MUNDO
Fundamental para el desarrollo de un país: La importancia de un sistema de justicia funcional, honesto, ético y justo
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de cualquier país. Este sistema no solo asegura el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos individuales y colectivos, sino que también promueve la estabilidad política, la prosperidad económica, y la cohesión social.
La existencia de un sistema de justicia robusto y confiable es un pilar esencial para la democracia y la gobernabilidad efectiva, ya que fomenta la confianza ciudadana y la participación de la sociedad en los procesos judiciales y políticos. Países como Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos han implementado sistemas judiciales que son ejemplos de cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
SUIZA: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA JUSTICIA
Suiza es conocida por su sistema democrático directo, donde la ciudadanía juega un rol fundamental en la toma de decisiones, incluyendo en la administración de justicia. En Suiza, muchos jueces a nivel cantonal y federal son elegidos mediante el voto popular, lo que garantiza que el sistema judicial esté alineado con los valores y expectativas de la sociedad. Este proceso de elección directa permite a los ciudadanos tener un control más cercano sobre quiénes administran la justicia, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.
La elección democrática de jueces en Suiza refuerza la independencia judicial al limitar la influencia de los partidos políticos y otros intereses externos en el proceso de selección. Además, la posibilidad de destituir a los jueces a través de referendos garantiza que se mantengan altos estándares de integridad y competencia. Esta participación activa de la ciudadanía fortalece la confianza pública en el sistema judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen las necesidades y valores de la comunidad.
PAÍSES BAJOS: INDEPENDENCIA Y EFICIENCIA JUDICIAL
En Países Bajos, el sistema judicial es reconocido por su independencia y eficiencia. Aunque los jueces no son elegidos directamente por los ciudadanos, el sistema incluye mecanismos que aseguran la participación de la sociedad civil en la supervisión de la justicia. Los jueces neerlandeses son nombrados por el monarca, pero el proceso de selección es altamente meritocrático y supervisado por el Consejo Judicial, que incluye representantes de la sociedad civil.
La transparencia y la profesionalización del sistema judicial neerlandés son claves para su funcionamiento. Los ciudadanos tienen acceso a procedimientos judiciales transparentes y pueden participar en consultas públicas sobre reformas legales y judiciales. Además, existen mecanismos para que los ciudadanos presenten quejas sobre la conducta judicial, lo que asegura que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones públicas. La eficiencia y la previsibilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un lugar atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional.
NORUEGA: TRANSPARENCIA Y JUSTICIA INCLUSIVA
Noruega se destaca por su enfoque en la transparencia y la inclusión en su sistema judicial. Aunque los jueces no son elegidos por voto directo, existen comités de selección que incluyen a miembros de la sociedad civil y que trabajan para asegurar que los candidatos sean seleccionados en base a sus méritos y ética. Este modelo promueve una justicia que no solo es eficiente, sino también profundamente ética y alineada con los valores de equidad y transparencia que definen a la sociedad noruega.
El sistema judicial noruego también enfatiza la rehabilitación y la reintegración social, en lugar de centrarse únicamente en la retribución. Este enfoque reduce las tasas de reincidencia y promueve una sociedad más segura y cohesionada. La participación ciudadana se extiende a través de programas de jurados populares y consultas públicas, lo que asegura que la justicia refleje las aspiraciones y valores de la comunidad. Esta transparencia y el enfoque inclusivo no solo fortalecen la confianza en la justicia, sino que también contribuyen a una distribución más justa de la riqueza, al garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso a la justicia.
CANADÁ: PROTECCIÓN DE DERECHOS Y JUSTICIA ACCESIBLE
En Canadá, la justicia es vista como un derecho fundamental y un componente esencial de la democracia. El sistema judicial canadiense es conocido por su enfoque en la protección de los derechos humanos y la accesibilidad de la justicia. Aunque los jueces son nombrados por el gobierno, el proceso de selección incluye consultas públicas y revisiones por parte de comités independientes, lo que asegura que los candidatos sean evaluados por su integridad, competencia y compromiso con los principios de justicia.
La participación ciudadana en Canadá se facilita a través de numerosas organizaciones de la sociedad civil que actúan como vigilantes del sistema judicial y defensores de los derechos. Estas organizaciones trabajan en colaboración con las instituciones judiciales para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. Además, existen programas de asistencia legal y tribunales especializados que abordan cuestiones como los derechos de los indígenas y la justicia juvenil, asegurando que la justicia sea accesible para todos los sectores de la sociedad.
ESTADOS UNIDOS: ELECCIÓN DIRECTA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En Estados Unidos, algunos estados, como California, permiten la elección directa de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales mediante el voto ciudadano. Este modelo promueve una justicia más conectada con la comunidad, al permitir que los ciudadanos elijan a aquellos que administrarán la justicia en sus distritos. Esta participación directa puede fortalecer la rendición de cuentas y hacer que los jueces sean más receptivos a las necesidades y valores de la comunidad.
Sin embargo, este modelo también presenta desafíos, como la influencia del dinero y la política en las elecciones judiciales, lo que puede poner en riesgo la imparcialidad. A pesar de estos retos, la elección directa sigue siendo un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser un componente clave para un sistema de justicia democrático.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
La existencia de un sistema de justicia funcional y justo tiene un impacto directo y positivo en la economía de un país. La seguridad jurídica que ofrece un sistema judicial confiable es un pilar para atraer inversiones y fomentar la actividad empresarial. Cuando los inversionistas tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos y que las disputas se resolverán de manera imparcial y eficiente, se sienten más dispuestos a invertir y a expandir sus negocios.
Por ejemplo, la previsibilidad y la estabilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un centro de comercio y finanzas internacionales. De manera similar, la claridad y eficiencia del sistema judicial en Canadá promueven la innovación y el desarrollo económico al proteger los derechos de propiedad intelectual y asegurar un entorno legal favorable para los negocios.
En contraste, países con sistemas judiciales percibidos como corruptos o ineficientes tienden a experimentar una disminución en la inversión y un crecimiento económico más lento. La falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del sistema legal puede llevar a la evasión fiscal, la corrupción y un entorno empresarial menos competitivo.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA
Un sistema de justicia justo y funcional también tiene un impacto profundo en la cohesión social y la estabilidad política de un país. La justicia que se administra de manera equitativa y accesible promueve la paz social al reducir las desigualdades y al proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los grupos más vulnerables.
En Noruega, por ejemplo, el enfoque en la rehabilitación en lugar de la retribución ha creado un sistema que no solo castiga, sino que también busca reintegrar a los individuos en la sociedad. Esto no solo mejora la seguridad pública, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva y menos propensa a la violencia y la criminalidad.
Políticamente, un sistema judicial independiente actúa como un contrapeso esencial a los otros poderes del Estado, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. En Suiza, la elección democrática de jueces asegura que las decisiones judiciales estén alineadas con la voluntad popular, mientras que en Estados Unidos, la separación de poderes y la supervisión del Senado sobre los nombramientos judiciales garantizan que el poder judicial opere con un alto grado de independencia.
Un sistema de justicia equitativo contribuye a una distribución más justa de la riqueza en un país. La equidad en la administración de justicia asegura que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a recursos y servicios, lo cual es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades económicas.
En Canadá, la aplicación equitativa de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores contribuye a una economía más inclusiva y a una sociedad en la que las oportunidades de éxito están más igualmente distribuidas. Asimismo, en Noruega, la protección robusta de los derechos sociales y laborales, asegurada por un sistema judicial independiente, ayuda a mantener una baja disparidad económica y un alto nivel de bienestar para todos los ciudadanos.
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de un país. Los ejemplos de Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos muestran cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden crear sistemas judiciales que no solo administran justicia, sino que también reflejan los valores y necesidades de la sociedad. La justicia accesible y equitativa fortalece la economía, mejora la cohesión social, promueve la estabilidad política y contribuye a una distribución más justa de la riqueza, cimentando así un desarrollo integral y sostenible para todos los ciudadanos.
-Por Diego Morales Heredia
Con sincronía perfecta y nervios de acero, las hermanas gemelas Mía y Lía Cueva Lobato escribieron una página histórica para el deporte mexicano al conseguir su primer podio en un Campeonato Mundial de mayores, colgándose la medalla de bronce en la final de trampolín de 3 metros sincronizado, durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.
El oro fue para la pareja china, que ratificó su dominio histórico en la disciplina, mientras que el segundo lugar fue para las representantes de Gran Bretaña. No obstante, la actuación de las mexicanas fue la más comentada por medios internacionales debido a su juventud y la naturalidad con la que enfrentaron la presión de un evento de esta magnitud.
Es la segunda medalla internacional para Lía y Mía Cueva, que el pasado mes de abril ganaron una plata en la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados 2025 celebrada en Guadalajara. Y es la quinta medalla para México en el Mundial de Clavados 2025, después de las cuatro preseas de plata que la delegación tricolor sumó en los tres primeros días de competencia en Singapur.
Originarias de Guadalajara, Jalisco, las hermanas Cueva tienen apenas 14 años y ya han sido identificadas como una de las duplas con mayor proyección en el mundo de los clavados. Su sincronía no solo proviene del entrenamiento técnico, sino de una conexión innata que pocas veces se ve en este deporte.
El resultado en Singapur 2025 también es una señal alentadora de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde se espera que México tenga una de sus delegaciones más competitivas en clavados.
-Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
No es fácil entender qué es lo que está pasando en la economía estadounidense. La impredecibilidad de la conducta del presidente Trump manda señales que causan incertidumbre en el escenario económico mundial.
Desconcierta que, a pesar de que los números recientes muestran una caída en el consumo y alzas moderadas en la inflación, las operaciones bursátiles reflejan una actividad inusualmente positiva ante estas circunstancias.
Hasta ahora, las postergaciones de los plazos para la fijación de aranceles y las negociaciones en curso han mantenido a la actividad bursátil en una relativa normalidad, pues hay inversionistas convencidos de que Donald Trump no cumplirá sus amenazas arancelarias. En el sector ha trascendido el concepto “TACO” (Trump Always Chicken Out) y al parecer confían en que eso sucederá.
También influye para esta relativa calma bursátil que la inflación, aunque ha subido, no ha tenido un impacto significativo; sin embargo, el factor de incertidumbre ha llevado a la acumulación de inventarios que habrán de salir cuando haya mayor claridad; mientras tanto, muchas empresas han revisado y reducido sus previsiones de ganancias.
Aún no se sabe cómo afectará la política arancelaria a la industria tecnológica que depende de cadenas de aprovisionamiento con productos fabricados en China y otros países afectados por los aranceles y, al conocerse, podría terminar esta indiferencia aparente del mercado de acciones.
Por otra parte, las disposiciones presupuestarias de Trump no atacan de fondo el déficit presupuestario y a decir de algunos congresistas y comentaristas, por el contrario, lo aumenta. La economía pierde impulso, no crece; el mercado laboral se enfría y el gasto del consumidor desciende.
Ante eso, la lógica y el sentido común aconsejarían echar para atrás la actitud radical proteccionista, pero Trump ha demostrado que la lógica no aplica en su caso empeñado también, como está, en incrementar el poder y autoridad del presidente por sobre jueces y órganos autónomos.
Lo que se advierte, desde mi punto de vista, es que los inversionistas están manteniendo artificialmente la calma en el sector bursátil porque este está fuertemente concentrado y los activos familiares invertidos en acciones están en niveles históricos, según lo señala el Financial Times.
La apuesta a que Donald Trump reculará es arriesgada, porque de no hacerlo los factores económicos hoy contenidos se manifestarán con toda su fiereza. Hasta ahorita el sector corporativo estadounidense ha mostrado resiliencia, pero estar condicionados a la veleidosa conducta del mandatario obliga también a extremar precauciones, particularmente en el área bursátil, porque una rectificación desde los niveles que hoy se observan de acumulación de activos familiares puede ser catastrófica.
El otro tema es el impacto que la estrategia económica tiene en la corrección de las finanzas públicas. Muchos piensan que la “Gran y Hermosa” ley propuesta, que contiene disposiciones fiscales, traerá altos costos sociales. Junto con los aranceles, pretende componer las desbalanceadas cuentas nacionales, reducir su déficit en el gasto público, aumentar sus ingresos, disminuir la deuda y reordenar el gasto gubernamental. Los objetivos son razonables, pero las formas y las decisiones no parecen serlo.
Los economistas han advertido el alto costo a pagar si se materializa el paquete completo de medidas proteccionistas, pues juzgan que con ello podrá salvar al gobierno, pero la economía tendrá que absorber el costo y eso puede doler. Se espera que los incrementos de precios resultantes de los aranceles afecten los márgenes de ganancias, reduzcan el consumo y afecten al crecimiento económico.
La falta de certidumbre repercute en el aspecto político porque las percepciones ciudadanas ya se mueven en las mediciones de opinión. Big Data Poll, la encuestadora más favorable al presidente, ya registra una aprobación negativa y otras agencias como Reuters/Ipsos registran la misma tendencia. La percepción sobre el rumbo del gobierno también es negativa y es presumible que esto afecte y mueva el panorama político para la próxima elección.
El apoyo en el segmento MAGA, el bastión de duros del régimen, también está disminuyendo, lo que supone pérdida de fortaleza incluso para las negociaciones con sus socios comerciales y aliados en la geopolítica internacional.
La fortaleza militar y el poderío económico que aún conserva el país vecino le permiten a su presidente presionar al mundo para demostrar fuerza, que muchos ya consideran menguante; sin embargo, la desconfianza resultante de sus aliados y socios con su política proteccionista lo aíslan cuando más consciente debiera estar de la necesidad de unificar al hemisferio occidental.
La economía ha traído de vuelta la Guerra Fría y el presidente estadounidense le está agregando algidez. Creo que le convendría revisar la historia, pues en el siglo XX el vecino país del norte nunca pudo ganar una guerra solo; siempre tuvo que hacerlo con aliados. Como en el pronóstico del tiempo, lo probable puede suceder o no, pero de que los tiempos son nublados, lo son, especialmente para México, sumamente dependiente de la economía de Estados Unidos.
-Opinión, por Violeta Moreno
Como mexicana, me duele profundamente la persecución que enfrentan en Estados Unidos las personas por su “apariencia mexicana”.
Esta actitud, que evoca el racismo de épocas oscuras como la Segunda Guerra Mundial, se ha intensificado con discursos que generalizan a los mexicanos como “enemigos públicos” o responsables de las dificultades de aquel país.
Este terrorismo racial no solo es injusto, sino que siembra miedo, polarización y tensiones sociales en comunidades donde la diversidad debería ser un pilar de fortaleza. Los Ángeles, una ciudad con raíces hispánicas profundas, fundada por españoles y con una vibrante comunidad latina, es un claro ejemplo de cómo estas políticas hieren el corazón de una ciudad que lleva la cultura mexicana en su esencia.
La reacción del gobierno estadounidense, especialmente bajo la administración del presidente Trump, ha sido desproporcionada. Arrestar a personas por su apariencia en lugares cotidianos como Home Depot, o deportar a ciudadanos estadounidenses de origen latino, constituye un atropello a los derechos humanos.
Estas acciones no solo afectan a indocumentados, sino también a inmigrantes legales y a personas nacidas en Estados Unidos, separándolas de sus familias y comunidades. Casos documentados de deportaciones injustas, donde ciudadanos estadounidenses o residentes legales han sido expulsados, han generado terror e incertidumbre.
Este enfoque no solo es cruel, sino que alimenta una narrativa peligrosa que estigmatiza a toda una comunidad, ignorando su contribución histórica y cultural.
Los Ángeles no es una ciudad “invadida” por extranjeros, como algunos sectores quieren hacer creer. Su identidad hispánica es intrínseca, tejida desde su fundación por colonos españoles y enriquecida por generaciones de mexicanos, muchos de ellos nacidos en EE.UU.
Esta presencia no es una ocupación, sino una expresión natural de su herencia cultural. La comunidad latina, con su carácter binacional, aporta una riqueza única que fortalece el tejido social y económico de la ciudad.
Lo que algunos en EE.UU. perciben como “desorden”, otros lo reconocen como una lucha pacífica por los derechos humanos en un país construido por inmigrantes de todos los rincones del mundo. La felicidad y resiliencia del pueblo mexicano, capaz de encontrar lo bueno en medio de lo malo, parece generar envidia en quienes no comprenden que la alegría es una elección interna, no un privilegio externo.
El discurso de Trump, buscando complacer a sus seguidores más radicales, ha profundizado la polarización. Al priorizar la “firmeza” y el “control”, ha legitimado actitudes xenófobas que dividen a la sociedad estadounidense.
Sin embargo, también hay voces en el país vecino del norte que valoran la diversidad y ven en las protestas pacíficas de Los Ángeles un esfuerzo legítimo por defender los derechos de todos, independientemente de su origen.
Esta dicotomía refleja la complejidad de un país que, aunque fundado por inmigrantes, a veces lucha por aceptar su propia diversidad. Desde México, vemos con tristeza cómo se criminaliza a nuestra gente. Ser mexicano es más que una nacionalidad; es una actitud de resistencia, esperanza y comunidad. Acoger a los deportados no es solo un acto de solidaridad, sino un reconocimiento de que este es su hogar, un país que nunca les cerrará las puertas.
Muchos de los mexicanos en territorio estadounidense, legales o no, contribuyen significativamente al crecimiento de ese país. Son trabajadores, estudiantes, empresarios y ciudadanos que fortalecen a ambas naciones. Incluso aquellos que, por necesidad o desconocimiento, cruzaron la frontera sin documentos, no son delincuentes; son personas que buscan una vida mejor, como lo han hecho inmigrantes de todas las épocas.
Espero de corazón que cese el miedo y las consecuencias económicas y sociales de estas políticas. Los Ángeles merece recuperar la paz, una ciudad que no solo es un crisol de culturas, sino un símbolo de la conexión histórica entre México y Estados Unidos.
La verdadera paz llegará cuando el pueblo y el gobierno estadounidenses acepten que la historia española e indígena es parte fundamental de su identidad. Reconocer esta herencia compartida no debilita a EE.UU., sino que lo enriquece.
Los mexicanos, ya sean indocumentados, legales o ciudadanos binacionales, son parte del alma de Los Ángeles. Su presencia no es una amenaza, sino un recordatorio de la historia compartida que une a ambos países. Desde mi perspectiva, la solución no está en muros o deportaciones, sino en el diálogo, el respeto y la colaboración.
México y EE.UU. son vecinos inseparables, aliados en innumerables sentidos, y nuestra cercanía trasciende fronteras. Que Los Ángeles vuelva a ser un faro de esperanza, donde la diversidad sea celebrada y donde mexicanos y estadounidenses podamos seguir construyendo un futuro juntos, como pueblos hermanos que, a pesar de las dificultades, se quieren y se respetan.
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