Por Diego Morales Heredia //

El Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresivo, ante a los derechos electorales de las mujeres y fomenta la violencia de género, es la conclusión que se dio en el foro organizado por G10 X Jalisco denominado “El impacto del plan B en el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres”.

Como invitada y parte importante del progreso de G10 X Jalisco, Fabiola Loya, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, se dijo contenta de ver cómo la sociedad civil organizada y las mujeres están a pie de lucha para defender sus derechos ante una reforma que considera es regresiva y convalida la violencia de género en el país.

“Es un tema que nos duele a todas, es regresivo para todas. Son importantes este tipo de espacios, para defender el derecho de las personas, de los jaliscienses, en especial a todos los grupos vulnerables. Si el plan B llega a ser una realidad iremos muchos pasos atrás, de nuevo la sociedad civil tiene que unirse para que no se de esta reforma regresiva, que violenta a las mujeres y convalida la violencia de género”.

IMPERA UN PANORAMA DE INCERTIDUMBRE

El plan B a la reforma electoral impulsado por el titular del ejecutivo federal tiene como prioridad debilitar al Instituto Nacional Electoral, sin embargo, la afectación mayor es a los Organismos Públicos Locales, señaló Paula Ramírez Hohne, consejera presidenta del IEPC Jalisco, quien espera se defiendan a las instituciones que han permitido vivir sucesos inéditos, como es la presencia mayoritaria de las mujeres en el Congreso de Jalisco.

“El daño a nivel local es más grande, porque el avance había sido mayor en las entidades. El INE y los Organismos Públicos Locales, hemos desarrollado regulación específica para normar los procesos concretamente de registro de candidaturas, garantizar la integración de gobiernos y representación política en el país, con resultados a la vista, donde por primera vez en la historia tenemos un Congreso totalmente paritario, en cinco entidades, Jalisco incluido, las mujeres representan el 60 por ciento de la representación, es algo inédito en la historia. Jalisco es emblemático, como resultado de los lineamientos de paridad para candidaturas en el proceso electoral pasado, más de la mitad de registros de las candidaturas fueron para mujeres, con la más amplia representación política de mujeres en la historia en el congreso”.

Subrayó: “Advertimos que la reforma camina en el sentido opuesto a los avances logrados para hacer realidad la paridad, ahora la reforma prohíbe de manera expresa a las autoridades emitir normas reglamentarias y exigir requisitos adicionales a los señalados en la ley para la postulación de candidaturas. De aplicar estas normas, causarían graves retrocesos en las conquistas de los derechos políticos adquiridos, con resultados positivos”.

PLAN V DE VENGANZA…

Para la politóloga feminista Martha Tagle, el plan B es considerado el Plan V, de venganza, por la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no tener órganos autónomos fortalecidos en el país y que de darse se debilitarían los procesos electorales en los siguientes comicios.

“El plan B es un reto que tenemos enfrente, que nos llama a convocarnos, hacer un frente común y evitar el retroceso. Estamos a contrarreloj, con la incertidumbre en un proceso electoral que tenemos a la vuelta de la esquina, con candidaturas que están en el aire. Escribí una columna que se llama Plan V, de venganza, de revancha, frente a una institución que ha venido adquiriendo solidez, independencia, sobre todo confianza con la ciudadanía, porque a pesar de las diferentes disputas en la construcción de la democracia, el INE ha venido fortaleciendo como institución y aunque tiene cosas por revisar y modificar, no era el momento ni la forma de pretender una reforma como la del plan B, al presidente no le gusta tener una institución con esa fuerza y confianza de la ciudadanía y no le gustan los órganos autónomos, quiere ser el único poder encima de los demás”.

Agregó: “La afectación fundamental que tiene esta reforma es a la institución directa encargada de organizar las elecciones, limita su operatividad, le quita funciones fundamentales, busca debilitar la presidencia del INE, el problema será para el nuevo presidente que llegue, porque delimita su figura general, implica despedir funcionarios de servicio profesional electoral, los números indican que se irían hasta el 80 por ciento de personal”.

De igual manera, Martha Tagle espera que la Corte actúe con la razón y la legalidad, haciendo un llamado a la sociedad civil a sumarse a los esfuerzos y estar atentos a las determinaciones que habrá en los próximos días.

FALSA AUSTERIDAD Y NO ES DEMOCRÁTICO

En su participación Gabriela del Valle, magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, expuso que aunque se ha tratado de socializar que es una medida democrática y que abonará a la austeridad del país, la realidad es una reforma regresiva, que fortalecen a los partidos políticos y debilitan a las autoridades electorales.

“Aunque los discursos se anuncien como democráticos y a favor de la ciudadanía, lo cierto es que no lo son. Uno de los aspectos más graves es que esta reforma señala que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas, en ese sentido las autoridades electorales quedan impedidas para solicitar varios requisitos que señala la ley. Como sabemos las leyes regulan aspectos generales, eso se hace a través de los reglamentos. Tampoco se pueden modificar los documentos básicos de los partidos políticos, en razón a ello, establece que las autoridades solo pueden intervenir en asuntos interpartidistas, si de por sí se complica tener dirigencias paritarias”.

Añadió: “Las medidas responden a que las autoridades electorales hemos buscado regular a los partidos políticos, anteriormente los partidos políticos eran instancias autocompositivas, si surgían conflictos sobre la integración de sus instrumentos normativos no había un órgano imparcial para dirimir sus controversias con el debido proceso”.

El llamado de la magistrada Gabriela del Valle es a tener diálogo, los que promueven el plan B y los que están en contra, porque de otra manera las modificaciones serán en detrimento de la democracia y de los derechos político electorales de la ciudadanía, en particular de las mujeres.

“Debe haber un diálogo entre las instituciones, son graves las modificaciones al INE porque alteran su autonomía e independencia, esto podría poner en riesgo los procesos electorales, se vulnera el sistema de fiscalización, se atenta contra los derechos político electorales de la ciudadanía, particularmente de las mujeres, esto va de la mano con el problema de cómo vamos a erradicar la violencia política contra las mujeres. El discurso a favor de la reforma señala que la austeridad es importante en el país, desafortunadamente la desigualdad en México se remonta de siglos atrás”, puntualizó.