– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

México es uno de los países latinoamericanos que están en el ranking para reducir las jornadas laborales. Esta medida, que busca mejorar la salud, la calidad de vida y la dignificación de los trabajadores, aún no se ha consolidado debido al intenso debate que ha generado. Sin embargo, se comenta en los pasillos que la iniciativa será aprobada antes de que finalice este año legislativo y que su implementación será gradual, como ya ha ocurrido en países como Brasil, Ecuador y Colombia.

La mayoría de estos países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.

Esta nueva iniciativa de ley sobre la jornada laboral, registrada a inicios de septiembre de 2025, fue presentada por el Congreso de Baja California ante la Cámara de Diputados. Es el número trece, y su diferencia con las anteriores es que anexa una prima sabatina del 25% del salario diario para los empleados que sean requeridos los días sábado.

También propone la desaparición de las jornadas diurna, nocturna y mixta, contempladas en la Ley Federal del Trabajo, para que las jornadas sean modalidades pactadas de forma flexible por el empleador y el empleado bajo un contrato laboral. La mayoría de las iniciativas buscan que la transición de esta nueva reforma laboral sea gradual, con etapas de adaptación, a fin de contribuir a que los empleadores puedan acomodar al personal según su giro o actividad y a la reducción de la jornada laboral.

En este contexto, habrá que analizar de manera minuciosa si la reducción de la jornada laboral en México surtirá los efectos por los que se lucha a nivel mundial: que los trabajadores disfruten de forma digna su tiempo no laboral, a sus familias, y aprecien sus fuentes de trabajo a través del descanso. De esta manera, su energía será invertida en su familia, su salud, su entretenimiento y su descanso. La reducción de la jornada laboral tiene como objetivos disminuir el estrés, ampliar las oportunidades de empleo y mejorar la salud mental, así como el entorno familiar y laboral. Todo esto es consecuencia de una jornada que evita la saturación de las actividades de trabajo.

Sin embargo, el contexto social de nuestro país, con la explotación laboral y las malas prácticas del sector empresarial (que al final se traducen en corrupción de sindicatos y autoridades laborales), dificultará en gran medida que estos cambios sociales se conviertan a corto plazo en beneficios reales. A esto se suma que muchos de los cambios obedecen a la necesidad de integrarse a las tendencias globales, lo que resulta conveniente para quienes gobiernan, ya que produce en la clase trabajadora una percepción de que se piensa realmente en ellos, cuando en realidad puede ser solo un efecto de populismo conveniente para tiempos electorales.

Tendrá que pasar un mínimo de cinco años para que sindicatos, sectores empresariales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los gobiernos de las entidades federativas y los tribunales laborales se acostumbren a la defensa y divulgación de la jornada reducida, y para que existan sanciones contra la simulación. Se han visto cambios significativos en la Ley Federal del Trabajo en México, impulsados por reformas laborales, presiones internacionales y nuevas realidades sociales y tecnológicas. Entre las más importantes, la Reforma Laboral de 2019 desapareció las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a la conciliación y los tribunales laborales.

En 2021, se prohibió el outsourcing de personal. Ese mismo año se reguló el teletrabajo o «home office», una modalidad que se consolidó ante la realidad impuesta por la pandemia. A partir de 2023 entraron en vigor las Vacaciones Dignas y se implementaron aumentos al Salario Mínimo. Actualmente, el país está a la espera de la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral.

La vida laboral ha cambiado significativamente en los últimos años, impulsada por las nuevas generaciones, la tecnología, la globalización de los derechos humanos y la digitalización. Esto ha obligado al país a modernizarse en materia laboral y a ser congruente con las tendencias mundiales.

La pandemia también aceleró este cambio, fomentando un mayor respeto por los derechos y la justicia laboral. Esto ha llevado a las empresas a entender que la transparencia y las buenas prácticas no solo aumentan la productividad, sino que también reducen los riesgos legales.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

El día 4 de septiembre en el diario Milenio, Héctor Aguilar Camín, historiador y analista político escribió: “Históricamente hablando, los políticos son la élite definitoria de los desastres y los logros en México.” Y añadió líneas adelante: “próceres, militares, caudillos, dictadores, presidentes han tenido una autonomía enorme respecto de su sociedad”.

No han tenido contrapesos en grandes empresarios, grandes científicos, grandes innovadores tecnológicos, grandes innovadores educativos o grandes organizadores sociales.

No hay mucho que oponer a esa definición del papel de los políticos en la historia nacional, en la cual encontramos figuras notables y políticas públicas que hicieron posible el país en el cual vivimos. Con aciertos y retrocesos, errores, abusos del poder y todo lo que podemos contar sobre las épocas de construcción del país, hemos caminado siempre montados en el ejercicio del poder político al cual se han subordinado capitales y fuerzas sociales.

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, la sociedad, los partidos, las organizaciones sociales, y políticos de a de veras, lograron crear instituciones que acotaban el ejercicio arbitrario del poder político, ya fuera que el abuso proviniera del poder ejecutivo, sus funcionarios y dependencias, o del poder legislativo, siempre tentado a ejercer funciones distintas.

Para ello se le dieron al Poder Judicial las atribuciones de independencia y autonomía para que pudiera fungir como garante de la constitucionalidad y la vigencia plena del Estado de derecho.

También se crearon instituciones que divorciaran las decisiones técnicas del gobierno de la política y que se pudiera dar un seguimiento transexenal a políticas públicas sin que su vigencia estuviera supeditada a la voluntad política del gobernante.

Con esta apretada e insuficiente mención de los avances democráticos, en la que no he incluido los procesos electorales, también arrancados del control gubernamental, trato de evidenciar lo que se había avanzado en los límites al poder político para poder construir un proyecto nacional incluyente para todos los mexicanos y que desafortunadamente se ha perdido en tan solo siete años.

Un político sin ninguna base técnica, sin conocimiento de normas y procedimientos, basado en prejuicios, dogmas y conceptos feudales del poder, transformó, por vendetta y agravios personales, un país de leyes e instituciones en un territorio donde impera la violencia de grupos criminales, en el que la impunidad, la corrupción, la mentira, la descalificación, el insulto a los que piensan diferente es el uso cotidiano.

El uso arrogante del poder ha contagiado a la clase gobernante y al partido en el gobierno. La hipocresía los lleva a convocar a sus huestes a conducirse con austeridad; se sanciona la indiscreción, no la indecencia, ordenando que se oculte lo evidente sin sancionar el origen de la riqueza ostentada.

La embriaguez que produce su artificial mayoría legislativa y el dominio innegable que tienen sobre tribunales, jueces y magistrados los lleva sin pudor a condenar la crítica y silenciar periodistas o a la inversa, acomodando las leyes y sentencias a como quiera el político denunciante. Pueden parecer casos aislados, pero la soberbia campea y la exhiben sin pudor.

Cierto es como dice Aguilar Camín, que han sido los políticos los que han definido la actualidad de nuestro México, pero resaltan ahora más las diferencias entre los políticos que construían Estado y nación y los que ahora quieren edificar una hegemonía aún a costa de perder el país.

Decir que se abate la pobreza con dádivas paternalistas con una hacienda y presupuesto deficitario, equivale a afirmar que sacaste de pobre a alguien que recibe una tarjeta de crédito, no hay sustentabilidad en esa visión utilitarista del combate a la pobreza y la desigualdad, hay rentabilidad electoral y eso habrá de permitir que oportunistas y vividores metidos a políticos sigan medrando el presupuesto oficial.

Siendo cierta la aseveración de Aguilar Camín, el pesimismo es inevitable. Poco puede esperar México de los políticos que hoy ocupan la palestra nacional. La rupestre conducta de Fernández Noroña, el hipócrita llamado a esconder la opulencia de Luisa Alcalde, el autoritarismo de Layda Sansores, el contubernio evidente de Rocha Moya y otros con el narco; la lacayuna conducta de magistrados electorales para sacar sentencias al gusto oficial.

El cinismo con el que se asumen los ministros y magistrados electos del Poder Judicial desestimando los acordeones; la desvergüenza de quien asume responsabilidades sin estar preparada para ello como la ministra del pueblo o del exministro que hoy niega hasta sus propias resoluciones y criterios, nos lleva a pensar que somos un pueblo tan pobre como la pobreza moral de nuestros políticos.

Y esto no solo atañe a la clase gobernante y su partido; la ética, el oficio político que hace posible la concertación y los consensos están ausentes, al igual que la decencia y la honestidad, y esto permea en todas las fuerzas políticas. Las excepciones solo confirman la regla.

– Opinión, por Iván Arrazola

En la historia política de México, los momentos de mayor transformación han estado acompañados por intentos de concentrar el poder en unas cuantas manos. Un ejemplo claro es el periodo del Maximato, cuando se prohibió la reelección legislativa y, de manera paralela, se impulsó un proceso de centralización del mando con el argumento de garantizar estabilidad y gobernabilidad.

Hoy, en el denominado “segundo piso de la transformación”, parece repetirse un fenómeno semejante: la tentación de recentralizar las decisiones políticas y limitar la acción de distintos actores políticos.

Uno de los episodios más visibles ha sido la elección de la nueva Suprema Corte de Justicia. El partido en el poder mostró poco cuidado en el procedimiento, priorizando el objetivo de asegurar el control del Poder Judicial. La lógica fue clara: impedir que, como ocurrió durante el sexenio anterior, las reformas en materia política, energética o de seguridad fueran declaradas inconstitucionales. Así, se privilegiaron nombramientos de personajes cercanos al régimen, pero con trayectorias insuficientes, en un proceso cuestionado por prácticas irregulares y presiones políticas.

En la misma línea, la presidenta impulsó una reforma para prohibir la reelección legislativa y municipal. Aunque apeló a la tradición histórica mexicana contra la reelección, la medida restringe la autonomía de los representantes populares frente a sus partidos, incrementando su dependencia del aparato político. En los hechos, esta decisión fortalece el poder central al reducir márgenes de libertad y competitividad electoral.

Otro ejemplo es la reforma contra el nepotismo, presentada como un mecanismo para frenar la práctica de repartir el poder entre familiares. Sin embargo, esta medida provocó resistencia entre diversos actores políticos, al grado de retrasar su entrada en vigor hasta 2030, aunque Morena ya la incorporó en sus propios estatutos.

El caso de Zacatecas resulta ilustrativo: el “aparente” conflicto entre los hermanos Monreal por la sucesión al gobierno estatal evidencia la pugna entre la presidenta y la familia más influyente de la entidad, que se opone a aceptar la medida propuesta por la mandataria. Esta tensión muestra que la lucha contra el nepotismo no solo pretende limitar prácticas arraigadas en la política mexicana, sino también reafirmar a la presidenta como la gran electora, dispuesta a impedir que otros grupos o personas definan candidaturas o impongan su voluntad.

Las resistencias no provienen únicamente del interior de Morena. Sus aliados estratégicos, como el Partido Verde y el PT, actúan con pragmatismo: obtienen beneficios de la alianza con el gobierno, pero también ejercen capacidad de presión y chantaje político. En este contexto, la presidenta impulsó una reforma política de mayor alcance, que propone eliminar a los legisladores plurinominales, reducir el número de integrantes del Congreso y recortar el financiamiento a los partidos.

La medida tiene, sin duda, una lógica: estos partidos podrían convertirse en una alternativa para los morenistas inconformes con la decisión de impedir candidaturas a quienes tienen familiares en posiciones de poder. Más aún, con una actitud desafiante, podrían disputar abiertamente el poder a Morena en el futuro. De ahí surge la necesidad de impulsar una reforma que reduzca cualquier posibilidad de competencia real y consolide un escenario en el que nadie pueda cuestionar su hegemonía.

En este sentido, el núcleo del llamado “segundo piso de la transformación” parece residir en el control total del poder político. Los aliados fueron necesarios para llegar al poder; ahora, el objetivo es encontrar la manera de deshacerse de ellos.

En consecuencia, si bien estas medidas afectarían directamente a la oposición, también podrían colocar a estos partidos aliados al borde de la desaparición. Aunque la discusión se pospuso para el próximo año, resulta evidente que la iniciativa amenaza la supervivencia de las fuerzas minoritarias y acerca al sistema político a un modelo hegemónico, semejante al que caracterizó al PRI durante gran parte del siglo XX.

En este contexto, México vive una paradoja. Por un lado, el frágil pluralismo político se sostiene en gran medida gracias a partidos minoritarios que viven del chantaje y que son básicamente empresas familiares. Por otro lado, la fuerza gobernante busca consolidar su poder eliminando obstáculos y disputas internas. Esto ha colocado a la presidencia en el centro de la toma de decisiones, con el riesgo latente de que a mayor concentración del poder, mayor opacidad y menores contrapesos.

La disputa actual no es solo sobre reformas específicas o alianzas coyunturales: se trata de definir si México avanzará hacia un modelo de pluralismo político, aunque débil, o si regresará a la concentración del poder en una sola figura y partido. La historia muestra que cuando el poder no se autolimita, tiende a caer en excesos.

La reflexión que surge es inevitable: ¿qué dirección tomará el país en este nuevo ciclo político, hacia el fortalecimiento democrático o hacia la repetición de viejos patrones de hegemonía?