Regresemos a la concentración del poder

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la aprobación de la reforma judicial por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el día 3 septiembre de este 2024 pasó al Senado de la República dicha reforma, en medio de los paros, marchas y protestas que avanzan.

en Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado emite breve y escueto comunicado condenado el sentido de dicha reforma; sin embargo, no hay más allá de eso, pues deciden no unirse a los paros que encabeza el Poder Judicial federal, frente a la elección de jueces, ministros y magistrados de manera directa a través del voto popular de la ciudadanía.

La defensa por la independencia y autonomía del poder judicial en el ámbito local resultó pasiva y sometida, sin novedad.

En este sentido, de trascendencia abrumadora y desilusionante ante una reforma que evidentemente impacta la autonomía y la independencia de uno de los poderes de la Unión, dedicado a impartir la justicia, pilar constitucional del equilibrio y contrapeso del poder público con la administración de justicia, que sea intervenido, disminuido y sometido a los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) de tal manera, que las postulaciones a jueces, magistrados y ministros podrán ser votados en elección popular, con requisitos inverosímiles para la solemnidad, pero que al final describen bien la esencia de esta reforma y la definen claramente con los siguientes requisitos: “presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”.

En este contexto, en el que la forma de elegir a los máximos cargos del Poder Judicial, también se resumirá a la postulación que hagan los otros poderes y que sin duda rompe la independencia entre ellos, tenemos como claro ejemplo este párrafo de la reforma: “Para el caso de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. El Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.”

Vamos a politizar el Poder Judicial, y serán evidentemente los partidos políticos, sus mayorías e intereses concretos, quienes impartan la justicia de los mexicanos. Indultos serán sus mejores beneficios partidistas a sus acuerdos, vuelve la corrupción, la opacidad y el control al país, la nueva mafia del poder.

Sucede pues, que, en plena espera de la resolución final del Senado de la República, la pregunta es: ¿por qué el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, no se unió al paro?; consideró que no afectará dicha reforma a Jalisco, o conserva el sometimiento que ha mostrado durante el sexenio a los poderes ejecutivos; tal vez olvido leer hasta el final en la parte de los transitorios de la Reforma Judicial, específicamente en el octavo que a la letra dice: “Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027”.

Pero una cartita de rechazo a la reforma fue considerada suficiente para fijar su postura, débil y servil ante el poder, minimizando las implicaciones y el sentir del poder judicial local que constituye actualmente.

Dentro de este orden de ideas y ante la negativa del actual Poder Judicial de la Federación de que se concrete una reforma que acabará con la carrera judicial, la imparcialidad y la facultad del Poder Judicial, transgrediendo profundamente los principios fundamentales de justicia, autonomía e independencia de los poderes en el país y no solo pone en riesgo el Estado de derecho, al someter a una votación popular a quienes tendrán en sus manos la dignidad y la justicia de las personas, sino también y sin dudarlo, en la mayoría de los casos será un encargo de postulación política para los cargos más importantes de los poderes judiciales. 

Nos espera, un retroceso clarísimo, aun cuando el discurso morenista, marca un total desprecio a las formas y fondos oligárquicos del partido que gobernó el país en las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Nos toca, por mayoría democrática, vivir un déjà vu.