Degradación social y degradación en la política

De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

POR DEMÁS lamentable que México viva ahora, en la tercera década del siglo XXI, una degradación de la vida pública, tanto en el aspecto social como en la política.

Un argumentista cinematográfico sería fácilmente rebasado por la realidad mexicana. En el aspecto de seguridad pública, hay muy poco aprecio por la vida. Ese asesinato de seis estudiantes de una universidad del estado de Guanajuato, se une a decenas de casos similares de masacres en nuestro país.

La cifra de homicidios dolosos desde el año 2018, alcanzará la cifra terrorífica de 200 mil, todo un récord para un sexenio donde su presidente le apostó al desdén en el cumplimiento constitucional de su obligación de garantizar la paz pública.

En cualquier otro país que contemple sanciones ante violaciones a la Ley por su mandatario, ya hubiera sido enjuiciado y quizá, encarcelado. En México, en cambio, un tribunal no puede juzgar al Presidente porque para hacerlo, habría qué traspasar el cernidor de las cámaras de diputados y senadores, ampliamente dominadas por legisladores afines a López Obrador y esto genera una impunidad fuera de serie.

Un representante de Dios en la Tierra –de cualquier religión- llegaría fácilmente a la conclusión de que esa maldad que invade a nuestra Nación se debe a que se ha olvidado el temor a Dios, a quien hemos sacado de nuestro corazón. Esto último es materia de la moral y el respeto al pensamiento de cada persona, pero podría debatirse respecto a la ausente espiritualidad del pueblo mexicano.

En nuestro país puede suceder cualquier cosa fuera de la Ley y no existe autoridad que se imponga. Hay quien asegura que ha sido rebasada. Las bandas delincuenciales toman poblaciones, dominan regiones, se pasean como Juan por su casa y nadie hace nada por impedirlo. Ni siquiera “Juan Pueblo” que en ocasiones, apoya a los criminales porque estos últimos le ayudan a vivir.

Resultó por demás increíble observar imágenes de dos jóvenes que caminaban desnudos por las calles de Guasave, en el estado de Sinaloa, a manera de castigo aplicado por delincuentes que se daban el lujo, además, de golpearlos. La policía jamás apareció.

La población está desprotegida. El gobierno decidió abandonarla a su suerte.

Y en política, pues…

Desde palacio nacional, la manipulación informativa practicada por el Presidente de la República es imitada por sus mandatarios en las entidades federativas. Cuando las y los gobernadores de MORENA se ven amenazados por grupos contrarios, se dan el lujo de acusar a “la mafia del poder”, a los “conservadores” y a quienes “quieren recuperar los privilegios que tuvieron del pasado”.

Hay gobernadores de chile, de dulce y de manteca, como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que un día sí y otro también, declara una barrabasada.

Lo que puede considerarse el colmo de esa degradación política, es lo sucedido en el estado de Nuevo León. Un gobernador de Movimiento Ciudadano (cuyo dueño, Dante Delgado, es evidentemente aliado del Presidente), joven (35 años) buscó la candidatura presidencial en acuerdo con López Obrador con el objetivo de dividir el voto favorable al frente opositor a MORENA encabezado por su candidata virtual, Xóchitl Gálvez.

Con lo que no contaba Samuel García Sepúlveda, era que el Congreso del Estado, (dominado por sus opositores del PRIAN) asumiría su facultad constitucional, exclusiva, para designar al gobernador interino.

Samuel pensó que como la ciudadanía neolonesa le otorgó el triunfo en 2021, así también tenía el derecho de designar sucesor provisional. Se olvidó por un momento (y le hicieron eco el Presidente y la candidata Claudia Sheinbaum) de que también fue el pueblo quien decidió que el Congreso fuese dominado por sus opositores.

Los amparos por ambos bandos abundaron y –cual debe-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo valer la Constitución avalando el acuerdo del Congreso del Estado que designó a José Luis Orozco como gobernador interino.

Esto último significó una estrepitosa derrota para Samuel porque esa designación pudo llevarlo a la cárcel, dadas las irregularidades e insolvencias acreditadas en su contra detectadas por el Instituto Superior de Fiscalización, por poco más de 62 mil millones de pesos.

No le quedó más remedio a García Sepúlveda que, convertido en gobernador con licencia, reasumir el cargo y dar por terminada su aspiración presidencial.

Y lo “mágico” sucedió en este país “surrealista”: El Congreso de Nuevo León podía haber ratificado a Orozco como gobernador interino, pero en cambio le aceptó la renuncia para que Samuel regresara a palacio de gobierno. ¿A cambio de qué? sólo los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, Marko Cortés y “Alito” Moreno, lo saben.

Total, repetimos, en México puede ocurrir cualquier cosa.

Sobre todo si se trata de la ausencia de la autoridad y de los “acuerdos en lo oscurito” entre políticos que se conocen y, aunque de ideas distintas, “arriba” se ponen de acuerdo.

¿Y la Ley? ¿Y la Constitución?

Para la clase política son una falacia.

Para la Suprema Corte es su razón de ser y en su cumplimiento, garantizar el equilibrio de poderes en este país.