NACIONALES
Eterna transición de la justicia mexicana: El laberinto de las reformas inconclusas
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El sistema legal mexicano es un laberinto de reformas sin terminar, promesas incumplidas y procesos estancados que han dejado a millones de ciudadanos en un limbo judicial interminable, un enredo de reformas que, en lugar de ofrecer soluciones, parecen perpetuar la inercia de un sistema que ya no funciona. Este laberinto, alimentado por promesas incumplidas y una burocracia torpe, ha dejado a los ciudadanos atrapados en un tránsito que parece no tener fin.
Para entender el tortuguismo del sistema legal mexicano, es necesario remontarse al año 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una ambiciosa reforma del sistema penal. Se prometió una transformación completa de la justicia penal, pero la realidad fue mucho más amarga. Aunque la reforma nominalmente culminó en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que apenas se ha avanzado en lo esencial.
Los jueces pueden haber cambiado sus togas y las salas de juicios orales se han erigido en algunos juzgados, pero las entrañas del sistema permanecen ancladas en el pasado. Las policías, los ministerios públicos y las fiscalías no han experimentado las transformaciones prometidas, y los servicios periciales, fundamentales para la impartición de justicia, siguen en un estado de abandono que sólo puede calificarse de brutal.
El caso de Armando, quien lleva una década en la cárcel de Puente Grande sin sentencia, es un testimonio escalofriante de este fracaso. Su proceso, iniciado en el antiguo sistema penal, se encuentra hoy perdido en la maraña burocrática, y ni el juez ni el ministerio público parecen dispuestos a actuar con la prontitud que la justicia requiere. Los días de Armando se consumen en la incertidumbre, víctimas de un sistema que se devora a sí mismo.
En medio de este desorden, se creó la Guardia Nacional, una institución que, lejos de resolver el problema de la seguridad, ha puesto un simple curita sobre una herida que sigue supurando. Los patrullajes disuasorios, que deberían ser una herramienta para prevenir el delito, se han convertido en una simulación que apenas sirve para tranquilizar a la opinión pública. Mientras tanto, las policías federales y locales han sido relegadas, bajo la errónea suposición de que la Guardia Nacional es capaz de resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que no hay una policía primer respondiente eficiente, lo que deja un vacío que los delincuentes no han dejado de aprovechar.
La reforma del sistema mercantil, iniciada en 2017, representa un esfuerzo por modernizar un aspecto crucial de la justicia en México. Introdujo juicios orales, la caducidad en segunda instancia y la ejecución expedita de sentencias, entre otras medidas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el proceso sigue plagado de desafíos, especialmente en la uniformidad de su implementación en todo el país. Muchos tribunales locales carecen de la infraestructura y la capacitación necesarias para operar de manera eficiente, lo que significa que la modernización sigue siendo más una aspiración que una realidad.
Y mientras el sistema mercantil lucha por modernizarse, otra reforma se suma a la lista: la reforma laboral, también de 2017. Esta reforma, que pretendía transformar profundamente la justicia laboral en México, ha enfrentado resistencias y obstáculos en su implementación. En Jalisco, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Local hacen todo lo posible por no concluir sus procesos, temerosos de perder su fuente de trabajo. El caso de un notificador que lleva más de un año sin poder cumplir con su tarea en Tlajomulco es sintomático de un sistema que se desmorona desde dentro. La construcción de la Ciudad Judicial en Jalisco no fue más que otro capítulo en la crónica de negocios turbios que han caracterizado a nuestra clase política.
Con la venia de los funcionarios estatales, se destinaron recursos de IPEJAL, los fondos de pensiones de los trabajadores, para levantar este monumento al despilfarro. Pero la historia no termina ahí. Los mismos funcionarios que autorizaron el uso de esos recursos ahora disfrutan del usufructo de los locales comerciales en el edificio, convertidos en empresarios gracias a su poder e influencia. Y como si esto no fuera suficiente para ilustrar el cinismo de nuestras autoridades, uno de los jueces laborales nombrado en esta misma Ciudad Judicial tiene una carpeta de investigación abierta por lesiones dolosas contra un familiar de la tercera edad.
Como si no bastara con las reformas inconclusas, el 12 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, que establece un periodo de transición de cuatro años antes de entrar en vigor, promete uniformar los procedimientos, priorizar la oralidad y aprovechar las tecnologías de la información. Pero, al igual que con las reformas anteriores, los desafíos son enormes, y la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece, de momento, una utopía lejana.
El panorama es desolador. El 80% de los litigios en México están en un proceso de tránsito hacia alguna parte, pero nadie parece saber hacia dónde. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, no ha cumplido con su deber de crear las leyes necesarias, y los presupuestos son insuficientes. Las administraciones, tanto locales como federales, han fracasado en reformar las policías, los ministerios públicos y los servicios periciales. En resumen, todo lo que se ha reformado anteriormente está abandonado.
La impunidad en México, que ronda el 94% según México Evalúa, es un reflejo de este abandono. La justicia en México se ha convertido en una promesa incumplida, un proyecto de reforma interminable que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en un sistema que simplemente no funciona.
Y mientras el país se ahoga en este mar de ineficiencia, las discusiones sobre la elección popular de jueces y magistrados son una distracción inútil. ¿Qué importa si un juez es electo por voto popular si el sistema en el que opera sigue siendo un desastre? La verdadera reforma que México necesita no es la elección de jueces, sino un sistema de justicia que realmente funcione. Pero mientras el poder político siga concentrándose en un solo lugar, disfrazado de reformas democráticas, la justicia en México seguirá siendo una utopía inalcanzable.
Estamos atrapados en un laberinto sin salida, y mientras no encontremos el camino correcto, la justicia en México seguirá siendo un sueño lejano, una promesa incumplida que se desvanece en el horizonte.
En X @DEPACHECOS
– Por Mario Ávila
La tarde de este miércoles, al término de la sesión de la Comisión Permanente, justo cuando se entonaba el Himno Nacional, estalló una trifulca entre los senadores Alejandro Moreno (PRI) y Gerardo Fernández Noroña (PT), quien actualmente es el presidente de la Cámara Alta.
Según diversos reportes de medios y testigos en la sala, Moreno acusó a Noroña de negarle la palabra, lo que provocó que se acercara a la tribuna para confrontarlo. El altercado escaló con empujones y golpes mientras algunas voces de los asistentes que intentaban calmar los ánimos fueron ignoradas.
Alejandro «Alito» Moreno afirma que la agresión inició por parte de Noroña, quien lo atacó primero. En una conferencia de prensa, cobijado por sus compañeros de partido, aseguró que fue objeto de provocaciones. Agregó que el presidente del Senado le faltó al respeto a una senadora y por ello reaccionó: “Si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar”.
«Si llegamos a los golpes y a más, eso es lo que ellos (la 4T y aliados) construyeron», dijo sin empacho el líder nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, después de la violencia con la que cerró la sesión de la Comisión Permanente.
«Y nos vemos el domingo», añadió Moreno Cárdenas, en alusión a la sesión donde la Cámara de Diputados recibirá el Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. A Fernández Noroña, lo calificó como «intransigente, intolerante, patán, cobarde y cínico, porque levantó la sesión sin cumplir el acuerdo y negarme el uso de la tribuna».
Por su parte, Fernández Noroña rechazó haber comenzado la agresión y acusó a Alejando Moreno de haberlo golpeado y amenazado de muerte. Anunció que presentará denuncias penales por lesiones y daños, y también solicitará el desafuero de los legisladores del PRI involucrados. “Mi actitud es defensiva todo el tiempo, firme, pero defensiva; en ningún momento un solo golpe, muéstrenme un video donde yo le lanzo un solo golpe a Alejandro Moreno … todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona», dijo en una entrevista para Radiofórmula.
Después reveló textualmente una acusación fuerte contra «Alito» Moreno: “Me dijo: ‘te voy a madrear, te voy a matar’.”
Fernández Noroña anunció también la presentación de una denuncia criminal en contra de cuatro miembros del PRI, encabezados por su presidente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, por las agresiones, golpes, daños y amenazas de muerte que sufrió hoy en la tribuna de la mesa directiva en la antigua sede del Senado de la República.
Confió en que la Fiscalía General de la República, primero les brinde protección personal por las amenazas de muerte que recibieron él y el empleado (camarógrafo) del Senado, Emiliano González; pero también confía en que la Fiscalía solicite el desafuero de los cuatro agresores priistas.
Anticipó que citará a sesión de la Comisión Permanente para el próximo viernes 29 de agosto, a fin de tratar, como único asunto, este hecho violento, que no tiene precedente en la historia democrática del país.
Consecuencias colaterales
El camarógrafo Emiliano González terminó seriamente lesionado tras intentar interponerse durante el encuentro. Fue derribado e incluso pateado, y sufrió golpes mientras estaba en el suelo. Su estado requirió atención médica e incluso se le colocó un collarín.
Este incidente trascendió rápidamente a nivel nacional e incluso internacional, provocando repercusiones inmediatas. Noroña anunció acciones legales y sanciones políticas, mientras que las imágenes del altercado se viralizaron en redes sociales y provocaron críticas desde diversos sectores.
El PRI, desde su enfoque, consideró que Moreno actuó en defensa de la libertad y la democracia, mientras que Morena y PT acusan al senador priista de una agresión directa contra el presidente del Senado.
La confrontación se da en un contexto donde las tensiones entre los partidos son particularmente intensas. En los últimos días, Morena había estado lidiando con polémicas internas relacionadas con declaraciones de Noroña, mientras que el PRI busca mostrarse firme ante confrontaciones con otras bancadas.
El episodio en la tribuna del Senado no solo sacudió la convivencia institucional, sino que también profundizó la polarización política que hay en el país.
– Por Mario Ávila
Al cierre de lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, efectuada en la antigua sede del Senado de la República, tras la entonación del Himno Nacional, se enfrascaron a empujones y golpes, el líder de la bancada del PRI Alejandro Moreno y el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, en donde también resultó agredida la senadora Dolores Padierna.
Al término de la reunión, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Moreno, subió a la hasta mesa directiva para recriminar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que no te otorgó la palabra y fue cuando «Alito» lanzó el primer manotazo, luego hubo jalones y empujones, que subieron de tono para convertirse después en golpes y patadas, en donde destacó la furia de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI.
La que fue la última reunión de trabajo de diputados y senadores en la comisión permanente se trató un tema álgido en la agenda política que se refería a la traición a la patria, en donde los discursos de los representantes de las fracciones parlamentarias dejaron encendido el ambiente, dado que las posturas de Morena y sus partidos aliados con la oposición de PAN y PRI han sido irreconciliables.
El tema se planteó por la necesidad de discutir las denuncias en contra de la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, solicitó la intervención de las fuerzas norteamericanas para combatir al narcoterrorismo en México.
En la polémica participó también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó la posibilidad de que se sometiera a la legisladora panista a juicio de procedencia para despojarse del fuero, por la acusación de haber cometido traición a la patria; dijo que le bastaba con que los mexicanos se enteraran quién es quién.
El momento más incómodo de la sesión fue cuando le tocó el turno del uso de la palabra justamente a Lilly Téllez, quien no desaprovechó los 5 minutos para insistir en el mensaje de la necesidad del apoyo y el respaldo de las fuerzas estadounidenses para combatir al narcoterrorismo en México.
Al mismo tiempo, en todo momento siguió haciendo uso de los términos de «narcopartido», «narcomorena», «narcosdiputados», «narcobancada»by «narcosatánicos», lo que encendió los ánimos de la fracción mayoritaria en la Comisión Permanente, que interrumpieron en repetidas ocasiones el discurso de Lilly Téllez, que fue denunciada por una diputada del PT para que fuera enjuiciada como traidora a la patria.
NACIONALES
Mitofsky: Aprobada por el 71.4% de la población, llega Sheinbaum a su 1er. Informe de Gobierno
– Por Mario Ávila
A pocos días de presentar su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo registra un 71.4% de aprobación ciudadana, de acuerdo con la encuesta nacional realizada en viviendas por la empresa Mitofsky y divulgada por el periódico El Economista.
Este nivel de respaldo ciudadano la coloca como el mandatario-mandataria con la mejor evaluación en la historia reciente de México, además de que el estudio revela que, pese a los retos de seguridad y economía, la percepción sobre su gestión es mayoritariamente positiva: 93% de los mexicanos desea que le vaya bien como presidenta, y 65.8% considera que el país está mejor en comparación con el inicio de su administración.
El 58% de los encuestados afirma que Sheinbaum ha hecho más de lo esperado, mientras que el 36% señala que ha cumplido lo previsto. Entre sus principales logros destacan los apoyos sociales, especialmente a jóvenes y adultos mayores, así como programas en favor de las mujeres y el manejo de la política exterior.
Esta evaluación histórica también revela que el 63.3% de los mexicanos considera que el país va por el rumbo correcto bajo la actual administración, mientras que un 64.4% declara creerle a la presidenta “siempre o la mayoría de las veces”, lo que también la coloca por encima de sus antecesores en niveles de credibilidad.
Por cierto, Jalisco es el estado donde Claudia Sheinbaum obtuvo la cuarta calificación más baja, con 61.1, solo arriba de Guanajuato, CDMX y Sinaloa; mientras que en las entidades donde mejor se calificó su gestión, fue en Campeche (77.5), Tamaulipas (79.4) y Oaxaca (80.9).
Fernández Noroña y «Alito» Moreno dan sus versiones sobre altercado en el Senado
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Cierra la Permanente con golpes entre Alito Moreno y Fernández Noroña
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