NACIONALES
Ecos de la reforma judicial: El ministro polémico y la gobernante científica

Opinión, por Pedro Pedro Vargas Ávalos //
Muy infrecuente resulta por donde se le vea, la especie de colisión que resulta al confrontar las ideas de un ya afamado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara Carrancá) ante los principios de la primer presidenta (con A) de los Estados Unidos Mexicanos: Claudia Sheinbaum Pardo.
Todo se genera por la pugna que surgió con motivo de la reforma judicial, que ya es parte de la Constitución de la República, desde el 16 de septiembre pasado, entre ocho ministros -de 11 en total- que son parte del pleno de la SCJN, frente a los poderes Legislativo federal y el Ejecutivo del mismo orden.
Para los mexicanos es notorio que existen profundas diferencias entre los ministros encabezados por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y la mayoría de las cámaras federales -de diputados y senadores- desacuerdos que culminaron cuando la aludida guía de los ministros disidentes decidieron estudiar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución; es decir, valorar si artículos de la Carta Magna, están sujetos a que la SCJN los califique como ¡constitucionales!, siendo que ya son parte de la ley suprema. Esta situación equivale a que la Corte -algunos integrantes- no solo estime que se deben eliminar, sino que podría ella emitir normas que sustituyan esa parte controvertida de la Constitución. Cual si tuviese atribuciones legislativas.
Después de la debacle electoral de la oposición ante la Cuarta Transformación (4T) de los gobiernos lopezobradoristas (tanto en 2018 como la reciente de junio de 2024) esas fuerzas opositoras quedaron tan disminuidas que ni juntas alcanzan la cantidad de legisladores para acudir a la acción de inconstitucionalidad; y en cuanto a la controversia constitucional, no tienen carácter; y como la ley de Amparo niega rotundamente que proceda el juicio de amparo cuanto se trata de reformas o adiciones a la ley suprema, se vieron sin recurso legal alguno.
Entonces recurrieron a lo legaloide (huizachadas, dirían las gentes del pueblo) y con la anuencia de la presidenta de la SCJN, y para asombro de los que algo saben de derecho, le dieron entrada a tales solicitudes. Luego, se aprobó por los ocho ministros anti Cuatro T, que si procedía analizar las reformas constitucionales: esto nunca había sucedido en la historia judicial mexicana, pero ahora resulta que si fue procedente. Y el asunto se turnó al cofrade de la presidenta de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Este abogado, la verdad que estaba casi en el retiro, después de haber sido presidente del Tribunal Superior del antiguo Distrito Federal, cuando fue gobernador de esta entidad gubernamental el expresidente Andrés Manuel López Obrador (el año 2000) y enseguida desempeñarse como magistrado en dicho DF. Pero a la sazón del triunfo de AMLO en 2018, una de las primeras cosas que hizo, fue proponer en diciembre de ese año, al susodicho González Alcántara como ministro de la Corte, y así es como llegó a tan alto cargo.
Por cierto, que al oírlo hablar ante los senadores para convencerlos de que debería él ser quien se eligiera (de una terna en la cual competían la abogada Celia Maya García, luego nombrada miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y la jurista Loretta Ortiz Ahlf, tiempo después designada ministra de dicha Corte) daba la impresión de ser obradorista y argüía razones similares a las del movimiento de Morena: hasta expresó que no le importaba el sueldo y ganar mucho menos que el presidente del país, por el enorme honor de ser ministro.
Así pues, llegó a ocupar un escaño de la SCJN. Pero he aquí, que le gustaron salario y prestaciones privilegiadas y se olvidó del artículo 127 constitucional que ordena no percibir mayores ingresos que el primer mandatario federal. Paulatinamente tomó posiciones que lo alejaron de alguna amistad con el hombre que lo propuso; en la campaña presidencial, hasta su domicilio facilitó para que se reunieran en diciembre de 2023, a conspirar la presidenta de la Corte, con magistrados del Tribunal Electoral Federal (TRIFE) a favor de Xóchitl Gálvez. (Salvador Frausto, reportero de Público en declaraciones a Los Periodistas de Sin Embargo, octubre 30-2024).
A partir de entonces, cada vez que tuvo oportunidad, el señor González Alcántara emitió votos que contrariaban acciones del gobierno de la 4T. Durante los foros para la reforma judicial, dio muestras de no estar de acuerdo. Y luego, durante el paro todo pagado de los miembros del Poder Judicial federal, hasta los acompañó en sus reuniones de protesta. Finalmente, fue el ministro ponente preferido de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien le turnó los asuntos en torno, primero de la llamada “sobrerrepresentación” de diputados y ahora, de los que impugnan la reforma constitucional, que ya dijimos, ya no es reforma sino parte vigente de la Constitución de la República.
Por su parte, la primera mandataria nacional, científica reconocida y política de ideas avanzadas de izquierda, ha sido firme en su postura de salvaguardar la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Como no es abogada, ella misma confiesa que se ha puesto a estudiar derecho, y además de contar con juristas de prestigio a su servicio, constantemente manifiesta: el pueblo tiene la facultad inalienable de cambiar la forma de gobierno; todo poder público se establece para beneficio del pueblo, y conforme a los artículos 133 y 135, la ley suprema de nuestra nación es la Carta Magna y la posibilidad de reformarla, solo compete a lo que se llama “Constituyente Permanente”, integrado por la mayoría calificada de las cámaras de diputados y senadores, además de la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas.
También ha sido tajante en cuanto a que la Corte no tiene facultades legislativas, a que los más altos juzgadores y funcionarios del poder judicial reciben ingresos y beneficios diversos de excesivos costos, y que en tal poder impera la corrupción y el nepotismo, aparte de actuar generalmente a favor de los intereses de los grandes consorcios y capitales, casi nunca a favor del pueblo y los intereses nacionales.
El 28 de octubre, se conoció el proyecto del controvertido ministro: El fin de González es poner sobre la mesa una solución a la que considera crisis constitucional, por lo que opta por declarar la invalidez parcial del decreto de reforma. Esto es gravísimo error, porque ya dijimos, fue un decreto, ahora es articulado vigente de la Constitución. Sobre las tres causales que las oposiciones basan sus reclamos, a saber: a) la violación a la veda electoral, b) la falta de competencia del órgano reformador para emitir el decreto y c) la existencia de vicios en el proceso legislativo. El ministro ponente del proyecto los considera infundados.
Reconocido lo anterior, como y de dónde saca la propuesta el señor González Alcántara de terminar la supuesta “crisis”, es admitiendo algunas reformas y rechazando otras, específicamente la elección de juzgadores: si a la de ministros, y no a la de magistrados y jueces. Esto dio motivo para que se dijera que, hacia una propuesta al estilo del Rey Salomón, que cuando se le pidió hacer justicia sobre un recién nacido, sugirió partirlo en dos para dar a cada madre reclamante de la maternidad en disputa, una parte del bebé.
Así las cosas, el Poder Legislativo se apresuró y modificó dos artículos constitucionales (1’5 y 107) con objeto de precisar que, contra reformas o adiciones constitucionales, no existe ningún recurso. Esta reforma ya tiene vigencia desde la semana pasada. En cuanto a la presidenta Claudia, manifestado que no actuará jamás de forma restrictiva, por lo que descarta el juicio político que previene la ley suprema para los ministros. Y como el proyecto que comentamos se discutirá el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte, los exhorta para que, siendo profundos conocedores de la ley, actúen apegados a la Constitución, dejando al margen cuestiones políticas o intereses y privilegios.
El político González Alcántara, ahora acude ante medios de comunicación y lanza opiniones de plano tremendistas y muy parciales, incluso difamantes, como lo de asegurar que la reforma fue una especie de venganza de AMLO contra la Corte.
El senador Gerardo Fernández Noroña, quien preside al Senado, se ha manifestado molesto por actitud del multicitado ministro, y dijo el uno de noviembre: “yo le digo a Alcántara Carrancá y a los ministros que piensan votar a favor de ese bodrio (el proyecto) que los pondrá en el basurero de la historia…”
Con mucha sensatez, la presidenta Claudia expresó, ojalá que los señores ministros voten conforme decidió el pueblo de México. Porque lo que analizarán no es una reforma, sino la constitución vigente. Y alude al jurista, exministro y exprocurador de justicia federal, Diego Valadez, quien, no siendo partidario de la reforma en su momento, ahora solo dijo en un tuit: “Ya, ya no hay otra, ya es constitucional”.
NACIONALES
Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

Por Mario Ávila //
En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.
Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas
A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.
Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.
Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).
En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.
Un proceso de conteo escalonado y transparente
El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.
En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.
Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.
Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.
López Obrador reaparece y respalda la reforma
Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.
Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.
El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.
Protestas y elecciones concurrentes
Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.
Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.
Un hito con retos pendientes
La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.
A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.
LOS NÚMEROS
Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:
9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
464 Magistraturas de Circuito
386 personas Juzgadoras de Distrito
Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada
De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.
En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.
JALISCO
¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
NACIONALES
Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.
La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN
Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.
La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.
El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.
IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.
Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.
La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.
EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN
Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.
Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.
La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.
UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS
La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.
México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.
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