MUNDO
Crisis diplomática, ¿provocada por quién?

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //
México y Ecuador son dos países que comparten muchas cosas; el idioma y la herencia mestiza son algunos de los componentes de la relación entre ambos países. El vínculo de estos estados comenzó desde 1830, luego de que se dividió la Gran Colombia que incluía las naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.
Después de aquella ruptura, México reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Ecuador en junio de 1830 y en 1837, abrió un consulado en Guayaquil, que posteriormente se convirtió en su primera misión diplomática en América del Sur. Así la importancia histórica de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El vínculo entre las dos naciones se ha tensado durante los últimos años. En 2021 en la república ecuatoriana fue electo un gobierno de derecha, desde el inicio del mandato las diferencias con el gobierno mexicano (que dice ser de izquierda) han sido evidentes. Ecuador ha emprendido una cruzada contra la corrupción de gobiernos anteriores y estos, han acusado que son víctimas de una persecución política.
La noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y a quien el gobierno mexicano le concedió asilo político luego de que Glas ingresara a la embajada desde diciembre pasado. Esta acción provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.
¿De qué tamaño es este acto? ¿realmente es tan grave? ¿es correcto que el gobierno ecuatoriano haya allanado la embajada mexicana en Quito? ¿qué repercusiones tendrá?
Bueno, vayamos por partes. El convenio de Viena, firmado por varios países entre ellos México y Ecuador, en su artículo 22 sobre relaciones diplomáticas dice:
“Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.” Por otro lado, señala: “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.” Evidentemente, hay una violación flagrante del estado ecuatoriano a dicho convenio.
¿Qué llevó a tomar esta medida al gobierno de Ecuador? Primero habría que recordar quien es Jorge Glas, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2017. En diciembre de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por la trama de corrupción con la firma petrolera brasileña Odebrecht. ¿Le suena el nombre? En 2022 obtuvo su libertad condicional.
En 2023 Glas fue acusado nuevamente, esta vez por el delito de peculado, derivado de esto, el exvicepresidente solicitó asilo político a México y mientras esto sucedía se refugió en la embajada mexicana, mientras tanto Ecuador anunció que le negaría salir del país por la obvia posibilidad de fuga. Glas y Correa dicen ser víctimas de persecución política de los conservadores de aquel país.
Así que el caso es complejo, tenemos a un exvicepresidente sentenciado por el caso de corrupción con la firma petrolera que también tuvo sus “queberes” en México, tenemos a una embajada que recibió al imputado para protegerlo de lo que han llamado “persecución política de la derecha”, tenemos a un gobierno mexicano que decidió defender al acusado pues sostiene que los políticos de derecha hacen guerra sucia contra los de la izquierda, y, finalmente, tenemos a un gobierno ecuatoriano que se pasó por donde quiso el tratado internacional. Escenario complejísimo.
El presidente López Obrador se encuentra ante un panorama difícil de resolver, pues a solo semanas de la elección presidencial, abre un frente internacional derivado de proteger a un exfuncionario ecuatoriano acusado de los mismos delitos y con las mismas empresas, por los que el gobierno de México tiene imputados a exfuncionarios locales, ¿contradictorio? sí.
Por otro lado, la irrupción en la embajada de México es inadmisible, es un acto que no se puede dejar pasar pues es una transgresión del territorio nacional, viola tratados internacionales, debilita la imagen del Estado mexicano y pone en duda que el gobierno federal pueda defender lo que le corresponde. Así las cosas. Esperemos más reacciones locales e internacionales, esta historia está lejos de acabar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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MUNDO
La tradición del saqueo: Naturaleza depredadora del poder imperial

– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
MUNDO
Inteligencia artificial: La arquitectura del nuevo orden mundial

– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.