OPINIÓN
Sin deudores alimenticios
Por Miguel Ángel Anaya Martínez //
La semana pasada, el Senado de la República aprobó por unanimidad (con 86 votos a favor) una reforma que impedirá a deudores de pensión alimenticia tramitar documentos como el pasaporte, la licencia de conducir o la credencial para votar.
Para lograr lo anterior mencionado, se creará el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que concentrará la información sobre el incumplimiento de deudores; para hacer cualquier trámite de los anteriores mencionados se deberá presentar un certificado de no inscripción a esta base de datos.
La senadora Olga Sánchez Cordero, promotora de esta reforma, mencionó que el dictamen responde a la obligación del Estado Mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país.
La ex Secretaria de Gobernación y presidenta de la Comisión de Justicia, detalló que, con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, sólo un juez familiar podrá ordenar que se retire de dicho registro a la o el deudor, una vez que se hayan cubierto las pensiones faltantes y se cuente con el certificado expedido por el Registro Civil.
De acuerdo con el Código Civil Federal, el porcentaje mínimo de la pensión alimenticia que debe cubrir el tutor es de al menos el 15 por ciento del ingreso del padre o madre que no esté a cargo de los menores. El salario promedio en México durante 2022 fue de 8 mil pesos, por lo que la pensión alimenticia mensual debería rondar un promedio de 1,200 pesos.
Este caso aplicaría solo si el responsable cuenta con un empleo del que se tenga registro, hay muchos casos donde se declara desempleo o ingresos menores a los realmente obtenidos. Por otra parte, un Juez Familiar valorará el caso y podrá determinar que se dé un porcentaje mayor, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades económicas del padre o la madre.
Se tiene la creencia que la pensión se debe pagar hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad, sin embargo, la realidad es que se debe de pagar hasta los 21 años o hasta que los hijos terminen sus estudios profesionales. Aunque suene ilógico, hay personas que no entienden que tener hijos es una responsabilidad de pareja y que, además, es un compromiso de largo plazo.
Quien tenga la custodia también podrá reclamar la pensión alimenticia de sus hijos, aunque estos sean mayores de edad; esto sucede si no logran tener los recursos suficientes para subsistir, si padecen de sus facultades mentales o de alguna discapacidad. Esta pensión no solo incluye pago por alimentos, sino de ropa, vivienda, educación y asistencia médica.
Según los constitucionalistas, la existencia de un registro de deudores que evite a los morosos tramitar documentos requeridos para la vida diaria, es un tema que transgrede derechos como a la identidad, políticos, derecho a la vivienda y migratorios; la argumentación ante esta situación ha sido que los derechos de los menores priman sobre cualquier otro.
Veamos los números para poner la situación de las pensiones alimentarias en contexto. En México, por cada 10 matrimonios hay tres divorcios y tres de cada cuatro hijos de una pareja divorciada no reciben pensión alimenticia, es decir, 75% de estos menores no reciben el apoyo económico necesario, del apoyo moral y familiar ni hablamos.
Además, 33 de cada 100 mujeres en México, de entre 15 y 54 años, son madres solteras. Es evidente que hay un número importante de adultos que se desentienden de la responsabilidad de cuidar, guiar y mantener a sus hijos. La situación es alarmante, estos hechos desprotegen a los menores y crean vacíos familiares que son llenados por la delincuencia.
Como todo, este es un proceso que tendrá que pulirse. Al final, el registro creará un papel más que se deberá presentar ante la ya complicada burocracia mexicana, lloverán amparos de aquellos que no estén de acuerdo con la nueva reforma, pero cuidar el interés y el buen desarrollo de los menores -las personas más vulnerables dentro de una sociedad- es un tema en el que el Estado Mexicano se había tardado. Busquemos el bienestar de las niñas y los niños.

Juan de Dios de la Torre
27 de marzo de 2023 at 7:58 AM
Tuve la oportunidad de conocer de cerca, entre otros legisladores, a Sanchez Cordero, y sin duda como varios de ellos, es una persona restringida intelectualmente y emocionalmente volátil, por no mencionar au profundo clasismo y rencor hacia diferentes sectores de la sociedad, en[re ellos a los los del género masculino, no me extraña para nada que de ella emanen iniciativas incompletas, facistas o absolutamente inviables.
Para poder aplicar una medida tan punitiva, primero se debería contar en el país con un sistema judicial incorruptible y altamente eficiente, cosa de la que estamos a años luz.
Paty
27 de marzo de 2023 at 9:15 AM
Desafortnadamente el bienestar de Niños y Niñas no depende solamente del dinero destinado a su manutención, ellos y ellas requieren de ejemplo de vida, protección, amor… en una palabra: Formación de la persona y todas las variantes que ello implica.
Ojalá hubiera mayor sentido de resposabilidad personal, pues eso las leyes no lo pueden suplir.