NACIONALES
Un debate con muchas imprecisiones: La Suprema Corte ¿en jaque?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Acalorado, intenso e impreciso ha sido el debate sobre la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que en los últimos días ha sido catalogado como un ataque a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial.
Por ello, es que el propósito de la columna de esta semana es realizar algunas precisiones a título personal para tratar de esclarecer un poco dicha controversia.
Empecemos:
Lo primero que debemos preguntarnos respecto a este tema es: ¿Desaparecerlos es un atentado contra la independencia del Poder Judicial y contra la división de poderes?
La respuesta concreta es NO, y en ese sentido no podemos caer en el error de creer que desaparecerlos atenta con la independencia y con la división de poderes ya que la iniciativa en sí no plantea la desaparición de facultades y/o atribuciones al Poder Judicial para efecto de trasladarlas a otro poder o bien, a otra autoridad. (aún)
Dicho esto, tenemos que entonces, la verdadera pregunta no radica en autonomía e independencia, sino en prestaciones laborales y por ende lo que deberíamos de estarnos preguntando es: ¿La desaparición de los fideicomisos desaparecerá a la par prestaciones laborales? Desde un punto de vista estrictamente legal, tenemos que decir que la respuesta es NO.
¿Por qué no? Bueno, en primero lugar, porque, según la Auditoria Superior de la Federación, en 10 años la gran mayoría de los recursos de esos fideicomisos no se ha utilizado.
Es decir, el Poder Judicial de la Federación ha cumplido mayormente con el pago de las prestaciones de sus trabajadores al margen de los fideicomisos, esto a tal grado que el 95% de las pensiones del Consejo de la Judicatura y el 90% de las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pagado con gasto ordinario, no con los fideicomisos.
En segundo lugar, todas esas prestaciones simplemente no pueden desaparecer ya que estas integran el salario de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y en ese orden de ideas, con o sin fideicomisos, el patrón está obligado a continuar realizando el pago de ellas puesto que derecho laboral adquirido, no puede ser rescindido.
¿Es cierto que todas estas prestaciones están destinadas a privilegios superfluos? No necesariamente, hay ciertas cantidades de dinero que están dirigidas a cosas sumamente necesarias y justificadas tales como la seguridad de los jueces y magistrados, la cual no puede pasar a segundo término, mucho menos en el contexto de inseguridad en el que vivimos inmersos actualmente y que hace fundamental salvaguardar la seguridad e integridad de los integrantes de los órganos garantes de justicia.
Por otro lado, creo que es importante precisar que el Poder Judicial de la Federación es el único órgano profesionalizado y cuya estructura garantiza que éste esté integrado (en su mayoría) por profesionistas preparados, actualizados y competentes, a quienes ciertamente se les debe de garantizar un salario competitivo como retribución por su contribución a mantener el estado de derecho.
Y este aspecto, es uno que no debemos de perder de vista ya que uno de los principales problemas que enfrenta el servicio público es la falta de salarios competitivos.
¿Por qué es importante este problema? Esto es así porque en la medida en la que no se garanticen salarios competitivos, la fuga de cerebros a la iniciativa privada (que sí los garantiza en mayor proporción que el sector público) continuará generando que el sector público pierda mentes valiosas y que, por lo tanto, la creación de soluciones a problemas públicos se estanque.
Pero visto desde otra perspectiva: ¿Es excesivo que a un funcionario del Poder Judicial de la Federación se le paguen $90,000.00, cada 4 meses para compra de ropa? Semánticamente hablando, en un país con índices de pobreza como el nuestro y con salarios tan bajos para la base de trabajadores que integran la clase media, claro que es un exceso y vale la pena analizar dicha prestación, entre otras que no mencionaré.
En medio de la acalorada controversia sobre la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es imperativo discernir entre la protección de su independencia y la necesidad de revisar ciertas prestaciones. Es innegable que la autonomía del Poder Judicial debe ser salvaguardada, ya que es un pilar fundamental de nuestra democracia. Sin embargo, esto no significa que estemos exentos de cuestionar y replantear ciertos beneficios otorgados a sus funcionarios.
La integridad y competencia del Poder Judicial son esenciales para mantener el estado de derecho en nuestra sociedad. Garantizar salarios competitivos es un paso crucial para retener y atraer a profesionales altamente capacitados. No obstante, también es vital que dichos recursos se administren de manera responsable y que las prestaciones estén alineadas con las necesidades reales, evitando excesos que resulten desproporcionados en el contexto socioeconómico actual.
Defender al Poder Judicial no significa inmunizarlo de la rendición de cuentas y la reflexión crítica. Al contrario, implica fortalecerlo al cuestionar de manera constructiva y buscar mejoras que lo hagan más eficiente y accesible para la ciudadanía. En última instancia, la vitalidad de nuestra democracia depende de un Poder Judicial fuerte, transparente y conectado con las realidades de la sociedad a la que sirve.
Además, es esencial reconocer que la ciudadanía juega un papel fundamental en este proceso. El Poder Judicial, aunque ejerce una función principalmente jurídica, no debe permanecer distante de quienes representa. La transparencia y la comunicación efectiva con la sociedad son herramientas poderosas para construir la confianza en este órgano vital de nuestra democracia. La participación de la ciudadanía en la discusión y el escrutinio de estos temas contribuye a un sistema más robusto y equitativo. Debemos recordar que, en última instancia, el Poder Judicial emana de la soberanía popular y debe reflejar los valores y necesidades de la sociedad a la que sirve.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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