A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha emergido como el epicentro de una controversia que deja a muchos ciudadanos con un sabor amargo de impotencia e incertidumbre. La abrupta desaparición de 13 fideicomisos que sustentaban sus operaciones, seguida de una huelga de labores en protesta, nos lleva a cuestionarnos: ¿Quién sufre el peso de esta suspensión?

La respuesta a esta interrogante, aunque aparentemente clara, demanda un análisis meticuloso de las repercusiones palpables de esta situación. No recae en el Presidente ni en el Poder Legislativo el peso más oneroso de esta contienda, sino en los ciudadanos que anhelan respuestas concretas y soluciones a sus casos particulares. Son ellos quienes experimentan en carne propia los efectos colaterales de esta disputa, enfrentándose a la incertidumbre y la impotencia mientras ven sus asuntos legales quedar, de manera momentánea en un limbo jurídico sin visos de resolución.

De hecho, Esta dolorosa realidad se vio acentuada el jueves pasado al preguntar a una actuaria de un Juzgado de Distrito sobre la posible prolongación de la huelga. Su respuesta resonó de manera desafortunada: «a ver si así notan nuestra ausencia». Este comentario, más que demostrar empatía hacia la ciudadanía, parecía insinuar que la huelga era, en cierta medida, una represalia contra ella.

Esta perspectiva, por más distorsionada que parezca, tiene sus raíces en una realidad innegable. Aunque los trabajadores del Poder Judicial tienen sus motivos legítimos para manifestarse, no podemos obviar el hecho de que esta huelga golpea de lleno a aquellos que más necesitan de una justicia eficiente y expedita. Los ciudadanos quedan atrapados en un laberinto legal que parece no tener fin.

Indudablemente, el verdadero costo de esta situación no puede ser medido únicamente en términos monetarios. Va más allá de las cifras presupuestarias y los recursos materiales. Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, un valor intangible pero fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática.

Cada día que el paro persiste, la percepción de la justicia como un pilar sólido y confiable se desvanece. Los ciudadanos, que depositan su fe en el sistema para resolver sus conflictos y proteger sus derechos, se ven abandonados en un limbo jurídico. Esta sensación de desprotección socava la base misma de la institucionalidad, generando una brecha insalvable entre las expectativas de la sociedad y la realidad que enfrentan al buscar justicia.

Es indiscutible que la administración de justicia debe contar con los recursos necesarios para funcionar eficientemente, pero no podemos olvidar que su razón de ser es servir a la sociedad. ¿De qué sirve un sistema judicial robusto si no puede responder a las demandas más elementales de sus ciudadanos? ¿O si a la menor provocación se embarcan en paros nacionales de labores sin considerar las repercusiones sociales y jurídicas que esto puede tener en el patrimonio y la vida de las personas?

Hablar de «trabajar juntos», qué encantadora noción. Como si las diferencias políticas y los egos inflados pudieran ser momentáneamente aparcados en aras del bien común. Por supuesto, porque eso es exactamente lo que hemos observado hasta ahora, ¿verdad? Mientras los ciudadanos de a pie se ven sumidos en un limbo jurídico, parece que el verdadero juego se libra en otro campo de batalla, lejos de las inquietudes de aquellos que aguardan justicia.

Construir un sistema judicial que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad suena tan plausible, ¿verdad?, excepto que, en la práctica, se siente más como una promesa vacía lanzada al viento, porque, ¿cuántas veces hemos visto que las palabras se desvanecen en el aire, dejando a la realidad sin cambios significativos?

Quizás es hora de que el Poder Judicial se mire en el espejo y se pregunte si está verdaderamente cumpliendo con su deber de servir a la sociedad, o si está extraviando el rumbo en medio de sus propias disputas. Porque, permíteme recordarles, no estamos hablando de una utopía, sino de una necesidad apremiante para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad democrática.

Este episodio, más allá de la retórica política y las luchas internas, nos recalca que la esencia misma de la justicia radica en su capacidad para ser el bastión de la sociedad. Es el fundamento sobre el cual se erige la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad del país. Cuando este pilar vacila, es la confianza pública la que se ve socavada.

La prolongación de esta huelga solo profundiza la desconfianza y la frustración de una ciudadanía que observa cómo sus derechos se desdibujan en un escenario de confrontación. Los plazos se alargan, los casos se amontonan y las respuestas se vuelven esquivas. Mientras tanto, el reloj de la justicia sigue su marcha, indiferente al sufrimiento y la incertidumbre de aquellos que dependen de ella.

La ciudadanía merece una justicia que esté a la altura de sus expectativas y necesidades. Los trabajadores del Poder Judicial merecen condiciones laborales dignas y un reconocimiento por su labor esencial en la sociedad. Ambos objetivos son perfectamente alcanzables si se prioriza el bienestar de la nación sobre las diferencias partidistas y se trabaja en pro de un sistema judicial que realmente sirva a todos.

En resumen, la huelga del Poder Judicial no es solo una cuestión de leguleyos y legisladores, sino un tema que afecta directamente a la ciudadanía y a la integridad misma de nuestra democracia. Es momento de actuar con responsabilidad, empatía y visión de futuro.

Es momento de recordar que la justicia es para todos y que su ausencia no hace más que perpetuar la desigualdad y la desconfianza en el sistema. La balanza de la justicia debe equilibrarse, y el tiempo para hacerlo es ahora.