Un debate con muchas imprecisiones: La Suprema Corte ¿en jaque?

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Acalorado, intenso e impreciso ha sido el debate sobre la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que en los últimos días ha sido catalogado como un ataque a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial.

Por ello, es que el propósito de la columna de esta semana es realizar algunas precisiones a título personal para tratar de esclarecer un poco dicha controversia.

Empecemos:

Lo primero que debemos preguntarnos respecto a este tema es: ¿Desaparecerlos es un atentado contra la independencia del Poder Judicial y contra la división de poderes?

La respuesta concreta es NO, y en ese sentido no podemos caer en el error de creer que desaparecerlos atenta con la independencia y con la división de poderes ya que la iniciativa en sí no plantea la desaparición de facultades y/o atribuciones al Poder Judicial para efecto de trasladarlas a otro poder o bien, a otra autoridad. (aún)

Dicho esto, tenemos que entonces, la verdadera pregunta no radica en autonomía e independencia, sino en prestaciones laborales y por ende lo que deberíamos de estarnos preguntando es: ¿La desaparición de los fideicomisos desaparecerá a la par prestaciones laborales? Desde un punto de vista estrictamente legal, tenemos que decir que la respuesta es NO.

¿Por qué no? Bueno, en primero lugar, porque, según la Auditoria Superior de la Federación, en 10 años la gran mayoría de los recursos de esos fideicomisos no se ha utilizado.

Es decir, el Poder Judicial de la Federación ha cumplido mayormente con el pago de las prestaciones de sus trabajadores al margen de los fideicomisos, esto a tal grado que el 95% de las pensiones del Consejo de la Judicatura y el 90% de las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pagado con gasto ordinario, no con los fideicomisos.

En segundo lugar, todas esas prestaciones simplemente no pueden desaparecer ya que estas integran el salario de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y en ese orden de ideas, con o sin fideicomisos, el patrón está obligado a continuar realizando el pago de ellas puesto que derecho laboral adquirido, no puede ser rescindido.

¿Es cierto que todas estas prestaciones están destinadas a privilegios superfluos? No necesariamente, hay ciertas cantidades de dinero que están dirigidas a cosas sumamente necesarias y justificadas tales como la seguridad de los jueces y magistrados, la cual no puede pasar a segundo término, mucho menos en el contexto de inseguridad en el que vivimos inmersos actualmente y que hace fundamental salvaguardar la seguridad e integridad de los integrantes de los órganos garantes de justicia.

Por otro lado, creo que es importante precisar que el Poder Judicial de la Federación es el único órgano profesionalizado y cuya estructura garantiza que éste esté integrado (en su mayoría) por profesionistas preparados, actualizados y competentes, a quienes ciertamente se les debe de garantizar un salario competitivo como retribución por su contribución a mantener el estado de derecho.

Y este aspecto, es uno que no debemos de perder de vista ya que uno de los principales problemas que enfrenta el servicio público es la falta de salarios competitivos.

¿Por qué es importante este problema? Esto es así porque en la medida en la que no se garanticen salarios competitivos, la fuga de cerebros a la iniciativa privada (que sí los garantiza en mayor proporción que el sector público) continuará generando que el sector público pierda mentes valiosas y que, por lo tanto, la creación de soluciones a problemas públicos se estanque.

Pero visto desde otra perspectiva: ¿Es excesivo que a un funcionario del Poder Judicial de la Federación se le paguen $90,000.00, cada 4 meses para compra de ropa? Semánticamente hablando, en un país con índices de pobreza como el nuestro y con salarios tan bajos para la base de trabajadores que integran la clase media, claro que es un exceso y vale la pena analizar dicha prestación, entre otras que no mencionaré.

En medio de la acalorada controversia sobre la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es imperativo discernir entre la protección de su independencia y la necesidad de revisar ciertas prestaciones. Es innegable que la autonomía del Poder Judicial debe ser salvaguardada, ya que es un pilar fundamental de nuestra democracia. Sin embargo, esto no significa que estemos exentos de cuestionar y replantear ciertos beneficios otorgados a sus funcionarios.

La integridad y competencia del Poder Judicial son esenciales para mantener el estado de derecho en nuestra sociedad. Garantizar salarios competitivos es un paso crucial para retener y atraer a profesionales altamente capacitados. No obstante, también es vital que dichos recursos se administren de manera responsable y que las prestaciones estén alineadas con las necesidades reales, evitando excesos que resulten desproporcionados en el contexto socioeconómico actual.

Defender al Poder Judicial no significa inmunizarlo de la rendición de cuentas y la reflexión crítica. Al contrario, implica fortalecerlo al cuestionar de manera constructiva y buscar mejoras que lo hagan más eficiente y accesible para la ciudadanía. En última instancia, la vitalidad de nuestra democracia depende de un Poder Judicial fuerte, transparente y conectado con las realidades de la sociedad a la que sirve.

Además, es esencial reconocer que la ciudadanía juega un papel fundamental en este proceso. El Poder Judicial, aunque ejerce una función principalmente jurídica, no debe permanecer distante de quienes representa. La transparencia y la comunicación efectiva con la sociedad son herramientas poderosas para construir la confianza en este órgano vital de nuestra democracia. La participación de la ciudadanía en la discusión y el escrutinio de estos temas contribuye a un sistema más robusto y equitativo. Debemos recordar que, en última instancia, el Poder Judicial emana de la soberanía popular y debe reflejar los valores y necesidades de la sociedad a la que sirve.