JALISCO
Los retos y desafíos del partido naranja: «¿Y por qué no con Marcelo?», se pregunta Luis Cisneros
Por Mario Ávila //
Como oportuna y atinada, calificó el regidor de Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, la determinación tomada en el XXV Consejo Político de Movimiento Ciudadano, en el sentido de analizar una eventual alianza, pero hasta que hayan quedado definidos los candidatos presidenciales, lo mismo de la Alianza Va por México (PAN-PRI-PRD), que del partido en el poder, es decir el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Cisneros Quirarte, también politólogo por la Universidad de Guadalajara, expuso que en su opinión, la declaración del senador Clemente Castañeda de apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez que le metió mucho ruido y causó división en el partido a nivel nacional, fue solo a título personal y no estuvo acordada con el gobernador, Enrique Alfaro.
De ahí que, en el mismo tono y a nivel personal, Luis Cisneros, regidor del ayuntamiento de Guadalajara y maestro en Filosofía Política, se preguntó el por qué no, ir mejor con Marcelo Ebrard, en caso que resulte ganador en el proceso interno de su partido.
Por ello consideró atinada la solución que Dante Delgado le dio a la problemática, en el sentido de que se dialogue al respecto hasta después de las vacaciones “y digamos que lo de ‘después de las vacaciones’ es un eufemismo, para decir que será una vez que se tenga a los candidatos presidenciales en cada uno de los dos bloques”.
En el plano personal -dijo-, yo sí creo que Marcelo Ebrard representa una posición política distinta a la de Claudia Sheinbaum y a la de Adán Augusto; creo que Marcelo tiene una personalidad propia y ciertamente tendría él algunas simpatías entre la sociedad civil y entre actores y miembros de los partidos políticos.
Pienso que -abundó-, en el caso del Partido Movimiento Ciudadano, a nivel nacional y a nivel estatal, Marcelo Ebrard ha tenido durante muchos años vasos comunicantes; entonces justamente por eso me hace mucho sentido esta posición de Dante Delgado de esperarse a ver quiénes son los candidatos presidenciales y en función de eso tomar una decisión que tenga como primer elemento, el interés superior del país y también en un segundo término, el posicionamiento estratégico de Movimiento Ciudadano como una alternativa política al alcance de la ciudadanía.
Cisneros Quirarte detalló en su análisis: “Entonces por eso es que yo siento que cuando se le trata de presionar a MC y a su dirigente nacional, para que tome una decisión ahora, siento que es totalmente a destiempo; pero entiendo también que hay por parte del frente opositor y de la sociedad civil que respalda al frente y a la propia Xóchitl Gálvez, una aprehensión muy fuerte en contra de López Obrador y de Morena.
“También entiendo que la determinación de los tiempos de Dante Delgado, se debe a la imperiosa necesidad de respetar los tiempos legales y aunque pareciera que se le está haciendo el juego a Morena y al presidente, en realidad ha sido una posición muy inteligente y muy sensata a la que sí le metió mucho ruido la declaración, intencionada o no, del senador Clemente Castañeda.
“Esto sin duda provocó un efecto, tras el cual el propio gobernador Enrique Alfaro, en su mensaje advirtió que él no necesitaba voceros, es decir, no creo que el gobernador haya mandado a Clemente Castañeda a hacer esa declaración, creo que fue más bien una decisión personal de Clemente y que seguramente no midió las implicaciones que iba a tener esa declaración ya que le generaron presión al partido a nivel nacional, pero que también fue positivo porque se habrá de debatir este tema con mucha mayor profundidad”, expuso.
Y también entiendo yo -acotó-, la posición del gobernador de Nuevo León, Samuel García y del alcalde de Monterrey, en el sentido de cómo puede estarse hablando de una alianza política con los partidos (PRI y PAN) que son la oposición y que le han significado obstáculos a sus ejercicios de gobierno. Por eso yo creo que tendrán que atenderse también, como los planteamientos de Jalisco, los de Nuevo León y por eso insisto en que fue una decisión muy acertada la de Dante Delgado de convocar a esta mesa, tanto la fecha de la convocatoria, como a quienes la integrarán.
EL FUTURO DE MC: O SE SALVAN JUNTOS O SE HUNDEN SEPARADOS
Por Mario Ávila //
El reto y el camino del Partido Movimiento Ciudadano tiene seis aristas que se deben tomar en cuenta, en opinión Andrés Valdez Zepeda, doctor en Ciencia Política, sin embargo, de acuerdo a las disputas internas en el partido naranja de esta última semana, el académico de la Universidad de Guadalajara advierte que deben tomar en cuenta que “o se salvan juntos o se hunden separados”.
Además, planteó a causa de las disputas y opiniones encontradas entre Dante Delgado y Enrique Alfaro; así como entre Jalisco y Nuevo León, que en su opinión MC no deben ir en una coalición arcoíris (Alianza por México), porque se debilitaría su identidad y no abonará a su fortalecimiento como instituto.
Así mismo, entre sus sugerencias destaca el hecho de evitar los liderazgos carismáticos o los cacicazgos, porque el partido podría sucumbir cuando esa persona se ausente, según expuso el académico del Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara.
Explicó el analista político que la calidad y fortalecimiento de la democracia en Jalisco depende del fortalecimiento de sus instituciones, como lo son los partidos políticos. En este sentido, seis son los principales retos y desafíos de MC en Jalisco de cara al proceso electoral del 2024.
Los retos y desafíos de MC:
1. Institucionalizarse. Es decir, no depender de hombres o liderazgos fuertes o carismáticos, mucho menos de caciques, sino de su propia estructura política y militancia. Si se depende de una sola persona o de un liderazgo, corre el riesgo de sucumbir cuando ese liderazgo se ausente, fallezca o decida tomar otros rumbos.
2. Elevar su nivel de competitividad, postulando buenos candidatos, hombres y mujeres con la experiencia, el liderazgo, la sensibilidad y la competencia política necesaria para hacer buenas campañas y generar mejores gobiernos.
3. Evitar la división interna. Entender que la unidad hace la fuerza. Como lo dijo Nicanor Parra en la FIL de Guadalajara, “O se salvan juntos o hunden por separado.”
4. No “diluirse” como fuerza política, sino al contrario generar identidad y posicionamiento propio como instituto político alternativo para los electores. Participar en una coalición arcoíris, debilitará su posicionamiento, no abonará al fortalecimiento de su identidad y mucho menos, los fortalecerá como instituto.
5. Diferenciarse de su principal competencia. Con prácticas, perfiles y políticas alternativas que sean bien vistas y aceptadas por la mayoría de la sociedad y no reproduzcan los vicios de la política tradicional. ¡No, más de lo mismo!
6. Finalmente, lograr presencia nacional creando y fortaleciendo una estructura política propia, utilizando la coyuntura, los recursos que se le proporcionan y los espacios en medios de comunicación que se dotan ante un escenario de elecciones concurrentes para el 2024.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
JALISCO
Cierra las puertas a la revisión: Se resiste el auditor de Jalisco Jorge Ortiz Ramírez a ser auditado
– Por Francisco Junco
En Jalisco se vive una paradoja que raya en lo absurdo, el auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, se niega a ser auditado. El funcionario que debería garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, cierra las puertas a quien tiene la tarea de revisarlo desde adentro.
Lo que podría parecer un pleito de egos o un desencuentro burocrático es, en realidad, una afrenta al sistema democrático. Se trata de un auditor que desconoce al órgano interno de control nombrado por el Congreso, en un acto de rebeldía institucional que revela mucho más de lo que aparenta.
Desde el 10 de julio, cuando David Rubén Ocampo Uribe asumió la titularidad de la Unidad de Vigilancia del Congreso, se convirtió en el contralor interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Su papel es claro, revisar el funcionamiento administrativo, financiero y laboral del organismo que vigila el gasto público.
Pero a más de un mes de haber asumido el cargo, Ocampo no ha podido tener ni siquiera una reunión con Ortiz Ramírez. Las solicitudes formales se acumulan, los oficios se contestan con evasivas y la interlocución se reduce a la Secretaría Técnica, como si el titular del organismo no existiera.
“Lo primero que solicité fueron los expedientes laborales, la sábana de nómina, los contratos. Quería saber si todo estaba en regla. La respuesta fue negativa. Después pedí una reunión de trabajo pública, con agenda común. Tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo en entrevista con Conciencia Pública.
El auditor no sólo evade, sino que además bloquea. Cuando el contralor intentó comunicarse directamente, el asistente le confesó que tenían prohibido pasarle llamadas. “Le dije que necesitaba hablar con el auditor. Me contestó que sólo podía comunicarme con el secretario técnico. Yo no quiero hablar con su secretario, necesito hablar con él. Somos titulares de áreas que deben coordinarse”, reclamó David Ocampo.
El 19 de agosto fue la fecha límite que el contralor fijó para un encuentro institucional. Citó al auditor en sus oficinas o, en su defecto, en la propia ASEJ. La silla quedó vacía. Ortiz Ramírez no apareció.
Para el diputado de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, el asunto es mucho más grave de lo que parece. “Este señor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante casi ocho años hizo y deshizo en la Auditoría porque no había contralor. Hoy que lo hay, se niega a recibirlo. Eso es un desafío al Congreso y a la sociedad”, afirmó para Conciencia Pública.
El diputado local morenista subrayó que el nombramiento de David Ocampo tuvo un respaldo contundente, 29 de 32 diputados presentes votaron a favor. “Con ese aval, no hay duda de su legitimidad. Lo que pasa es que al auditor le incomoda porque sabe que vamos a abrir la Caja de Pandora”, señaló.
El argumento del auditor para no colaborar resulta, cuanto menos, cuestionable. Según Ortiz Ramírez, el contralor sólo podría solicitarle información con un acuerdo previo de la Comisión de Vigilancia. Una interpretación que, para David Ocampo, es absurda, ya que él, como auditor no necesita un acuerdo y aseguró que “la Constitución me otorga facultades como órgano interno de control. El auditor lo sabe, pero se escuda en tecnicismos para evadir la revisión”.
Esta resistencia no sólo retrata soberbia. También enciende las alarmas, y de acuerdo con David Ocampo, las preguntas son evidentes, ¿qué teme mostrar el auditor? ¿Qué hay en los archivos que no quiere que salgan a la luz? Nadie que actúe con limpieza debería oponerse a ser supervisado.
Y no es una sospecha al aire. Dentro de la ASEJ circulan denuncias internas que pintan un panorama de corrupción. Trabajadores señalan la existencia de aviadores, nóminas infladas, cobro de comisiones ilegales y hasta incapacidades falsas pagadas con recursos públicos.
Una funcionaria de la Dirección Jurídica, identificada como Sandra Verónica Márquez González, quien aunque firmaba como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la ASEJ, su nombramiento era de supervisor C numerario, es señalada como operadora de esas prácticas. Testimonios internos aseguran que mantiene en nómina a personal inexistente, además de cobrar “moches” a trabajadores que ganaron laudos laborales, condicionando el pago de lo que por derecho les corresponde.
Los señalamientos no terminan ahí. También se le atribuye tolerancia hacia incapacidades falsas expedidas por el IMSS, con las que algunos empleados justificaban ausencias mientras seguían recibiendo sueldo completo. Todo, dicen, con el aval implícito del auditor.
El problema se agrava cuando se revisa el historial de esa funcionaria. Su paso por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya había dejado huella: se le vinculó a un grupo conocido como “El Clan Trevi”, acusado de cobrar comisiones por laudos. Más tarde, en la Fiscalía, los trabajadores denunciaron que pedía aportaciones de su sueldo para mantener sus plazas.
Mientras tanto, el malestar crece entre empleados que observan cómo la institución que debería ser ejemplo de legalidad arrastra prácticas clientelares y corruptas. “Es una burla que el organismo encargado de vigilar la transparencia se hunda en lo mismo que debería sancionar”, comentó David Ocampo.
En este escenario, el silencio de otros actores resulta ensordecedor. Ni el Congreso en pleno ni la Fiscalía Anticorrupción han tomado cartas firmes en el asunto. La pasividad alimenta la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de indiferencia.
“El auditor piensa que tiene el sartén por el mango porque entró con acuerdos políticos. Pero se le salió de las manos. Ahora la sociedad presiona y nosotros no vamos a callarnos”, advirtió el diputado guinda.
Para el legislador, Ortiz Ramírez busca prolongar su estancia y hasta se habla de reelección. “No lo vamos a permitir. Un gobernador dura seis años y se va. Este señor ya lleva ocho y pretende quedarse otros ocho más. Es inadmisible”, sentenció.
La pregunta que ronda entre diputados y ciudadanos es la misma ¿cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el auditor no acepta ser vigilado? El sistema de pesos y contrapesos pierde sentido cuando el propio fiscalizador se coloca por encima de la ley.
“La opacidad reina en la Auditoría”, resume David Ocampo. “Y si el auditor desconoce la ley, estamos en un problema muy grave. Porque entonces, ¿cómo están haciendo las fiscalizaciones en el resto del Estado?”.
La paradoja es grotesca, la oficina que vigila a todos los entes públicos se resiste a ser vigilada. El organismo que exige cuentas se niega a dar cuentas, coinciden David Ocampo y Alberto Alfaro.
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