– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

El reporte de perspectivas económicas del Banco Mundial señala que existen importantes vientos en contra del crecimiento en nuestro país y en el mundo, derivados de tensiones comerciales y mayor incertidumbre política. Nos dice que, las débiles perspectivas limitan la capacidad para crear empleos y reducir la pobreza extrema. Contempla, además, una reducción de la inversión extranjera directa en las economías emergentes y en desarrollo, que agravan estas condiciones adversas.

La sugerencia: Para desbloquear la creación de empleo formal y el crecimiento a largo plazo, las reformas deben centrarse en aumentar la calidad institucional, atraer inversión privada, fortalecer el capital humano y los mercados laborales. Nada de eso se está haciendo.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha elevado su pronóstico de crecimiento para México a 1% en 2025, sobre la predicción de abril de este año que fijó en 0.3% debido a que las presiones arancelarias han sido menores de lo previsto y a que espera una recuperación de la economía estadounidense, esto desde el punto de vista macroeconómico. Sin embargo, este jueves, el mismo FMI señala que México registrará el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de al menos 4 sexenios y la deuda neta gubernamental será la más alta desde el año 2006.

Para las calificadoras internacionales, la observación sobre el comportamiento de la deuda nacional es un punto de mayor importancia, pues muestra una tendencia creciente amenazando su grado de confianza. Las autoridades hacendarias mexicanas han hecho énfasis en que la deuda es perfectamente manejable y que no representa riesgos; sin embargo, el conjunto de la economía nos indica que puede llegar a niveles inmanejables.

El presupuesto de ingresos presentado al Congreso muestra claramente que el Estado necesita más recursos para superar el déficit que arrastra, estimado por el FMI en 4.9%, un punto porcentual por arriba de la estimación oficial mexicana, y denota que el ingreso dependerá del comportamiento fiscal y al parecer en el siguiente año será el consumo el que sostenga la dinámica económica y el ingreso fiscal.

Para que el gobierno recaude más, debe necesariamente que haber crecimiento y este solo será posible si aumenta la inversión, pero para que esta llegue el capital debe tener confianza y los últimos indicadores publicados por el INEGI demuestran que esta va a la baja tanto en el ámbito empresarial como en el consumidor.

En el noveno mes de este año, el indicador de confianza del consumidor sufrió un revés de 0.53 puntos respecto a septiembre de 2024, nueve caídas en su comparación anual. Por su parte el indicador de confianza empresarial, en términos anuales lleva también nueve caídas, pese a que en septiembre tuvo un avance de 0.11.

Hay reservas para que la inversión fluya y, además, el crédito privado también va a la baja ante la incertidumbre que representa un Poder Judicial más inclinado a la protección social que a la aplicación estricta de la ley.

La recomendación del Banco Mundial no debiera desecharse a la ligera ni desestimarse, el gobierno requiere consolidar sus avances políticos y mantener sus políticas distributivas, pero necesita a la par, incrementar sus ingresos fiscales y esos solo llegan con crecimiento, el cual se inhibe por las reformas que desnivelan el equilibrio entre los factores económicos y el Estado.

Es momento de darse cuenta de que la velocidad con que se implementaron las reformas sociales y políticas necesita una pausa para ordenar el concierto del Estado Mexicano, que no es sólo el gobierno. Con lo hecho, no hay nada que impida la presencia dominante del gobierno en la vida económica nacional y es tiempo de pensar en los límites necesarios para no ahogar a los actores y factores subordinados, sin los cuales las políticas sociales y redistributivas del ingreso no serán posibles.

El crecimiento permanecerá bajo también, si las restricciones al comercio internacional persisten por las barreras arancelarias impuestas en el sexenio anterior, y la incertidumbre política resulta como consecuencia de elecciones poco confiables por el dominio gubernamental de las instituciones electorales. Aunemos a lo anterior, que la inseguridad preocupa a las actividades económicas que requieren algo más que una baja en la tasa de homicidios.

El déficit gubernamental, el pago del servicio de la deuda y la creciente demanda de los programas sociales significan mayor estrés para las finanzas públicas, impedidas hoy de financiar el desarrollo. De no darse las expectativas de recaudación, la deuda seguirá creciendo sin que esos recursos tengan un fin productivo sino asistencial.

Las últimas disposiciones fiscales incrementan los impuestos al consumo y esto eleva los precios y dificulta el control de la inflación. No son buenas señales, pero el gobierno necesita dinero y de algún lado lo habrá de obtener, al menos ahora que no es año electoral.

– Opinión, por Iván Arrazola

El resultado de la elección de 2024 fue, sin duda, sorprendente. Ni siquiera el más optimista de los simpatizantes del oficialismo habría anticipado una victoria con tales dimensiones. Aunque existen distintas interpretaciones sobre si esa supermayoría debió o no alcanzarla Morena y sus aliados, lo cierto es que, con las reglas vigentes, era difícil que el desenlace tuviera otra interpretación.

Desde entonces, el oficialismo ha sabido trabajar de manera cohesionada en la promoción de un amplio paquete de reformas que han transformado la estructura institucional del país. Sin embargo, esa capacidad de articulación abre hoy una nueva interrogante: ¿qué viene después de las reformas? ¿Cómo se sostendrá un modelo basado en la concentración del poder?

Estos cuestionamientos no son menores, las nuevas reglas para la elección del Poder Judicial, lejos de fortalecer la impartición de justicia, introducen incertidumbre y riesgo institucional. La falta de criterios claros, la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes y la politización del proceso presagian un deterioro en la eficiencia judicial, un área que ya era objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía.

A ello se suma la cuestionable selección de perfiles. En muchos casos, la experiencia y el conocimiento jurídico fueron relegados; lo prioritario era garantizar afinidad con el poder. La evidencia más clara de esta manipulación son los llamados “acordeones” que circularon durante el proceso, instrumentos que orientaban el voto hacia determinados candidatos. Este episodio quedará registrado como un ejemplo más de cómo se indujo la voluntad popular en favor de ciertos intereses.

Por otro lado, la reciente aprobación de la nueva Ley de Amparo refuerza la percepción de un gobierno que busca restringir los contrapesos. Al redefinir el concepto de “interés legítimo” y limitar quién puede ampararse frente a decisiones del Estado, el régimen acota la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan de los abusos del poder.

Aunque el discurso oficial asegura que se trata de evitar privilegios para los poderosos, en la práctica estas modificaciones restringen el acceso a la justicia de los ciudadanos comunes y pueden utilizarse como herramientas de persecución política.

Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué hará el gobierno una vez que haya consumado todas las reformas que se propuso? La última —y quizá la más significativa por su alcance y consecuencias— es la reforma electoral, un proyecto en el que tampoco se vislumbra apertura al diálogo ni posibilidad de acuerdos con la oposición. Todo indica que el oficialismo volverá a recurrir a su mayoría legislativa para imponer los cambios, utilizando la conocida aplanadora parlamentaria que ha caracterizado a este sexenio.

Entre las medidas más polémicas se encuentra la reducción del número de legisladores de representación proporcional, lo que implicaría una merma directa en la pluralidad política y en la representación de las minorías. A ello se suma la intención de modificar la forma de integración del órgano electoral encargado de organizar los comicios, abriendo la puerta a que sus integrantes sean electos bajo un esquema que favorezca la afinidad política con el gobierno.

Más allá de sus justificaciones, las reformas aprobadas se han impuesto sin los consensos mínimos con la oposición. El uso de la mayoría legislativa para aprobar transformaciones estructurales tiene un costo político: la falta de legitimidad y la erosión de la confianza institucional. La llamada “mayoría artificial” que permitió al oficialismo avanzar en su agenda ha sido cuestionada incluso por actores que reconocen la validez formal de las elecciones, pero advierten sobre el debilitamiento de los equilibrios democráticos.

Particularmente grave es el caso del Poder Judicial. La selección de ministros mediante mecanismos tan poco transparentes resta legitimidad a quienes asumen el cargo. Además, el proceso de aprobación estuvo acompañado de prácticas reprobables: en el caso de la reforma judicial, legisladores opositores fueron presionados para ausentarse de las sesiones, otros cooptados a cambio de impunidad.

En este escenario, un futuro gobierno de signo distinto podría cuestionar la legitimidad de las instituciones y de las decisiones surgidas bajo estas condiciones. Incluso podría llegar a desconocer resoluciones judiciales, alegando que provienen de un poder constituido de manera irregular. De ocurrir, México enfrentaría una crisis institucional de gran magnitud.

El oficialismo parece no advertir que ningún poder es eterno. Las decisiones tomadas sin diálogo, sin contrapesos y sin respeto a la pluralidad tienden a revertirse con el tiempo. En una democracia, las reformas requieren negociación, gradualidad y legitimidad; cuando se imponen, generan resistencias y, tarde o temprano, serán revisadas o anuladas.

Por ello, al régimen actual le convendría construir puentes con la oposición con la que se han negado a negociar. De lo contrario, las mismas reformas que hoy consolidan su poder podrían convertirse mañana en el origen de su desgaste político y en el punto de partida de una nueva etapa de cambios.

– Opinión, por Gerardo Rico 

Con la promesa que el próximo 27 de octubre tendrán respuesta oficial a sus peticiones de aumento al precio de la tonelada de maíz, a 7 mil 200 pesos por tonelada, productores de este grano en Jalisco y diferentes Estados de la República advirtieron que de no obtener respuesta favorable bloquearán nuevamente las carreteras del país.

“Ahora que China dejó de comprar maíz a Estados Unidos, este país quiere acomodar su producción a cómo dé lugar en México y en todo el mundo. De ahí que es notorio el incremento de importación de maíz en los últimos años y eso no nos favorece a los productores mexicanos”, señala René Beas, veterano dirigente y luchador social del agro en Jalisco, con quien conversé sobre el tema. Advierte que si no hay respuestas favorables en la fecha acordada con la Secretaría de Gobernación, además de carreteras, podrían bloquear el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los productores de maíz en México enfrentan problemas graves como el cambio climático -sequías e inundaciones-, el aumento de los costos de producción -insumos como fertilizantes y combustible-, la competencia desleal del maíz importado y la falta de apoyos gubernamentales efectivos para la productividad, incluyendo la desaparición de programas de financiamiento y comercialización.

Estas dificultades originaron una caída en la producción nacional, obligando a los agricultores a enfrentar precios bajos, bajos rendimientos y, en muchos casos, a abandonar sus actividades. El impacto limitado de programas claves para el apoyo al campo es uno de los factores que merman cada vez más la producción de alimentos en México, al grado de que para este 2025, especialistas prevén que se obtengan las peores cosechas, con niveles de emergencia en granos, especialmente los que son históricamente más consumidos por los mexicanos.

En 2018, la producción de maíz en México fue de aproximadamente 27.1 millones de toneladas, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Esta cifra representa un descenso con respecto a años anteriores, pero fue el punto de partida para un periodo de baja en la producción en los años recientes. Para el 2024, apenas llegó a poco más de 23.6 millones de toneladas. Y la tendencia sigue a la baja.

“En los últimos 10 años, México pasó de ser el cuarto productor a nivel mundial, a ser el séptimo; además, para el 2025 seremos el importador más grande en cuanto a maíz se refiere”, advierten especialistas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Y sí, entre enero y agosto de este año se registró una compra acumulada récord de este grano básico para la población mexicana, tanto en volumen como en valor, revelan datos oficiales.

Cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), recopilados por el GCMA, confirmaron que en los primeros ocho meses del año se han importado 16 millones 800 mil toneladas de maíz, cifra sin precedente para un periodo similar y 0.8 % superior a las 16 millones 200 mil toneladas de un año antes.

En lo que se refiere a valor, las compras internacionales de maíz, principalmente amarillo y transgénico desde Estados Unidos, representaron un desembolso de 3 mil 573 millones de dólares, 2.4 por ciento más en comparación con los 3 mil 488 millones de dólares de igual lapso de 2024.

AY JALISCO…

Jalisco produjo poco más de 3 millones 945 toneladas de maíz grano, según datos recientes, adicionalmente es el principal productor nacional de maíz forrajero -destinado al consumo animal-, con aproximadamente 4 millones de toneladas en 2024. René Beas considera que más del 90% de productores maiceros en nuestro Estado están en números rojos, “cada vez se paga menos por cada tonelada de maíz que se produce”.

“A nosotros los productores nos quieren pagar por debajo de los cinco mil pesos la tonelada, teniendo costos por arriba de 50 mil y rendimientos por debajo de ocho toneladas. Con el comienzo de importar maíz transgénico, estamos destinados al fracaso”, precisa.

Pero aquí se presenta otro fenómeno: tan solo el año pasado se tiene registro que el 30% de los agricultores de maíz en Jalisco dejaron de sembrarlo para plantar agave y otros cultivos. El problema que enfrentan miles de productores maiceros en Jalisco y a nivel nacional desafortunadamente tiende a empeorar con el riesgo de incremento a la importación de maíz transgénico en el marco de las negociaciones que vienen del T-MEC.

No existe un número exacto de productores de maíz en nuestro Estado, pero se estima que hay alrededor de 19 mil ,657 unidades de producción agropecuaria, de las cuales un porcentaje significativo se dedica al cultivo de maíz.

La producción de maíz es muy importante en México por su importancia alimentaria, es la base de la dieta nacional y de más de 600 platillos tradicionales como tortillas, tamales y atole. “Es muy fácil de resolver, si las grandes empresas acaparadoras de maíz en México otorgan un peso de subsidio por tonelada y los gobiernos estatal y federal 50 centavos cada uno, le aseguro que se acaba el problema de miles de maiceros”, precisa Renés Beas.

– Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

Los Estados Unidos Mexicanos, —-nombre oficial de nuestra nación—, comúnmente conocida como México, tienen una relevante relación con su vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, sencillamente Estados Unidos (EEEUU) y vulgarmente identificado con el alias de “Tío Sam”.

Para darnos idea de esa intensa conexión, diremos que en ese país residen alrededor de cuarenta millones de mexicanos, —muchos de ellos maltratados, acosados y explotados— en tanto que en la tierra azteca habitan entre 1.5 y 1.6 millones de estadounidenses, de los cuales cerca de 800,000 tienen calidad migratoria matriculada y los demás viven entre nosotros de modo irregular, pero muy apapachados y generalmente sin restricciones.

Por cierto, en Jalisco, tenemos núcleos de vecinos gringos muy numerosos, destacando Chapala (en su ribera y el pueblo mágico de Ajijic) y el paradisíaco Puerto Vallarta, los cuales disfrutan a sus anchas nuestro clima y nuestra hospitalidad.

Por lo que ve a los trabajos que desempeñan la mayoría de los compatriotas en tierras del Tío Sam, son de señalar el ramo agrícola, el restaurantero, la construcción, el ámbito manufacturero, el de alojamiento y los servicios incluyendo las tareas en ventas minoristas, así como el cuidado y la asistencia social.

En cuanto a la economía, las transacciones entre los dos países son extraordinarias, a tal grado que México es ya el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China. Y esto no es de ayer, sino que se ha mantenido por varios años, impulsada dicha economía, por el dinamismo comercial de ambas naciones del norte, su proximidad geográfica, recalcando cadenas de suministro como las que imperan en el sector automotriz y el renglón manufacturero.

Debido a lo anterior, es que haya la imperiosa necesidad de tramitar visas por los habitantes de entrambas naciones vecinas. Este documento regulatorio es la autorización que el gobierno de un país otorga a una persona extranjera para ingresar a su territorio con un propósito concreto: turismo, trabajo, estudio y hasta inversión o residencia. Ordinariamente, puede consistir en un sello en el pasaporte, pero en el caso de los colindantes norteños, es todo un documento que denominamos para distinguirlo de la visa de otros Estados, “visa norteamericana”.

Desde luego que, si de clases de visas hablamos, los EEUU tienen dos principales: para inmigrantes y para no inmigrantes: Cada una de estas categorías se subdivide en múltiples tipos, como visas de trabajo, visas de visitante, etc., etc., según se acredite a los ojos escrutadores de los oficiales consulares, los cuales laboran en alrededor de nueve oficinas que pueden expedir esos documentos en nuestra república mexicana.

Cada año, y especialmente cada vez que hay nuevo presidente de Estados Unidos, suelen modificar sus administraciones los requisitos para expedir visas norteamericanas. Y podemos afirmar que cada vez son mayores esos requerimientos, comenzando con su elevado costo: hasta septiembre de este año de 2025, costaba $185 dólares, y a partir de octubre, se elevó a la cantidad de $435 dólares, advirtiendo que pagar tal suma -por elevada que sea- no garantiza se otorgue la visa, sino solo tener una cita en el consulado de EU para gestionarla; si no se concede, no hay devolución alguna.

Los oficiales consulares son penetrantes indagadores y si sospechan que el solicitante no es apto para visitar EU, niegan la autorización respectiva: ellos suelen creer que muchísimos mexicanos utilizan la visa de turista para quedarse a trabajar en el país de las barras y las estrellas, lo cual en no pocas ocasiones así es, pero esa característica es típica de todos los pueblos.

Tanto nuestra nación como la de los gringos, son grandes potencias turísticas. De allí que tengan que expedir visas de ese ramo. Sin embargo, ni costos ni tratos son recíprocamente igualitarios. Para los mexicanos es todo un calvario obtener la tarjeta o visa americana, dificultosa, tarda y onerosa, mientras que, para los visitantes yankis, todo es facilidad y baratura.

Un grave problema para los viajeros de México hacia el extranjero (EU o cualquier otro destino internacional) es que muchas líneas aéreas, hacia los cuatro vientos, despegan de territorio estadounidense y, por lo tanto, se exige la visa correspondiente.

De no tenerse, debe hacerse costosísimo y largo rodeo. La cuestión se agrava si lo que se desea es realizar algún viaje crucero, o sea en barco, ya para conocer lugares caribeños, centroamericanos o del lejano viejo mundo: todos los puertos de salida están domiciliados en Estados Unidos.

Hasta hace tres o cinco años, de México salían esos cruceros, siendo los más típicos apostaderos Cozumel o Puerto Progreso, cercas de Mérida. Pero aduciendo precaria infraestructura portuaria, dizque insuficiente para los grandes barcos, la siempre nociva burocracia política, la inseguridad y la implementación de nuevos impuestos encarecedores del turismo, pero sobre todo el interés de las navieras en otros puertos, se acabaron las salidas desde nuestros mares. Eso sí, muchos puntos de gran turismo siguen siendo visitados por los cruceros: Cancún y Puerto Vallarta son ejemplo de ellos.

Existen programas en diversas naciones, para que, sin necesidad de visa, se pueda transitoriamente entrar en los países que los practican. México tiene un programa y no es difícil utilizarlo. Los Estados Unidos también lo poseen, le llaman el Programa de Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés: Visa Waiver Program), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en consulta con el Departamento de Estado.

Por medio de este sistema, se permite a las personas de países designados viajar a los Estados Unidos para estadías de hasta 90 días sin visa. A cambio, esos países deben permitir que los ciudadanos y los nacionales estadounidenses viajen a sus países por un período de tiempo similar sin una visa con fines comerciales o turísticos. El programa fue creado en 1986.

La pregunta que se hace el mexicano es por qué ese sistema, convertido en una especie de mutualidad con muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, no incluye a México, el principal socio comercial de ese país, su vecino y la nación con más connacionales residiendo en dicha potencia, además de otorgarles a los ciudadanos de EU un trato preferente.

La respuesta debemos buscarla, ya sea porque nuestros gobiernos no se han preocupado por ser parte de ese grupo de naciones (entre ellas España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Chile).

O la segunda contestación, es porque fieles a su frase de que “Estados Unidos no tiene amigos, sino socios”, nosotros solo les convenimos de agremiados desiguales, en cuyo caso -contrariando la fraternidad y sentido solidario-la desconfianza es común denominador para regular nuestros vínculos.