A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Joseph Schneider explicó en una de sus obras que, los problemas sociales a menudo son construidos socialmente; esto quiere decir, desde su perspectiva que, los problemas no existen como tales en la realidad, sino que estos son caracterizados como problemas por los actos e interacciones de los actores sociales, quienes a su vez, de manera colectiva, definen una situación en concreto como un problema. 

Lo anterior implica que una situación no adquiere el rango de problema a menos que los actores sociales atribuyan a determinada situación una serie de características negativas, esto a través de un discurso que vinculen a dicha problemática con ciertos valores sociales. 

Un ejemplo claro y hasta simple de esto pueden ser dos temas recurrentes en redes sociales: los incendios forestales y el maltrato animal. En ambos casos estos problemas son susceptibles de ser atendidos por una política pública, solamente si colectivamente aceptamos que los comportamientos que detonan dichas problemáticas son una clara desviación a un objetivo social compartido, que en estos casos son un medio ambiente sano y el respeto a la dignidad de los demás seres vivos.

En razón de esto tenemos que los discursos tienen un fuerte impacto e influencia en la construcción y socialización de políticas públicas, ya que este no solamente tiene efectos retóricos, sino que también tiene efectos sustanciales ya que el discurso como tal influye en el lugar que esto ocupará en la agenda, así como la estrategia para su implementación y también en la forma en la que se evaluarán sus resultados. 

No obstante, esto no es tan simple ya que hay ciertos puntos a cuidar alrededor de los discursos, ya que a la hora de usarlos como medios para el empoderamiento social y mediático de una política pública, es necesario tomar en cuenta el papel que juega la conciencia humana en la vida social. 

Según Martha Finnemore y Kathryn Sikkink, la interacción humana está moldeada por factores ideacionales, siendo los más importantes las creencias compartidas, y esto es así ya que estas creencias son las que a su vez construyen los intereses de la sociedad. 

Dicho de otra forma, el éxito de una política pública depende de muchos factores, pero uno de ellos, y probablemente el más relevante para efectos de legitimar una determinación por parte de nuestras autoridades, es que no basta con que el representante y/o gobernante crean firmemente que su propuesta solucionará un problema, sino que es necesario que lo que ellos ven como problema también lo sea para la sociedad y que la solución planteada coincida también con el interés de la sociedad respecto a la solución de dicha problemática. 

Por ello, para que una política pública y un discurso tengan éxito y que tengan efectos en la realidad, no basta claridad argumentativa o buenas redes sociales; el discurso y la política pública debe ser persuasiva de tal forma que se conecten con la realidad y con las percepciones de la sociedad, ya de que no ser así, las políticas públicas estarían construyendo su camino al fracaso, o como dirían anteriormente, al despeñadero. 

Traigo esta tediosa explicación a cuento por dos temas que se han discutido en las últimas semanas en el Legislativo: el aumento a las penas por maltrato animal y la iniciativa de Resiliencia Atmosférica presentada por la diputada Priscilla Franco. 

Respecto a estas dos iniciativas, la que obedece al maltrato animal es bastante sencilla: aumentar las penas por maltrato animal; mientras que la iniciativa de Resiliencia Atmosférica tiene como objetivo un “Jalisco con aire más limpio”, lo cual se busca lograr fortaleciendo las atribuciones de la SEMADET, de tal forma que esta institución cuente con mejores elementos jurídicos para aplicar un plan de prevención para proteger nuestro medio ambiente. 

Ahora bien, aunque en un principio estas dos propuestas se refieren a comportamientos que sin lugar a duda todos consideramos que son una clara desviación a un objetivo social compartido que es el respeto a la dignidad de todos los seres vivos y a la conservación de un entorno sano, estas dos políticas públicas la realidad es que ya llevan las de perder. 

En primer lugar, porque aunque sí responden a un interés colectivo, la solución planteada está alejada del interés, de las necesidades de la colectividad, pero sobre todo, de la percepción que tienen los actores sociales sobre esas dos problemáticas que han obtenido mayor relevancia a causa del auge de más redes sociales en donde se viralizan y se exponen casos de maltrato animal y desde donde se comparte información sobre los efectos ambientales de los incendios que azotan a nuestra ciudad.

Y en segundo lugar, estas políticas ya llevan las de perder porque ambas parten de la tan peligrosa diarrea punitiva que tanto predomina en la mentalidad de nuestros representantes, quienes en su mayoría creen que la manera de inhibir comportamientos anti sociales es aumentando las penas para sancionar dichas conductas, lo cual ha quedado demostrado en nuestra historia, que no es la solución; pero lo más preocupante es que hasta la fecha no ha habido un bien aventurado que vaya más allá y que busque construir soluciones que atiendan al problema de fondo. 

Seamos puntuales, a todos nos interesa atender estas dos problemáticas tan sensibles, sin embargo, lo que nos preocupa más que los qué, son los cómo, ya que cada política pública que fracasa se convierte en un lastre más tanto para nosotros como ciudadanos, como para nuestro propio entorno.

En virtud de lo anteriormente expuesto y a manera de conclusión, me despido de esta edición con dos reflexiones: 

¿Los incendios forestales en los pulmones de nuestro estado se solucionarán robusteciendo las facultades de la SEMADET? 

Y por último ¿el maltrato animal se acabará aumentando las penas para sancionar dicho comportamiento?