NACIONALES
En riesgo el autoempleo: La paradoja de la seguridad social para los trabajadores de plataforma

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Como abordé en mi columna anterior, la iniciativa de Claudia Sheinbaum para extender la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi es una propuesta que ha ganado atención al abordar una de las principales carencias en los derechos laborales de este sector. Dotar a estos trabajadores de beneficios como IMSS, Infonavit, aguinaldo, incapacidades y reparto de utilidades representa un avance significativo en términos de justicia social.
Sin embargo, esta iniciativa también contiene una serie de implicaciones que amenazan con perjudicar a una parte importante de quienes actualmente encuentran en estas plataformas una alternativa viable de empleo.
En una primera instancia, para las plataformas digitales, esta medida representa un desafío financiero y operativo. Al exigir que todos sus colaboradores tengan un contrato formal con acceso a prestaciones como seguridad social, aguinaldo, incapacidades y vacaciones, las empresas enfrentarán costos adicionales que cambiarán su modelo de negocio. Lo que a primera vista parece un avance en derechos laborales podría traducirse en una gran pérdida de autoempleo.
Si esta iniciativa obliga a las plataformas a contratar formalmente a todos sus trabajadores, es probable que se genere un impacto negativo en el empleo. La razón principal es que no todas estas empresas podrán absorber la carga de prestaciones y seguridad social sin reducir su base de trabajadores. Los trabajadores de plataformas dependen, en gran medida, de un esquema flexible, donde pueden elegir cuándo y cuánto trabajar. Si se les exige cumplir con una jornada laboral de ocho horas, sin posibilidad de trabajar en otras aplicaciones simultáneamente, el autoempleo dejará de ser una opción viable para miles de personas.
El problema es claro: estas plataformas, que funcionan en gran parte como intermediarias, podrían preferir ‘’despedir’’ a un alto porcentaje de sus trabajadores antes que asumir los costos y las responsabilidades de tenerlos a todos en nómina. En un mercado donde estas empresas operan con márgenes ajustados y en un sector tan competitivo, la contratación universal podría hacer inviable mantener a tantos trabajadores.
Al mismo tiempo, la idea de que un modelo mixto (empleados y trabajadores independientes) subsista parece poco probable. Si la iniciativa no permite ningún tipo de flexibilidad en el tipo de contrato, el autoempleo, que actualmente brinda un ingreso para miles de personas en México, desaparecería.
Además, la rigidez de esta formalización obligaría a todos los trabajadores de plataformas a regirse bajo un sueldo fijo con prestaciones. Aunque esta estructura les garantiza un ingreso estable, también elimina el incentivo que algunos trabajadores encuentran en la flexibilidad y la posibilidad de trabajar más para ganar más. La velocidad y el número de entregas podrían bajar, y aquellos que prefieren el esquema de comisiones para maximizar sus ingresos estarían en desventaja respecto a la competencia.
Ante esta problemática, una alternativa viable sería que las empresas ofrezcan un sueldo base complementado con pequeñas comisiones por cada servicio prestado. Este enfoque permitiría que los trabajadores no solo cuenten con una estabilidad económica, sino también con el incentivo de generar ingresos adicionales, impulsando la productividad y reduciendo la percepción de rigidez laboral. Al combinar una base fija con comisiones, el trabajo podría adaptarse a las necesidades de ambas partes: brindar seguridad y mantener el atractivo de ingresos escalables.
Este esquema mixto de ingresos garantizaría que los trabajadores no se vieran completamente restringidos a un sueldo mínimo y que las empresas pudieran mantener un modelo sostenible. Además, sería más sencillo para las plataformas gestionar los costos laborales sin despedir a gran parte de su fuerza de trabajo.
En Europa, algunos países han implementado modelos que combinan seguridad laboral con ingresos variables, permitiendo una formalización que no asfixia a las empresas ni a los trabajadores. Este enfoque ha dado buenos resultados, especialmente en economías donde el trabajo por plataformas se ha convertido en una fuente importante de ingresos. Al adaptarse a las características del trabajo digital, estos modelos han logrado proteger a los trabajadores sin eliminar su capacidad de generar ingresos adicionales por sus propios medios.
México podría tomar lecciones de estas experiencias, promoviendo un modelo de formalización adaptable, que equilibre la protección laboral con la flexibilidad que caracteriza a este sector. Es decir, una legislación que no fuerce una contratación estricta, sino que permita esquemas de ingresos mixtos, podría reducir el desempleo que de otro modo podría generarse.
A pesar de los retos, existe un aspecto positivo que no podemos ignorar: Uno de los beneficios clave de la formalización de los trabajadores de plataformas es la posibilidad de construir una fuerza laboral más estable y capacitada, con oportunidades de desarrollo profesional. Al contar con un contrato formal y prestaciones de ley, los trabajadores tendrían más incentivos para permanecer en sus empleos, lo que podría disminuir la rotación constante que hoy enfrentan muchas plataformas. Esto, a su vez, permitiría a las empresas invertir en la capacitación y profesionalización de su equipo, mejorando la calidad del servicio y generando un sentido de pertenencia entre los colaboradores.
Aunque esta propuesta representa un gran avance en términos de derechos laborales, debe manejarse con cuidado para evitar un golpe drástico al empleo. México necesita una reforma adaptada a la realidad de los trabajadores de plataformas y a las limitaciones de estas empresas. Obligarlas a contratar a todos sus colaboradores sin ninguna flexibilidad podría poner en riesgo la fuente de ingresos de miles de personas que dependen de la flexibilidad del autoempleo.
La historia nos ha mostrado que los avances en derechos laborales siempre enfrentan resistencias y desafíos. Sin embargo, obligar a las empresas de plataformas a formalizar a todos sus trabajadores sin considerar la naturaleza de su operación y la realidad del sector puede llevar a consecuencias inesperadas. Quizá lo más diligente en el contexto de una reforma cuya necesidad es innegable, sería explorar un modelo de formalización que, además de garantizar prestaciones y seguridad, permita la combinación de ingresos base y comisiones, adaptándose a la realidad del trabajo digital.
El reto, en esta tesitura, es crear una legislación que proteja sin ahogar, que brinde seguridad sin imponer rigideces, y que ofrezca mejores condiciones sin sacrificar la libertad y flexibilidad que estos trabajadores valoran. La iniciativa es un paso en la dirección correcta, pero para que sea realmente efectiva, debe tener en cuenta la complejidad del mundo laboral digital y las necesidades de todos los involucrados.
NACIONALES
El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

– Por Mario Ávila
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.
El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.
Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.
En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».
ENTREVISTAS
La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

– Por Mario Ávila
Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido.
Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad.
El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”.
Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró.
Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades.
Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores.
«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».
«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo.
De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados.
Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”.
Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”.
Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala.
Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación.
Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».
«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó.
“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.
NACIONALES
Fracasan acuerdos para renovar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

– Por Mario Ávila
Será la Mesa Directiva anterior, encabezada por el presidente, diputado, Sergio Gutiérrez Luna, quien reciba el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que será entregado este 1 de septiembre al Poder Legislativo, por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ello a raíz de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó no renovar la Mesa Directiva este domingo, por lo que seguirá con la misma integración durante los siguientes cinco días.
La causa fue, que por acuerdo parlamentario corresponde al PAN designar al nuevo presidente (a) de la Mesa Directiva, sin embargo las propuestas hechas por la fracción parlamentaria albiazul, fueron vetados por el grupo parlamentario de Morena y como la votación a favor debe ser de al menos dos tercios de los diputados presentes, se decidió dejar pasar los primeros 5 días del mes, para llegar a acuerdos.
Morena ha considerado que el perfil de las personas propuestas es inadecuado por considerarlas poco conciliadoras, por ello se rechazó a Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.