farmacéutica, intercambiar investigación y mejorar la regulación sanitaria, con miras a responder de manera coordinada a futuras emergencias sanitarias.

Otro de los ejes principales fue la energía. Brasil ofreció su experiencia en biocombustibles, especialmente etanol y biodiésel, mientras México mostró interés en replicar parte de ese modelo para avanzar en metas de transición energética. Las delegaciones también discutieron posibles inversiones conjuntas en energías limpias y proyectos de innovación tecnológica en este sector.

La industria automotriz y la producción de baterías para vehículos eléctricos estuvieron igualmente sobre la mesa. Empresarios y autoridades coincidieron en que tanto México como Brasil pueden complementarse en las cadenas de valor de la electromovilidad, lo que representaría nuevas oportunidades de inversión y empleo en ambas economías. La empresa Embraer también promovió acercamientos en materia aeroespacial y de defensa.

“Estamos construyendo un nuevo momento en la relación entre Brasil y México, con resultados prácticos y de beneficio mutuo”, expresó el vicepresidente Alckmin al cerrar el encuentro empresarial que reunió a más de 350 representantes de compañías de ambos países. Por su parte, la Secretaría de Economía reiteró que la estrategia de México pasa por acuerdos específicos que no requieren la aprobación del Mercosur, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez.

Con estos pasos, México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, buscan profundizar una relación que históricamente ha tenido avances limitados.

Los acuerdos sectoriales abren la puerta a mayor comercio agrícola, cooperación tecnológica e inversiones en industrias estratégicas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la integración regional.