Regulación a Airbnb: ¿Un paso necesario o un ataque a la propiedad privada?

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La reciente decisión de la Ciudad de México de limitar a 180 días el tiempo que una vivienda puede ser rentada a través de plataformas como Airbnb ha desatado una controversia. Como era de esperarse, no han faltado quienes acusan al gobierno de estar implementando medidas “comunistas” o interfiriendo indebidamente en el derecho de propiedad.

Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la regulación de plataformas como Airbnb es que el gobierno no debería interferir en lo que los dueños hacen con sus propiedades. Sin embargo, este razonamiento ignora un hecho fundamental: el uso de la propiedad siempre ha estado sujeto a regulación. Desde los permisos de construcción hasta las zonas delimitadas para uso habitacional o comercial, el gobierno tiene la facultad de regular cómo y para qué se utiliza el suelo y los inmuebles en su jurisdicción.

De hecho, los límites al uso de la propiedad no son una excepción, sino la norma en todas las sociedades organizadas. ¿Acaso alguien podría construir una fábrica en medio de una zona residencial o abrir un club nocturno en una calle tranquila sin ningún tipo de restricción? La respuesta es no, porque las normativas urbanas existen para garantizar el bienestar común y el equilibrio en el desarrollo urbano. En ese sentido, la medida de limitar el tiempo que una propiedad puede ser utilizada para rentas temporales no es tan diferente de las regulaciones que ya existen para negocios o construcciones en zonas habitacionales.

Es importante mencionar que esta no es una medida aislada. Varias de las principales ciudades del mundo han implementado restricciones similares, buscando frenar la creciente gentrificación y el aumento de los precios de las rentas que se ha relacionado con plataformas como Airbnb. Ámsterdam, Barcelona, Nueva York y París son solo algunos ejemplos de ciudades que han limitado o regulado el uso de propiedades para rentas de corto plazo.

En muchos casos, estas medidas han sido una respuesta directa al impacto que Airbnb ha tenido en el mercado inmobiliario local, donde los propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo, obteniendo más ganancias, en lugar de rentar a residentes permanentes. Esto ha provocado una disminución de la oferta de viviendas accesibles para quienes viven y trabajan en esas ciudades.

En la Ciudad de México, el problema no es tan diferente. En algunas zonas, como la colonia Roma o la Condesa, los precios de las rentas han aumentado de manera considerable en los últimos años, en parte debido a la proliferación de propiedades que se ofrecen en plataformas de alquiler temporal. Esto ha empujado a muchos residentes tradicionales fuera de sus vecindarios, ya que no pueden competir con los ingresos que los propietarios obtienen alquilando a turistas.

No obstante, aunque la regulación de Airbnb es necesaria en ciertos contextos, vale la pena reflexionar sobre un problema más profundo: el concepto de vivienda como activo financiero. En muchas ciudades, la vivienda ha dejado de ser vista como un derecho fundamental y se ha convertido en un vehículo para la especulación comercial. Los bienes raíces se compran no tanto para ser habitados, sino como inversiones a largo plazo que pueden generar rendimientos mediante la compra, venta o alquiler a precios elevados.

Este fenómeno ha distorsionado gravemente el mercado inmobiliario, llevando los precios de las propiedades a niveles que están fuera del alcance de una gran parte de la población. En lugar de ser un refugio para las familias, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo. Mientras persista esta visión, el problema de la vivienda será difícil de resolver, con o sin plataformas como Airbnb.

Eso no significa que la vivienda no pueda ser vista como un activo financiero en absoluto. Después de todo, muchos propietarios dependen de sus propiedades para generar ingresos, ya sea mediante rentas a largo plazo o alquileres temporales. Lo que se necesita es un equilibrio que permita a los propietarios obtener un rendimiento justo de sus inversiones sin que esto signifique la exclusión de la población más vulnerable de los centros urbanos.

El verdadero problema que subyace en esta situación no es Airbnb en sí, sino la especulación descontrolada en el mercado inmobiliario. Los grandes inversionistas, fondos de inversión y desarrolladores han visto en el sector inmobiliario una mina de oro, comprando enormes bloques de propiedades con el único objetivo de maximizar sus beneficios. Este fenómeno ha generado una burbuja que eleva los precios de las viviendas, pero no mejora necesariamente la calidad de vida de quienes las habitan. En lugar de crear comunidades vibrantes, esta tendencia fomenta la creación de ciudades que son accesibles solo para unos pocos, mientras que el resto se ve obligado a mudarse a la periferia.

La regulación de Airbnb es, en ese sentido, solo una parte de la solución. Mientras no se tomen medidas más amplias para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que la vivienda sea accesible para todos, seguiremos enfrentando los mismos problemas de gentrificación y desplazamiento de comunidades. Es aquí donde el gobierno tiene un papel crucial que desempeñar, no solo regulando plataformas digitales, sino también estableciendo políticas de vivienda que pongan a las personas, y no a las ganancias, en el centro de la ecuación.

La medida de limitar a 180 días al año el uso de propiedades para Airbnb en la Ciudad de México tiene sentido en un contexto donde se busca regular el mercado de las rentas y evitar el desplazamiento de comunidades locales. No obstante, la discusión no debe centrarse exclusivamente en si el gobierno tiene el derecho de regular la propiedad privada, sino en cómo se puede encontrar un equilibrio entre permitir que los propietarios obtengan un rendimiento de sus inversiones y garantizar que la vivienda siga siendo accesible para quienes la necesitan.

Es posible, y de hecho necesario, que la vivienda sea vista tanto como un activo financiero como un derecho humano. Pero para lograr ese equilibrio, es esencial que se combata la especulación inmobiliaria que ha convertido a las ciudades en terrenos de juego para inversionistas y que se implementen políticas que pongan un límite a la comercialización indiscriminada de la vivienda. Si bien Airbnb puede no ser el problema de fondo, es un síntoma de un mercado inmobiliario desbalanceado que necesita una intervención cuidadosa y medidas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos.

La regulación de Airbnb en la Ciudad de México es un paso en la dirección correcta para frenar el aumento desmedido de los precios de las rentas y combatir la gentrificación. Sin embargo, para abordar el problema de raíz, es necesario un cambio más profundo en cómo entendemos la vivienda.

Mientras sigamos viéndola únicamente como un activo financiero sujeto a especulación, seguiremos enfrentando los mismos desafíos. El gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar los intereses de los propietarios con el derecho de las personas a tener acceso a una vivienda digna y asequible. Solo así podremos construir ciudades que sean justas, inclusivas y accesibles para todos.