Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

De moda se ha puesto el distanciamiento entre el poder judicial y los otros dos poderes constitucionales, específicamente el poder ejecutivo. Y es de suma importancia que se aclaren las interrogantes que el primer mandatario formuló el pasado 24 de octubre, así como que la Suprema Corte de Justicia se manifieste con precisión sobre el tema. A los mexicanos nos interesa sobremanera.

Es una verdad admitida por tirios y troyanos, que, en los asuntos administrativos del poder judicial (PJ), la rendición de cuentas y la transparencia no tienen papel importante. Los miembros del ramo de la justicia, viven como en un castillo aislado, por ende, aquello que atañe al pueblo, da la impresión que no les importa; olvidan que su papel es siempre actuar no solo apegados estrictamente al Derecho, sino conducirse ceñidos a la justicia, principio de mayor calado que lo simplemente legal.

El tema de la aprobación del presupuesto de egresos, en lo que corresponde al ramo de la administración de justicia federal, y junto a ello la cuestión de los fideicomisos que no tienen fundamento en la ley (13 de 14 que se han creado indebidamente dentro del poder judicial) y que por tanto, se han suprimido por el Congreso de la Unión, han colmado esta desavenencia entre los poderes de la República.

Como los miembros de las oposiciones, aglutinados en el Frente Amplio por México (FAM) se han erigido en una especie de oportunistas defensores del poder judicial (abanderado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) y sus privilegios, manifestándose de esa manera y hasta marchando codo con codo, como se vio en días pasados cuando protestaron algunos grupos de trabajadores del PJ, -solo porción de ellos, pues de mas de 55 mil sindicalizados, apenas desfilaron aproximadamente la quinta parte- se invitó a la presidenta de la SCJN para asistir al Senado y allí explicar sus razones para no estar de acuerdo con las pretensiones de los legisladores sobre rasurar su propuesta de gastos, así como suprimir los aludidos 13 fideicomisos, que son bolsas millonarias convertidas en “guardaditos” del PJ. Sin embargo, al advertir la ministra presidenta (Norma Lucía Piña Hernández) que los integrantes de MORENA y aliados, no estaban de acuerdo en esa visita, desistió ante la “falta de condiciones para llevar a cabo el diaálogo”.

Al respecto le preguntó un periodista, al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre ese tema y este le contestó: no hace falta que vaya al Senado a exponerse a que le falten el respeto, eso lo pueden hacer los ministros en una rueda de prensa. Allí, ustedes la harían las preguntas respetuosamente, con absoluta libertad, y así se le informaría al pueblo. (Mañanera del 24 de octubre). De otra manera lo que habría, en la Cámara Alta, sería puro espectáculo, permitiendo que según el partido que se tome, se dijera: ‘Ningunearon a la presidenta del tribunal’ o ‘los calló, les tapó la boca a los senadores’.

Acto seguido, AMLO precisó los diez principales asuntos que deberían aclarar los señores ministros de la SCJN: ¿Por qué ganan 700 mil pesos? Sobre ello, ya sabemos que la Constitución de la República, es muy puntual, al prohibir en su artículo 127, que los servidores públicos de cualesquier ámbito -federal, estatal o municipal- tengan remuneración mayor que el del Presidente del país. Y evidentemente, esa cantidad de los ministros, es cuatro veces mayor.

También deben explicar: ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados ni a ministros por corrupción? En ese renglón, es una aguja en un pajar encontrar algún dato sobre sanciones a jueces y magistrados, no digamos ministros o miembros del Consejo de la Judicatura.

Otro cuestionamiento pendiente es: ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? Sobre ello, se informó por la prensa nacional que Ricardo Márquez Blas, excolaborador del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sería el encargado de logística y seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Público, agosto 26). También se contrató a la que fuera subalterna de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, a efecto de dirigir lo relativo a Recursos Materiales y servicios generales.

¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? Es otra incógnita planteada, y ya sabemos que han sido varios los presuntos criminales que han obtenido su libertad, aduciendo siempre que la consignación del ministerio público es incompleta.

Muy difícil es responder a la cuestión que dijo AMLO: “¿Qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo los últimos 30 años.” Al revés, todo mundo sabe que, asuntos favorables a grandes empresarios o transnacionales, son muchos.

Un ejemplo de cómo el PJ, estaba supeditado al poder ejecutivo en tiempos del priismo y de los panistas, es el por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo.

¿Por qué no se concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Sobre todo, en tratándose del magisterio, que no es amparado ni aplicando el principio de que no hay leyes retroactivas, cuando de jubilarse se trata.

Un doloroso tema fue el desastre ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en el cual murieron 49 niños y hubo 106 heridos: ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? Recordemos que en ese expediente, está enredada la parentela de la esposa de Felipe Calderón, y a los que se castigó fueron simples chivos expiatorios.

El mandatario federal, les espetó su caso personal: ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero de él -actual presidente de la República- cuando era jefe de Gobierno? Eso fue una verdadera vergüenza y un colosal abuso del poder, entonces ejercido por el panista Vicente Fox, un indiscutible “cabeza hueca”, como le bautizó Fernández Noroña.

Asimismo, AMLO dejó la tarea de que la SCJN explique: ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, ¿cómo fue el caso de Raúl Salinas y otros? Y aquí le paramos, porque efectivamente, existen muchísimos otros hechos que ameritan, más que explicación, que se combaten hasta erradicar, tal como las corruptelas y el nepotismo, que, en los entretelones de la justicia, es algo arraigado, siempre señalado y nunca abatido.

No cabe duda, los planteamientos anteriores, son un catálogo de cuestiones que el Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte, si como presumen sus integrantes, son probos y sirven tanto al pueblo como a la república, deberían por salud pública, prontamente esclarecer.