NACIONALES
Lenia y Ernestina
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Estamos llegando al final del 2023, con dos temas que son significativos si queremos avizorar el futuro de la impartición de justicia en nuestro país. La designación de una Ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ratificación de la Fiscal para la Ciudad de México.
Es sabido, por evidente, que a nuestro presidente le gustaría un sistema de justicia plebiscitario, en el que, al más puro estilo del circo romano, sea la plebe la encargada de decidir la suerte del acusado.
Todas las mañanas, el pulgar presidencial decide a quien debe favorecer la justicia en sumarios juicios donde lo supuesto se da por averiguado.
Priva en él, más que un sentido estricto de justicia, el prejuicio del militante que privilegia el triunfo de su causa, aún a costa de la legalidad y los derechos de quienes no comparten su militancia. Por ello se explican, los intentos de colonizar al poder judicial, de domeñar a sus representantes e integrantes y finalmente de reformar al poder para ponerlo en manos de decisiones populares, que naturalmente se volverán políticas, o en su defecto en manos de militantes afines, lo que es el caso que nos ocupa.
La designación de Lenia Batres Ruvalcaba como Ministra en la Suprema Corte, es más una provocación que un intento por tener un sistema judicial mejor. Con nula experiencia como juzgadora, su discurso ante el senado fue ratificación de su militancia y su misión será impulsar los criterios salidos de palacio nacional. Su presencia no alterará el balance en las posturas de las y los ministros de la Corte, siguen siendo tres los ministros adeptos al oficialismo, pero sí introduce un elemento disruptor que influirá en el ambiente, ya de por si tenso, pero respetuoso, que priva en la institución.
Por otro lado, el intento de ratificación de Ernestina Godoy Ramos, la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta hoy impedido por la firme decisión del bloque opositor en el Congreso local, es un signo también del ejercicio partidario y militante en la procuración de justicia.
Es innegable que ha sido una fiel aliada y servidora de Claudia Sheinbaum en su paso por la gubernatura, y su ratificación garantiza una posición importante aun cuando se perdiera la elección en la Ciudad de México. Como también está fuera de duda que se ha hecho, en su gestión, un uso político y faccioso de la institución.
No es solo la deficiente o dolosa actuación en la delimitación de responsabilidades en el caso del Colegio Rebsamen, o en la investigación y castigo a los culpables de las muertes en la línea 12 del metro. Sino también en la persecución y acoso al Fiscal General del Estado de Morelos en un fabricado caso de feminicidio, todo para vengar la osadía de integrar averiguaciones por el posible contubernio entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y conocidos narcotraficantes, y algunas otras rencillas ocultas con la hoy pre candidata. Es eso y la descarada intención de dejar una fiscal “carnal” para cubrir una eventual salida en condiciones adversas.
A nadie escapa que en esta administración el rasero de la justicia no es tan parejo y que las instituciones locales para la aplicación de la ley han servido al régimen. Uno es el tamiz por el que pasan los amigos y otro el que se usa para los adversarios.
No es la intención justificar o absolver a nadie, solo señalar lo disparejo. Emilio Lozoya, fue acusado de recibir un soborno por 10 millones de dólares, las acusaciones se han ido desvaneciendo pero lleva dos años y medio en prisión preventiva. Rosario Robles, se le acusó de desviar cinco mil millones de pesos, pasó tres años en prisión antes de ser absuelta, declarada inocente. Ignacio Ovalle, amigo del presidente, ex director de SEGALMEX, en su administración se perdieron más de 15 mil millones de pesos, pueden ser más, pero tiene más de dos años cobrando sueldo de funcionario de primer nivel y goza del perdón y justificación presidencial.
El presidente, su candidata y medios afines, podrán seguir diciendo que los alienta una vocación transformadora, que su intención es que la justicia llegue a los humildes y que para eso quieren reformar a las instituciones. Las evidencias muestran que uno es el discurso y otra la intención.
Controlar, por cooptación o sumisión, por colonización o asfixia a los poderes de la unión y sus instituciones autónomas es la forma a seguir para vestir de democracia un régimen absolutista como el practicado este sexenio. Ni Lenia ni Ernestina son garantía de justicia, imparcial y apegada a derecho, pero sí de obediencia y sumisión.
Cerramos 2023 con malos augurios, esperaremos la primavera del 2024 para romper esa hegemonía en ciernes.
De cómo el juego del poder empieza a cambiar de coordenadas y la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a tomar la conducción de los hilos en el gobierno. Aquí el análisis de Amaury Sánchez, Gabriel Ibarra Bourjac con la conducción de Nadia Madrigal.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
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