Opinión, por Iván Arrazola //

Una serie de eventos marcarán el inicio y el fin de un sexenio que en materia de combate al crimen organizado ha sido severamente cuestionado. La relación entre las autoridades estadounidenses y el presidente López Obrador ha sido tensa desde el inicio y así finalizará, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en El Paso, Texas y de Joaquín Guzmán López, ha venido a comprobar que pocas cosas han cambiado entre los dos países.

En meses recientes las revelaciones del periodista Tim Golden molestaron a López Obrador, cuando reveló que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en el 2006, el presidente descalificó al periodista y señaló a la DEA sobre por qué esta organización investigaba al presidente de México.

Los informes sobre derechos humanos elaborados por el Departamento de Estado también han sido objeto de críticas por parte del presidente de México, el informe 2024 señala que los problemas más graves con relación a los derechos humanos en México están relacionados con: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ataques contra la libertad de expresión.

Ante lo expresado en el Informe, López Obrador señaló: “Ellos no están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos, ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo”.

Estas expresiones poco han ayudado a tener una relación más estrecha y han sido aprovechadas por López Obrador para reivindicar la soberanía en un tema en el que el gobierno mexicano ha sido evasivo ante una realidad de violencia que azota al país.

A esto se suman las relaciones tirantes con agencias de seguridad como la DEA, que han señalado a López Obrador de no cooperar, por ejemplo, con la entrega de visas para operaciones de agentes de la DEA, o la falta de voluntad en el combate al crimen organizado en México, así como por la presencia de los carteles mexicanos que se ha extendido en todos los estados de la Unión Americana.

Las dos principales capturas de capos que se dieron durante el sexenio no están exentas de críticas, el primer operativo fallido de Ovidio Guzmán y su posterior captura fueron objeto de discusión sobre qué tan permisivo ha sido el gobierno mexicano con este cartel y en el caso de Caro Quintero el tiempo que ha llevado su proceso de extradición que sigue sin concretarse.

En este contexto, la captura o entrega de “El Mayo” Zambada y el hijo de “El Chapo” Guzmán, se vuelven relevantes ya que es un hecho del que el gobierno mexicano nunca tuvo conocimientos sobre estos hechos previamente, en su conferencia mañanera el presidente expresó de manera escueta “Creo que lo capturaron allá, ya sea por un acuerdo o porque lo detuvieron porque contaban con información de que iba a viajar, ya lo conoceremos, es un avance, sin duda”. Lo celebró, en todo caso, como “un avance” en la lucha contra el narcotráfico y en la pelea para reducir el consumo de fentanilo.

Por la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos para el gobierno de Estados Unidos tenía que quedar claro que el gobierno mexicano no tuvo ninguna intervención en la captura de los dos detenidos, con esto el mensaje que se manda es que los Estados Unidos no confían en las autoridades mexicanas y prefieren brincárselas, tampoco creen en López Obrador y en su discurso centrado en que se están atendiendo las causas de “raíz” del problema de la inseguridad.

La molestia para López Obrador se incrementa, tomando en cuenta que ya anteriormente las agencias de seguridad lo habían investigado por supuestos nexos con el crimen organizado, ahora la posibilidad de que los dos detenidos cooperen con el gobierno de Estados Unidos a cambio de la disminución de penas o de convertirlos en testigos protegidos, podría tener un efecto sobre la clase política en todos los niveles de gobierno y sobre las agencias de seguridad mexicanas, por lo que no debería sorprender que en los próximos meses o años surjan acusaciones contra funcionarios de administraciones pasadas y la que está por concluir.

Todo parece apuntar a que la apuesta del gobierno mexicano por tratar de minimizar la realidad de que el crimen organizado acecha a todo el país le empieza a pasar factura, al igual que las tensiones que ha generado con Estados Unidos por la pasividad en el combate a los carteles, la sentencia del Mayo Zambada “si me atrapan o me matan nada cambia”, tiene sentido, mientras el gobierno no combata de manera estratégica y consistente a los carteles, estos seguirán controlando buena parte del país y al mismo tiempo seguiremos siendo el patio trasero de nuestro vecino.