NACIONALES
AMLO no hará lo que hizo Zedillo: La corte y la austeridad republicana

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Durante toda su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido, salvo singulares excepciones, muy dúctil con el poder ejecutivo, y casi desdeñada por el poder legislativo. Solo en los tiempos actuales, cuando llegó al gobierno federal un partido de izquierda, ha adoptado una actitud que los ministros integrantes de la SCJN (así como los miembros de la oposición) aseguran, se debe a que ahora si son independientes totalmente, en relación a los otros dos poderes constitucionales.
En el primer tramo del sexenio presente, entre el entonces presidente de la SCJN y el primer mandatario nacional, había cierta corriente de afinidad, y no pasó a mayores la antedicha separación de poderes. Pero tras la elección de la abogada Norma Leticia Piña Hernández, para presidir el alto tribunal a que nos referimos, la relación del poder judicial encarnado por la SCJN, y los poderes legislativo y ejecutivo, se han agriado. Y de tal situación, se han valido los impugnadores de la Cuarta Transformación (4T), para generar loas al Poder Judicial federal (PJF) y llevar agua a su molino, aduciendo que cada paso que da la corte, es para salvaguardar el equilibrio de poderes.
Los jaloneos con diputados y senadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que es gobernante, también son frecuentes. A tal grado que como afirma la periodista Carmen Morán Breña, “La disputa de leyes y decretos en el terreno judicial se ha disparado durante el sexenio provocando una judicialización extrema de la vida parlamentaria que tensa el equilibrio institucional”.
Por lo que ve al primer magistrado, Andrés Manuel López Obrador, a cada acción de la Corte, como cuando ésta echó para atrás la primera parte del llamado Plan B, y luego cuando más recientemente, la SCJN reprobó la segunda parte de ese paquete de leyes con matiz electoral, afirmó que tal Tribunal estaba al servicio de los conservadores, de los antiguos detentadores del poder: “El Poder Judicial está podrido”, se publicó el 8 de mayo pasado. Y el inmediato 29, tras la marcha del “INE no se toca” difundió Forbes: “Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso estamos aquí reunidos” (José Ángel Gurría).
Lo anterior no es raro, porque poco tiempo antes, había reprochado a la SCJN por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con tal motivo, precisó que ocho ministros actuaban con el estilo del ex presidente Felipe Calderón, -autoexiliado en España- apoyando con ello un modelo de seguridad estilo del exfuncionario narco calderonista, ya condenado por ello en Estados Unidos, Genaro García Luna.
La excesiva judicialización registrada en este sexenio, alcanza la friolera de 809 controversias constitucionales debatidas (casi el doble de las que hubo en el período de Vicente Fox, cuando fueron 414) y además, 572 acciones de inconstitucionalidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Laura Valencia, explica que ello se debe a “Los muchos decretos mediante los que se gobierna…, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”.
Ante tal situación, el mandatario y los suyos, se han fijado en los elevados salarios de los ministros de la SCJN, que como lo demuestran estudios comparados de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo: el ingreso de los jueces superiores mexicanos, son mayores que el de otros países. El profesor de Derecho Julio Ríos (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) reconoce que tales ingresos, rebasan al promedio de ministros de muchas naciones, y concluye: “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”. Esa opinión es al revisar que los ministros cobran más que el presidente, lo que es algo inconstitucional: 137.000 pesos de AMLO, frente a 284.500 pesos de cada miembro de la SCJN, a excepción de su presidenta que gana mucho más, según los datos oficiales publicados.
Por lo anterior, el tabasqueño anunció en una mañanera que pediría información a la SCJN del porqué, si tanto afirman salvaguardar la Constitución, no se ceñían a lo que ordena la Ley Suprema con motivo de los sueldos en la administración pública federal, en la cual el artículo 127 constitucional, señala que nadie debe percibir más alta paga que el presidente de la república.
Debido a esto, la Secretaría de Gobernación informó que su titular (Luisa María Alcalde Luján) solicitó, en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Suprema Corte un “informe” sobre las acciones que ha realizado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, en el cual, claramente se establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. (Twitter, 27 junio 2023).
El pleno de la Corte, acordó que se contestara al requerimiento anterior por medio del secretario de acuerdos del organismo, ya que la titular de Gobernación no tiene ni facultades ni el nivel para solicitar tal información a la presidenta de la SCJN, amén de que la Ley que alude la funcionaria no es aplicable. Pero como un esfuerzo para fortalecer el diálogo entre Poderes, y en aras de rendir cuentas a la sociedad, le enviaron el oficio respuesta con fecha 3 de julio. En dicho escrito, invocando a la misma Carta Magna, se dice que los ingresos de los altos servidores del Poder Judicial Federal, no pueden ser disminuidos (art. 94) y que de acuerdo al dispositivo 123, a cada trabajo corresponde salario igual.
En esa respuesta podemos encontrar varios tópicos para tener en cuenta. Lo primero es el clasismo, que implica calidades o categorías, al valorar a la secretaria de Gobernación como inferior al rango de los ministros de la Corte, lo cual conforme a la democracia y la igualdad republicana que deben imperar, ya no son o al menos, no deberían ser vigentes. Lo segundo, es de que, si bien no deben rebajarse las percepciones a los ministros durante su ejercicio, hay que tener en cuenta que, por ética y conciencia social, deberían ajustarse al principio constitucional de no ganar más que el presidente de la república.
Y finalmente, al mencionar a su favor el artículo 123 que estipula, que a igual trabajo igual ingreso, esa disposición es para los asalariados, y en ella no entran altos empleados de confianza ni servidores públicos de elevado rango, por lo que al recibir su nombramiento los ministros, deben sujetarse al articulo 127 vigente, y no irse al de igualdad de trabajo que es para el apartado A del artículo 123, y en todo caso, jamás para funcionarios de la magnitud de los ministros de la SCJN. A este paso, jamás se podrá poner en vigencia el artículo 127, pues cuando no es uno son varios los que perciben el viejo y desmesurado sueldo.
Por lo anterior es que muchos ciudadanos exigen que se actúe como Zedillo en 1994: se quite de un plumazo a todos los ministros y se reinicie nueva etapa de la SCJN. Se recordará que Ernesto Zedillo, de 26 ministros, dejó a la Corte con solo once. El presidente AMLO ya se pronunció al respecto, sosteniendo que no es igual a sus antecesores neoliberales, por lo que mejor exhorta a los ciudadanos para que en 2024, voten masivamente y le den a la alianza “Juntos Hacemos Historia” de MORENA y aliados, una victoria suficiente para lograr (es el plan C) las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, y así poder modificar de fondo al Poder Judicial federal.
Concluyendo: la ciudadanía tendrá la palabra en junio de 2024, para si considera, se hagan reformas profundas al poder judicial, para que este se adscriba a la austeridad republicana y los principios democráticos, o en su caso, si no lo evalúa de esa manera, se permitirá que las cosas sigan como están, con una Corte elitista, ajena al pueblo, muy dada a la flema y habituada a la seductora buena vida.
NACIONALES
El llamado de los expertos: Una nueva Suprema Corte de Justicia que priorice el derecho sin extremos ideológicos

– Por Mario Ávila
Este domingo 31 de agosto llega a su fin una era de tres décadas en las que se implementó un modelo de justicia, nacido con la llegada a la presidencia de México, de Ernesto Zedillo y el lunes 1 de septiembre México amanecerá con un nuevo modelo de justicia, nacido a iniciativa del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hecho realidad en el primer año del sexenio de la primera presidenta en la historia del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
En un análisis somero, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado González, habló no sólo del Poder Judicial, sino específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que dijo: “Se despide una Corte que preferentemente se dedicó a cuidar los intereses del capital, pero no podemos esperar que lleguemos a caer en el otro extremo y que se instale una Corte de tipo populista”.
Yo pienso -dijo-, que lo que deben hacer los nuevos ministros, es la recta aplicación del derecho, más allá de consideraciones de carácter social, étnico o político; tiene que ser una Corte imparcial, objetiva y apegada fielmente al derecho.
Hurtado González, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, aceptó la entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública y de entrada dijo: “En principio, hay que darles el beneficio de la duda y a través de sus sentencias, sus actos y sus decisiones, es como vamos a poder valorar, si realmente estos nuevos impartidores de Justicia que entran en funciones el día primero, van a estar a la altura de las circunstancias.
“Yo pienso que el Poder Judicial, sobre todo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tener que contrarrestar el problema de su legitimidad de origen, yo no estoy diciendo que hayan sido producto de una imposición, sino que todos sabemos lo que pasó en el proceso de su elección, los famosos acordeones, eso es una mancha muy importante que van a tener y con la que van a cargar; no sé durante cuánto tiempo se puedan despojar de ella, pero la única manera de poder hacerlo, será a través de sus sentencias”, planteó el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara.
Este modelo de justicia que imperó durante 30 años -sentenció-, yo pienso que fue en un ensayo, que finalmente no derivó en lo que se tenía pensado que pudiera ser; me refiero sobre todo al problema de la Carrera Judicial, más bien fue digamos un principio a alcanzar, pero no la realidad.
Yo no niego tampoco -expuso-, que no haya habido casos en los que se respetó la Carrera Judicial, para decidir un ascenso o el ingreso de impartidores de Justicia; pero hubo muchos otros casos y reconocidos por ellos mismos, en los que se admitió, reconocidos por ellos mismos que el nepotismo estaba presente en el 50% del personal, según lo dijo la propia ministra presidenta, Norma Piña.
“Yo pienso que así es como se despide una Corte, que se dedicó mucho a cuidar los intereses del capital, en el entendido de que la mayor parte de la sentencias y de los casos que llegan a la Corte, son de carácter económico y fiscal y eso siempre lo resolvieron, o les daban largas y largas, como al caso de Salinas Pliego, que es paradigmático, para prolongar y mientras tanto ‘jinetear’ el dinero y les daban una parte de las mochadas de los intereses a los propios ministros que hacían eso, que escondían los expedientes en los cajones del escritorio”, recordó el entrevistado.
Sin embargo, Hurtado González también planteó que, con la llegada de los nuevos integrantes de la SCJN, no se debería caer en el otro extremo, “o sea, una Suprema Corte digamos de tipo populista, si la otra era elitista y favorecía a los grandes capitales como quedó demostrado, esta no debe caer en el otro extremo, su obligación es tomar decisiones bien sustentadas únicamente en el Derecho”.
LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES
Al hacer un primer análisis de los retos que tendrá enfrente la nueva SCJN, el fundador de la carrera de Ciencias Políticas en la UdeG, Javier Hurtado, dijo ver un primer gran reto en el hecho de que si ésta Suprema Corte va a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con la sentencia emitida a fines del año 2023 sobre la prisión preventiva, “en donde se le ordenó al Estado Mexicano, adoptar una serie de medidas, entre otras dejar de aplicar esa medida atentatoria al principio de presunción de inocencia y también se le ordenó reformar su Constitución para adaptarla a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Censuró el abogado constitucionalista y también licenciado en sociología, cómo es que en México se tiene la prisión preventiva si hay de por medio una sentencia que la Corte Interamericana “y se sigue aplicando ese ‘engendro del demonio’, se sigue haciendo e incluso le siguen poniendo más delitos; es decir, en vez de marchar en el sentido que dijo la Corte Interamericana, no, le agregaron otros delitos en el artículo 19 a la prisión preventiva”.
Vaticinó que ese será uno de los temas fundamentales que tiene que atender el próximo Poder Judicial y se preguntó si la SCJN va a acatar esa sentencia y dejará de aplicar la prisión preventiva, concretamente cuestionó qué es lo que le habrán de decir o qué le van a ordenar a los impartidores de justicia.
Aseguró que hay uno que otro juez que no ha aplicado la prisión preventiva ni el arraigo, porque son muy valientes, “pero creo que no llegan al 5% de los jueces quienes por sus pantalones no la aplican, acatando la decisión de la Corte Interamericana, pero los demás no lo hacen porque la Corte ha defendido la prisión preventiva.
“Y ahí va a estar en un predicamento esta SCJN, va a estar a dos fuegos, por un lado, la presión del gobierno y el partido que los favoreció en la elección, que son favorables a la presión preventiva e incluso de agregarle más delitos y por otro lado, la Corte Interamericana que les dice, deja de aplicar eso y reforma tu Constitución para adaptarla a los estándares internacionales”, recalcó el jurista.
Refirió también que el arraigo, además de la presión preventiva, es una cosa totalmente fuera de cualquier consideración, en un país en el cual ya haya una plena observancia de los derechos humanos y se preguntó: “¿Cómo es posible que tú tengas presa a una persona para investigarla, hasta por 84 días?”
“No puede ser eso -abundó-, es decir, te aprenden para investigarte, no investigan para aprenderte. Y a la vez tenemos otro tema y otro reto muy importante, que es la extinción de dominio, que también es contrario a los derechos humanos, pero el estado mexicano se hace omiso con relación a esto y la Corte, pues no toma las medidas necesarias para revertir esa situación a través de sentencias y de jurisprudencia. Por ejemplo, yo tengo una casa y al que se la rento, se dedica a delinquir y lo aprenden, y a mí me quitan la casa, cuando yo qué culpa tengo y aparte sin un juicio, es decir solo te la confiscan.
EL TRABAJO SERÁ EXCESIVO, SIN
SALAS Y CON DOS MINISTROS MENOS
Otra situación a la que se refirió el maestro Javier Hurtado, es el trabajo excesivo que augura, tendrá la Suprema Corte de Justicia de la nación, toda vez que con la reforma, desaparecieron las Salas y redujeron el número de ministros.
Son dos cosas en contra -planteó-, cómo le van a hacer para resolver en el Pleno, el número cada vez más creciente de casos que llegan a la Suprema Corte; antes las salas permitían que se desahogara esa carga de trabajo, pero ahora quitan las Salas y aparte eliminan dos ministros, entonces la verdad, van a tener que ser magos o no sé cómo le van a hacer, es increíble, no hay forma de entender cómo le van a hacer.
EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Y EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Uno de los aspectos importantes que dejó la Reforma Judicial, es la creación de un nuevo ente llamado el Tribunal de Disciplina Judicial, se trata de un organismo inédito, sin paralelo en otros países, que transformará por completo el sistema de administración de justicia.
Este Tribunal sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal y será un órgano con independencia técnica y de gestión, para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia.
Sobre esta creación, el doctor Javier Hurtado admitió que efectivamente, él nunca tuvo conocimiento de que el Consejo de la Judicatura sancionara a un juez o un magistrado, por lo que planteó su esperanza de que este nuevo tribunal cumpla bien con su misión, con su función y que sancione a los impartidores de Justicia que se aparten del Estado de Derecho o que incluso vendan la justicia.
Sin embargo, planteó a la vez que hay el riesgo de que queriendo cambiar totalmente la impartición de justicia, termine convirtiéndose ese Tribunal de Disciplina Judicial, en un ‘Tribunal de la santa inquisición’ y que corten cabezas por parejo; yo veo también que ese es otro gran problema, otro gran riesgo. Pero consideró que igual que a los ministros, habrá que darles el beneficio de la duda.
Hurtado González también habló del Órgano de Administración Judicial, el nuevo organismo que tendrá a su cargo la administración de los recursos financieros y humanos del Poder Judicial, así como dará seguimiento a la Carrera Judicial.
Este órgano estará integrado por cinco miembros: tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de distrito; un consejero designado por el Senado, y uno por la presidenta de la República.
Y esa conformación es justamente la que llama la atención al doctor Javier Hurtado y sobre el que dijo: “Me parece quedó mal integrado, porque tanto ruido para tan pocas nueces, es lo mismo, la única diferencia con lo que existía (Consejo de la Judicatura), es que ya no lo preside la presidenta de la SCJN, pero ahí, en ese órgano de cinco miembros, el Poder Judicial tiene tres representantes, lo que significa que siguen siendo juez y parte, porque los otros dos, es un representante del Ejecutivo y otro del Senado; entonces quedamos igual, y ahí también el problema es que sigan tomando decisiones incestuosas para encubrir un mal manejo de los recursos que tienen a su cargo”, expuso.
¿UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
O UN TRIBUNAL DE CASACIÓN?
Una más de las inquietudes que un abogado constitucionalista como Javier Hurtado plantea, tiene que ver con dejar en claro cuál es la función, la figura y las facultades de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y explica: “En 1994 cuando Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial y se establecieron en el artículo 105 constitucional, en esa reforma del 31 de diciembre de 1994 se habló de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales; entonces dijeron que la Suprema Corte era un Tribunal Constitucional y siempre se llamaron así.
“Y el 5 de noviembre del año pasado, si no me falla la memoria, se cayó eso de que era Tribunal Constitucional con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo: ‘Nosotros no tenemos facultades para controlar las reformas constitucionales’, entonces no es tribunal constitucional, por más que digan lo que digan, es Tribunal de Constitucionalidad, es un Tribunal de Casación, es un Tribunal de Tercera Instancia”.
Recordar que un Tribunal de Casación, es un órgano judicial superior, cuya función es conocer y resolver el recurso de casación, un medio extraordinario para revisar sentencias de tribunales inferiores, por infracción o quebrantamiento de la ley. A diferencia de un tribunal de apelación, el tribunal de casación no reexamina los hechos del caso, sino que se enfoca en la correcta aplicación del Derecho y la unificación de la jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica.
LA SCJN, OBLIGADA A ANTEPONER
EL INTERÉS NACIONAL: ANDRÉS VALDEZ
Andrés Valdez Zepeda, doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad de Nuevo México
“Hay mucha esperanza entre amplios sectores de la población, de que, con el nuevo modelo del Poder Judicial en México, las cosas cambien para bien, que haya justicia más expedita y, sobre todo, se reduzca o elimine la corrupción y el nepotismo. Lo que la gente no quiere es que haya más de lo mismo, lo que se requiere ahora es que el Poder Judicial ejerza sus labores profesionalmente y cumpla con sus funciones constitucionales. La nueva Suprema Corte de Justicia de la nación, debe trabajar en equipo, anteponer el interés nacional por encima de intereses particulares, eficientar y modernizar su estructura y dar señales claras de que hubo en cambio verdadero”.
CARTÓN POLÍTICO
Marca bienestar
JALISCO
Repensar la captación pluvial en GDL y CDMX

– Opinión, por Violeta Moreno
México enfrenta una crisis hídrica marcada por contradicciones: mientras ciudades como Guadalajara (GDL) y la Ciudad de México (CDMX) se inundan durante la temporada de lluvias, otras regiones padecen sequías severas.
El cambio climático intensifica esta problemática al concentrar las precipitaciones en eventos cortos y violentos, exponiendo la vulnerabilidad de los sistemas urbanos. La captación de agua de lluvia emerge como una solución estratégica, no solo para mitigar inundaciones, sino para garantizar seguridad hídrica y promover justicia social.
Dos metrópolis que reflejan la urgencia de repensar la gestión pluvial. Martin Heidegger proponía un “habitar poético” que armonice con la naturaleza, cuidando sus recursos. En un país semiárido como México, donde los acuíferos están sobreexplotados, las lluvias de la temporada de huracanes son esenciales para sostener a la población.
Hans Jonas, con su ética de la responsabilidad, nos recuerda la obligación de planificar considerando el impacto futuro en los recursos naturales. Vandana Shiva, por su parte, defiende el agua como bien común, abogando por una gestión comunitaria que priorice la equidad.
Estas perspectivas éticas inspiran un enfoque integral para la captación pluvial. En 2025, tormentas históricas ponen a prueba a ambas ciudades. La Ciudad de México registró 84 mm de lluvia en una sola noche, saturando drenajes, mientras el lago de Chapala en Jalisco alcanzó niveles récord.
Sin embargo, el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación: menos días de lluvia, pero más intensos, incrementando inundaciones y comprometiendo la disponibilidad hídrica a largo plazo.
La captación pluvial, como sugieren Heidegger, Jonas y Shiva, no es solo una solución técnica, sino un acto ético para preservar el agua y fortalecer la resiliencia urbana.
CIUDAD DE MÉXICO: HACIA LA JUSTICIA HÍDRICA
La capital mexicana vive una paradoja: mientras alcaldías como Iztapalapa enfrentan tandeos y cortes, otras se inundan por drenajes obsoletos. Programas como Cosecha de Lluvia, impulsado por el gobierno y organizaciones como Isla Urbana, han demostrado que la captación pluvial puede reducir desigualdades hídricas. En barrios marginados, los sistemas comunitarios de captación abastecen hogares y fomentan la cooperación vecinal, creando redes de solidaridad que fortalecen la resiliencia frente a la escasez y las inundaciones.
Para consolidar este modelo, la Ciudad de México debe implementar:
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Expansión de sistemas de captación pluvial (SCALL) y cisternas en hogares, escuelas, hospitales y mercados públicos.
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Creación de pozos de infiltración y zanjas de absorción en parques para recargar acuíferos agotados.
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Modernización del drenaje con sensores en tiempo real y alertas tempranas para prevenir inundaciones.
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Campañas de educación hídrica y subsidios para desarrollos habitacionales que integren captación pluvial desde su diseño.
Estas medidas, respaldadas por la participación ciudadana, pueden transformar la lluvia en un recurso equitativo, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas.
LA CRISIS DEL SIAPA EN GUADALAJARA
En el Área Metropolitana de Guadalajara, los cortes de agua en 2025 afectaron a más de cien colonias debido a fallas en bombeo, mantenimiento deficiente y corrupción en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La ineficiencia de esta institución ha llevado a los ciudadanos a recurrir a tinacos, cisternas, garrafones y pipas, coordinándose a través de redes sociales para gestionar crisis más rápido que los canales oficiales. La captación pluvial ofrece una alternativa para aumentar la autonomía hídrica y reducir la dependencia de un sistema ineficiente. Para mejorar la gestión hídrica en Guadalajara, se propone:
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Reestructurar el SIAPA, destituyendo funcionarios corruptos y seleccionando perfiles técnicos mediante procesos transparentes.
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Crear un consejo ciudadano con autoridad para supervisar obras y presupuestos hídricos.
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Modernizar las redes de distribución con sectorización hidráulica y monitoreo de fugas en tiempo real.
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Invertir en infraestructura redundante, como bombas de respaldo y conexiones alternas, para evitar cortes prolongados.
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Promover la captación pluvial en hogares y edificios públicos, con incentivos fiscales para sistemas de infiltración.
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Fortalecer la comunicación vecinal para coordinar respuestas ante emergencias hídricas.
Estas acciones, combinadas con la captación pluvial, pueden empoderar a las comunidades tapatías y mitigar los impactos de la fragilidad institucional.
UN COMPROMISO ÉTICO Y COLECTIVO
El cambio climático ha convertido la lluvia en un recurso crítico e impredecible. En México, donde las reservas hídricas dependen de la temporada de huracanes, la captación pluvial es un imperativo ético y técnico.
Inspirados por Heidegger, Jonas y Shiva, debemos habitar responsablemente, preservar el agua como bien común y garantizar su acceso equitativo. Para la Ciudad de México y Guadalajara, adoptar estas soluciones significa mitigar inundaciones, combatir la escasez y fortalecer la resiliencia urbana.
La colaboración entre gobiernos, comunidades y ciudadanos es esencial para transformar la lluvia en una oportunidad para un futuro hídrico sostenible y justo.