A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

“Los hechos necesitan testigos para ser recordados y testigos de confianza para ser establecidos a fin de encontrar un lugar seguro en el dominio de los asuntos humanos.”

Esta reflexión de Hannah Arendt subraya la esencia de la verdad y la integridad en el ejercicio democrático. En el reciente proceso electoral del 2 de junio en Jalisco, la verdad se encuentra en riesgo, como lo demuestran las denuncias de irregularidades planteadas por los candidatos de Morena, Claudia Delgadillo y Chema Martínez.

Las inconsistencias graves, como la falta de actas y documentos adicionales inexplicables, han develado una falta de transparencia que pone en cuestión la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad del proceso electoral. Como un testigo crucial en un juicio, cada elemento del proceso electoral debe ser examinado con rigor y transparencia para preservar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Sin una rendición de cuentas clara y efectiva, corremos el riesgo de que la verdad sea distorsionada y, con ella, el fundamento mismo de nuestra democracia.

Las denuncias presentadas por Delgadillo y Martínez, apoyadas y sostenidas por Eduardo Almaguer, detallan una serie de irregularidades que van desde la falta de actas de escrutinio y cómputo hasta la aparición inexplicable de documentos adicionales. En la bodega del IEPC, de los 59 paquetes esperados solo se encontraron 36, y en un caso particular, 107 actas aparecieron en lugar de una, sugiriendo posibles manipulaciones. Estas anomalías no solo cuestionan la precisión de los resultados, sino que también plantean serias dudas sobre la integridad del proceso.

Por su parte, la presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez Höhne, ha reconocido algunas de estas irregularidades, pero la falta de una explicación clara y detallada no hace más que agravar la situación. En una democracia, la transparencia no es un lujo, sino una necesidad. La falta de claridad en este proceso electoral es como un socavón en la confianza pública: peligroso y difícil de reparar.

En ese orden de ideas me resulta imposible no hablar sobre el reciente socavón en la avenida López Mateos, ya que este es una imagen que resuena con la situación actual. Este incidente no solo expuso fallas en la infraestructura vial y en la gestión de obra pública, sino que sirve también como una metáfora de las grietas en nuestro sistema electoral.

Al igual que el socavón, que puso en riesgo a los conductores, las irregularidades en las elecciones ponen en peligro la legitimidad de nuestros representantes y, en última instancia, la confianza en nuestras instituciones.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos permitirnos seguir adelante sin abordar estas fallas? Ignorar los problemas no los hará desaparecer; al contrario, los agrava. Así como se requieren medidas urgentes para reparar el socavón y evitar futuros incidentes, también es crucial revisar y, si es necesario, anular las elecciones para garantizar un proceso electoral limpio y justo.

La posibilidad de anular las elecciones no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad para reforzar nuestra democracia. Es un llamado a la acción, una invitación a mejorar los procesos y garantizar que cada voto cuente de manera justa. Este paso, aunque drástico, puede ser el cimiento sobre el cual reconstruir la confianza pública y asegurar un futuro más transparente y participativo.

La transparencia y la rendición de cuentas no son meros adornos de un proceso electoral, son los pilares sobre los cuales se construye la confianza pública. Sin estos elementos fundamentales, el riesgo es que el proceso electoral se convierta en un terreno de dudas y sospechas, socavando la legitimidad de los resultados y la fe en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la equidad en su ámbito de competencia.

En este contexto, la anulación de las elecciones se erige como una respuesta necesaria para restaurar la integridad del sistema. Así como un testigo en un juicio debe ser de confianza para que el veredicto sea justo y preciso, las instituciones electorales deben demostrar una transparencia absoluta para que la voluntad del pueblo sea fielmente reflejada y respetada.

Permitir que las irregularidades pasen sin una investigación rigurosa y sin consecuencias puede ser visto como una aceptación tácita de la desconfianza y la opacidad. Ignorar las fallas y dejar que continúen sin corregirse sería equivalente a permitir que una grieta se convierta en un socavón que, eventualmente, podría amenazar la estabilidad de toda la estructura. La verdad y la confianza en la democracia deben ser salvaguardadas con la misma diligencia con la que se repararía una infraestructura dañada: sin demora, con precisión y con el compromiso inquebrantable de corregir los errores.

El proceso electoral es, por su propia naturaleza, un reflejo del contrato social que compartimos. Cada voto representa una expresión de confianza en que el proceso es justo y equitativo. Cuando esa confianza se ve comprometida, como lo está en este caso, es imperativo tomar medidas para restaurarla y reforzar el sistema. La anulación de las elecciones, si se considera necesario, debe ser vista no como un fracaso, sino como una oportunidad para reafirmar el compromiso con una democracia que se basa en la verdad, la justicia y la integridad.

En última instancia, la democracia es un proceso continuo que requiere nuestra vigilancia y compromiso constante. La situación en Jalisco subraya que, para que la democracia prospere, la verdad debe ser no solo recordada, sino también establecida con absoluta confianza. Solo así podremos asegurar que el dominio de los asuntos humanos se mantenga en un lugar seguro, libre de la amenaza de la desconfianza y el engaño.