Connect with us

MUNDO

Golpes de Estado en América Latina: Intervención extranjera y lucha por los recursos naturales

Publicado

el

Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, gas natural, oro y otros minerales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. Desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, su gobierno ha enfrentado múltiples intentos de desestabilización, incluyendo el golpe de estado de 2002 y diversas estrategias de lawfare en años posteriores.

Golpe de Estado de 2002: El 11 de abril de 2002, un golpe de estado intentó derrocar a Chávez, quien fue temporalmente removido del poder. El golpe, apoyado por sectores empresariales y militares, contó con la aprobación tácita de Estados Unidos. Sin embargo, Chávez fue reinstalado en el poder dos días después gracias a la movilización popular y la lealtad de sectores militares.

Estrategias de Lawfare: En años recientes, la oposición venezolana y actores internacionales han utilizado el lawfare para deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. Sanciones económicas, reconocimiento de líderes opositores y la manipulación de instituciones judiciales han sido parte de estas estrategias.

Bolivia: La lucha por el litio

Bolivia, con una de las mayores reservas de litio del mundo, ha sido escenario de intervenciones extranjeras centradas en este recurso estratégico. El golpe de estado de 2019 que derrocó a Evo Morales es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden desestabilizar un país.

Golpe de Estado de 2019: En noviembre de 2019, Evo Morales fue forzado a renunciar bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, tras acusaciones de fraude electoral en los comicios de octubre. La oposición, apoyada por Estados Unidos y sectores empresariales, vio en Morales una amenaza para los intereses económicos ligados al litio. Su renuncia llevó a la instalación de un gobierno interino que revirtió muchas de las políticas nacionalistas de Morales.

Honduras: La puerta de entrada

El golpe de estado en Honduras en 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya es otro ejemplo de la intervención estadounidense en la región. Zelaya había iniciado políticas que favorecían la integración regional y la redistribución de recursos, chocando con los intereses de las élites locales y las corporaciones transnacionales.

Golpe de Estado de 2009: El 28 de junio de 2009, Zelaya fue arrestado por militares y enviado a Costa Rica. El golpe fue justificado por la Corte Suprema y el Congreso hondureño, pero las circunstancias sugieren la influencia de Estados Unidos, preocupado por las políticas de Zelaya y su acercamiento a Venezuela y ALBA.

Ecuador: La amenaza del lawfare

Ecuador ha sido víctima de estrategias de lawfare que han buscado deslegitimar y eliminar a líderes progresistas. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, implementó políticas de redistribución de la riqueza y la nacionalización de recursos naturales, generando tensiones con intereses extranjeros.

Lawfare contra Rafael Correa: Tras dejar el poder, Correa ha enfrentado múltiples acusaciones judiciales, que muchos consideran una estrategia para impedir su retorno a la política. Estas acusaciones, apoyadas por sectores conservadores y transnacionales, han debilitado la influencia del movimiento político de Correa en el país.

Argentina: Intervenciones judiciales

Argentina ha visto una serie de acusaciones judiciales contra líderes progresistas, utilizando el lawfare para desestabilizar sus gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a puestos de elección popular tras ser juzgada por corrupción en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.

Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra Fernández de Kirchner han sido vistas como una forma de debilitar su influencia política. Estas acciones han sido respaldadas por sectores empresariales y mediáticos, alineados con intereses transnacionales.

Brasil: El caso paradigmático

Brasil ha experimentado uno de los casos más notorios de lawfare en la región, con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes del Partido de los Trabajadores (PT) implementaron políticas que desafiaban los intereses económicos de las élites y corporaciones transnacionales.

Destitución de Dilma Rousseff: En 2016, Rousseff fue destituida de la presidencia a través de un impeachment que muchos consideraron un golpe de estado parlamentario. Las acusaciones de manipulación presupuestaria fueron vistas como un pretexto para removerla del poder y revertir las políticas del PT.

Encarnizamiento contra Lula: Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, fue encarcelado en 2018 bajo acusaciones de corrupción. Su encarcelamiento impidió su participación en las elecciones de 2018, allanando el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. Posteriormente, se revelaron irregularidades en el juicio contra Lula, sugiriendo una conspiración para evitar su retorno al poder.

Lula da Silva, quien pasó 580 días preso acusado de corrupción, al final, la condena fue anulada por fallas procesales.

Las riquezas naturales de Venezuela: Un botín codiciado

Venezuela, con sus vastas reservas de recursos naturales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. La riqueza del país en petróleo, gas natural, minerales y biodiversidad ha atraído la atención de potencias extranjeras y corporaciones transnacionales.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303 mil millones de barriles. Además, cuenta con vastas reservas de gas natural, estimadas en 197 billones de pies cúbicos. Estos recursos han sido el eje de la economía venezolana y el principal punto de interés para intervenciones extranjeras.

Minerales estratégicos

El país también es rico en minerales estratégicos, como el oro, bauxita, hierro y coltán. La región del Arco Minero del Orinoco, que abarca el 12% del territorio nacional, contiene enormes depósitos de estos minerales. La explotación de estos recursos ha sido un punto de conflicto, con el gobierno venezolano implementando políticas de nacionalización que han chocado con los intereses de corporaciones transnacionales.

Biodiversidad y recursos hídricos

Venezuela es uno de los países más biodiversos del mundo, con vastas selvas tropicales, una rica flora y fauna, y abundantes recursos hídricos. Esta biodiversidad es crucial para industrias como la farmacéutica y la biotecnológica, y su protección y explotación han sido temas centrales en la política interna y externa del país.

Los golpes de estado y las estrategias de lawfare han tenido profundas repercusiones en la estabilidad política, la economía y el bienestar social de los países afectados. La explotación intensiva de recursos naturales por corporaciones transnacionales ha generado consecuencias económicas, políticas, sociales y medioambientales significativas.

Consecuencias económicas

Las intervenciones para controlar los recursos naturales han tenido implicaciones económicas significativas. Si bien las élites locales y las corporaciones transnacionales han obtenido beneficios, las poblaciones locales a menudo han sido excluidas de los frutos del desarrollo. La explotación de recursos sin una distribución equitativa de la riqueza ha perpetuado la pobreza y la desigualdad.

La intervención extranjera y los golpes de estado han llevado a una desestabilización política prolongada, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y socavando la soberanía nacional. La interferencia externa ha exacerbado las divisiones internas, creando un ciclo de inestabilidad que dificulta el desarrollo sostenible.

Consecuencias sociales

Las comunidades locales a menudo son las más afectadas por la explotación de recursos naturales. La desposesión de tierras, la contaminación ambiental y la falta de acceso a los beneficios económicos han generado tensiones sociales y conflictos. Las políticas neoliberales impulsadas por gobiernos instalados tras golpes de estado han exacerbado la desigualdad y la exclusión social.

La explotación intensiva de recursos naturales ha tenido efectos devastadores en el medio ambiente. La deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad son algunas de las consecuencias más graves. En países como Venezuela, donde la biodiversidad es extremadamente rica, la explotación irresponsable puede tener repercusiones globales.

Frente a las intervenciones extranjeras y la explotación de recursos naturales, los países de América Latina deben desarrollar estrategias que promuevan la soberanía, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Fortalecimiento de instituciones democráticas

Es crucial fortalecer las instituciones democráticas para resistir las intervenciones extranjeras y los golpes de estado. La independencia judicial, la transparencia y la participación ciudadana son elementos clave para garantizar la estabilidad política y la soberanía nacional.

Implementar políticas de redistribución de la riqueza es fundamental para asegurar que los beneficios de la explotación de recursos naturales lleguen a las comunidades locales. La inversión en educación, salud e infraestructura puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad.

Desarrollar políticas de protección ambiental es esencial para mitigar los impactos negativos de la explotación de recursos naturales. La regulación estricta, la vigilancia ambiental y la promoción de prácticas sostenibles son cruciales para preservar la biodiversidad y los recursos naturales a largo plazo.

La cooperación regional puede fortalecer la posición de los países latinoamericanos frente a las intervenciones extranjeras. Iniciativas como ALBA y UNASUR han demostrado el potencial de la integración regional para promover la soberanía y el desarrollo sostenible.

Diversificación económica

Diversificar la economía más allá de la dependencia de recursos naturales es vital para asegurar el desarrollo sostenible. Invertir en sectores como la tecnología, el turismo sostenible y la agricultura puede crear nuevas oportunidades económicas y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de los commodities.

Los golpes de estado y las estrategias de lawfare en América Latina han sido herramientas de intervención extranjera para controlar los recursos naturales de la región. Los casos de Venezuela, Bolivia, Perú, Honduras, Ecuador, Argentina y Brasil ilustran cómo estas intervenciones han desestabilizado gobiernos, perpetuado la pobreza y la desigualdad, y causado daños ambientales significativos. Frente a estos desafíos, es crucial que los países de la región fortalezcan sus instituciones democráticas, promuevan políticas de redistribución de la riqueza, protejan el medio ambiente y busquen la cooperación regional, consolidando un gran bloque que fortalezca la legalidad, la democracia, y asegurar un desarrollo sostenible y soberano.

Continuar Leyendo
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

MUNDO

Semana histórica en México y en el mundo

Publicado

el

Opinión, por Miguel Anaya //

El mundo es una tragedia para aquellos que sienten, pero una comedia para aquellos que piensan”, Horace Walpole.

Tal vez la velocidad del día a día no nos da para poner en su justa dimensión la semana histórica que acabamos de vivir, tanto en México como en el mundo han acontecido una serie de hechos que de una u otra manera cambiarán al mundo.

En el plano internacional dos sucesos llamaron la atención iniciando con el primer el debate presidencial estadounidense (que seguramente será el único) entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris que arrojó un resultado positivo para esta última, dejando ver que la nación más poderosa del mundo podría tener a su primera mujer presidenta.

Estados Unidos se enfrentará en tan solo mes y medio a una elección importantísima en la que se define volver a la política proteccionista y conservadora de Trump o mantener la política social y globalista que representan los demócratas. El debate posicionó muy bien a Harris que comenzó una campaña cuesta arriba después del pobre desempeño como candidato del presidente Biden. Hoy, las alarmas en el equipo de Trump suenan fuerte pues parece que Kamala le está comiendo el mandado y como dice el viejo refrán: Caballo que alcanza gana.

Mientras Estados Unidos sigue sumergido en su proceso electoral, las tensiones en Europa del Este siguen escalando, tan es así que hace unos días el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que si Occidente autoriza a Ucrania a emplear su armamento de largo alcance contra el territorio de Rusia esto significaría la guerra con la OTAN, esta amenaza no debe tomarse como algo menor.

Si escala la tensión en Europa, esto significaría involucrar de manera directa a los países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. y consecuentemente China, Corea y hasta los países árabes tendrían que tomar partido, esto supondría un conflicto internacional de terribles proporciones por lo que habrá que estar atentos al tema.

Aterrizando en México, habrá que lamentar los tristes sucesos de Sinaloa donde, a partir de la detención de uno de los líderes importantes de la mafia, se han desatado disputas que han durado días en el estado norteño, en la mismas han muerto civiles, soldados y delincuentes. La acción de las autoridades deja mucho que desear pues la escalada de violencia ha causado daño en la infraestructura, en la economía y por supuesto en el modo de vida de la sociedad sinaloense.

Por si esto fuera poco, la reciente aprobación de la reforma judicial ha conmocionado al país, pues además del contenido de la misma que preocupa a parte de la población y a los entes económicos locales e internacionales, la forma de llevarla a cabo ha levantado más dudas que certezas, pues la aprobación “fast track” ha impedido una discusión profunda del tema y ha evitado que expertos puedan dar su manita de gato a la misma.

El voto decisivo vino de los Yunes, políticos veracruzanos que anteriormente fueron señalados por hechos de corrupción por la actual administración y que hoy para un sector importante de mexicanos representan la imagen de la traición y el descaro; para otros representaron el fiel de la balanza que redimió lo mandado por el pueblo. La batalla discursiva e ideológica le pega al peso y a la inflación que comienzan a tambalear la estabilidad económica del país.

Al final, en el tema del análisis político los sucesos pueden representar una comedia o una tragedia según el cristal con que se miren. Pero más allá de admirar la puesta en escena, no se puede ser omiso ante los acontecimientos que dan rumbo a la realidad, es necesario ser parte del reparto y participar de los hechos que están modificando de la realidad actual, porque nos guste o no habrá que recordar que tanto la acción como la omisión tienen su repercusión.

 

Continuar Leyendo

MUNDO

El poder de las redes: Revolución digital, la nueva arma política

Publicado

el

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La historia de la humanidad ha sido escrita a través de la comunicación. Desde los primeros garabatos en las cuevas hasta las imprentas de Gutenberg, la evolución de la comunicación ha sido un catalizador de cambios sociales, culturales y políticos. Cada vez que la tecnología ha ampliado nuestra capacidad para intercambiar información, hemos presenciado una transformación significativa en las dinámicas de poder.

Los primeros pergaminos del conocimiento, restringidos a las élites intelectuales, dieron paso a la imprenta, que democratizó el acceso a las ideas y fue la chispa que encendió revoluciones. Hoy, en plena era digital, la comunicación ha dejado de ser una herramienta exclusiva de las élites para convertirse en un arma poderosa en manos de cualquier individuo con un teléfono inteligente. Pero, al igual que cualquier arma, su uso puede ser tanto constructivo como destructivo, y en México, ha reconfigurado la forma en que se toman las decisiones políticas.

Las redes sociales se han erigido como la nueva plaza pública, donde ciudadanos, activistas y políticos convergen en un incesante intercambio de ideas, propuestas y, en muchas ocasiones, desinformación. La idea romántica de una conversación pública abierta y democrática, que originalmente impulsaba la internet, ha sido parcialmente distorsionada.

Aunque las plataformas digitales han permitido que más voces se expresen, también han introducido una nueva clase de monopolio: el de los algoritmos que dictan qué mensajes son visibles y cuáles son ignorados.

La política en México no ha quedado al margen de esta revolución comunicativa. De hecho, ha sido profundamente impactada por la inmediatez y accesibilidad de las redes sociales. Hoy, un «like» o un retuit puede tener más peso en la toma de decisiones que una encuesta de opinión o un estudio técnico. Los políticos, conscientes del poder que tienen las redes para modelar la opinión pública, han ajustado sus estrategias para gobernar en función de la popularidad digital.

En este contexto, la figura del político tradicional, con discursos largos y decisiones basadas en deliberaciones profundas, ha sido reemplazada por la del político-influencer, cuya prioridad no siempre es el análisis técnico de los problemas, sino la construcción de una imagen atractiva.

Esta tendencia es análoga a la forma en que los antiguos emperadores romanos ofrecían pan y circo para distraer al pueblo de los problemas estructurales del Imperio. Hoy, el «circo» está en los videos virales, los memes y las respuestas rápidas a las crisis que explotan en las plataformas digitales. El problema radica en que esta política basada en el «engagement» puede ser volátil y poco efectiva para resolver los problemas de fondo.

El acceso a la información se ha democratizado, pero con ello también ha nacido un fenómeno inquietante: la cámara de eco. Los algoritmos en redes sociales, diseñados para maximizar la atención del usuario, refuerzan los sesgos y rodean a las personas de contenido que confirma sus creencias. Esto ha fragmentado la opinión pública en burbujas, donde la verdad se distorsiona y la polarización se agudiza. En México, esto ha generado una atmósfera donde el diálogo político real, basado en la confrontación de ideas y en la búsqueda de soluciones comunes, se ve reemplazado por confrontaciones entre «tribus» digitales.

La dinámica de las redes sociales ha polarizado la política mexicana, haciendo que las decisiones se tomen más por presión popular inmediata que por análisis técnicos o consensos a largo plazo, esto a tal grado que los debates no se limiten a las cámaras legislativas, sino que se libran también en Twitter y Facebook, donde la presión de los trending topics y las narrativas virales obligan a los políticos a adaptar sus discursos en tiempo real. Como gladiadores modernos en la arena digital, los líderes deben ajustar sus estrategias para mantener el favor del público, aunque esto signifique sacrificar la profundidad de sus decisiones.

El populismo ha encontrado terreno fértil en la era de la comunicación digital. Las redes sociales permiten a los líderes populistas construir narrativas simplistas y emocionales que se propagan como un incendio forestal. Los problemas complejos se reducen a eslóganes, y las soluciones a cuestiones profundas se venden como si fueran productos de consumo inmediato. En México, el discurso populista ha capitalizado la inmediatez de las plataformas digitales, permitiendo que los líderes tomen decisiones más reactivas que estratégicas.

Este fenómeno recuerda a los vendedores ambulantes de la antigua Grecia, quienes ofrecían remedios milagrosos para cualquier mal. En el espacio digital, el remedio milagroso viene en forma de una política rápida, diseñada más para satisfacer la demanda inmediata de los usuarios que para abordar los problemas estructurales de fondo. Las decisiones impulsadas por el populismo digital pueden ser eficaces a corto plazo, pero a menudo carecen de la sustentabilidad que requiere un cambio profundo.

Aunque la comunicación se ha democratizado, es importante recordar que ahora nuevos actores controlan el flujo de información. Plataformas como Facebook, Twitter y Google tienen un poder inmenso sobre qué contenido llega a los usuarios y cómo se organiza el debate público. Este nuevo monopolio digital no es necesariamente más transparente que los viejos monopolios mediáticos. De hecho, su influencia puede ser incluso más sutil y difícil de contrarrestar, ya que los algoritmos detrás de las plataformas son opacos y su funcionamiento está lejos del escrutinio público.

La comunicación es y ha sido siempre un arma poderosa. Hoy, más que nunca, las decisiones políticas en México están moldeadas por la forma en que se intercambia la información en la arena digital. Si bien la democratización de la comunicación ha permitido la aparición de nuevas voces, también ha traído consigo nuevos desafíos. La política ha sido transformada por las dinámicas de las redes sociales, y con ello, las decisiones se han vuelto más reactivas, polarizadas y, en muchos casos, superficiales.

Es responsabilidad tanto de los ciudadanos como de los líderes políticos aprender a navegar este nuevo ecosistema de información con sabiduría y cautela, buscando siempre el equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Solo así podremos asegurarnos de que la política siga siendo una herramienta de cambio verdadero, y no solo un espectáculo efímero para la aprobación instantánea del público digital.

Continuar Leyendo

MUNDO

¿Política pública o eslogan de campaña? «El marketing en la transparencia»

Publicado

el

Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //

El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.

En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.

Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.

Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.

Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.

Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.

Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.

Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.

Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.

Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.

Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.

Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.

En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.

En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.

Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.

La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.

Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…

Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza

Mercadólogo y analista político

@averduzcom

Continuar Leyendo

Tendencias

Copyright © 2020 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.