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NACIONALES

El primer mensaje polémico de Lenia Batres: Un memorial para repensar sobre la Suprema Corte de Justicia

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En nuestro país era invariable que cuando afirmaba el poder ejecutivo federal, decretaba el poder legislativo o sentenciaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), el asunto de que se tratara había concluido. Como proclamaban los antiguos: “Roma locuta, causa finita”, que se traduce como “Roma ha hablado, la causa ha terminado”, es decir, cuando un determinado asunto había sido zanjado por alguno de esos poderes, considerados en su ámbito de competencia como la máximo autoridad, del tema ya no había que discutir mayor cosa; en general, eso era expediente concluido.​

Pero los tiempos cambian; si esa idea se admitía como regla infalible, desde hace pocos años para acá, resulta que ya no es así, porque las leyes del poder legislativo constantemente son anuladas, acotadas o suspendidas; los mandatos y acuerdos del poder ejecutivo, de igual manera se obstruyen o bloquean; todo lo anterior (y muchas otras cuestiones de los Estados y municipios),se logra por medio del recurso del amparo, materia en la cual la superior potestad corresponde al poder judicial federal.

El panorama anterior acontece bajo un principio: hacer prevalecer la Constitución de la República. Si eso fuese así de sencillo y real, es probable que todo marchara a la perfección, pero resulta que estamos muy lejos de ese objetivo. Jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) junto al aparato que los rodea, no gozan de la confianza del pueblo, así como no la tienen bastantes políticos y funcionarios de todo rango, gran porción de la burocracia y los poderes constitucionales de las Entidades federativas y desde luego de los ayuntamientos y alcaldías. De la misma desconfianza gozan los integrantes de la procuración de justicia y otros entes aplicadores de las leyes, pero eso es tema para otra oportunidad. Por hoy nos ocuparemos de quien encarna más simbólicamente a los órganos administradores de justicia, que es la Suprema Corte de la Nación.

En el siglo pasado, la SCJ fue manejada al antojo de los presidentes de la República. Ellos, tras echar abajo las disposiciones del Constituyente de Querétaro sobre como integrar a la Corte, (los constituyentes le dieron gran juego a los congresos estatales y a las cámaras de la Unión), determinaron que les era más cómodo se conformara según sus conveniencias.

Y junto a los nombramientos de los ministros de la SCJ, los traían de un lado para otros fijando y cambiando sus períodos, atributos, licencias y salarios. De Obregón a Enrique Peña Nieto esa fue la pauta; a veces se lucían, ante la impávida mirada de los factores de presión política, como cuando Zedillo acabó con todo el plantel de la SCJ y tras meses de tener a los mexicanos sin ese máximo tribunal, lo dejó con once ministros, en general nombrados al gusto del mandatario, sus allegados y por transas con grupos políticos que, siendo opositores, sacaron ventajas de la situación.

A partir de 2018, cuando la ciudadanía se volcó en las urnas y resolvió entregar el poder ejecutivo y legislativo (la mayoría de este) a la llamada izquierda, en contraposición a los viejos partidos del PRI, PAN y el mortecino PRD, se experimentó un cambio en el poder judicial, donde es claro que los votantes no tenían ni tienen mayor trascendencia: de ser de discreto perfil, obtuvo relevancia pública, y de su tradicional conducta obsecuente al poder presidencial y del legislativo, se tornó en formidable bastión frente a ellos, impulsado en mucho porque las oposiciones (conglobadas en alianza que alabaron los medios de comunicación, los comentaristas, intelectuales y politólogos orgánicos -otrora muy consentidos por el gobierno- así como porciones del empresariado consentido de los mandamases caídos) acudieron a ellos y tras obtener fallos en su favor, los convirtieron en una especie de aliados virtuales. Esta actitud de la SCJ proyectó la idea de que efectivamente, a título de salvaguardar la ley superlativa, se alineaba en los hechos, a los empeños de los opositores del gobierno, autonombrado de la Cuarta Transformación (4T).

Esa es la posición que se tiene a la fecha, marcadamente más desde hace un año, cuando asumió la presidencia de la Corte la magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Por ello, cuando el jueves 4 de este frío mes de enero, tomó posesión de su sitial la nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama, hubo muchas expectativas, pues además de ser mujer, ha sido de ideas izquierdistas y es la primera abogada nombrada directamente por el ejecutivo federal, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Su designación es entonces, rigurosamente legítima.

Es de hacer notar, que la nueva ministra arribó tras fracasar las fuerzas de la oposición en nombrar, en el Senado, a quien llegaría para sustituir al ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, quien había renunciado el año pasado. Eso lo que demuestra es la incapacidad de esos actores políticos para llegar a un acuerdo: prefirieron desaprovechar la oportunidad, y dejaron vía franca para que el mandatario federal ejerciera su facultad y designara a la nueva ministra: no les queda ningún recurso para considerarlos, son miopes e impenitentes.

La ceremonia solemne en que se le impuso su toga a la abogada Batres Guadarrama fue sensacional, especialmente por lo que expresó en su estreno como miembro de la SCJ. De allí que el semanario Proceso dijese que “asume como ministra y arremete contra la Corte” (5-ene-2024). Para justificarse de tal encabezado, dice en texto de Diana Lastiri: “el máximo tribunal ha incurrido en excesos al desarrollar sus funciones y consideró que debe autolimitarse y someterse a la Constitución.” Luego agrega la reportera: “la nueva ministra arremetió contra la institución que hoy la recibió…al considerar que, en lugar de enfocarse en defender los derechos humanos y sociales, se enfoca en casos con fuertes implicaciones políticas”, dando como ejemplo cuando conoció sobre la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Un punto que ha sido evidente es como la SCJ bloqueó normas aprobadas en el legislativo, por meros aspectos de detalle al elaborarlas. Al respecto manifestó Batres Guadarrama, que “La Constitución prevé, en su artículo 17, que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y el Poder Judicial no lo está cumpliendo”. Un renglón que hizo que alzaran las cejas los miembros de la Corte, fue el referente a los salarios de ellos y muchos otros funcionarios que cobran indebidamente más que el presidente de la república, contraviniendo el artículo 127 constitucional, enfatizando al respecto: considero nos corresponde acatar la Constitución.

La ministra Batres, con firmeza y valor, declaró que la Corte, se ha extralimitado, haciendo que “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño, ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley

Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Es finalmente, una gran noticia el que una experta en derecho, pero de pensamiento avanzado socialmente, con verdadera actitud republicana y austeridad intachable, esté en el pleno de la SCJ, tan necesitada de conducirse como genuino tribunal constitucional, pero con tinte a favor del pueblo, de los necesitados y no solo de los potentados, que a la fecha son quienes más han obtenido beneficios para proteger sus intereses. Por eso sostenemos que lo dicho por la nueva ministra, es un memorial que nos induce para repensar el funcionamiento del máximo tribunal de México, que efectivamente, su misión es actuar conforme la Constitución, pero nunca por encima de ella, lo que implica no invadir el espacio de los demás poderes.

Ella, Lenia Batres Guadarrama, la flamante componente de la SCJ, ha sido calificada por muchos organismos y ciudadanos como “Ministra del Pueblo”, a lo cual responde: “es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”. Y eso esperamos todos los mexicanos, pero también deseamos que tal título, lo merecieran los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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