Por Redacción Conciencia Pública //

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.

El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.

“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.

“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.

Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.

“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:

1. Abasto

El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.

Acciones:

• Perforación y equipamiento de pozos

• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras

• Rehabilitación de redes de agua potable

• Construcción de líneas de agua y tanques elevados

2. Potabilizar

El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.

Acciones:

• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras

• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas

• Rehabilitación de pozos y redes

3. Distribución

El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.

Acciones:

• Ampliación de líneas de abastecimiento

• Construcción de tanques y bases para cisternas

• Interconexión de sistemas hidráulicos

4. Uso responsable

Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.

Acciones:

• Eficiencia energética en infraestructura

• Modernización de instalaciones eléctricas

• Campañas de corresponsabilidad ciudadana

5. Saneamiento

Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.

Acciones:

• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento

• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento

6. Reúso

Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.

Acción principal:

• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.

En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.

EL DATO:

Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua

1. Abasto: 490 MDP

2. Potabilización: 340 MDP

3. Distribución: 48 MDP

4. Uso responsable: 75 MDP

5. Saneamiento: 163 MDP

6. Reúso: 7 MDP

Total: 1,123 millones de pesos (MDP)

Por Redacción Conciencia Pública //

Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.

El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.

Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.

CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.

Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.

Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.

CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:

Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.

Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.

Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante. 

Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada. 

La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.

TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”

En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.

La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.

ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN

Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.

La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.

Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.

Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.

Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN

Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:

Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza. 

Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.

Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.

Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.

Por Raúl Cantú //

La reciente decisión de Elker Tepper, directora del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, de publicar una convocatoria para contratar “nuevos conciliadores” ha desatado un profundo malestar entre los trabajadores actuales, quienes enfrentan la inminente finalización de sus contratos en agosto. La medida, que parece destinada a reemplazarlos sin ofrecerles la oportunidad de ratificación, ha sido calificada por los afectados como una “determinación de horca y cuchillo” que ignora su esfuerzo, capacitación y derechos laborales.

UNA CONVOCATORIA CUESTIONADA

La convocatoria, emitida de manera sorpresiva, ha generado indignación entre los conciliadores, quienes consideran que no solo se les excluye injustamente, sino que también se violan principios establecidos en la Ley de los Servidores Públicos y los lineamientos internos del Centro. Según los afectados, la disposición obliga a los nuevos conciliadores a cubrir sus propios gastos de traslado, incluso si son reubicados a otros municipios, junto con los costos asociados a sus familias, lo que contradice la normativa que estipula que dichos gastos deben ser asumidos por el Estado.

“Es una clara violación a nuestros derechos laborales”, afirmó uno de los conciliadores, quien prefirió mantener el anonimato. “Hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos personales en capacitaciones, muchas de ellas fuera del horario laboral, con la promesa implícita de una ratificación. Ahora, nos dejan en la incertidumbre sin explicaciones claras”.

INVERSIÓN SIN RECOMPENSA

Los conciliadores denuncian que, a pesar de haber recibido múltiples capacitaciones —incluyendo tres certificaciones del sistema CONOCER avaladas por la Secretaría de Educación Pública—, su esfuerzo parece no ser valorado. “Tengo más de 50 constancias de cursos que tomé para dar lo mejor en el Centro. Algunos implicaron dobles turnos o sacrificar mi hora de comida, todo con la esperanza de consolidar mi puesto”, relató otro trabajador afectado. “¿Para qué se invirtió tanto dinero y tiempo si ahora parece no tener valor?”.

Los primeros meses de operación del Centro fueron particularmente extenuantes, con jornadas que se extendían más allá del horario laboral sin compensación por horas extras. “Aunque ahora hay más organización, los inicios fueron caóticos. Trabajamos bajo presión extrema para sacar adelante este proyecto, y ahora nos descartan sin considerar nuestro desempeño”, añadió.

FALTA DE CLARIDAD Y RESPUESTAS

Uno de los puntos más criticados es la ausencia de lineamientos claros sobre el proceso de ratificación. Los conciliadores aseguran que, a pesar de su disposición a someterse a evaluaciones, no se les ha comunicado cómo ni cuándo se definirá su continuidad. “Estoy dispuesto a poner mis números sobre la mesa. Sé que estoy entre los mejores, pero no nos dan ni la oportunidad de demostrarlo”, señaló un conciliador.

La situación plantea interrogantes sobre la gestión de Elker Tepper y la postura del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Pablo Lemus. Hasta el momento, ni la Secretaría del Trabajo ni las organizaciones obreras han emitido un posicionamiento oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el descontento entre los trabajadores.

UN PRECEDENTE PREOCUPANTE

La decisión de reemplazar a los conciliadores sin un proceso de ratificación no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la valoración del esfuerzo y la estabilidad laboral en el sector público. Los conciliadores, quienes han desempeñado un rol clave en la resolución de conflictos laborales en Jalisco, consideran que esta medida mina la confianza en las instituciones y desincentiva la profesionalización.

“¿Cómo inviertes en capacitar a abogados, los preparas durante meses y luego los descartas sin más? Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos”, cuestionó otro afectado.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

La controversia en el Centro de Conciliación Laboral pone en el centro del debate la necesidad de políticas laborales justas y transparentes. Los conciliadores exigen que se respete su trayectoria, se les brinde la oportunidad de ratificación basada en méritos y se esclarezcan las razones detrás de la convocatoria. Mientras tanto, la falta de respuestas por parte de las autoridades y la aparente arbitrariedad de la decisión de Tepper amenazan con escalar el conflicto, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la credibilidad del proyecto de conciliación laboral en Jalisco

EL CCLEJ NACIÓ EN OCTUBRE DEL 2022 CON GRANDES EXPECTATIVAS

Fue el 3 de octubre del 2022 cuando fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLEJ), cuyo primer director fue Enrique Flores y se creó con la meta de conciliar el 80% de las solicitudes prejudiciales de conflictos laborales en un máximo de 45 días, según destacó Flores en entrevista con Conciencia Pública.

Este organismo público descentralizado, ubicado en la Ciudad Judicial de Guadalajara, comenzó operaciones como parte de la tercera etapa de la Reforma Laboral en Jalisco. Con autonomía técnica y de gestión, el CCLEJ tiene la facultad exclusiva de mediar en conflictos laborales de competencia estatal, promoviendo soluciones rápidas y equitativas.

Cuando el CCLEJ empezó operaciones se dijo que buscaría transformar la resolución de conflictos laborales al garantizar celeridad, gratuidad y accesibilidad. Los procedimientos se desahogan en 45 días, no requieren abogado y exigen la presencia personal de las partes, lo que fomenta un diálogo directo entre empleadores y trabajadores.

El conciliador propone soluciones justas para alcanzar un convenio con efecto de sentencia ejecutoria. Si no hay acuerdo, se emite una constancia de no conciliación, permitiendo a las partes acudir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

Enrique Flores subrayó la importancia de la capacitación de los conciliadores y el uso de tecnología para garantizar transparencia y evitar prácticas irregulares, como la corrupción. El Centro inicia con “carga cero”, ya que la Secretaría del Trabajo resolvería los casos pendientes hasta el 30 de septiembre de 2022. Este enfoque permite al CCLEJ concentrarse en nuevos conflictos, con 23 conciliadores distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (16), Puerto Vallarta (2) y una conciliador por cada delegación en Autlán de Navarro, Colotlán, Ocotlán, Zapotlán El Grande y Lagos de Moreno.

Un avance clave es la humanización del proceso: el modelo promueve que empleadores y trabajadores se vean como personas, reconociendo el esfuerzo del empleado y la inversión del empresario. La conciliación personal elimina intermediarios, reduciendo el riesgo de prácticas corruptas y fortaleciendo la confianza en el sistema. “Hoy tenemos la oportunidad de mantener limpio algo que nace limpio”, afirmó Flores, destacando la transparencia como pilar del CCLEJ.

El CCLEJ representa una apuesta por una justicia laboral ágil, transparente y equitativa en Jalisco. Al priorizar la conciliación prejudicial, busca reducir la carga de los juzgados laborales, garantizar acuerdos justos y fortalecer las relaciones laborales en el estado, marcando un precedente en la implementación de la Reforma Laboral a nivel nacional.