Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Tuve una razón sencilla para no votar en la elección del Poder Judicial. No había un espacio en la boleta para el desacuerdo y yo no he estado de acuerdo con que los jueces, magistrados y ministros, así como la inquisición que habrá de juzgarlos, sean sujetos de elección popular. Además, no era un mandato del pueblo que hubiera sido conferido por el voto que llevó al poder a dos presidentes.

No existió en la campaña política de Andrés Manuel López Obrador, o en los postulados de su partido, una propuesta en tal sentido, como tampoco la hubo en la de Claudia Sheinbaum, antes al contrario, en el discurso inaugural de su administración López Obrador manifestó un total respeto al Poder Judicial, a la división de poderes, y fue la deriva mesiánica del ejercicio del poder lo que lo llevó a eliminar, por capricho, los contrapesos institucionales y finalmente, la estructura judicial que trató de impedir el abuso del poder, lo que no logró, por lo visto en el atropello ecológico del Tren Maya y en tantas otros, ilegales e improvisados proyectos, que contravenían disposiciones constitucionales.

El hecho fue que el demócrata candidato se volvió un presidente autoritario y caprichoso, que un día pregonaba las bondades de la democracia participativa, del plebiscito, la consulta popular, y otro gobernaba a impulsos de su mesiánica voluntad.

Hubo consulta popular para cancelar un proyecto cervecero, otra para consultar si sometía a juicio a los expresidentes y hasta se hizo un proceso de revocación de mandato, pero la renovación del Poder Judicial no mereció tal consideración. Como en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, muchas voces advirtieron de lo perjudicial de llevar a elección popular a los juzgadores sin que fueran escuchadas.

La obsequiosa corte en que se ha convertido el Poder Legislativo, sin análisis, aprobó la iniciativa presidencial ya en tiempos de la continuidad, como a él le gustaba, sin cambiarle una coma, y el discurso se engoló diciendo que así había sido la voluntad popular.

Todo esto ya fue comentado y por ello vuelvo al inicio: no fui a votar porque el régimen ya no dio opción para el disenso; había que votar porque así se impuso en una legislación hecha a capricho y con premura. Había que votar porque la presencia en las urnas haría realidad la falaz versión de que el pueblo quería que sus jueces fueran electos; había que votar para legitimar con los votos lo que impusieron por capricho vindicativo. Había que votar porque así convenía al gobierno, no al ciudadano.

Hay que anotar marginalmente que al gobierno le faltó congruencia, pues necesitado como estaba de una legitimación del absurdo, regateó recursos y el apéndice gubernamental en que se ha convertido el INE tuvo que instalar menos casillas y con ello dificultar la asistencia de ciudadanos a las urnas. Si querían votos la jugada era al revés.

Adicionalmente y con mucho sarcasmo, diré que no fui a votar porque no tuve un “acordeón” de esos que anduvo repartiendo el oficialismo y sus adláteres para inducir el voto hacia sus aspirantes a juzgadores. Sarcasmos aparte, debo señalar que es clara la intención del régimen y su partido de conformar el poder judicial con juzgadores a modo, haciendo nugatoria la división de poderes y esa es otra razón por la que no fui a votar.

Citando a Montesquieu: “Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder detenga al poder”. Eso ya no será posible en este país y eso no lo puedo evitar con mi voto en esta simulación; me lo reservo para la elección constitucional de renovación de poder ejecutivo.

No fui a votar porque el diseño del golpe para apropiarse del Estado ya está consumado y esta elección legitima la estructura espuria con división de poderes en la letra y concentración de poder de facto.

No fui a votar porque elegir a jueces y magistrados especializados por materia, en una elección donde no es posible conocer sus hojas de vida, es una estupidez, porque en el proceso de selección de aspirantes la transparencia brilló por su ausencia. El insistente llamado a votar a ciegas lo considero un insulto a mi potestad personal de voto consciente e informado.

La irresponsabilidad de promover este ejercicio “democrático” desentendiéndose de las repercusiones, tendrá consecuencias inmediatas, particularmente si el resultado arroja como presidente de la Suprema Corte a una militante, activista de Morena que ha sido recusada tres veces por falta de imparcialidad. Un Poder Judicial de consigna, ideologizado, cooptado por el Poder Ejecutivo no puede ser considerado factor de legalidad y garante del Estado de derecho.

Por esto y más, no fui a votar.

Opinión, por Gerardo Rico //

“Solo el pueblo podrá salvar al pueblo”, afirmaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 durante la presentación de su paquete de reformas -a unos meses de dejar el poder- en donde anunciaba que buscaría que jueces, magistrados y ministros fueran electos por la ciudadanía y no propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.

Luego de que le fueron bloqueadas diferentes propuestas de reformas por la SCJN, como el Plan A, que buscaba transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México; el Plan B luego de descarrilar el A y en el que pretendía impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha; Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales, seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica, entre otras.

Propuso 20 puntos: eliminar organismos autónomos, convertir a la austeridad republicana en política de Estado, evitar la corrupción de la Guardia Nacional y elegir jueces y magistrados del Poder Judicial por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo. Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales.

No hay que perder de vista que para el domingo 1 de junio, Morena dio uno de los pasos más importantes en la consolidación de su poder, con la elección de más de 2 mil 680 magistrados, ministros y jueces a nivel nacional, de los cuales 74 cargos corresponden a Jalisco.

A partir del 2018 Morena ha logrado todo: dos presidencias consecutivas, supermayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados y más de 25 gubernaturas, sin contar la mayoría en 27 legislaturas locales y con un sin número de regidurías en todo el país.

Originó una maltrecha oposición que se aferra a la supervivencia política y que hasta el momento no tiene argumentos para frenar en seco el poder acumulado por Morena. Si bien se tenía un Poder Judicial plagado de corrupción y anomalías que servía a la élites del país muchos analistas jurídicos y políticos prevén que los candidatos afines a Morena dominen las elecciones, ocupando magistraturas desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte y otorgando al partido el control efectivo del tercer poder del Estado.

NUESTRA REALIDAD

Aquí vienen los peros: independientemente de quienes sean elegidos y de los números que se darán a conocer en los próximos días, lo que está en juego -como en cualquier democracia- es la legitimidad con la que llegarán quienes resulten elegidos. En cualquier sistema democrático se marca la diferencia entre ser el más votado o el menos votado y es de tomarse en cuenta el porcentaje de abstencionismo.

¿Cuál será la imagen de un Poder Judicial votado con un bajo porcentaje del padrón electoral? Cuando se ha calculado —salvo los números que nos den a conocer— que acudieron menos del 20% del padrón electoral, que es de 101 millones 539, mil 216 de acuerdo a cifras actualizadas del INE. ¿Cuál será la percepción de jueces electos con un mínimo de votos y relacionados con partidos políticos?

La reforma al Poder Judicial no incluye cambios en fiscalías, ministerios públicos, sistemas penitenciarios ni servicios forenses. La crisis judicial, según expertos, va más allá de jueces y magistrados, y la elección ciudadana no alterará las estructuras operativas.

Lo que sí veremos -coincidieron- es el empoderamiento de nuevos personajes que relegarán a quienes a lo largo de muchos años acumularon experiencia en la operatividad y funcionalidad de juzgados y en las estructuras judiciales. También esperan una lluvia de amparos, demandas laborales e indemnizaciones millonarias de quienes no sean ratificados en sus puestos.

Candidatos al Poder Judicial con antecedentes penales, nexos con narcotraficantes o violaciones a derechos humanos, defendidos por figuras de Morena, evidencian que la reforma permite acceder a cargos por relaciones políticas, no por méritos.

Las campañas de candidatos al Poder Judicial concluyeron entre acarreos clientelares, acordeones para inducir el voto, actos proselitistas y la clara intromisión de partidos políticos. La participación corporativa de sindicatos como el SNTE y la utilización de redes sociales, que se convirtieron en el medio de comunicación más solicitado por los aspirantes.

Morena echará toda la carne al asador para consolidar su poder. Aquí ya no se cumplieron las máximas del ex Presidente López Obrado: “evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales” y esa de “solo el pueblo podrá salvar al pueblo”.

¿Qué legitimidad tendrá un Poder Judicial elegido con menos del 20% del padrón electoral (101,539,216, según INE)? ¿Cómo se percibirá a jueces electos con pocos votos y vinculados a partidos políticos?

Opinión, por Iván Arrazola //

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma constitucional el 5 de febrero de 2024 —conocida como el “Plan C”—, pocos imaginaron la rapidez con la que avanzaría el proceso. Lo que parecía una propuesta lejana o inalcanzable se volvió realidad en cuestión de meses. No obstante, el camino ha estado marcado por controversias, particularmente en torno a la pregunta central: ¿debía o no participar la ciudadanía en la elección del Poder Judicial?

Aunque la elección popular de miembros del Poder Judicial la puso sobre la mesa el partido gobernante, hubo un cambio sustancial con respecto a otros procesos electorales impulsados por el oficialismo.

A diferencia de la consulta popular y la revocación de mandato —cuyos resultados no fueron vinculantes por no alcanzar el umbral mínimo de participación—, en esta elección judicial, las consecuencias serán efectivas sin importar el porcentaje de participación. Esto implica una transformación profunda en el diseño del equilibrio entre los poderes de la Unión.

En este contexto, surgieron argumentos diversos sobre si acudir a votar o abstenerse. Uno de los aspectos más debatidos fue el uso de los llamados acordeones, materiales distribuidos para guiar el voto ciudadano.

Mientras algunos los defendieron como herramientas útiles en una elección compleja, otros los consideraron mecanismos de inducción del voto, en un proceso en el que era prácticamente imposible conocer en profundidad a los cientos de candidatos registrados.

El debate se intensificó cuando se acusó al oficialismo de haber distribuido los «acordeones» para favorecer a perfiles afines, sin que el INE pudiera frenar su circulación a pesar de las exigencias de todas las fuerzas políticas, incluida la presidenta. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el origen de los materiales y es poco probable que se impongan sanciones.

A lo anterior se suma el diseño de las boletas, que rompió con la tradición electoral mexicana. Acostumbrados a identificar fácilmente a los candidatos mediante los logotipos de los partidos, los votantes se enfrentaron a listas extensas de nombres desconocidos, sin referentes claros ni partidos políticos como guía.

Otro punto que generó preocupación fueron los perfiles de los aspirantes. Diversas organizaciones civiles, así como figuras políticas como la presidenta y el senador Gerardo Fernández Noroña, exigieron al INE retirar candidaturas vinculadas con la defensa legal de criminales o con cultos religiosos.

Estas demandas evidenciaron deficiencias en el proceso de selección por parte de los comités evaluadores, quienes, ante el abrumador número de aspirantes, no pudieron analizar a fondo todos los perfiles.

Este cúmulo de señalamientos generó más dudas que certezas sobre la legitimidad del proceso. El INE, además, organizó esta elección en condiciones adversas, con menos recursos y sin los medios adecuados para garantizar una elección informada y equitativa.

Desde el oficialismo, se defendió la participación ciudadana con el argumento de que ahora “el pueblo” elige a los ministros, en lugar del Senado con la presidenta. Por su parte, otras voces afirmaron que, a pesar de las irregularidades, era fundamental ejercer el derecho al voto. La analista Viridiana Ríos, con base en una revisión de 117 perfiles, señaló que el 55 % de los candidatos no presentaban vínculos directos con Morena.

Las voces más críticas denunciaron la elección como una simulación. Argumentaron que el resultado era previsible desde el inicio y que los nuevos miembros, una vez electos, estarían sujetos al control político de quienes promovieron su postulación.

Lo cierto es que este proceso privó a la ciudadanía de un verdadero ejercicio democrático. La mayoría de las personas que acudieron a las urnas el pasado domingo lo hicieron con escasa información, a pesar de la existencia de plataformas que ofrecían datos sobre los candidatos.

Dicha información, no obstante, resultó superficial. No hubo debates públicos ni condiciones para que las y los aspirantes realizaran campañas efectivas. La discusión pública se redujo a una dicotomía: votar o no votar. Mientras tanto, el oficialismo se concentró más en movilizar estructuras que en promover un proceso participativo y transparente.

La oposición, por su parte, dejó mucho que desear. No solo se desentendió del proceso, sino que también abandonó a la ciudadanía sin estrategias claras. Ante un modelo tan cuestionado, lo mínimo que se esperaba era un respaldo a los perfiles más independientes.

El 2 de junio marcará un antes y un después para México. El equilibrio de poderes se ha modificado, y con ello, aumentan las incertidumbres sobre el ejercicio del poder político. Esta elección debe servir como un llamado de atención: la democracia no se puede debilitar.

Es imprescindible garantizar procesos legítimos, transparentes e informados. Esto implica dotar de los recursos suficientes a las autoridades electorales, fomentar el debate público, y asegurar que las y los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su voto de manera consciente y libre.