MUNDO
El desencanto en América Latina: Democracia y la exigencia de un gobierno eficiente
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En el vasto escenario de nuestra historia, no importa que tan oscura o lúgubre sea la etapa, la democracia se ha alzado como un faro de esperanza y autodeterminación para las sociedades. Sin embargo, como cualquier estructura monumental, su resiliencia depende críticamente de los cimientos que la sustentan.
De esta manera, la democracia puede ser tan sólida como la Acrópolis de Atenas o tan perdurable como el Coliseo Romano, pero sin un gobierno eficaz, la democracia se tambalea, y su promesa se desvanece, recordando a monumentos que alguna vez fueron símbolos de grandeza y que, a lo largo de los siglos, cayeron en la ruina, tal como el Templo de Bel ubicado en Palmira, Siria.
Al igual que la majestuosidad de la Acrópolis de Atenas, la democracia se erige como un monumento a la autodeterminación y la participación ciudadana. La Acrópolis, con sus columnas dorias, jónicas y corintias, simboliza la diversidad y la fortaleza en la unidad. Del mismo modo, la democracia abraza la diversidad de opiniones y experiencias, construyendo un tejido social robusto donde cada ciudadano es una columna que sustenta la estructura democrática.
Comparativamente, el Coliseo Romano se yergue como un monumento a la capacidad de adaptación y al poder de la organización. Aunque la democracia no es un espectáculo para multitudes, su funcionamiento eficaz requiere una administración organizada y la adaptación constante a los desafíos cambiantes. El Coliseo, con sus elaborados sistemas de pasadizos y maquinaria, es testamento de cómo una sociedad bien organizada puede superar incluso las adversidades más desafiantes.
No obstante, como nos recuerda la historia de monumentos caídos, como la Gran Muralla Maya en Copán o las estatuas de Buda en Bamiyán, la grandeza puede desvanecerse si no se preservan y nutren adecuadamente. De manera análoga, la democracia puede enfrentarse al riesgo de colapso si sus cimientos no son mantenidos con la debida diligencia y si sus pilares no son resguardados contra las fuerzas que buscan socavarla.
En el contexto actual de América Latina, el desencanto con la democracia se ha arraigado debido a la inseguridad, la violencia y la corrupción. Los cimientos de la democracia son tan esenciales como las piedras que conforman la Acrópolis; si el estado de derecho es laxo y la transparencia es solo una fachada, la democracia se convierte en un monumento vacío, susceptible a las embestidas de la desconfianza ciudadana.
De esta manera, el descontento ha allanado el camino para el surgimiento de figuras como Nayib Bukele en El Salvador. Su ascenso al poder ha sido alimentado, en parte, por la percepción de la ciudadanía de que la democracia convencional ha fallado en abordar sus preocupaciones más apremiantes. Bukele ha capitalizado el descontento y ha prometido una nueva era de eficiencia y seguridad, alineándose con la creciente tendencia global de líderes populistas que desafían el statu quo.
La afirmación de que la democracia, por sí sola, no es suficiente para garantizar la estabilidad y el bienestar de una sociedad se vuelve aún más relevante cuando consideramos la importancia de un gobierno eficaz y comprometido con el estado de derecho y la protección de los derechos ciudadanos. La democracia, en su esencia, es un sistema que busca la participación ciudadana, la toma de decisiones colectiva y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, para que este sistema funcione de manera efectiva, es esencial contar con un gobierno que no solo respalde estos principios, sino que también los aplique de manera constante y vigorosa.
La corrupción, esa corrosiva enfermedad que socava la integridad de las instituciones, actúa como una termita devoradora de los cimientos democráticos. Cuando los funcionarios públicos se ven tentados por la corrupción, se erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La percepción de que los líderes actúan en beneficio propio, en lugar de servir al interés público, debilita la legitimidad de la democracia. El ciudadano común, al sentir que sus esfuerzos y contribuciones son ignorados o explotados, puede volverse apático o cínico respecto a la participación en el proceso democrático.
La falta de transparencia, por otro lado, puede actuar como un velo opaco que oculta las acciones gubernamentales al escrutinio público. Una democracia verdaderamente robusta requiere la rendición de cuentas y la accesibilidad de la información. Cuando los ciudadanos no tienen acceso a datos cruciales sobre las decisiones gubernamentales o la asignación de recursos, se debilita su capacidad para tomar decisiones informadas y participar plenamente en la vida democrática.
La ineficacia institucional, como otra forma de erosión interna, puede obstaculizar la capacidad del gobierno para abordar los desafíos de manera eficiente. Si las instituciones democráticas no son capaces de implementar políticas efectivas, resolver problemas cruciales o garantizar la igualdad y la justicia, la democracia puede convertirse en un concepto vacío, incapaz de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
En este contexto, la democracia se enfrenta a la amenaza de convertirse en un mero espejismo, un sistema político en el que la participación ciudadana es una formalidad sin verdadero impacto. La ciudadanía, desilusionada por la corrupción, la falta de transparencia y la ineficacia, podría perder la fe en el sistema democrático, abriendo así la puerta a alternativas menos convencionales y, a veces, más autoritarias.
Para elevar la democracia a nuevas alturas y preservar su integridad, es imperativo abordar estos problemas internos con determinación. Los gobiernos deben comprometerse activamente en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones. Además, es esencial fomentar la participación ciudadana informada y empoderar a la sociedad para que exija rendición de cuentas y eficacia gubernamental.
En conclusión, la analogía entre la democracia y una estructura arquitectónica persiste. La comparación con monumentos caídos nos recuerda que, al igual que las civilizaciones antiguas que preservaron y fortalecieron sus monumentos, la democracia necesita constantes esfuerzos de preservación y mejora. La ciudadanía, al igual que las columnas de la Acropolis, debe ser la fuerza que sostiene la democracia, exigiendo transparencia, participación y rendición de cuentas. Solo entonces, la democracia puede superar los embates del tiempo y las amenazas internas, emergiendo como una estructura fuerte y duradera que honra las aspiraciones y derechos de la sociedad que la abraza.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.
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