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La agenda de la futura legislatura federal: La tarea que sigue, tras la tormenta viene la calma

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Bien decía el estadista inglés Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. La lección del domingo 2 de junio en México, es de profundo significado para la nación, y debemos aprenderla en toda su dimensión, lo cual podemos sintetizar diciendo que, para encarar exitosamente nuestro devenir, el mejor medio es actuar democráticamente.

Más del sesenta por ciento de ciudadanos nos volcamos en las urnas ese memorable día de votaciones, otorgando un mandato que bien habla de lo realizado por el gobierno federal saliente y confía a plenitud en la administración que sigue.

Ahora las oposiciones deben reasumirse, reflexionar, entender lo que debe ser su papel en la vida nacional, reconocer sus errores y sumarse a todo lo que beneficie al pueblo y fortalezca a la república. La actitud de bloqueo legislativo -que fue su insignia antes del tsunami electoral que la abatió- hacia lo que propusiera la mayoría o el poder ejecutivo, es ciego, impopular y muy negativo. A ella -la oposición- la rezagó y al país lo obstruyeron, motivando que la ciudadanía condenara a los impugnadores de la Cuatro T.

El uno de septiembre inicia labores el poder legislativo surgido de esos comicios cercanos: una ocupación básica para las cámaras de diputados y senadores-será estudiar y decidir sobre las iniciativas que les envió el primer mandatario, mismas que dio a conocer el 5 de febrero de este año. En general son 20, siendo la mayoría -18- de índole constitucional.

Para los habitantes de la República, además de coadyuvar en lo anterior, lo que nos ocupará además de continuar nuestras actividades, para salir avante en todos los órdenes, es proseguir trabajando -como buenos ciudadanos- por el engrandecimiento de nuestra patria. Aquí no se vale profesar tal o cual ideología, sino anteponer el interés primordial de la nación: eso es lo prioritario y en ese empeño nunca debemos de cejar.

Entre las misiones que habremos sensatamente de observar y en lo correspondiente, participar para su buena culminación, están varias propuestas muy trascendentes que las circunstancias imperantes aplazaron, resaltando las que tienen el fin de mejorar nuestro sistema republicano, democrático y de justicia.

Si al respecto damos una visión de vuela pájaro, podemos enlistar como cuestiones pendientes, el fortalecer la división de poderes constitucionales, a efecto de que cada uno de ellos cumpla cabalmente su objetivo, a la vez que no se extralimiten y en su caso existan los medios adecuados para corregir. Porque a la fecha, unos y otros, tienen señalados aspectos que se deben enmendar.

Sobre lo anterior y en cuanto al legislativo, señalamos entre sus desfiguros, el caso de la Cámara de Senadores, donde los miembros de dicha instancia resienten la presencia impropia de los denominados senadores de representación proporcional, pues siendo ese principio para la ciudadanía, no lo es para el caso de las Entidades Federativas, que con sus senadores electos mayoritariamente y los de minoría, representan adecuadamente a cada una de esas entidades. En consecuencia, salen sobrando, y con ello desequilibran la igualdad de las porciones integrantes de la República Federal, los senadores de “representación proporcional” que no tienen razón de ser.

Lo contrario a lo antedicho, es sobre los diputados, que, teniendo la necesidad de representar al pueblo, por medio del voto de sus ciudadanos, se debe de integrar la Cámara correspondiente, tanto con representantes populares electos por el principio de mayoría, como complementarse con los diputados resultantes de la voluntad de las minorías. Por lo tanto, debe de revisarse el cómo y cuánto de estos diputados deben legislar juntamente con los de mayoría. Y la verdad que no tiene nada de extraordinario cumplir esa meta, pues además de los que ganan las elecciones -los de mayoría-, quienes deben en estricta justicia ser diputados de las minorías, son los que obtienen los segundos lugares de la elección. Por ello debe reformarse la ley para que esa Cámara la compongan quienes reciben los sufragios suficientes, ya sea como triunfadores de los comicios o como quienes lograron el segundo lugar en el escrutinio, hasta el tope que marque la referida norma, que debe ser en porcentaje proporcional al de las mayorías.

Para unos y otros (senadores y diputados) se debe regular lo referente a su militancia y obligaciones, pues es indebido que muchos de ellos arriben postulados por un determinado partido político, y ya en ejercicio de su cargo, se cambien impunemente de bancada, con lo cual atropellan la ideología de su partido y sobre todo, traicionan los afanes de sus votantes.

Por lo que ve al poder ejecutivo, dado que nuestro sistema no es parlamentario, se deben de implementar medidas para que ese poder no sea omnímodo, pero tampoco le falten apoyos eficientes para cumplir su esencial objeto.

Sobre el poder judicial, no cabe duda de que ocupa de numerosas reformas, comenzando con las de su integración (conforme lo diseñó el Constituyente de Querétaro o de forma electiva popularmente, según lo habían ordenado las Constituciones anteriores), y procediendo con las que impliquen un sistema de vigilancia que sancione su sobre ejercicio, precise su ámbito y la ciña a solo su función de tribunal constitucional: a la fecha, especialmente la Corte, no tiene normativas que cuiden eficazmente esas facetas, y la única que existe es imposible en la práctica, pues siendo el juicio político, este requiere votación calificada de la Cámara baja para proceder, lo cual jamás se logra por las enconadas diferencias con que operan los partidos políticos. Antiguamente hubo organismos cuyo específico encargo era vigilar la conducta de la Suprema Corte de Justicia y sus ministros, lo cual se tendría que considerar en la actualidad.

De igual manera, se debe rectificar lo referente al Consejo de la Judicatura, el cual no debe ser presidido por quien encabece la Suprema Corte, (en las entidades federativas son los presidentes del Tribunal Superior), pues esa doble función genera conflictos de interés y promueve múltiples anormalidades en su marcha.

Los subsidios a los partidos políticos tienen que retocarse, pues no es justo que, habiendo tantas necesidades sociales, se dediquen a esos institutos gruesas cantidades del presupuesto, en detrimento del remedio de aquellas urgencias.

Nuestra democracia no debe ser tan costosa, de allí la imperiosa operación de abaratarla, no solo en el subsidio partidista (tanto en lo operacional como de campañas electorales) sino en cuanto a los gastos onerosos de los que sirven al ramo electoral (administrativo y jurisdiccional, federal y de los Estados) así como buscando optimizar al organismo y sus dependencias.

El ámbito municipal también debe tocarse. Uno de los temas se refiere a la creación y organización de las municipalidades, otro a la forma de integrar los ayuntamientos. En estos no se aplica correctamente el principio de representación popular, ni rige el de la división de poderes, no obstante que el poder municipal es de orden constitucional y por tanto público, y al poder público la Carta Suprema ordena que para su ejercicio se divide en tres, lo cual se aplica en las órbitas federal y estatal, pero se exceptúa a la municipal, lo cual permite que los presidentes municipales no solo se desempeñen como ejecutivos, sino que sometan lo reglamentario -legislativo- y alteren el rubro de justicia, ambas ramas en lo que atañe a los ayuntamientos.

Por lo que ve a la creación de municipios, es indispensable que se establezca en la Constitución federal, que es un derecho de los pueblos. En todos los Estados del país, constantemente se realizan remunicipalizaciones, pero por lo general obedeciendo intereses políticos, de manera que, si no se tienen esos respaldos, las legítimas pretensiones de las poblaciones quedan al margen. Y eso debe terminarse, lo cual sucedería al incorporarse tales prerrogativas en la Constitución de la República, pues de esa forma las localidades interesadas, podrían acudir a los tribunales para hacer que sus derechos se respeten. Un caso en Jalisco es el de Capilla de Guadalupe, que habiendo sido por decreto estatal creado como municipio, manejos políticos y legaloides dieron al traste con tal disposición. Empero, a lo largo y ancho de México y Jalisco, existen muchísimos poblados que aspiran a ser municipalidades, pero fracasan en su afán por falta de apoyos de líderes poderosos o trabas que le oponen funcionarios prepotentes. Eso no debe prevalecer, y una enmienda constitucional lo resolvería de cuajo.

En fin, después de los comicios del 2 de junio, como buenos demócratas debemos conducirnos aceptando los resultados de las urnas, (lo que no implica cuando proceda, dejar de defender la validez de los votos) que es la voluntad del pueblo, y a la par, sumarnos hombro con hombro, actuando unidos todos los mexicanos para resolver nuestros problemas, fortalecer las instituciones y con ello, agigantar nuestra patria.

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NACIONALES

Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

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Por Mario Ávila //

En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.

Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas

A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.

Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.

Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).

En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.

Un proceso de conteo escalonado y transparente

El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.

En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.

Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.

López Obrador reaparece y respalda la reforma

Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.

Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.

El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Protestas y elecciones concurrentes

Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.

Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.

Un hito con retos pendientes

La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.

A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.

LOS NÚMEROS

Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

464 Magistraturas de Circuito

386 personas Juzgadoras de Distrito

Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada

De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.

En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.

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JALISCO

¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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