Opinión, por Iván Arrazola //

Con la calificación de la elección presidencial por parte TEPJF está por concluir la etapa sustantiva del proceso electoral 2023-2024. El Tribunal revisa que las elecciones se lleven a cabo conforme a la ley y las impugnaciones que presenten los partidos políticos deben analizarse a fondo, esto incluye la revisión de temas como el financiamiento de las campañas, el uso de recursos públicos, la propaganda electoral, y la transparencia del proceso.

Todo este proceso se debe desarrollar dentro de un escenario de normalidad democrática en el que los miembros del Tribunal toman decisiones apegándose a la ley y libres de presiones políticas.

Es posible que este sea el último proceso que se desarrolle en condiciones relativamente democráticas; los cambios que están por darse en el país parecen orientarlos en una dirección en la cual las instituciones perderán autonomía, en un contexto dominado por una sola fuerza política.

Anteriormente la calificación de las elecciones presidenciales la realizaba el Poder Legislativo. Durante muchos años, en especial durante el periodo de partido hegemónico, este proceso era más una formalidad que una revisión exhaustiva de la elección. El PRI tenía un control sobre la política mexicana, y el Congreso dominado por una sola fuerza política validaba las elecciones sin cuestionarlas, incluso en medio de acusaciones de fraude o irregularidades. Cuando aumentaron las exigencias para democratizar fue necesario hacer un rediseño a las instituciones electorales.

Ese rediseño incluyó la incorporación de instituciones autónomas e independientes, libres de cualquier sesgo partidista que se encargaran de hacer respetar el voto de la ciudadanía. Para ello se crearon dos instituciones: el Instituto Nacional Electoral antes IFE que se encargó de organizar las elecciones y contar los votos, y el TEPJF que se encargó de emitir la calificación definitiva de la elección presidencial.

Este diseño institucional que hoy es objeto de críticas por parte de la Cuarta Transformación, es el que dotó de certeza el proceso electoral. Para desacreditar a las instituciones electorales, particularmente el INE, el movimiento de la 4T ha desarrollado una narrativa de supuestos fraudes, en las elecciones de 2006 y también en el 2012 según la presidenta electa, hechos que no han podido probar. Sobre las elecciones presidenciales de 2018 no hubo acusaciones de fraude porque Morena ganó de forma contunde la elección presidencial.

Para la calificación de la elección presidencial de 2024 se dieron situaciones atípicas al interior del Tribunal, que en los últimos años ha registrado cambios constantes en su presidencia. El último cambio se dio en una situación atípica, ante la falta de dos magistrados que la mayoría oficialista en el Congreso se ha negado a designar, tres de los cinco magistrados que integran el Tribunal exigieron la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez, alegando falta de confianza. Todo esto en medio de sospechas de que la exigencia de los magistrados estaba motivada más por cuestiones políticas que legales.

Esto se vio reflejado en los pronunciamientos de las magistraturas al momento de calificar la elección presidencial, mientras tres magistrados, los mismos que removieron a Reyes Rodríguez, no tuvieron ninguna observación sobre la forma en la que se llevó a cabo el proceso electoral, dos si lo hicieron, el magistrado Reyes Rodríguez señaló “La elección presidencial 2023-2024, fue un proceso de claros-oscuros que nos invita, como sociedad a repensar el tipo de democracia electoral que queremos para el futuro”

Por su parte la magistrada Janine Otálora señaló “Lo que nos corresponde como autoridades calificadoras del proceso electoral es poner en evidencia los pendientes, los problemas en el diseño de nuestro sistema electoral, las amenazas a nuestra democracia”.

La exigencia de los dos magistrados iba en el sentido de que, si bien no se podía anular la elección ante la contundencia del resultado, si se podía analizar y reflexionar sobre hechos graves que ocurrieron en las elecciones según el magistrado Reyes Rodríguez, “el uso y manipulación de los programas sociales para beneficiar a Morena, la intervención del crimen organizado, el quiebre de las condiciones de equidad con las conferencias mañaneras y la intervención del presidente de la República, los gobernadores y sindicatos”

Como en otros tantos episodios de la historia mexicana, se construirán dos narrativas en torno a la elección presidencial del 2024, los que alzaron la voz para señalar que el proceso electoral no se llevó en condiciones plenamente democráticas, señalando las irregularidades que afectaron el desarrollo de la contienda; y por otro lado, estarán los que prefirieron callar y ceñirse ante el poder político por conveniencia o por presión, cuando su labor es señalar y dejar constancia sobre lo que se debe de mejorar, al final la historia colocará a cada quien en la posición que le corresponde.