NACIONALES
Victoria de los mexicanos: Jaleo entre poderes y logro de la democracia
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Escenario dramático han sido los recientes días con motivo de la reforma judicial. Los poderes que perviven en la república -constitucionales, fácticos- se contrapusieron y a veces generaron extravagantes torbellinos.
A la postre, pueblo y gobierno unidos, salieron avante y el 15 de septiembre se publicaron las reformas en el Diario Oficial de la Federación, para que sean vigentes a partir del señero 16, día de la independencia de nuestra patria.
¿Cuáles son esos poderes a que nos referimos? Los constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- y los fácticos, es decir los sectores de la sociedad, como la banca, los empresarios, los partidos políticos y organismos civiles -incluidos burocráticos-, la Iglesia y los medios de comunicación, que ejercen sobre ella (la sociedad) cierta o gran influencia, confiados en su capacidad de presión, a la cual suelen sumárseles entes nacionales o extranjeros que por ideología o intereses materiales pretenden influir en asuntos exclusivos de la nación.
La contienda ha sido pasmosa debido a que los contendientes empeñaron todo tipo de recursos para alcanzar sus objetivos. Entre los poderes emanados de la Carta Magna, fue manifiesto el enfrentamiento del Poder Judicial, conducido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encarnado en su presidenta -Norma Leticia Piña Hernández- contra el legislativo -cámaras de diputados y de senadores-representado por el partido mayoritario y sus aliados, los cuales secundaron las iniciativas de modificación constitucional presentadas desde el 5 de febrero de este año por el ejecutivo federal.
La SCJN actuó sincronizadamente con la minoría legislativa (integrada por los partidos de Acción Nacional -PAN-, Revolucionario Institucional -PRI- y de la Revolución Democrática- PRD-) acrecentada por Movimiento Ciudadano -MC-. En consecuencia, el desafío fue impresionante.
Para alcanzar ese nivel de magnitud, debemos considerar que los poderes fácticos se sumaron a los fines de la SCJN y de la minoría legislativa, que en pocas palabras era evitar se concretaran las iniciativas de reforma presentadas por el ejecutivo el día de la Constitución Política de México, en esta ocasión significadas especialmente por las reformas al Poder Judicial.
Por tirios y troyanos es reconocido que la justicia en nuestro país no cumple ni medianamente los mandatos constitucionales de que debe ser pronta, expedita, imparcial y gratuita. Lo anterior se agrava con números en la mano, al demostrar que el nepotismo y el influyentismo corren parejos en materia de justicia, y han convertido al poder judicial en centro de podredumbre.
Un estudio reciente enlista los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Como ejemplo se puso a Jalisco, Estado que ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados, por lo que se le intitula “Jalisco: el Virreinato de los hijos”. (Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos: El Poder Familiar de la Federación).
En cuanto al influyentismo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias.”
Siendo irrefutable que se ocupa una profunda modificación del Poder Judicial, la SCJN nada hizo para avenir y coordinar ideas con las propuestas presidenciales. Tanto en ella, como en las fuerzas de las oposiciones, jamás esperaron los resultados electorales del 2 de junio, en los cuales la ciudadanía otorgó mayoría calificada a los lopezobradoristas, quienes de esa manera vieron culminado su Plan C de reformas y con el dominio en las cámaras alta y baja, se dispusieron a culminar sus proyectos.
Se organizaron por los diputados amplios foros de consulta y participación de miembros del Poder Judicial Federal y de los Estados, de los trabajadores de esos poderes, abogados, académicos y demás interesados en el ramo. En ellos, fue evidente que los ministros, magistrados y jueces, estaban en contra de la reforma; enseguida se sumaron atropelladamente los trabajadores, y llegaron a un ilícito paro de labores. Su actitud fue no solo firme, sino furibunda. Unos y otros defendían a ultranza sus privilegios escandalosos: la SCJN apoyó a los paristas y hasta autorizó que recibieran sus sueldos íntegramente. El servicio prioritario de justicia, no les importó y lo relegaron, para ellos lo sustancial era evitar las reformas y con ello salvar sus prebendas.
Los poderes fácticos, al principio algo tibios, acrecieron y se volvieron beligerantes, refractarios y hasta amenazantes. Los embajadores de Estados Unidos y de Canadá tomaron parte y declararon su disconformidad con la reforma judicial, especialmente señalando la inaceptación del sufragio popular para elegir a los juzgadores federales.
Hubo necesidad de que el primer mandatario los señalara y marcara sus intromisiones inadmisibles, declarando una pausa con ellos, no con sus gobiernos, menos con sus pueblos: los negocios y relaciones no se inmutaron, a pesar de las “aves de mal agüero” sobre todo emanadas de sectores empresariales y los grupos de la derecha ideológica, algunos de calaña internacional, que advertían de turbulentos tiempos en lo interno y lo externo.
La pugna que por la llamada sobrerrepresentación de legisladores fue una batalla campal, la perdieron los opositores. Y heraldos de la retrospectiva como Krauze y Aguilar Camín, afirmaron que había muerto la democracia y con ello surgido la dictadura. No cabe duda de que añoran tiempos idos, cuando eran consentidos de las camarillas gobernantes.
La iglesia, -obispos, curas y beatería- sobre todo la católica, también echó su cuarto a espadas y se proclamó contraria a las reformas con relación a la administración de justicia. Estudiantes de universidades de paga y minorías del círculo de nivel alto, muchos de ellos empleados en la SCJN y tribunales, se desbordaron y satanizaron la iniciativa, dizque defendiendo la independencia del poder judicial y la carrera para escalar puestos en ese ámbito, repudiando la elección popular.
La desesperación de los liderados por la presidenta de la SCJN llegó al punto de ignorar al Constituyente Permanente (cuya atribución es adicionar, reformar, derogar o abrogar partes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) integrado por las Cámaras de la Unión y los congresos estatales, pues sin rubor alguno y careciendo de competencia, algunos jueces de distrito osaron conceder suspensiones para evitar la discusión de la reforma en el poder legislativo, o de inhibir enviar a los congresos locales la minuta que se aprobara en las cámaras, y finalmente, en el colmo de la rabieta de un tribunal colegiado, este prohibió se publiquen en el diario oficial las multicitadas reformas. Y como cereza en el pastel, la ministra Piña todavía expresó que buscaría algún recurso, aquí o fuera del país, para impedir la reforma constitucional.
Así describe el presidente del Senado (Gerardo Fernández Noroña) la parte final del jaleo entre poderes: los seguidores de la SCJN y los partidos opositores, usaron todo tipo de provocaciones y maniobras…buscaron que las sesiones no se llevaran a cabo…permitieron el asalto violento a la cámara de senadores en un repudiable intento golpista…los medios no dijeron nada al respecto, ni siquiera cuando la “Chuya” senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de Aguascalientes, llamó a linchar a quien votara a favor de la reforma.
Entonces hubo necesidad de pasar a la sede alterna del antiguo Senado (tal como los diputados se habían visto obligados sesionar en sede alterna) …hubo sesiones tormentosas y finalmente entre 10 y 12 de este mes septembrino ya estaba lograda la aprobación en lo general y particular en ambas cámaras. Para el día de los Niños Héroes, con 24 aprobaciones de congresos estatales se alcanzó la constitucionalidad de las reformas, enviándose al ejecutivo para su publicación.
AMLO anunció se publicaría la reforma el 15 de septiembre. Noroña precisó: será espléndido regalo no para el presidente, sino para el pueblo, añadiendo: y que se oiga bien y lejos, en México manda el pueblo y nadie más…en cuanto a la oposición están presentes en su ausencia, en la intrascendencia a que ellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Dicen los medios de comunicación tradicionales que tenemos una dictadura, con lo que resulta que si el pueblo manda es dictadura, y si las mayorías nos respaldaron es una dictadura, pero eso se llama democracia, el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo.
En esta victoria de los mexicanos, se demostró como se sortearon violencia, provocaciones, campañas de linchamiento y descalificaciones. Como reitera quien dirige la Cámara Alta: “…nosotros le decimos al pueblo de México que no les fallaremos, estamos bajo su observancia…la oposición tiene un largo camino de aprendizaje…nosotros seguiremos por largo tiempo porque estamos cumpliéndole al pueblo, estamos haciendo política y no politiquería, …y aunque la oposición nos muerda la mano, la tenemos extendida, a pesar de que no tenga palabra y traicione hasta los principios más extremos…siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero eso sí: bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que otorgó la ciudadanía”.
Este logro de la democracia mexicana bien merece la aclamación: ¡Larga vida al valiente y comprometido pueblo de México!
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
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Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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