JALISCO
La sombra de la duda: Entre socavones e impugnaciones
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
“Los hechos necesitan testigos para ser recordados y testigos de confianza para ser establecidos a fin de encontrar un lugar seguro en el dominio de los asuntos humanos.”
Esta reflexión de Hannah Arendt subraya la esencia de la verdad y la integridad en el ejercicio democrático. En el reciente proceso electoral del 2 de junio en Jalisco, la verdad se encuentra en riesgo, como lo demuestran las denuncias de irregularidades planteadas por los candidatos de Morena, Claudia Delgadillo y Chema Martínez.
Las inconsistencias graves, como la falta de actas y documentos adicionales inexplicables, han develado una falta de transparencia que pone en cuestión la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad del proceso electoral. Como un testigo crucial en un juicio, cada elemento del proceso electoral debe ser examinado con rigor y transparencia para preservar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Sin una rendición de cuentas clara y efectiva, corremos el riesgo de que la verdad sea distorsionada y, con ella, el fundamento mismo de nuestra democracia.
Las denuncias presentadas por Delgadillo y Martínez, apoyadas y sostenidas por Eduardo Almaguer, detallan una serie de irregularidades que van desde la falta de actas de escrutinio y cómputo hasta la aparición inexplicable de documentos adicionales. En la bodega del IEPC, de los 59 paquetes esperados solo se encontraron 36, y en un caso particular, 107 actas aparecieron en lugar de una, sugiriendo posibles manipulaciones. Estas anomalías no solo cuestionan la precisión de los resultados, sino que también plantean serias dudas sobre la integridad del proceso.
Por su parte, la presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez Höhne, ha reconocido algunas de estas irregularidades, pero la falta de una explicación clara y detallada no hace más que agravar la situación. En una democracia, la transparencia no es un lujo, sino una necesidad. La falta de claridad en este proceso electoral es como un socavón en la confianza pública: peligroso y difícil de reparar.
En ese orden de ideas me resulta imposible no hablar sobre el reciente socavón en la avenida López Mateos, ya que este es una imagen que resuena con la situación actual. Este incidente no solo expuso fallas en la infraestructura vial y en la gestión de obra pública, sino que sirve también como una metáfora de las grietas en nuestro sistema electoral.
Al igual que el socavón, que puso en riesgo a los conductores, las irregularidades en las elecciones ponen en peligro la legitimidad de nuestros representantes y, en última instancia, la confianza en nuestras instituciones.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos permitirnos seguir adelante sin abordar estas fallas? Ignorar los problemas no los hará desaparecer; al contrario, los agrava. Así como se requieren medidas urgentes para reparar el socavón y evitar futuros incidentes, también es crucial revisar y, si es necesario, anular las elecciones para garantizar un proceso electoral limpio y justo.
La posibilidad de anular las elecciones no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad para reforzar nuestra democracia. Es un llamado a la acción, una invitación a mejorar los procesos y garantizar que cada voto cuente de manera justa. Este paso, aunque drástico, puede ser el cimiento sobre el cual reconstruir la confianza pública y asegurar un futuro más transparente y participativo.
La transparencia y la rendición de cuentas no son meros adornos de un proceso electoral, son los pilares sobre los cuales se construye la confianza pública. Sin estos elementos fundamentales, el riesgo es que el proceso electoral se convierta en un terreno de dudas y sospechas, socavando la legitimidad de los resultados y la fe en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la equidad en su ámbito de competencia.
En este contexto, la anulación de las elecciones se erige como una respuesta necesaria para restaurar la integridad del sistema. Así como un testigo en un juicio debe ser de confianza para que el veredicto sea justo y preciso, las instituciones electorales deben demostrar una transparencia absoluta para que la voluntad del pueblo sea fielmente reflejada y respetada.
Permitir que las irregularidades pasen sin una investigación rigurosa y sin consecuencias puede ser visto como una aceptación tácita de la desconfianza y la opacidad. Ignorar las fallas y dejar que continúen sin corregirse sería equivalente a permitir que una grieta se convierta en un socavón que, eventualmente, podría amenazar la estabilidad de toda la estructura. La verdad y la confianza en la democracia deben ser salvaguardadas con la misma diligencia con la que se repararía una infraestructura dañada: sin demora, con precisión y con el compromiso inquebrantable de corregir los errores.
El proceso electoral es, por su propia naturaleza, un reflejo del contrato social que compartimos. Cada voto representa una expresión de confianza en que el proceso es justo y equitativo. Cuando esa confianza se ve comprometida, como lo está en este caso, es imperativo tomar medidas para restaurarla y reforzar el sistema. La anulación de las elecciones, si se considera necesario, debe ser vista no como un fracaso, sino como una oportunidad para reafirmar el compromiso con una democracia que se basa en la verdad, la justicia y la integridad.
En última instancia, la democracia es un proceso continuo que requiere nuestra vigilancia y compromiso constante. La situación en Jalisco subraya que, para que la democracia prospere, la verdad debe ser no solo recordada, sino también establecida con absoluta confianza. Solo así podremos asegurar que el dominio de los asuntos humanos se mantenga en un lugar seguro, libre de la amenaza de la desconfianza y el engaño.
JALISCO
Tlaquepaque y Gobierno de Jalisco garantizan conectividad gratuita para fortalecer la inclusión digital
– Por Francisco Junco
El acceso a internet dejará de ser un privilegio para convertirse en un derecho en San Pedro Tlaquepaque. Con ese propósito, el Gobierno Municipal y la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (ACAI) del Gobierno de Jalisco firmaron un convenio para fortalecer la cobertura de Red Jalisco, que brinda conectividad gratuita en espacios públicos del municipio.
La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó que este acuerdo representa un paso firme hacia la garantía de los derechos humanos de cuarta generación.
“El impacto del internet en la vida económica, social, cultural, laboral y política es muy palpable; hemos atestiguado revoluciones en diversos países que nacen justamente a partir de la conectividad”, expresó.
Pérez Segura subrayó que el internet es una herramienta básica para la educación y el acceso a la información, y que esta alianza con el Gobierno estatal da continuidad a un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.
En Tlaquepaque existen actualmente 616 puntos de conexión gratuita, distribuidos en escuelas, centros de salud, delegaciones, espacios culturales, turísticos y en la propia Presidencia Municipal.
Por su parte, Juan Pablo Fernández Ramos, director general de la ACAI, señaló que la conectividad debe entenderse como un derecho.
“Red Jalisco es un aliado para que la sociedad esté preparada; que la conectividad sea un derecho, no un privilegio, y que sea una herramienta de cambio y no solo de comunicación”, afirmó.
Fernández Ramos agregó que este convenio representa “un paso firme hacia el futuro digital” y una acción concreta para reducir la brecha tecnológica.
Con la renovación del acuerdo, se busca fortalecer la vinculación institucional, mejorar la atención de reportes y garantizar la continuidad del servicio para que más tlaquepaquenses puedan acceder libremente a internet.
– Por Francisco Junco
En Zapopan se dio un paso hacia la sostenibilidad con la inauguración del Centro de Compostaje El Taray, un espacio pionero en el manejo responsable de residuos orgánicos.
Este sitio procesará hasta 20 mil toneladas de desechos al año, principalmente del rastro municipal, para convertirlos en más de siete mil toneladas de composta que fertilizarán parques, jardines y zonas agrícolas del municipio.
El alcalde Juan José Frangie Saade destacó que este proyecto marca un antes y un después en la gestión ambiental del municipio.
“Este centro nos permitirá producir más de siete mil toneladas de composta al año, lo que reducirá el uso de fertilizantes químicos y generará ahorros de hasta 100 millones de pesos anuales. Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en materia prima para fortalecer nuestro ambiente”, afirmó.
Frangie Saade subrayó que El Taray es el único centro en Jalisco que utiliza residuos de rastro para crear composta, convirtiéndose en un modelo de innovación con impacto local, nacional e internacional.
“En Zapopan trabajamos bajo la lógica del cómo sí. Este proyecto demuestra que con eficiencia y colaboración podemos transformar los retos en soluciones sostenibles”, añadió el presidente municipal.
Por su parte, Alexis Calderón Unda, coordinadora general de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios, explicó que el centro operará bajo cuatro ejes: social, ambiental, económico y académico.
“El Taray es un espacio vivo que transforma los residuos orgánicos en vida. Además de producir composta, será un punto de reforestación, educación y colaboración con universidades y productores”, señaló.
La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez reconoció la visión de futuro del proyecto, mientras que Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora estatal de Gestión del Territorio, reiteró el respaldo del Gobierno de Jalisco.
Ambas coincidieron en que El Taray es ejemplo de economía circular y compromiso ambiental.
“Zapopan está dando pasos firmes hacia el futuro, transformando los residuos en oportunidades”, expresó Hermosillo.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
Tlaquepaque y Gobierno de Jalisco garantizan conectividad gratuita para fortalecer la inclusión digital
Transforman residuos en vida con el nuevo Centro de Compostaje El Taray
Igual que Morena el Partido Verde Ecologista niega militancia de José María “Chema” Tapia
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
