Opinión, por Iván Arrazola //

Mucho se ha debatido sobre la permanencia de los órganos autónomos, una cuestión que se ha convertido en una obsesión del actual gobierno, cuya principal intención es desaparecerlos bajo el argumento de que representan un gasto oneroso y no han sido eficaces en sus funciones. Quienes esperaban que con el cambio de mando en la presidencia de la República habría un cambio de visión en estos temas, parecen haberse equivocado.

La científica, académica, virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, piensa exactamente igual que la cabeza del movimiento de la Cuarta Transformación, López Obrador, dice Sheinbaum sobre el tema del INAI, “Tendría que verlo el congreso, si se hace también una serie de foros en particular para este tema; (pero) lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo y acostumbro decir lo que pienso: el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”.

Según esta concepción del oficialismo, lo esencial no son las instituciones, sino las personas y sus «buenas» intenciones; si se actúa en favor del pueblo, siempre se actuará correctamente. Desde esta perspectiva, se cree que las buenas personas son más poderosas que las leyes y las instituciones. Sin embargo, el problema con esta visión voluntarista es que los seres humanos, por su propia naturaleza, tienden a la parcialidad, de ahí la necesidad de contar con controles independientes.

La lucha por el derecho a la transparencia y la protección de los datos personales es relativamente reciente. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio lugar al IFAI, una institución autónoma encargada de garantizar el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades federales. En 2014, con la reforma constitucional en materia de transparencia, el IFAI se transformó en el INAI, ampliando su competencia para incluir no solo el acceso a la información, sino también la protección de los datos personales en manos de entidades públicas y privadas.

Sin duda, este fue un gran avance para el país, considerando la opacidad en la que muchas instituciones públicas operaban. Gracias a esta ley, se revelaron muchos de los excesos de la clase política y se logró un mayor control sobre cómo se gasta el presupuesto y en qué se emplea.

Hoy, parece que estamos regresando a una situación similar a la vivida hace 40 años, cuando ni la democracia ni la transparencia eran una realidad en México. Para la ciudadanía, es un misterio el costo de la refinería de Dos Bocas, y tampoco se conoce en detalle cómo se manejan las finanzas de grandes proyectos sexenales como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Lo que debería ser una obligación del gobierno, la transparencia de la información, se presenta en la narrativa oficial como un lujo, un exceso, algo innecesario. Al final, se nos pide confiar en un gobierno de personas «honestas», que, al actuar en favor del bien, siempre actuarán correctamente.

Otro tema preocupante son las revelaciones que el presidente de la república ha hecho en sus conferencias matutinas, donde ha divulgado información personal de periodistas, uno de los sectores más vulnerables en el país. Revelar el número telefónico de una periodista del New York Times o los ingresos personales del periodista Carlos Loret de Mola le parece normal al presidente, bajo el argumento de que tiene derecho a defenderse, aunque esto implique violar la ley.

El presidente sostiene que el INAI debe desaparecer porque no ha ayudado a combatir la corrupción, calificando a su personal como parte de una «burocracia dorada» y producto de la lógica neoliberal. Por ello, en su propuesta de reforma constitucional, sugiere que las funciones del INAI sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, lo que convertiría al gobierno en juez y parte. Si se solicita información, sería el propio gobierno quien decida si la transparencia es adecuada o no.

La obsesión por eliminar estos órganos autónomos obedece a una razón fundamental: lograr un control total sobre el poder y evitar rendir cuentas. Que nadie pueda hacer observaciones o cuestionamientos; que sea el gobierno quien decida si las personas pueden ejercer sus derechos o no. Estos molestos contrapesos deben ser eliminados para un movimiento que se considera democrático, porque según ellos, el gobierno es la voz del pueblo y, por lo tanto, saben lo que le conviene al pueblo.

Al final, saben que cualquier corruptela será más fácil de llevar a cabo sin organismos autónomos. Si una persona quiere saber si hay medicinas en su clínica o cuánto gasta el gobierno en determinado rubro, dependerá de la voluntad del gobierno decidir si proporciona o no la información.