Crisis diplomática, ¿provocada por quién?

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

México y Ecuador son dos países que comparten muchas cosas; el idioma y la herencia mestiza son algunos de los componentes de la relación entre ambos países. El vínculo de estos estados comenzó desde 1830, luego de que se dividió la Gran Colombia que incluía las naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Después de aquella ruptura, México reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Ecuador en junio de 1830 y en 1837, abrió un consulado en Guayaquil, que posteriormente se convirtió en su primera misión diplomática en América del Sur. Así la importancia histórica de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El vínculo entre las dos naciones se ha tensado durante los últimos años. En 2021 en la república ecuatoriana fue electo un gobierno de derecha, desde el inicio del mandato las diferencias con el gobierno mexicano (que dice ser de izquierda) han sido evidentes. Ecuador ha emprendido una cruzada contra la corrupción de gobiernos anteriores y estos, han acusado que son víctimas de una persecución política.

La noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y a quien el gobierno mexicano le concedió asilo político luego de que Glas ingresara a la embajada desde diciembre pasado. Esta acción provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.

¿De qué tamaño es este acto? ¿realmente es tan grave? ¿es correcto que el gobierno ecuatoriano haya allanado la embajada mexicana en Quito? ¿qué repercusiones tendrá?

Bueno, vayamos por partes. El convenio de Viena, firmado por varios países entre ellos México y Ecuador, en su artículo 22 sobre relaciones diplomáticas dice:

“Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.” Por otro lado, señala: “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.” Evidentemente, hay una violación flagrante del estado ecuatoriano a dicho convenio.

¿Qué llevó a tomar esta medida al gobierno de Ecuador? Primero habría que recordar quien es Jorge Glas, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2017. En diciembre de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por la trama de corrupción con la firma petrolera brasileña Odebrecht. ¿Le suena el nombre? En 2022 obtuvo su libertad condicional.

En 2023 Glas fue acusado nuevamente, esta vez por el delito de peculado, derivado de esto, el exvicepresidente solicitó asilo político a México y mientras esto sucedía se refugió en la embajada mexicana, mientras tanto Ecuador anunció que le negaría salir del país por la obvia posibilidad de fuga. Glas y Correa dicen ser víctimas de persecución política de los conservadores de aquel país.

Así que el caso es complejo, tenemos a un exvicepresidente sentenciado por el caso de corrupción con la firma petrolera que también tuvo sus “queberes” en México, tenemos a una embajada que recibió al imputado para protegerlo de lo que han llamado “persecución política de la derecha”, tenemos a un gobierno mexicano que decidió defender al acusado pues sostiene que los políticos de derecha hacen guerra sucia contra los de la izquierda, y, finalmente, tenemos a un gobierno ecuatoriano que se pasó por donde quiso el tratado internacional. Escenario complejísimo.

El presidente López Obrador se encuentra ante un panorama difícil de resolver, pues a solo semanas de la elección presidencial, abre un frente internacional derivado de proteger a un exfuncionario ecuatoriano acusado de los mismos delitos y con las mismas empresas, por los que el gobierno de México tiene imputados a exfuncionarios locales, ¿contradictorio? sí.

Por otro lado, la irrupción en la embajada de México es inadmisible, es un acto que no se puede dejar pasar pues es una transgresión del territorio nacional, viola tratados internacionales, debilita la imagen del Estado mexicano y pone en duda que el gobierno federal pueda defender lo que le corresponde. Así las cosas. Esperemos más reacciones locales e internacionales, esta historia está lejos de acabar.