NACIONALES
El dictopaciarismo
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
Dictopaciarismo es un acrónimo formado por tres palabras: Dictadura, Opacidad y Autoritarismo; que parecen ser las principales razones que han llevado al gobierno federal en turno -y a su mayoría parlamentaria en el Senado- a inhabilitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en una clara contravención al juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política Mexicana y las leyes que de ella emanan.
Es claro que, en lugar de ello, han preferido violar la Constitución y apostarle a su “Mundo Ideal” a través de un “régimen dictopaciarista”, que es la forma correcta de denominar a la crisis actual de derechos humanos que vivimos en México desde el primer día de abril del 2023, a raíz de la decisión presidencial de desintegrar al INAI, que es el organismo constitucional autónomo que se encarga de tutelar dos de nuestros derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales.
Es importante señalar que el Presidente realizó, en su “conferencia mañanera” del 14 de abril, diversas afirmaciones falsas para justificar su decisión de desintegrar al INAI, que es importante refutar:
1. El INAI no sirve para nada. Falso, tutela dos derechos humanos que ninguna otra entidad pública protege, y sus decenas de miles de resoluciones al año son prueba de ello.
2. El INAI es costoso. Falso, el INAI le cuesta alrededor de $7 pesos al año a cada mexicana y mexicano; tan solo con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se hubieran podido pagar 280 años de INAI.
3. El INAI se creó para simular combatir a la corrupción. Falso, el INAI se creó como una exigencia ciudadana para acabar con siglos de “dictopaciarismo”, y la labor de la sociedad encabezada por el “Grupo Oaxaca” fue determinante para su creación.
4. El INAI se creó en el sexenio de Carlos Salinas. Falso, se creó dos sexenios después, en el año 2002.
5. Los integrantes del INAI no trabajan. Falso, el Pleno del INAI resolvió más de 20,000 recursos tan solo en materia de acceso a información pública en 2022 (más de 50 al día, contando sábados y domingos).
6. La Auditoría Superior de la Federación, las fiscalías y contralorías pueden suplir al INAI. Falso, sus funciones son completamente diferentes y es evidente que ignora los alcances de la transparencia, la rendición de cuentas ciudadana y la protección de datos personales.
7. Este gobierno no reserva ni oculta información. Falso, el INAI resolvió tan solo en el año 2022 alrededor de 10,000 recursos en los cuales modificó o revocó las respuestas del gobierno por no entregar suficiente información pública a quienes se la solicitaron.
Por lo anterior, no me queda duda que desintegrar al INAI es una decisión dictatorial, porque conlleva una grave violación a muchos tratados internacionales que protegen nuestro derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que, entre otras cosas, abre la puerta al espionaje gubernamental y al uso discrecional (y electoral) de bases de datos personales.
Es también una decisión llena de opacidad, pues igualmente implica violaciones graves a los referidos tratados internacionales en materia de derecho a la información y libertad de expresión, lo que implica una regresión a nuestros derechos humanos de por lo menos dos o tres décadas en este rubro para todas las y los mexicanos, particularmente para las y los periodistas de investigación.
En tercer lugar, es una decisión llena de autoritarismo, pues sin el INAI no hay ninguna instancia ciudadana que, de manera sencilla y expedita, pueda obligar a las autoridades federales de los tres poderes, ni a los organismos de transparencia de los estados de la República, a modificar sus determinaciones y ordenar la entrega de información pública que les haya sido negada a las y los ciudadanos.
Me parece que la decisión de tratar de desaparecer de facto al INAI, es la decisión más dictatorial y autoritaria que se haya tomado en los 5 años de esta administración, y estas semanas o meses pasarán a los libros de la historia de México como el momento de mayor opacidad en lo que va de este milenio en nuestro país.
Por todo ello, parece evidente que nuestro “presidente dictopaciarista” está molesto porque hay personas que quieren saber cuánto nos cuesta el papel de baño de “su” Palacio Virreinal; y sus deseos de desaparecer al INAI deben considerarse un halago para dicha institución y una enorme señal de alarma para nuestra democracia.
JALISCO
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
–Por Francisco Junco
El tequila, bebida que a la vez es símbolo cultural de México y motor económico de miles de familias jaliscienses, será objeto de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
A través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones acordaron trabajar de la mano en una agenda internacional que no sólo fortalecerá la exportación de la bebida, sino también su presencia en eventos globales y su acceso a nuevos mercados con menos restricciones arancelarias.
El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, enfatizó que esta alianza busca abrir puertas en países como India, donde actualmente el arancel de importación del tequila es del 150%.
“Es un distintivo a nivel mundial que nos posiciona, que nos marca. Tenemos ese proyecto de llegar a la India”, señaló y agregó que tienen «una agenda internacional muy destacada, no sólo para la Secretaría de Turismo, sino también para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura».
Desde la trinchera del CRT, Alan Loredo Trueba, primer vicepresidente del consejo directivo, reafirmó el compromiso del organismo con la protección de la denominación de origen y con el fortalecimiento de la cadena productiva, que da sustento a familias campesinas, productores, comercializadores y prestadores de servicios.
“En el CRT, desde hace más de 30 años, trabajamos en proteger al tequila, labor que reforzaremos con el Gobierno de Jalisco con la firma de este convenio y continuar con ello salvaguardando a nuestra primera denominación de origen en México y el mundo. A esto vamos a sumar la promoción económica internacional, la atracción de inversión económica directa, el fortalecimiento al comercio exterior a través de la difusión de la cultura del tequila y la entrega del Distintivo T”, expreso en nombre del CRT.
Explicaron que, uno de los ejes con mayor impacto social será la profesionalización en torno a la cultura del tequila. A través de capacitaciones y certificaciones, el CRT ha acercado a más personas a la historia, normativa y calidad de la bebida nacional por excelencia.
En este contexto, el Distintivo T cobra relevancia como una garantía de buenas prácticas en centros de consumo, que impacta directamente en el servicio turístico y en la promoción de empleos dignos en el sector.
Mediante un comunicado de prensa se anticipó que el tequila tendrá una destacada presencia en ferias internacionales como FITUR, lo cual no sólo eleva el nombre de Jalisco en el mundo, sino que genera una derrama económica que impacta positivamente en comunidades agaveras, empresas familiares y jóvenes emprendedores que encuentran en la bebida un camino de desarrollo con identidad.
- –Por Mario Ávila
Con 73 casos de violencia política en contra de sus militantes en el primer semestre del 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido político más agraviado en el país, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 28 víctimas y en tercer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27.
De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la empresa Integralia Consultores, el reporte indica que se registraron además 69 casos de violencia política en contra de víctimas sin afiliación a partido político alguno.
El reporte de mitad de año advierte que, de enero a junio del 2025, ocurrieron en el país 253 hechos de violencia política, lo que significa que se registró un caso cada 17 horas en algún rincón de México.
Entre los sucesos de violencia política destacan 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos correspondientes a otros delitos, como robos, en 29 de las 32 entidades del país.
Un dato que resalta en la investigación, tiene que ver con el hecho de que la violencia fue más intensa a nivel municipal, ya que la mayoría de las víctimas, es decir el 79% de ellas, fueron figuras públicas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
Ello se debe a que las organizaciones criminales priorizan el control municipal, debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados, según se expone en el resumen ejecutivo sobre el tema, realizado por Integralia Consultores.
Por lo que toca a regiones o estados, Veracruz fue el sitio en donde se concentraron la mayoría de los eventos de violencia política, toda vez que en el marco de las elecciones municipales se contabilizaron 81 casos, mientras que en Guerrero se padecieron 24, en Morelos 21 y en Oaxaca 20; en contraste, en Durango que también celebró comicios locales, solo se registró un evento de violencia política.
La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorción, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación, según se explica en el informe del primer semestre del año.
–Por Mario Ávila
El gozo se fue al pozo. Cuando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, disfrutaba de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al mencionar que la percepción de la inseguridad había mejorado 10 puntos en el segundo trimestre del año; una nueva encuesta en el mes de julio, descarta que Guadalajara, se encuentre entre las 10 ciudades más seguras de México.
Al dar a conocer en el mes de julio, el Top 10 de las ciudades más seguras, según sus habitantes, la capital de Jalisco no aparece y quien sí está en el quinto lugar es Puerto Vallarta, Jalisco, en donde la población se siente menos insegura de vivir en su localidad, según la evaluación de la misma ENSU-INEGI.
Los resultados del top 10 ubican en el primer lugar al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; segundo, Piedras Negras, Coahuila; tercero, Benito Juárez, CDMX; cuarto, Saltillo, Coahuila y quinto, Puerto Vallarta, Jalisco.
En el sexto lugar aparece San Nicolás de los Garza, Nuevo León; séptimo, Tampico, Tamaulipas; octavo, Tepic, Nayarit, noveno, Los Cabos, Baja California Sur y décimo, La Paz, Baja California Sur.
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
Morena, el partido más agraviado por violencia política
Guadalajara… ¡ni tan segura!
Entregan 66 patrullas a municipios del Sur, Sureste y Lagunas de Jalisco
