La inteligencia artificial en la administración pública

Opinión, por Javier X. Hurtado //

En los últimos años, México ha dado pasos importantes para introducir la inteligencia artificial en el sector público. En 2024 se lanzó la propuesta de Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, que establece lineamientos para regular y promover el uso ético y responsable de la tecnología (esperemos que sea transexenal). Una de sus áreas clave es garantizar que la inteligencia artificial (IA) respete los derechos humanos, la ética y la inclusión, y promueva el desarrollo económico y la transparencia.

El proyecto ha recibido el apoyo de diferentes sectores políticos, destacando la necesidad de desarrollar una estrategia nacional para consolidar a México como guía para América Latina en este tema.

Sin embargo, esta tecnología también plantea desafíos importantes, especialmente en nuestro país y estado, donde la brecha digital y la falta de regulaciones específicas pueden limitar su aplicación efectiva que vayan más allá que garantizar el acceso a las TIC’s a toda la ciudadanía que existen en el párrafo tercero del artículo 6º de nuestra Constitución.

Esta nueva tecnología promete mejorar significativamente la eficiencia y la calidad del servicio, y abrir nuevos horizontes para un gobierno responsable, transparente y centrado en los ciudadanos. En México, así como en Jalisco, su implementación aún está en sus inicios, pero existen precedentes e historias de éxito de IA que muestran su enorme potencial para modernizar y agilizar los procesos gubernamentales.

La inteligencia artificial ha comenzado a desarrollarse en el sector público en todo el mundo, principalmente en países con la mayor infraestructura de tecnología e innovación, como Estados Unidos, Japón y muchos países de la Unión Europea. En estas regiones, los gobiernos han aplicado modelos de IA en áreas como predecir el fraude fiscal, mejorar la respuesta a emergencias e informar la toma de decisiones mediante la recopilación masiva de datos.

En México, el interés por la inteligencia artificial está creciendo gradualmente entre las administraciones públicas, a pesar de los desafíos relacionados con la falta de infraestructura. La experiencia técnica profesional y un marco regulatorio sólido garantizan una implementación segura y efectiva.

Un ejemplo reciente de caso de éxito es el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que implementó modelos de aprendizaje automático para identificar patrones de evasión fiscal, permitiendo un seguimiento más preciso de los contribuyentes. Otro ejemplo es la iniciativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para optimizar la gestión de citas y el acceso a los registros electrónicos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención al paciente.

Vimos el primer enfoque de IA para utilizar sistemas de análisis de datos al detectar irregularidades fiscales en México. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha explorado ya la tecnología de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del conteo de votos, aunque su aplicación generalizada sigue siendo limitada. En Jalisco pues qué decir con un PREP del IEPC que fracasa. Sin embargo, los esfuerzos de México siguen siendo en gran medida experimentales o limitados a proyectos piloto.

En nuestro caso, Jalisco es conocido por su ecosistema de innovación tecnológica y tiene un gran potencial para integrar la inteligencia artificial en sus procesos de gestión. Desde la creación de la Agencia de Innovación Digital de Guadalajara hasta la implementación de una plataforma de servicios digitales para la ciudadanía, pero como entidad federativa estamos totalmente atrasados ya que se han dedicado solamente a cablear y ni siquiera realizar mejora regulatoria para la modernización en la otorgación de servicios públicos.

De cara al futuro, es imperativo que el gobierno de Jalisco considere desarrollar un marco regulatorio que permita el uso responsable de la inteligencia artificial para proteger la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Aparte de la creación de alianzas con el sector privado y todas las universidades públicas y privadas que pudieran ayudar a desarrollar aplicaciones de IA que satisfagan las necesidades locales y abonen el camino para la innovación y la gestión pública responsable. Mientras tanto, seguramente se seguirá gobernando por redes sociales, sin aprovechar todas las bondades que ofrecen para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones.