Opinión, por Iván Arrazola //

La crisis política que actualmente vive Venezuela ha desnudado los excesos de un régimen que en aras de promover un modelo de justicia social ha abusado del poder y se ha hecho un traje a la medida para controlar a las instituciones del estado venezolano.

Hoy que en México se habla de realizar un cambio de fondo es necesario analizar la experiencia venezolana para no caer en los excesos de un régimen de tiranía y demagogia como lo es el gobierno de Nicolas Maduro

En el año 2017 Nicolas Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de redactar una nueva constitución. La elección de los miembros de la ANC fue criticada tanto a nivel nacional como internacional, siendo acusada de falta de transparencia y de no representar adecuadamente a todos los sectores de la sociedad, la principal crítica fue la cercanía con el régimen de las personas que conformaron este órgano.

Los efectos de este cambio fueron visibles, en Venezuela a la ANC se le dieron poderes legislativos y constitucionales por encima de la Asamblea Nacional electa, dominada por la oposición, lo que llevó a una concentración del poder en manos del Ejecutivo y de la ANC. Se debilitó la separación de poderes, con un sistema judicial percibido como alineado con el gobierno y la exclusión de la Asamblea Nacional de la toma de decisiones clave, en la crisis postelectoral es claro que el Poder Judicial no es ni imparcial ni confiable.

A partir de la aprobación de la nueva constitución aumentó la persecución contra lideres opositores, incluyendo la suspensión de inmunidad parlamentaria y la encarcelación de algunos lideres opositores, restringiendo la actividad política y manifestaciones de la oposición. Durante la actual crisis que vive Venezuela, el no reconocer los resultados electorales o protestar en las calles puede ser suficiente motivo para ser encarcelado. Para reforzar este control sobre la oposición se han implementado reformas en el sistema judicial que han incrementado el control del Ejecutivo sobre los tribunales. La falta de independencia judicial ha sido un tema recurrente, con denuncias de que el sistema judicial se utiliza para perseguir a opositores políticos y disidentes.

Con las reformas constitucionales se estableció un modelo económico que promueve una mayor intervención del Estado en la economía. La concentración de poder y las políticas económicas centralizadas han exacerbado la crisis económica en Venezuela, con hiperinflación, escasez de bienes básicos y un colapso de los servicios públicos. La inseguridad jurídica y la intervención estatal han desincentivado la inversión extranjera y nacional, agravando la crisis económica.

En el contexto mexicano lo que ocurre en Venezuela debe analizarse con detenimiento, el discurso que promueve el oficialismo y sus aliados ante la inminente aprobación de las reformas constitucionales que promueve López Obrador, parecen evocar los desplantes del dictador Maduro, que reta a sus opositores a golpes y que lo vayan a buscar a la casa oficial de gobierno.

Hoy el villano y el enemigo en México es el Poder Judicial, que según ellos es un poder antidemocrático, tampoco los organismos autónomos tienen razón de ser, representan un gasto que bien podría ser utilizado para otra labor de mayor importancia como las elecciones para elegir a los ministros de la Corte.

Ese discurso excluyente y polarizante es el mismo que utiliza el dictador Maduro para mantenerse en el poder. Es tal la simpatía del gobierno mexicano por este tipo de régimen, que llaman a la no intervención, al respecto a la soberanía del país sudamericano, a respetar los resultados del Consejo Electoral de Venezuela si es que un día decide presentar pruebas del supuesto triunfo, para el gobierno mexicano no es importante que el régimen reprima y encarcele personas que disienten del gobierno de Maduro.

Mas allá de un tema de izquierdas o de derechas, lo que está en juego es la viabilidad de un sistema que respete las reglas, pero sobre todo los derechos de las personas, en un régimen democrático lo mínimo que debe de prevalecer es el respecto a las diferencias y a la pluralidad política, instituciones imparciales que con independencia de quien gobierne hagan respetar la ley, y que no hagan un uso patrimonial del poder político.

México está por entrar a uno de los momentos más complicados de su historia, de concretarse la reforma judicial en los términos en que la ha planteado el gobierno entraríamos a esa zona obscura de concentración de poder con las consecuencias perversas que ya se viven en Venezuela y en otros países del continente como Cuba o Nicaragua. Será importante que esto lo tenga presente la ciudadanía, por muy poderosa y legitima que sea una fuerza política se debe evitar la concentración de poder, de lo contrario se puede abusar y pretender perpetuarse como ya ocurre en Venezuela.