NACIONALES
Otra vez Pemex
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
No hay nada más peligroso que la conciencia de un fanático (George Bernard Shaw)
Hay cosas que la razón no entiende, sobre todo cuando se trata de explicarse los motivos que mueven al presidente de la república para seguir inyectando recursos a una empresa deficitaria como es Pemex. Detrás de ello, solo trasluce el fanatismo, definido como el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, ya sean religiosas o políticas.
Debe reconocerse que México, los mexicanos, estamos necesitados de causas que unan y nos fortalezcan, pero el empeño de conservar a Pemex como signo de soberanía, siendo aceptable, no debiera comprometer las finanzas nacionales.
El pasado 13 de febrero fue publicado un decreto que exime a la empresa de pagar los derechos de utilidad compartida por los meses de octubre a diciembre de 2023 y enero de 2024, además de no pagar los derechos de extracción de hidrocarburos durante los mismos meses. Anteriormente ya se le habían aplicado reducciones a los porcentajes a pagar.
Es decir, ya pagaba menos y ahora no pagará impuestos, ni aportará a la nación lo que debiera por la extracción de petróleo. El cálculo que hacen los analistas es de 70 mil millones de pesos, que no entrarán a las arcas nacionales. En ese contexto, Pemex sangra la economía nacional, más que lo que aporta.
No obstante, el gobierno sigue adelante en su obsesión por lograr la autonomía energética, vía refinación para producir gasolina, cosa que será imposible mientras la empresa opere como lo hace.
En el estudio Retos y Perspectivas para el sano desarrollo de Pemex, y utilizando las propias cuentas de la empresa, se establece que tiene pérdidas netas por 983 mil millones de pesos y de estas, el 80% corresponde a refinación. Petro Bras, la empresa brasileña, tiene utilidades de 5.62 dólares por barril; Exxon gana 3.19 dólares y en cambio Pemex pierde 35 dólares por barril.
La situación financiera es muy delicada, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, 106 mil millones de dólares, y la deuda de corto plazo en la situación actual es muy difícil de cubrir. Por ello, Moody’s rebajó la evaluación crediticia y existe desconfianza de que la empresa pueda cubrir sus compromisos sin el apoyo gubernamental.
Según datos del mismo estudio, entre 2019 y 2023, el apoyo federal a Pemex fue 1billón, 417 mil millones. De estos, 401 mil millones fueron para el pago de deuda, 312 mil millones para la Refinería Olmeca Dos Bocas, para inversiones 38 mil millones y 23 mil millones para la adquisición del 50% de la refinería Deer Park.
Datos de Pemex a sus inversionistas reportan 806 mil millones de aportaciones directas del gobierno. 457 mil millones por la reducción en la tasa del derecho de utilidad compartida y créditos fiscales por 138 mil millones entre 2020 y 2021; otro informe a la Security and Exchange Comision reporta otra aportación líquida del gobierno por 55 mil 900 millones.
Con todos estos apoyos directos, créditos fiscales y exenciones de impuestos, Pemex no ha logrado mejorar su situación financiera, ni eliminar el guachicol, ni dar mantenimiento correcto a sus instalaciones, los accidentes e incendios son cada vez más frecuentes y en cuanto a eficiencia, en 2018, producir un barril de petróleo costaba 30.6 dólares, hoy cuesta 48.
A pesar de esta inmensa cantidad de recursos, la capacidad de generar efectivo se reduce, la calificación de su deuda baja y la perspectiva es negativa debido a que el cumplimiento de sus obligaciones depende del apoyo gubernamental, y este, es cada vez más incierto por el alto déficit que tiene el propio gobierno.
Moody’s y otros analistas económicos han separado la actividad económica y financiera de Pemex de la estructura gubernamental para emitir sus opiniones y bajar las calificaciones. Parte por la incertidumbre de la sucesión pero mayoritariamente por la situación de las finanzas nacionales muy presionadas por las pensiones y becas y el creciente número de subsidios necesarios para mantener el Tren Maya, el AIFA, el Ferrocarril Transistmico, el AICM y el pago de la propia deuda nacional, lo que pone en duda la continuidad de los apoyos gubernamentales.
Está comprobado que no es con la inyección desordenada de dinero como habrá de rescatarse a Pemex y que si se quiere seguirla conservando como emblema de nuestro nacionalismo el camino es otro. Darle viabilidad financiera y operativa, implica que toda su estructura orgánica se revise, sus procedimientos se modernicen y las políticas empresariales se divorcien de las decisiones políticas.
Mientras las decisiones de la empresa se tomen en el escritorio de Palacio Nacional y no en un verdadero consejo de administración independiente y eficiente, Pemex seguirá siendo un barril sin fondo.
Si se va en serio se requiere más y mejor administración y menos fanatismo.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.
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