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El «cártel de la toga» y la reforma judicial

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Opinión, por Cayetano Frías //

La actitud pasiva de ministros, magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial Federal, es verdaderamente criminal. Son 440 mil expedientes aproximadamente, los que han estado congelados durante más de un mes en todo el país, sin importar la tragedia que provocan al violar los derechos humanos de millones de personas.

Y en el colmo del cinismo, la inmensa mayoría de empleados en “paro”, siguen cobrando sus salarios de manera ilegal, solapados por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los consejeros de la Judicatura Federal.

Cada día se afirma en el imaginario colectivo, la consciencia de que existe un “cártel de la toga”, donde la alta burocracia del Poder Judicial ha creado redes de nepotismo en donde se contabilizan, conservadoramente, a más del 40 por ciento de los empleados como parentela de los dirigentes.

Pero ni por asomo, se cumple en esta institución con los principios rectores de honestidad e impartición de justicia pronta y expedita. Hay ejemplos tan grotescos en la lentitud de la SCJN, como las controversias constitucionales de límites entre Estados de la Federación que tardan décadas.

Las cifras oficiales reflejan que solo en un 3 por ciento de los delitos, los responsables reciben sentencia condenatoria, arrojando un altísimo nivel de impunidad que estimula a la reincidencia. El Consejo de la Judicatura solo cuenta como ente administrativo, pero no ejerce esquemas de control que combatan la corrupción y sus bajos índices de castigo a los infractores, son vergonzosos.

En contraste al nivel de eficiencia, ministros, magistrados, consejeros, jueces y funcionarios, tienen sueldos millonarios, todos por encima del que percibe el presidente de la república, aunque con ello violen la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

EL BOICOT A LA REFORMA JUDICIAL

Desde que era aspirante a ministra de la SCJN, Norma Piña fue humillada en el Senado por su escasa preparación y por no articular en sus respuestas el esbozo de un programa de trabajo para ese cargo. Impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, fue elegida y hoy es la presidenta.

Sus reuniones secretas con políticos de oposición antes de las recientes elecciones han sido una mancha en la supuesta independencia que debería guardar como cabeza de uno de los tres poderes del Estado.

Desde que fue electa, marcó su distancia con el Ejecutivo al permanecer sentada durante una ceremonia oficial. Como militantes de proyectos distintos, ambos funcionarios trazaron su estrategia: Piña en abierto boicot al trabajo de López Obrador, y éste, arrancó con su Plan C, de buscar la mayoría en el Congreso que le permitiera aprobar reformas constitucionales, entre ellas, como destinatario el “podrido Poder Judicial”.

Así, se aprobó la reforma al Poder Judicial, a través de la cual se establece que ministros, magistrados y jueces, deberán ser electos por los ciudadanos con voto directo y secreto. Antes, se hará una selección de los candidatos, su nivel académico, experiencia y demostrar que aprobaron las materias relacionadas con la impartición de justicia, con un mínimo de 95.

La reforma, que conlleva el despido de los actuales ministros y los que le siguen, además de la desaparición del inoperante Consejo de la Judicatura, crispó los ánimos en la alta burocracia y su parentela enquistada en el Poder Judicial.

Hace poco más de un mes que los empleados se fueron al paro, seguidos por jueces, magistrados, consejeros y ministros, con la evidente intención de preservar sus privilegios. Para los afectados, presos o en libertad, víctimas, ni un solo pronunciamiento en sus arengas y amenazas.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Doce días antes, 19 funcionarios, entre magistrados y jueces, presentaron una queja a la presidenta Norma Piña, quedando como ignorantes al solicitar que se inicie un “trámite de controversia o solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de tramitación urgente”.

Esa veintena de magistrados y jueces, evidencian el nivel de quienes imparten justicia. Dicha fracción, nada tiene que ver con una controversia o reforma, pues solo faculta al Pleno de la SCJN “Para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimientos de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal”.

Ante la pifia de los magistrados y jueces que presentaron la solicitud, el 24 de septiembre el ministro Raúl Carrancá y Rivas, en lugar de desechar la solicitud por improcedente, presentó un proyecto para corregir a los ignorantes, y propuso que se fundamentara en la fracción XVII y no en la XXII.

Esto dice la Fracción XVII: “Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y la aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta Ley Orgánica”.

Aquí debemos precisar que una Ley Orgánica solo tiene jurisdicción en la institución a la que está dirigida y es lo que establece esta Fracción XVII de manera muy clara, no puede invadir resoluciones de cualquier otra institución y tampoco invalidar una sola coma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero la cordura no permeó en la mayoría de los magistrados, porque este 3 de octubre, el Pleno aprueba el proyecto con modificaciones por ocho votos contra 3 y se pronuncian sobre la procedencia de invalidar reformas a la Constitución y según ellos, pueden hacerlo con seis votos, en lugar de los ocho. La locura de la toga.

El 4 de diciembre de 2019, el legislador Damián Zepeda le preguntó a la ministra Margarita Ríos Farjat: “¿Se puede impugnar y/o declarar inconstitucional una reforma constitucional?

Yo creo que lo impugnable sería el proceso que se haya llevado a cabo, que no se hayan llevado a cabo las formas del procedimiento. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia en la Corte en el sentido que no, sino de fondo político entraría la Corte a sustituir la soberanía del Constituyente.

No sé si eso sea deseable, que revisando si es una reforma constitucional válida, pues en la Corte decía, aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del Constituyente. Yo no lo vería así.

Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del Legislativo. Para mí, las reformas constitucionales no deben ser impugnables, si no nos gustaron discutámoslo de nuevo como sociedad, hagamos otros pactos. Esto es lo que constituye un pacto. Y el pacto siempre debe armarse sobre la soberanía del Legislativo. El Judicial tiene que respetar ese pacto, no sustituir lo que se decida ahí. Esa es mi opinión”.

En contradicción consigo misma, Ríos Farjat emitió uno de los ocho votos para dar entrada al análisis del tema.

El ministro Carrancá y Rivas, para fortalecer su postura de admitir el trámite, recordó que en 2014 el senador Manuel Bartlett junto con otros legisladores, presentó una demanda de amparo contra la reforma energética de Peña Nieto.

Lo que no dijo, es que esa demanda de amparo fue desechada y el pleno de la SCJN rechazó atraerla, porque no es procedente impugnar una reforma constitucional, que es el planteamiento que hacen.

En su posicionamiento durante la sesión del pleno del 3 de octubre, la ministra Loretta Ortiz externó: “Sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida, es decir, revisar reformas constitucionales fruto de la voluntad popular. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianas”.

 

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La presidenta y la espinosa relación con el Tío Sam

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La relación del gobierno de México con Estados Unidos siempre ha sido compleja, nada fácil es convivir y negociar con el imperio que tiende a avasallar. La historia de México así nos lo muestra. Más de la mitad del territorio del país lo arrebató el Tío Sam en el siglo 19.

Desde la fundación como país hace 200 años, la intervención norteamericana se hizo presente. Primero mandó a su embajador plenipotenciario Joel Roberto Poinsett, quien alentó a los grupos liberales de aquella época y así fue como dividió a los mexicanos.

El conflicto del 68 no se entiende sin la intervención norteamericana, cuando se estimuló un conflicto con la paranoia de que se trataba de un movimiento comunista subversivo que intentaba tomar el poder y buscaron a un militar golpista, pero a diferencia de la época postrevolucionaria, no encontraron al chacal émulo de Victoriano Huerta.

¿Cómo será la relación del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno norteamericano que en su momento expresó su desacuerdo con la reforma al poder judicial, bajo su lógica de que ésta no favorece a la democracia y por el contrario, tiende a una tendencia de un Estado autoritario que no quiere tener contra pesos?

LA HERENCIA DE AMLO

Andrés Manuel López Obrador dejó la víbora chillando a su sucesora en la Presidencia a propósito de la relación tirante con el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

¿Cómo será la relación? ¿Mejorará o empeorará?

Por las primeras señales que ha enviado la Presidenta Sheinbaum, no se vislumbran señales que tiendan a que las relaciones mejoren.

Recordemos que antes de concluir su mandato sexenal, el hoy ex presidente congeló la relación con el representante del gobierno de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por las críticas que éste emitió a la reforma judicial que estaba en proceso y que formaba parte del llamado Plan C de López Obrador.

Ya como Presidenta muy pronto la doctora Sheinbaum mandó una señal clara al incómodo embajador del imperio en México. A través del canciller Juan Ramón de la Fuente se le informó al embajador gringo que ya no se verán sus asuntos en Palacio Nacional, esto ahora será por medio de la Cancillería.

Se establecieron una serie de lineamientos, digamos generales. Si quiere tocar algún tema con secretaría de energía porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería”.

Esto forma parte de lineamientos que se establecieron el pasado jueves 10 de octubre. Y que dijo: “Ordena de manera muy importante en la relación”.

La presidenta, Claudia Sheinbaum adelantó que también el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark.

EL FUTURO DARÁ LA RESPUESTA

El derrotero de las relaciones México-Estados Unidos dependerá de quien gane en noviembre las elecciones presidenciales, si Kamala Harris o Donald Trump.

Las agendas de una y otro son muy distintas. Una es de tendencia progresista, cercana en varios temas a Claudia Sheinbaum, y el otro es de tendencia conservadora- populista.

LOS INTERESES Y LA IDEOLOGÍA

La ideología de la Presidenta Sheinbaum es de izquierda y ha expresado que impulsará el segundo piso de la Cuarta Transformación.

El punto clave es cómo manejará la relación con el país vecino. Hemos señalado que los intereses económicos comunes hacen prácticamente imposible que México pueda llegar a un rompimiento. De acuerdo a esas condiciones en México es casi imposible que se instaure un gobierno políticas comunistas tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba.

En el caso del Presidente López Obrador y su narrativa contra el neoliberalismo, su gobierno no cambió ni un ápice al modelo económico.

¿La Presidenta Sheinbaum sí lo hará?

EL PESO DEL T-MEC

La fuerza de la relación entre los dos gobiernos se centra en los acuerdos del T-MEC (Tratado entre México-EEUU-Canadá) que será en julio del 2026 y con el futuro gobierno. El T-MEC tiene una vigencia de 16 años y entró en vigor el 1 de julio de 2020 y busca brindar certidumbre y protección al comercio y a los inversionistas, haciendo más inclusivo y responsable al Tratado de Libre Comercio.

Cabe aclarar que en 2026 el T-MEC no será objeto de negociaciones, simplemente se revisará para que las partes estén convencidos que las acciones de algunos de los gobiernos contraviene el acuerdo.

Y allí se verá qué tanto la reforma judicial se convierte en un factor de diferencias. El gobierno mexicano ha argumentado que se trata de mejorar la justicia, la propia Presidenta lo ha defendido, pero habrá que ver en los hechos qué sucede, si realmente esto genera desconfianza y disminuye la inversión o simplemente forma parte del ruido político y mediático entre unos y otros.

Son interrogantes a las que aún no tenemos respuestas objetivas. Desde una posición ideológica polarizante tenemos muchas opiniones, pero será el tiempo si esas aseveraciones tenían razón o fueron simplemente producto de un miedo o de prejuicios ideológicos.

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Día Mundial de la Salud Visual: «México se ha convertido en un país de ciegos», advierte Sociedad Mexicana de Oftalmología

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Por Francisco Junco //

México se ha convertido en un país en donde la mayor parte de la población tiene padecimientos relacionados con la ceguera como el glaucoma, miopía o astigmatismo, padecimientos que disminuyen sustantivamente la visión de los mexicanos, coincidieron en conferencia de prensa especialistas de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO) que preside el doctor José Antonio Paczka Zapata.

En el marco del Día Mundial de la Salud Visual, que se celebró el 10 de octubre, la SMO ha lanzado una advertencia en la que se considera que México se ha convertido en un país de ciegos, debido al alarmante aumento de enfermedades oculares como el glaucoma, la miopía y el astigmatismo, que han afectado a gran parte de la población mexicana.

Los datos sobre la salud visual en México son de alerta. Y es que cerca del 19 por ciento de los niños en el país presenta errores refractivos no corregidos, mientras que se estima que unos 5 millones de niños padecen algún tipo de problema visual, siendo la miopía la afección más común.

La Dra. Luz María Ortiz Amézquita, vicepresidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, señaló que: “México es hoy un país de ciegos; tenemos detectados padecimientos de miopía desde los 2 años, y el uso de tabletas, celulares y dispositivos móviles entre niños y jóvenes ha incrementado fuertemente las enfermedades de salud visual”.

Durante la conferencia de prensa, el doctor José Antonio Paczka Zapata, presidente de la SMO, agregó que “en México, se estima que uno de cada cuatro niños en edad escolar tiene problemas de visión no corregidos, por ello resulta imperativo que enfoquemos nuestros recursos y atención en la identificación y tratamiento de estos casos a tiempo, toda vez que los problemas visuales que podrían afectar su desarrollo académico y social. Es crucial que actuemos ahora para garantizar una salud visual saludable para nuestros niños y jóvenes”.

Esta situación es crítica, ya que los problemas visuales no sólo impactan la salud ocular, sino que también pueden afectar el desarrollo académico y social de los menores, por lo que SMO hace un llamado a padres, educadores y autoridades de salud para que se unan en un esfuerzo conjunto por la detección temprana y prevención de enfermedades oculares en la infancia.

Es crucial que actuemos ahora para garantizar una salud visual saludable para nuestros niños y jóvenes”, agregó el Paczka Zapata, enfatizando la importancia de la campaña 2024-2025 de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera (IAPB).

Por su parte, el doctor David Lozano Rechy, vicepresidente de la SMO, también destacó la relevancia de esta causa, invitando a la población a participar activamente ya que “la salud visual es fundamental para el desarrollo integral de los niños, y juntos podemos hacer una diferencia significativa”.

Por su parte, la doctora Valeria Sánchez Huerta, representante de la IAPB, subrayó que “la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden prevenir el 80 por ciento de los casos de pérdida visual en niños. Necesitamos trabajar juntos para asegurar que todos los niños tengan acceso a exámenes visuales regulares”. Esta afirmación resalta la importancia de la detección a tiempo, que puede marcar la diferencia entre una infancia plena y un futuro con discapacidades visuales.

El compromiso de la SMO se extiende a asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de salud visual de calidad, “estamos comprometidos a mejorar la salud visual de los niños a través de programas de educación y concienciación. La prevención es clave para evitar problemas visuales que podrían tener repercusiones a largo plazo”, mencionó el doctor Juan Pablo Olivares de Emparán, presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva.

La doctora Vanessa Bosch Canto, presidenta del Centro Mexicano de Visión Funcional y Rehabilitación, añadió que es esencial que los niños que ya enfrentan problemas visuales reciban la atención y el soporte necesarios para integrarse plenamente en sus comunidades.

En resumen, el Día Mundial de la Salud Visual no sólo busca concienciar sobre las afecciones visuales, sino también destacar la posibilidad de prevenir la ceguera y mejorar la calidad de vida de millones de personas. La SMO y sus especialistas hacen un llamado urgente para que la sociedad y las autoridades se unan en esta importante causa que puede cambiar el rumbo de la salud visual en México.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA

En México, aproximadamente 5 millones de niños padecen algún tipo de problema visual. La prevalencia de miopía en niños está en aumento, afectando a uno de cada tres menores. Más de 2 millones de personas en México viven con algún tipo de discapacidad visual, muchas de ellas debido a condiciones prevenibles o tratables.

Cerca del 19 por ciento de los niños en México tiene errores refractivos no corregidos, como miopía, hipermetropía y astigmatismo. En zonas rurales y marginadas, el acceso a servicios de salud visual es limitado, lo que afecta particularmente a los niños que no reciben exámenes visuales regulares.

Según datos de la OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de todas ellas un total entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para el año que viene estos números se duplicarán de tal manera, que la ceguera en el mundo, así como el derecho a tener una buena salud visual se transformará en un derecho humano.

Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podían haberse prevenido e incluso curado totalmente. Ya que el 20% de los mismos se podían evitar, mientras que para el otro 60% existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que le proporciona una mejor calidad de vida al paciente e incluso le devuelven por completo este sentido.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD VISUAL

Esta jornada se celebra desde el año 2000, establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, y busca concienciar sobre la importancia de la salud ocular y la necesidad de un acceso equitativo a los servicios de salud visual para todos.

Que todas las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como, la mayor proporción son prevenibles o curables, haciendo susceptibles que las personas afectadas o susceptibles tengan oportunidad de mantener su capacidad de ver.

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Tómbola judicial: El sorteo que definirá el rumbo de la justicia en México

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Es viernes, estoy pegado a la pared del fondo, tratando de pasar inadvertido, la imagen que me toca contemplar es casi surrealista: el salón de plenos del Senado se transformó en el escenario de un ensayo de la llamada “tómbola judicial”, un mecanismo que, más allá de su inocente nombre, cargaba con el peso de reformar profundamente el sistema judicial del país. Dos tómbolas fueron introducidas, una transparente, hecha de acrílico, y otra negra, misteriosa, casi ominosa.

Era un detalle aparentemente trivial, pero la decisión de cuál usaría el Senado en su sesión del sábado contenía la esencia del simbolismo político: la transparencia de lo que debería ser un proceso democrático o la opacidad de un sistema que, según muchos, sigue sin cambios profundos.

La tarde del pasado viernes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se encontraba acompañado de dos figuras clave: Adán Augusto López y el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier. Los tres, como actores de una obra cuidadosamente ensayada, yo solo los veía caminar por el salón de plenos, observando cada rincón, cada detalle, en una especie de preámbulo solemne para el evento histórico que se avecinaba.

Fernández Noroña, fiel a su estilo, documentaba en redes sociales los últimos preparativos. Cuatro fotografías mostraban la sala, las tómbolas y a él mismo, supervisando el escenario donde se decidiría la distribución de los casi 900 juzgados que entrarían a un inédito proceso de elección popular el 1 de junio de 2025. Con el estilo que le caracteriza, escribió: “Viendo los detalles de la insaculación de mañana”. Lo que muchos vieron como una simple publicación de rutina era en realidad el anticipo de un día que, en sus palabras, marcaría un “hecho inédito, histórico”.

Pero en el trasfondo de esta transformación jurídica, la tensión política no dejaba de sentirse. La bancada del PAN, según se informó, no asistiría a la sesión. Noroña, sin embargo, minimizó la ausencia, atribuyéndola a una estrategia para descarrilar el proceso que él calificaba como inevitable. “Es el Supremo Poder Conservador, el Poder Judicial y ahí está articulado el PRI y el PAN”, sentenciaba.

Este ensayo del viernes no era más que una pequeña muestra de lo que vendría: un cambio profundo, un paso hacia una nueva era judicial. Mientras tanto, en el salón de plenos del Senado, las dos tómbolas esperaban. Una transparente y otra negra, listas para decidir, no solo el proceso del sábado, sino quizás el futuro del sistema judicial en México…

Este sábado, bajo la majestuosa cúpula del Senado de la República, un proceso inusual pero trascendental se desarrolló la mañana del 12 de octubre de 2024. Las sombras tempranas aún cubrían con sus nubes los alrededores de la Ciudad de México, cuando a las 9:40 horas, los senadores y diversos representantes se reunieron para llevar a cabo una histórica insaculación pública. Este mecanismo, casi arcaico pero lleno de simbolismo democrático, fue la vía para determinar qué magistradas, magistrados, juezas y jueces de circuito serán elegidos en los comicios de 2025 y 2027.

Presidiendo la sesión se encontraba el siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, que vestía un traje gris cortado a la medida y una emblemática corbata tinta, con tono firme recordaba a los presentes la importancia de este acto, inscrito en el segundo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial. Entre las notas políticas que usualmente invaden las discusiones legislativas, hoy se respiraba un aire distinto, cargado de expectativa y solemnidad por parte de los asistentes, pues la oposición estuvo ausente. Y no era para menos: el Senado estaba a punto de dar el primer paso en lo que podría ser una de las más grandes reformas al sistema judicial en las últimas décadas.

Frente a la mirada atenta de Juan José Barragán Abascal, notario público 171 de la Ciudad de México, las urnas recibían los nombres que serían parte de las elecciones. Un total de 927 magistraturas de circuito y 772 cargos de juezas y jueces de distrito. Pero, en este juego de números y cargos, algo era claro: la mitad de estos puestos serían renovados en 2025 y la otra mitad, en 2027. De entre estos números, emergía un dato más llamativo: 144 magistraturas y 25 juezas y jueces de distrito, cuyas vacantes ya marcaban el rumbo de la elección extraordinaria de 2025.

El eco de los nombres seleccionados en la insaculación resonaba no solo en el recinto, sino en los pasillos del Poder Judicial, donde seguramente algunos jueces comenzaban a vislumbrar el impacto que este proceso tendría en sus propias carreras. Como bien lo recordó el senador Óscar Cantón Zetina, a partir de este momento, no se permitirían cambios de adscripción en los cargos de magistraturas y juzgados a elegir.

Para mí, el mensaje estaba claro: comenzaba un proceso electoral inédito, uno que llevaría a los jueces y magistrados, por primera vez, a las urnas, creando un nuevo vínculo entre el Poder Judicial y la voluntad popular. Un reto que podría transformar, para bien o para mal, el modo en que se imparte justicia en este país… Deseo como abogado postulante, que esto que se me permite ver como cronista, ¡Sea para bien!

En X @DEPACHECOS

 

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