NACIONALES
El pueblo está harto de corrupción: Protestar, obstruir y cobrar sin trabajar, divisa del Poder Judicial Federal
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Es inaudita la contumacia de los trabajadores del Poder Judicial Federal: protestan contra reformas judiciales, suspenden sus labores ilegalmente, violentan las sedes de las Cámaras legislativas, suspenden el esencial servicio de justicia, y todo esto, percibiendo sus salarios y privilegios, respaldada en todo momento su porfía por la presidenta de la Suprema Corte.
Desde el 16 de agosto pasado, se supo que “Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial.” (El País, 16-VIII-024). Es decir, ellos no aceptan que el pueblo elija a sus juzgadores, pero si recurren al voto -que sería el 19 de aquel mes- para “legitimar” protestas y paralizar irregularmente el servicio de justicia. Poco después -miércoles 21- estalló su movimiento ilícito y así seguía tras un mes de inmovilización de la justicia.
Para que no desistieran de ese empeño, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los acompañaron en sus maniobras contumaces, y para redondear ese apoyo, en reunión del Consejo de la Judicatura, se aprobó que se cubrieran las remuneraciones de todos los empleados paristas del Poder Judicial.
Unos días antes, en el gobierno hubo conatos para que no se cubrieran los ingresos de los que no laboraran, aspecto que incluso también aprobó la presidenta electa, aunque no el primer mandatario López Obrador. La votación de los consejeros de la Judicatura, -que era 3 a 3- la inclinó el voto de la presidenta, ministra Norma Lucía Piña Hernández; de esa manera, los trabajadores del Poder Judicial pudieron dedicarse plenamente a protestar en vez de cumplir sus obligaciones, con la certeza de que sus sueldos estaban seguros.
Como ya sabemos, a pesar de las múltiples estratagemas de los impugnadores de la reforma judicial, esta avanzó. Pero hemos de anotar que esos rebeldes empleados judiciales, habían obligado que los diputados sesionaran en sede alterna -la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva-, pues se les impidió deliberar en su recinto.
Sin embargo, el 4 de septiembre los diputados aprobaron las reformas; al respecto expresó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría lopezobradorista: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la cleptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial, por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo…” (Excelsior, 4-09-2024).
El siguiente paso se registró en el Senado de la República. Los paristas prosiguieron en su empeño impugnador de la reforma judicial, y desbordados en sus ánimos, ahora no solo bloquearon el lugar de sesiones -en este caso de los senadores-, sino que el 10 de este mes patrio, irrumpieron violentamente: cerca de las “16:30 horas de este martes se reportó un portazo en las instalaciones del Senado de la República.
Los manifestantes ingresaron a pocos metros de las y los senadores, y con consignas como “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, así como “y dónde están los senadores que nos iban a escuchar”, tomaron parte de las instalaciones de la Cámara Alta.
Este grave suceso constriño a que la Cámara Alta cambiara de local para debatir, siendo tal sitio la casona de Xicoténcatl. Allí se aprobó el dictamen de la iniciativa, aprobada por mayoría calificada por los diputados, para modificar de raíz al Poder Judicial Federal, que conlleva la reforma de todos los sistemas judiciales de las Entidades federativas. Estas por su parte, de forma rápida -fueron 23 Congresos locales- aprobaron dichas reformas y así, el Poder Constituyente Permanente, que tiene plena facultad para modificar la Constitución, culminó su tarea. Y contra estas reformas no hay recurso alguno.
El 15 se septiembre, célebre por la ceremonia del “grito” en Palacio Nacional, el Zócalo se atiborró de mexicanos, quienes manifestaron su aprecio por el presidente López Obrador, llegando muchos a las lágrimas, en razón a ser el postrer evento público presidido por AMLO. Entre tanto el Diario Oficial de la Federación, publicó la multicitada reforma Judicial, que entró en vigencia el día de la Independencia, es decir el 16 de septiembre. A partir de esta fecha, todo habitante, organismo o institución mexicana, está obligada a cumplir nuestra Carta Suprema, en tanto que todo extranjero, persona física, jurídica o país, debe respetarla. Bajo tal premisa, se dio a conocer que el lunes 23 de septiembre, volverían a sus labores todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.
Increíblemente, la presidenta de la SCJN (quien declaró buscaría hasta internacionalmente como detener la Reforma, -allá ella y su conciencia-), ahora peregrinamente, acepta se estudien peticiones de jueces y magistrados, para que se acuerde en el pleno que hacer respecto a las reformas, lo cual es absurdo.
Validos de ello, los contumaces miembros del Poder Judicial Federal lograron, en un encuentro con los consejeros de la Judicatura Federal, que la suspensión de labores continúe hasta al menos el 2 de octubre; desde luego, faltaba más, percibiendo sus jugosos emolumentos. Sobre esto nos dice la prensa del día 21 de este mes: “Luego de una reunión con líderes sindicales, representantes de juzgadores y trabajadores judiciales, el CJF acordó alargar el paro de labores hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum”. (Reforma, 21-IX-2024). La votación de los consejeros fue 4 a 3, decidiendo como siempre, el voto de la ministra Norma Lucía Piña.
Esa rebelde actitud, se puede explicar por muchos motivos, pero resaltan tres: El inicial, es que dichos integrantes -de todos los niveles- del Poder Judicial Federal, han venido desempeñando sus puestos, sin mayor vigilancia y por ende sanciones, en consecuencia, la irresponsabilidad impera entre ellos. En segundo lugar, porque tienen atascado el ramo de la justicia, con parientes y amistades, conformando ese poder como nidal del nepotismo y las influencias.
Finalmente, violando la Constitución, los ingresos que perciben miles de tales servidores públicos, son mayores a los que devenga el presidente de la república, agravados con variados privilegios que quizás solo tienen los altos ejecutivos de las mayores empresas transnacionales. Defender rabiosamente estas prebendas, son cuestiones sustanciales para estos renuentes miembros del Poder Judicial.
Así pues, no deja de asistirle la razón al diputado y exsenador zacatecano Ricardo Monreal, cuando exclamó: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga”. Y nosotros agregamos: y del paro ilegal, suspensión del servicio de justicia y el que se cobre sin trabajar, por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
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