OPINIÓN
La pistola de Trump sobre la sien de México
Opinión de Luis Manuel Robles Naya //
México está a prueba durante 45 días, en un examen impuesto por un sinodal que está predispuesto a reprobar al examinado. En política no cabe la ingenuidad y creer que Donald Trump no utilizará el combate a la migración como el eje articulador de su campaña electoral es cuando menos una gran inocentada.
Sin embargo, la administración federal está haciendo un serio intento para complacerlo, dando los pasos lógicos y necesarios para satisfacer la demanda del gobierno norteamericano de reducir el flujo de migrantes por nuestro suelo y convertirse en un país de asilo para los que accedan a una solicitud del mismo en los Estados Unidos de América.
Para ello, constituyó un grupo especial en el que confluyen responsabilidades asignadas a diversos ministerios, coordinados todos por el Secretario de Relaciones Exteriores. A la inusual demanda norteamericana, que mezcla asuntos comerciales con los migratorios, vino una respuesta igualmente inusual del gobierno mexicano, pragmática y lejana de la ortodoxia administrativa, ya que los secretarios de Gobernación, Trabajo, Economía y de Seguridad Nacional quedaron al margen de las decisiones que son ahora tomadas por el Secretario de Relaciones Exteriores.
Tengo la edad suficiente para remontarme a los años setenta del siglo pasado y recordar aquellas Comisiones que alegremente formaba el presidente en turno Luis Echeverría Álvarez, en la que participaban muchas dependencias y nada resolvía. En bien del interés nacional, espero que este grupo interinstitucional, no lo han nombrado comisión, sí pueda resolver en cuarenta y cinco días, lo que en sexenios no se ha podido o no se ha querido atacar frontalmente, que es la migración ilegal por la frontera sur de México.
Es público que por esa frontera pueden entrar hasta elefantes flotando en balsas por el Suchiate y por eso sorprende la declaración de la Secretaria de Gobernación de que no tiene idea por donde entraron 140 mil migrantes en el mes anterior, a los que debemos sumar otros cientos de miles desde principios de 2019.
También son muy conocidas las prácticas de corrupción que tienen lugar en el Instituto Nacional de Migración, cuya indolencia y permisividad hizo posible que durante años, el flujo migratorio fuera continuo aunque menos numeroso. ¿Lo desconocía Sánchez Cordero? Por supuesto que no, pero no puede darse el lujo de decir que fue la política de puertas abiertas implementada en esta administración la que alentó y produjo el inusualmente numeroso flujo migratorio que hoy se tiene que contener, so pena de castigos económicos severos.
El grupo de trabajo formado por el Presidente de la República, que no es comisión, tiene 45 días para disminuir la cantidad de migrantes que transitan por nuestro territorio y para el efecto ha esbozado un plan de trabajo ambicioso, que intenta quedar bien con ambos lados de la frontera norte mexicana, pero sinceramente creo que tendrá que aplicar el principio del lecho de Procusto.
Este personaje, para dar ingreso a su posada, pasaba primero a los paseantes a su lecho y el que tenía las piernas largas y sobresalían se las cortaba, mientras que a los que les quedaba grande el lecho los estiraba hasta que estuvieran a la medida. En ese tenor tendrá el gobierno mexicano que cortarle las piernas a la migración porque le sobra, y tendrá que estirar el presupuesto para cumplir con las exigencias, porque le falta.
En México la tasa de desempleo ha crecido; según reporte del INEGI del 23 de abril, durante marzo la tasa de desempleo ascendió a 3.56% de los económicamente activos y el 57.11% de los trabajadores se reportaron como informales.
En materia de salud, tenemos rezagos tanto en la suficiencia hospitalaria como en la disponibilidad de medicamentos y equipo de diagnóstico; por lo que se refiere a educación, es sabido que hay rezagos en infraestructura educativa y que México necesita invertir cuando menos dos puntos porcentuales más del PIB para alcanzar a países con niveles aceptables dentro de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico). Estos tres rubros, trabajo, salud y educación, es lo que se está ofreciendo y se tendrá que dar, a una cifra superior a los 150 mil migrantes solicitantes de asilo que se estima quedarán en México.
Cumplir con los dos objetivos fundamentales del compromiso con nuestros vecinos del norte, exige destinar recursos, ahora exiguos, para mantener a seis mil elementos de la guardia nacional desplegados en el sureste, con los problemas de logística y gasto que eso representa, incrementar la presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración para controlar el ingreso de los que pudieran pasar, así como, construir instalaciones para el resguardo y convivencia de los solicitantes de asilo que permanecerán en nuestro suelo en tanto se resuelve su solicitud en los Estados Unidos, proporcionándoles además atención en materia de salud, educación y empleo.
No es una tarea fácil, y sobre todo parece que pudiera resultar estéril, ante la tozudez de Donald Trump y su empeño reeleccionista. Creo que será como la tarea de Sisifo.
No creo que el gobierno mexicano sea tan ingenuo como para no saber lo que aquí se dice, sin embargo, la motivación real para tratar de consecuentar al mandatario rubio, tiene en realidad que ver con la propia política interior y las intenciones manifiestas de López Obrador de consolidar un nuevo régimen. Para ese propósito no hay por el momento nada más nefasto e inoportuno que el establecimiento de aranceles a los productos mexicanos. La economía mexicana está sostenida precariamente por unos muy débiles alfileres y estos gravámenes serían el detonador de una espectacular crisis. La apuesta del presidente de México es también una de muy dudoso éxito ya que, en su combate al neoliberalismo que ha identificado como el causante de todos los males que nos aquejan, está echando su resto a la recuperación del petróleo como dinamizador de la economía y a que la inversión privada responda a las buenas intenciones de su gobierno de cero corrupción.
En seis meses de gobierno, ya debió haberse dado cuenta de que los ahorros por la austeridad y el combate a la corrupción, sumado a la venta de garaje de los activos de la presidencia, no son suficientes para solventar el crecimiento de las dádivas gubernamentales y a la vez cubrir con suficiencia y eficiencia las demandas de salud, educación, trabajo, seguridad y bienestar, para mencionar las elementales, y mucho menos para sus muy cuestionados proyectos como el Aeropuerto de Sana Lucía, El tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas. Mucho menos si también tiene que inyectarle recursos millonarios a PEMEX para que conserve no solo su capacidad crediticia, sino también su viabilidad como empresa productiva del Estado.
En esta situación, los aranceles son, como los ha usado Trump, una pistola en la sien y en los primeros 45 y los subsecuentes días México estará tratando de quitarla de ahí, porque la crisis superviniente al entrar en vigor daría al traste con un proyecto de gobierno, que personalista e idealista como es, el presidente está empeñado en lograr. De por sí ya es difícil hacerlo por la oposición crítica de un amplio sector de mexicanos que no comparten su visión de país, menos viable será con la amenaza permanente del preponderante socio comercial.
La situación económica del país es precaria y le han estado quitando los alfileres desmantelando las instituciones creadas durante el neoliberalismo y desactivando los incentivos para la participación privada en la generación de riqueza. Querer convertir al Estado en el motor y rector de la economía, sustituyendo al mercado es una apuesta riesgosa para estos tiempos. Así que por el momento; a sus órdenes señor Trump.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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