NACIONALES
AMLO no hará lo que hizo Zedillo: La corte y la austeridad republicana

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Durante toda su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido, salvo singulares excepciones, muy dúctil con el poder ejecutivo, y casi desdeñada por el poder legislativo. Solo en los tiempos actuales, cuando llegó al gobierno federal un partido de izquierda, ha adoptado una actitud que los ministros integrantes de la SCJN (así como los miembros de la oposición) aseguran, se debe a que ahora si son independientes totalmente, en relación a los otros dos poderes constitucionales.
En el primer tramo del sexenio presente, entre el entonces presidente de la SCJN y el primer mandatario nacional, había cierta corriente de afinidad, y no pasó a mayores la antedicha separación de poderes. Pero tras la elección de la abogada Norma Leticia Piña Hernández, para presidir el alto tribunal a que nos referimos, la relación del poder judicial encarnado por la SCJN, y los poderes legislativo y ejecutivo, se han agriado. Y de tal situación, se han valido los impugnadores de la Cuarta Transformación (4T), para generar loas al Poder Judicial federal (PJF) y llevar agua a su molino, aduciendo que cada paso que da la corte, es para salvaguardar el equilibrio de poderes.
Los jaloneos con diputados y senadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que es gobernante, también son frecuentes. A tal grado que como afirma la periodista Carmen Morán Breña, “La disputa de leyes y decretos en el terreno judicial se ha disparado durante el sexenio provocando una judicialización extrema de la vida parlamentaria que tensa el equilibrio institucional”.
Por lo que ve al primer magistrado, Andrés Manuel López Obrador, a cada acción de la Corte, como cuando ésta echó para atrás la primera parte del llamado Plan B, y luego cuando más recientemente, la SCJN reprobó la segunda parte de ese paquete de leyes con matiz electoral, afirmó que tal Tribunal estaba al servicio de los conservadores, de los antiguos detentadores del poder: “El Poder Judicial está podrido”, se publicó el 8 de mayo pasado. Y el inmediato 29, tras la marcha del “INE no se toca” difundió Forbes: “Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso estamos aquí reunidos” (José Ángel Gurría).
Lo anterior no es raro, porque poco tiempo antes, había reprochado a la SCJN por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con tal motivo, precisó que ocho ministros actuaban con el estilo del ex presidente Felipe Calderón, -autoexiliado en España- apoyando con ello un modelo de seguridad estilo del exfuncionario narco calderonista, ya condenado por ello en Estados Unidos, Genaro García Luna.
La excesiva judicialización registrada en este sexenio, alcanza la friolera de 809 controversias constitucionales debatidas (casi el doble de las que hubo en el período de Vicente Fox, cuando fueron 414) y además, 572 acciones de inconstitucionalidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Laura Valencia, explica que ello se debe a “Los muchos decretos mediante los que se gobierna…, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”.
Ante tal situación, el mandatario y los suyos, se han fijado en los elevados salarios de los ministros de la SCJN, que como lo demuestran estudios comparados de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo: el ingreso de los jueces superiores mexicanos, son mayores que el de otros países. El profesor de Derecho Julio Ríos (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) reconoce que tales ingresos, rebasan al promedio de ministros de muchas naciones, y concluye: “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”. Esa opinión es al revisar que los ministros cobran más que el presidente, lo que es algo inconstitucional: 137.000 pesos de AMLO, frente a 284.500 pesos de cada miembro de la SCJN, a excepción de su presidenta que gana mucho más, según los datos oficiales publicados.
Por lo anterior, el tabasqueño anunció en una mañanera que pediría información a la SCJN del porqué, si tanto afirman salvaguardar la Constitución, no se ceñían a lo que ordena la Ley Suprema con motivo de los sueldos en la administración pública federal, en la cual el artículo 127 constitucional, señala que nadie debe percibir más alta paga que el presidente de la república.
Debido a esto, la Secretaría de Gobernación informó que su titular (Luisa María Alcalde Luján) solicitó, en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Suprema Corte un “informe” sobre las acciones que ha realizado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, en el cual, claramente se establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. (Twitter, 27 junio 2023).
El pleno de la Corte, acordó que se contestara al requerimiento anterior por medio del secretario de acuerdos del organismo, ya que la titular de Gobernación no tiene ni facultades ni el nivel para solicitar tal información a la presidenta de la SCJN, amén de que la Ley que alude la funcionaria no es aplicable. Pero como un esfuerzo para fortalecer el diálogo entre Poderes, y en aras de rendir cuentas a la sociedad, le enviaron el oficio respuesta con fecha 3 de julio. En dicho escrito, invocando a la misma Carta Magna, se dice que los ingresos de los altos servidores del Poder Judicial Federal, no pueden ser disminuidos (art. 94) y que de acuerdo al dispositivo 123, a cada trabajo corresponde salario igual.
En esa respuesta podemos encontrar varios tópicos para tener en cuenta. Lo primero es el clasismo, que implica calidades o categorías, al valorar a la secretaria de Gobernación como inferior al rango de los ministros de la Corte, lo cual conforme a la democracia y la igualdad republicana que deben imperar, ya no son o al menos, no deberían ser vigentes. Lo segundo, es de que, si bien no deben rebajarse las percepciones a los ministros durante su ejercicio, hay que tener en cuenta que, por ética y conciencia social, deberían ajustarse al principio constitucional de no ganar más que el presidente de la república.
Y finalmente, al mencionar a su favor el artículo 123 que estipula, que a igual trabajo igual ingreso, esa disposición es para los asalariados, y en ella no entran altos empleados de confianza ni servidores públicos de elevado rango, por lo que al recibir su nombramiento los ministros, deben sujetarse al articulo 127 vigente, y no irse al de igualdad de trabajo que es para el apartado A del artículo 123, y en todo caso, jamás para funcionarios de la magnitud de los ministros de la SCJN. A este paso, jamás se podrá poner en vigencia el artículo 127, pues cuando no es uno son varios los que perciben el viejo y desmesurado sueldo.
Por lo anterior es que muchos ciudadanos exigen que se actúe como Zedillo en 1994: se quite de un plumazo a todos los ministros y se reinicie nueva etapa de la SCJN. Se recordará que Ernesto Zedillo, de 26 ministros, dejó a la Corte con solo once. El presidente AMLO ya se pronunció al respecto, sosteniendo que no es igual a sus antecesores neoliberales, por lo que mejor exhorta a los ciudadanos para que en 2024, voten masivamente y le den a la alianza “Juntos Hacemos Historia” de MORENA y aliados, una victoria suficiente para lograr (es el plan C) las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, y así poder modificar de fondo al Poder Judicial federal.
Concluyendo: la ciudadanía tendrá la palabra en junio de 2024, para si considera, se hagan reformas profundas al poder judicial, para que este se adscriba a la austeridad republicana y los principios democráticos, o en su caso, si no lo evalúa de esa manera, se permitirá que las cosas sigan como están, con una Corte elitista, ajena al pueblo, muy dada a la flema y habituada a la seductora buena vida.
ENTREVISTAS
Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.
“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.
Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.
Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.
LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO
P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?
Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.
P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.
P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.
P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.
P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.
P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.
P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.
P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.
P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?
Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.
P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.
P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?
La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.
P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?
Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.
¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?
“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.
He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.
ENTREVISTAS
Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

Por Francisco Junco //
El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.
“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.
UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA
Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.
Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.
Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.
La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.
UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE
La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.
La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.
Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.
UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE
Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.
Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.
Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.
UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA
Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.
Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.
La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.
UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN
El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.
Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.
Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.
ENTREVISTAS
Joaquín Sandoval, candidato a juez de distrito en materia civil: «Quiero acercar la justicia a la ciudadanía»

Por Diego Morales Heredia //
En la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, Joaquín Sandoval, candidato a Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 4 Judicial en Jalisco, busca transformar el Poder Judicial con una justicia más pronta, accesible y humana.
Abogado egresado de la Universidad Panamericana, con dos maestrías y una sólida trayectoria en el servicio público, Sandoval apuesta por perfiles independientes y éticos que prioricen a la ciudadanía sobre intereses externos. En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para un Poder Judicial que escuche, resuelva y recupere la confianza de los jaliscienses, en un momento clave para la democracia mexicana.
Experiencia y compromiso al servicio de la justicia
Con experiencia en materia civil y mercantil, Sandoval ha sido testigo de primera mano de las fallas del sistema judicial. “Como litigante, vi malos manejos en los juzgados. La reforma de 2024, que abrió la elección de jueces al voto popular, me motivó a participar para llevar mi conocimiento a un cargo donde pueda dar resultados reales”, afirma.
Su trayectoria en distintos niveles de gobierno y su formación académica lo han preparado para enfrentar los retos de un Poder Judicial percibido como distante. “Ser servidor público implica atender, orientar y resolver las necesidades de la gente, no solo cumplir trámites”, subraya.
Sandoval ha centrado su campaña en recorridos callejeros, llevando su mensaje directamente a los ciudadanos. “Salgo a informar cómo votar y por qué estas elecciones son cruciales. Los cargos duran nueve años, con posibilidad de reelección; la participación ciudadana definirá el futuro de la justicia”, explica.
Su propuesta principal es una justicia abierta, con espacios de diálogo que permitan a los ciudadanos, especialmente aquellos sin conocimientos legales, sentirse escuchados. “El ciudadano común enfrenta barreras para hablar con un juez. Los juzgadores no siempre ofrecen un trato digno. Quiero generar orientación y confianza, manteniendo la imparcialidad”, detalla.
El candidato también aboga por capacitar a los funcionarios judiciales en ética, inclusión y atención a grupos vulnerables. “La inclusión no debería ser un debate; todos merecen dignidad por ser personas. Como juez, impulsaré un trato humano y accesible”, asegura.
Sandoval ve en la elección judicial una oportunidad para cambiar la cultura de los juzgados, donde los expedientes suelen importar más que las historias humanas detrás de ellos.
Independencia judicial: Un compromiso innegociable
La independencia judicial es el pilar de la candidatura de Sandoval. “Nunca me he prestado a corruptelas. Mi historial es limpio, no tengo padrinos ni compromisos con partidos o grupos. Mi único compromiso es con la ciudadanía”, enfatiza.
Para garantizar transparencia, propone un comité de disciplina que supervise su actuación, con sanciones o destitución en caso de irregularidades. “Democratizar el Poder Judicial no es politizarlo, sino legitimarlo. La ciudadanía podrá exigir cuentas y sancionar faltas”, añade, respondiendo a críticas que temen una influencia partidista en la elección.
Sandoval reconoce el desconcierto ciudadano ante este proceso inédito. “La gente siente desconfianza y apatía porque nunca había votado por jueces. Mi tarea es informar y motivar”, dice.
Su campaña, sin grandes recursos, se basa en la convicción de servir. “Siempre he buscado ayudar sin esperar nada a cambio. Esta experiencia me enseña que, con ganas de trabajar, podemos cambiar percepciones”, reflexiona.
Defiende principios constitucionales como la dignidad, la igualdad y el enfoque pro-persona. “Elegiré siempre la norma que proteja a quien más sufre. La justicia debe velar por las personas, no por documentos”, insiste.
La elección judicial, asegura, es más importante que cualquier proceso previo. “Estos cargos definirán la justicia por casi una década. La participación es clave para renovar un sistema que ha perdido credibilidad”, explica.
Sandoval llama a los jaliscienses a informarse y votar, combatiendo la percepción de que el Poder Judicial es inaccesible o manipulable. “Popularizar la justicia no significa politizarla; es darle legitimidad y acercarla a la gente”, subraya.
Una justicia para los vulnerables y un llamado al voto
Sandoval se compromete a acercar la justicia a grupos vulnerables, eliminando las barreras que enfrentan al interactuar con los juzgados. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional, pero hoy está lejos del ciudadano. Cada persona trae una historia, y el Poder Judicial debe entenderlo”, afirma.
Critica la falta de empatía en los tribunales y propone espacios de orientación para que los ciudadanos se sientan defendidos. “Quiero que quien acuda a un juzgado sea atendido con respeto, no intimidado por tecnicismos legales”, añade.
El candidato también aborda las críticas que ven en la elección judicial un riesgo de politización. “Confiemos en la autonomía de los candidatos. Lo que garantizo es un ejercicio digno e independiente. Democratizar es empoderar a la ciudadanía para exigir justicia”, dice.
Su propuesta incluye capacitación constante en ética y perspectiva de género, asegurando que los funcionarios traten a todos con equidad. “No deberíamos discutir si capacitar en inclusión; es una obligación básica”, sentencia.
Para Sandoval, la elección del 1 de junio es una oportunidad histórica. “He trabajado incansablemente, recorriendo las calles para llevar mi mensaje. Estoy en el Distrito 4 Judicial, boleta amarilla, cuadro lila, número 18”, detalla. Su campaña, marcada por la cercanía, le ha dejado un aprendizaje: “La incertidumbre ciudadana es una oportunidad para conectar. Invito a todos a votar y ser parte de esta renovación”. Con un compromiso de justicia humana, Sandoval busca convencer a los jaliscienses de que un Poder Judicial accesible es posible, siempre que la ciudadanía se involucre en este momento decisivo.
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