JALISCO
Guerra política-jurídica por gubernatura de Jalisco
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La política se asemeja mucho al beisbol, ya que nunca está exenta de sorpresas. Jalisco es un estado sumamente apetecible por lo que representa desde lo político, electoral y económico. En el próximo sexenio el presupuesto que se manejará cerca de 800 mil millones de pesos.
Y en ese contexto es entendible la lucha que se está registrando actualmente sobre validar o anular la elección del pasado 2 de junio que de acuerdo al cómputo del IEPCJ y revisión del Tribunal Electoral de Jalisco, ganó Pablo Lemus.
Sin embargo, Morena y su candidata a gobernadora Claudia Delgadillo no se dan por vencidos y pelean férreamente para que la elección se anule y se convoque de nuevo a comicios, por lo que han acudido a la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal, con el argumento de que tanto el IEPCJ, como el Tribunal Electoral Local están al servicio del gobernador Enrique Alfaro y hubo una elección de Estado.
Esta confrontación hay que verla desde dos pistas: la jurídica y la política.
En la jurídica, pienso que le tiene ganada Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano al lograr librar la aduana del Tribunal Electoral Local, como bien lo explica en esta edición el abogado Rubén Ortega Montes, quien rebate los principales argumentos que ha esgrimido la coalición para que sea anulada la elección basada en varios puntos y refiero los principales:
El punto número uno es que el Tribunal Electoral Federal no se va a meter a revisar el conteo de votos, si el IEPCJ hizo bien o hizo mal. Se va a ajustar a revisar si el Tribunal Electoral Local actuó de acuerdo a derecho e hizo correctamente su tarea.
La coalición “Juntos hacemos historia” asegura que los magistrados locales actuaron con falta de profesionalismo y parcialidad, atendiendo el interés del gobierno emecista de Jalisco.
Pero no basta decirlo, hay que aportar pruebas y elementos que permitan convencer a los magistrados federales que la revisión que hicieron a la impugnación los magistrados locales, actuaron al margen de la ley, ignorando los argumentos que presentó la parte que impugna.
La Coalición afirma que “El fraude lo cometió el Gobierno del Estado en complicidad con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, fue con el nombramiento de funcionarios públicos estatales en los consejos distritales y municipales. El programa de resultados electorales preliminares, PREP, no funcionó y ocultaron información en perjuicio de la transparencia”, además que se perdió la cadena de custodia.
El punto es que estas acusaciones no tienen el peso jurídico que le de sustento para que se pueda anular una elección, como lo reclaman:
- En la pérdida de la cadena de custodia, Morena apunta que fueron cientos de paquetes los extraviados o que no resultaron contabilizados, sin embargo, son más de 10 mil los que forman parte de la elección y no son poco más de 50 paquetes los acreditados en esas condiciones, que es menos del 1 por ciento.
- Morena asegura que desaparecieron una cantidad significativa de votos de la elección de gobernador haciendo una comparación con el cómputo de la elección presidencial, aunque son elecciones paralelas en la federal se instalaron casillas especiales, así como la contabilización de los votos de los mexicanos en el extranjero y cada elección arroja naturalmente cantidades diferentes.
- Morena insiste, para anular la elección, la violencia política de género en contra de la candidata de la coalición que se registró en dos de los debates entre candidaturas en los que, su candidata acusó haber sufrido expresiones que la discriminaban y disminuían en sus derechos electorales por razón de género. Sin embargo, la autoridad electoral federal desechó esas acusaciones.
- Otro argumento que presenta la coalición como causal para anular la elección es que Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) operado por el IEPCJ lo hizo mal y que eso le resta certeza al resultado electoral.
Lo cierto es que los resultados emitidos en el PREP son preliminares tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.
- La coalición demanda se proceda al recuento total de la elección, lo cual desechó el Tribunal Electoral Local, pero en ninguna parte de su escrito expuso las razones por las cuales deberían realizarse recuentos parciales y menos aún por qué procedería un recuento total de votos. Como señala Rubén Ortega, la autoridad electoral no puede ordenar ningún recuento que no estuviera apegado a las causas que establece la ley, toda vez que los votos fueron debidamente contados por los ciudadanos y el recuento de los votos solo se justifica en los casos en los que la legislación consideró que derivado de la estrecha diferencia es necesario realizar este recuento total, pues es factible que el resultado pueda cambiar, lo que no se contempla cuando la diferencia de votos es tan significativa como en este caso.
- Además de todos estos argumentos es importante señalar que la diferencia del candidato ganador Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora de la coalición, es de 186,765 votos y representa a un 5.08% de la votación valida y de acuerdo al sistema de nulidades de una elección establecidos en el artículo 41 Constitucional, no procede la anulación ya que se establece que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5 %.
Esta es mi apreciación, considerando la argumentación técnica del jurista Rubén Ortega Montes. Habrá que ver el criterio y la interpretación que apliquen los magistrados federales o si se da el factor político sobre el jurídico, que podría cambiar el resultado.
Seguramente después del mes de octubre, los magistrados federales darán a conocer su veredicto.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
– Por Mario Ávila
El grave problema de las inundaciones, los socavones y las muertes que se registran en el temporal de lluvias, que en este periodo han cobrado ya la vida de 11 personas, podría atenuarse o resolverse con grandes obras como la reposición de los viejos colectores y la creación de un drenaje profundo en la zona metropolitana, a decir de los expertos.
Ante ello, el problema central radica en la inversión que se requiere y sobre este tema, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Federal, planteó que, aunque se trata de obras que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, “seguramente la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su facultad, respaldará a Jalisco y a todo el país”.
Solo vamos a esperar -dijo-, para ver cómo viene el Presupuesto de Egresos 2026 que se presentará en la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de nosotros aprobarlo; se presenta el 8 de septiembre y vamos a esperar, pero lo que sí te digo es que es una responsabilidad del estado, que ojalá que junto con los municipios puedan empezar a hacer estas obras de infraestructura fundamentales para la población.
«Pero desde que yo tengo conocimiento -abundó-, el grupo de Jalisco es un grupo que tiene mucho compromiso con su estado, cómo pelean, cómo luchan por obtener más programas, más recursos para su entidad, independientemente de quién lo gobierna. Y hoy tienen una gran ventaja ustedes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto es de Jalisco y Marilyn Gómez Pozos tiene mucho compromiso con Jalisco; les quiero decir que si no mal recuerdo el año pasado obtuvo 8 mil millones de pesos más Jalisco y hoy no será la excepción».
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
Jalisco tiene nuevo acelerador lineal para fortalecer la atención contra el cáncer
