Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Con motivo de las reformas impulsadas por la actual administración federal, autotitulada Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), han surgido cuestiones muy singulares que involucran, en un forcejeo, a los tres poderes constitucionales, a los partidos políticos y a los factores cruciales que operan en la República.

Hoy por hoy, el punto álgido es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya autorización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; junto a ese tema, se enlaza la supresión de varios fideicomisos del poder judicial. En esencia, la pugna conlleva bizarra contienda político-electoral, cuya real definición ocurrirá en los comicios generales del año venidero.

Ya sabemos que el líder de la 4T es el primer mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, (Amlo) y se prevé que su obra se proseguirá por la virtual candidata presidencial del partido -Morena- fundado por el susodicho mandatario, Claudia Sheinbaum Pardo: esto en el supuesto de que, de acuerdo a todas las encuestas creíbles, tras la coyuntura del 2 de junio de 2024, ella será la sucesora de aquél, es decir de Amlo. En consecuencia, los principios vigentes, que han sido bandera del actual gobierno federal, se supone continuarán dominantes el próximo sexenio, siendo principalmente los siguientes: a) Por el bien de todos, primero los pobres; b) la austeridad republicana; c) separar al poder económico del poder político; d) Combatir la corrupción y erradicar la impunidad; e) Alcanzar la autonomía de México en el orden energético, alimentario y actividades prioritarias para la nación y f) Completa vigencia del estado de derecho. Todos los puntos anteriores, ejecutados sin titubeos o zigzags, enmarcados por los paradigmas de no robar, no mentir y no traicionar.

Por su lado, las oposiciones a la 4T, -encarnadas por el Frente Amplio de México (FAM) conformado por PAN, PRI y restos del PRD, más Claudio X. González jr., y sus corifeos de la derecha -algunos que se dicen representan a la sociedad civil-, sumados a ONG’S de puro membrete, todos los cuales sostienen airados: que nacionalmente todo está por los suelos, (economía, seguridad, estructuras, etc.) que no se cumple con la ley, que los ideales de AMLO son falacias, que el tabasqueño está convertido en dictador, implacable destructor de instituciones, persecutor tenaz de sus adversarios y drástico represor de la libre expresión que como meta convertirá a México en una Venezuela chavista, que para sus fanáticos, es ser comunista.

En los actuales momentos del país, las dos fuerzas representativas del panorama político antedicho (la 4T y las oposiciones) están desatadas, realizando denodados esfuerzos para ganar la batalla -que se librará en las urnas- por adquirir el poder político, a partir del cargo público más alto, de elección popular, que es la presidencia de la república.

A la par se lucha por obtener las mayorías de las cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados) indispensables para lograr reformas a las leyes y particularmente a la Carta Máxima, que requiere votaciones calificadas, a diferencia de las modificaciones legales -también muy necesarias- que se alcanzan con mayorías simples.

Complementariamente, en ese enfrentamiento electoral, estarán en juego nueve gubernaturas, la mayoría de legislaturas estatales y ayuntamientos: en total, se votarán 20, 286 posiciones de elección popular. Es pues, con mucho, la mayor jornada comicial en la historia de nuestra patria, con casi dos mil puestos más que en 2018. Y en cuanto a ciudadanos, ahora se convocará a alrededor de 98 millones, nueve más que hace cinco años.

Así las cosas, presenciamos a diario un constante forcejeo entre los dos bandos, con la particularidad de que las oposiciones coinciden en muchas facetas con el poder judicial federal, en tanto que el ejecutivo recibe el apoyo invariable de la mayoría de componentes del poder legislativo. El resultado lógico, es esa cada vez más profunda discordancia entre ambas partes. Ya antes se había observado tal contienda cuando se trataron -entre otras materias- temas como la energía eléctrica y el renglón electoral: la 4T fracasó en su propósito de reformar a la Constitución, por no poseer mayoría calificada en las Cámaras, mientras que pudo imponer innovaciones en la legislación ordinaria, aunque eso sí, casi todas combatidas en tribunales por las oposiciones, las cuales, coincidentes en posturas con muchos miembros del poder judicial, pudieron neutralizar ciertas disposiciones.

En razón de lo anterior, el guía de la 4T y su movimiento partidista (englobado en la alianza “juntos haremos historia”) se trazó como meta, emerger en las elecciones de 2024 con la suficiente mayoría de diputados y senadores, para llevar a cabo las enmiendas constitucionales que se le han negado.

Ese proyecto es denominado “Plan C”, para distinguirlo del inicial “plan A”, que pretendió modificar preceptos de la ley suprema, y se frustró, así como diferente al “plan B”, que consistió en rehacer varias normas que coinciden en materia electoral y de instituciones encargadas de tal materia (como el INE o el Tribunal Electoral Federal) incluidos básicos aspectos que atañen a los partidos políticos.

Este segundo plan, también se vio frenado, a iniciativa de los opositores, por fallos de los tribunales de la Federación, abanderados por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esta narrativa generó una especie de refriega entre poderes, misma que a la fecha se ha acentuado.

Ese recrudecimiento se presenta con motivo de la discusión y aprobación del PEF, que implica un recorte a lo solicitado por el órgano jurisdiccional, así como el empeño de la 4T, por suprimir varios fideicomisos (13 de 14) que se han creado en el ámbito del poder judicial.

Para las oposiciones, esas decisiones del legislativo (los diputados federales) obedecen a un afán de venganza, por los reveses que ha sufrido la 4T en las contiendas judiciales que ha sostenido, y en las cuales regularmente recibió “palo”, como se dice en el argot de los abogados y los litigios, para denotar que ese actor procesal, perdió un juicio.

“SILENCIO NO IMPLICA INACCIÓN”: NORMA PIÑA

Ahora pues, el forcejeo entre poderes está en crecimiento cada día. La presidenta de la SCJN, (Norma Piña Hernández) a unos días de estar callada, afirmó en petit comité (gravada sin querer y eso hecho público) que su discreto “silencio no implica inacción”, eso con motivo de la posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial.

En cambio, el primer mandatario, sobre los excesos de los ministros y magistrados, que estos señalan son correctos, manifestó: “Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 43 veces más que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por lo que cuestionó: “¿qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza”, es decir, para Amlo, eso es una forma de corrupción.

Y debido a que los trabajadores del PJF se han pronunciado contra la supresión de esos fideicomisos, casi parealizando la justicia que allí se imparte, el mandatario federal les dijo que mediten ese movimiento, pues defienden prebendas; luego declaró que le gustaría que los mismos ministros y magistrados, marcharan y se declararan abiertamente.

Es inconcuso, que la Cámara de Diputados, tiene como exclusiva facultad aprobar el PEF, así lo establece sin tapujos la Constitución. ¿por qué tanta gritería de la oposición y ahora hasta de los trabajadores del PJF? Asimismo, es cierto que el PJF o la Suprema Corte, no tienen por qué crear fideicomisos (salvo uno, para fortalecer la administración de justicia, que autoriza la ley), puesto que lo anualmente autorizado en el presupuesto, es para ejercerse, y si por algo hay un sub ejercicio, debe devolverse esos recursos a la tesorería de la Federación. Eso se previene legalmente, y la Corte no tiene más acción que cumplir las normas; sin embargo, resulta que hace “guardaditos” y al margen de su deber, constituye fideicomisos, que por cierto tienen acumulados más de quince mil millones de pesos a la fecha.

La conclusión, es que cada poder e institución involucrada en este forcejeo, lo que han de hacer para no defraudar al pueblo mexicano, es ceñirse estrictamente las leyes, respetar el ámbito de competencia de cada uno y, de forma invariable, dejar de andar riñendo entre sí; en cambio, deben esmerarse en cumplir sus obligaciones, teniendo como mira, la mejoría de la población, el fortalecimiento de la república y la impartición pronta, gratuita e imparcial, de la justicia en todos sus órdenes, conmutativa, económica y social.

Finalmente, hemos de apuntar que sobre este forcejeo con trasfondo político-electoral, la ciudadanía tendrá la última palabra el 2 de junio de 2024, y dependiendo lo que dictamine con su voto, los mexicanos, como verdaderos demócratas, habremos de acatar lo que su voluntad defina. Tengamos presente que el pueblo es como la ley: Al margen, nada; por encima, nadie, lo cual se complementa con la frase juarista de que, “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

EXCESOS EN LA JUSTICIA LOS ELEVADOS SUELDOS DE MINISTROS Y MAGISTRADOS

En síntesis, es un hecho irrefutable, que los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal (PJF) y muchos de organismos descentralizados, así como de los Estados y municipios, perciben elevados ingresos, retribuciones que superan con mucho a lo que gana el Presidente de la República, y que mandata la Constitución de la República, prescripción que debe ser el tope de los salarios que se otorgue a cualesquier servidor público, ya federal, estatal ó municipal, incluyendo a organismos que funcionen con recursos del erario. Los más relevantes en tal ramo, son los altos integrantes del PJF, siendo de plano extremosos por lo elevado de sus remuneraciones, los ministros y magistrados.

Al decir de los estudiosos y periodistas que se han ocupado de esa temática, los alcances en dinero, para esos miembros del PJF, van de 300 mil a 700 mil pesos… ¡mensuales! La cifra, para un país como México, definitivamente es descomunal, e injusta; pero todavía se agudiza esa desigualdad, cuando la comparamos con el salario mínimo (poco más de $207 pesos diarios, de un obrero mexicano, excepto la zona fronteriza del norte que es mayor). Asimismo es inequitativo ese sueldo, si advertimos que el ingreso medio de los afiliados al Seguro Social, no pasa de 16 mil pesos mensuales, que siendo una cantidad superior al del asalariado común -el del mínimo- es infinitamente inferior al de los ministros y magistrados del PJF y la SCJN.

Ahora bien, los apoyos y prestaciones privilegiadas de que gozan esos integrantes del PJF, son verdaderamente fuera de serie: sueldo neto, $206,948.00 pesos; aguinaldo y prima vacacional, $445,309.00 pesos; pago anual por riesgo, $416,754.00 pesos. Y seguimos enumerando, pues viene el seguro de vida institucional por 40 meses de sueldo; el estímulo quinquenal y luego, seguro de gastos médicos mayores por más de un millón 50 mil pesos; pago por defunción, ayuda de gastos funerarios, y más etcéteras, como el fondo para comer en restaurantes de lujo, para vehículos blindados tipo VAN considerando apoyo para el estacionamiento; otros rubros, son para computación, IPAD y celulares, gasolinas, ayuda de mantenimiento de casa, apoyo de casi 5 millones y medio anual para contratar personal de soporte, y hasta auxilios de ahorro para marcha al dejar el empleo.

A lo anterior, no le agregamos que la SCJN y el PJF, tienen recursos para jardinería, deportes, talleres de yoga, de baile, etc. Como ejemplo del despilfarro, es que cuando viajan, si quieren, pueden llevar casi un séquito, pero si quien imparte una conferencia sin pertenecer al PJF, no tiene recursos ni para un ayudante, ni más respaldo que un modesto traslado y alimentos básicos, olvidando desde luego (por lo general) que se le otorguen honorarios, ya que aducen en la SCJN que tienen restringidas sus erogaciones.