Opinión, por Pedro Pedro Vargas Ávalos //

Muy infrecuente resulta por donde se le vea, la especie de colisión que resulta al confrontar las ideas de un ya afamado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara Carrancá) ante los principios de la primer presidenta (con A) de los Estados Unidos Mexicanos: Claudia Sheinbaum Pardo.

Todo se genera por la pugna que surgió con motivo de la reforma judicial, que ya es parte de la Constitución de la República, desde el 16 de septiembre pasado, entre ocho ministros -de 11 en total- que son parte del pleno de la SCJN, frente a los poderes Legislativo federal y el Ejecutivo del mismo orden.

Para los mexicanos es notorio que existen profundas diferencias entre los ministros encabezados por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y la mayoría de las cámaras federales -de diputados y senadores- desacuerdos que culminaron cuando la aludida guía de los ministros disidentes decidieron estudiar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución; es decir, valorar si artículos de la Carta Magna, están sujetos a que la SCJN los califique como ¡constitucionales!, siendo que ya son parte de la ley suprema. Esta situación equivale a que la Corte -algunos integrantes- no solo estime que se deben eliminar, sino que podría ella emitir normas que sustituyan esa parte controvertida de la Constitución. Cual si tuviese atribuciones legislativas.

Después de la debacle electoral de la oposición ante la Cuarta Transformación (4T) de los gobiernos lopezobradoristas (tanto en 2018 como la reciente de junio de 2024) esas fuerzas opositoras quedaron tan disminuidas que ni juntas alcanzan la cantidad de legisladores para acudir a la acción de inconstitucionalidad; y en cuanto a la controversia constitucional, no tienen carácter; y como la ley de Amparo niega rotundamente que proceda el juicio de amparo cuanto se trata de reformas o adiciones a la ley suprema, se vieron sin recurso legal alguno.

Entonces recurrieron a lo legaloide (huizachadas, dirían las gentes del pueblo) y con la anuencia de la presidenta de la SCJN, y para asombro de los que algo saben de derecho, le dieron entrada a tales solicitudes. Luego, se aprobó por los ocho ministros anti Cuatro T, que si procedía analizar las reformas constitucionales: esto nunca había sucedido en la historia judicial mexicana, pero ahora resulta que si fue procedente. Y el asunto se turnó al cofrade de la presidenta de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Este abogado, la verdad que estaba casi en el retiro, después de haber sido presidente del Tribunal Superior del antiguo Distrito Federal, cuando fue gobernador de esta entidad gubernamental el expresidente Andrés Manuel López Obrador (el año 2000) y enseguida desempeñarse como magistrado en dicho DF. Pero a la sazón del triunfo de AMLO en 2018, una de las primeras cosas que hizo, fue proponer en diciembre de ese año, al susodicho González Alcántara como ministro de la Corte, y así es como llegó a tan alto cargo.

Por cierto, que al oírlo hablar ante los senadores para convencerlos de que debería él ser quien se eligiera (de una terna en la cual competían la abogada Celia Maya García, luego nombrada miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y la jurista Loretta Ortiz Ahlf, tiempo después designada ministra de dicha Corte) daba la impresión de ser obradorista y argüía razones similares a las del movimiento de Morena: hasta expresó que no le importaba el sueldo y ganar mucho menos que el presidente del país, por el enorme honor de ser ministro.

Así pues, llegó a ocupar un escaño de la SCJN. Pero he aquí, que le gustaron salario y prestaciones privilegiadas y se olvidó del artículo 127 constitucional que ordena no percibir mayores ingresos que el primer mandatario federal. Paulatinamente tomó posiciones que lo alejaron de alguna amistad con el hombre que lo propuso; en la campaña presidencial, hasta su domicilio facilitó para que se reunieran en diciembre de 2023, a conspirar la presidenta de la Corte, con magistrados del Tribunal Electoral Federal (TRIFE) a favor de Xóchitl Gálvez. (Salvador Frausto, reportero de Público en declaraciones a Los Periodistas de Sin Embargo, octubre 30-2024).

A partir de entonces, cada vez que tuvo oportunidad, el señor González Alcántara emitió votos que contrariaban acciones del gobierno de la 4T. Durante los foros para la reforma judicial, dio muestras de no estar de acuerdo. Y luego, durante el paro todo pagado de los miembros del Poder Judicial federal, hasta los acompañó en sus reuniones de protesta. Finalmente, fue el ministro ponente preferido de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien le turnó los asuntos en torno, primero de la llamada “sobrerrepresentación” de diputados y ahora, de los que impugnan la reforma constitucional, que ya dijimos, ya no es reforma sino parte vigente de la Constitución de la República.

Por su parte, la primera mandataria nacional, científica reconocida y política de ideas avanzadas de izquierda, ha sido firme en su postura de salvaguardar la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Como no es abogada, ella misma confiesa que se ha puesto a estudiar derecho, y además de contar con juristas de prestigio a su servicio, constantemente manifiesta: el pueblo tiene la facultad inalienable de cambiar la forma de gobierno; todo poder público se establece para beneficio del pueblo, y conforme a los artículos 133 y 135, la ley suprema de nuestra nación es la Carta Magna y la posibilidad de reformarla, solo compete a lo que se llama “Constituyente Permanente”, integrado por la mayoría calificada de las cámaras de diputados y senadores, además de la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas.

También ha sido tajante en cuanto a que la Corte no tiene facultades legislativas, a que los más altos juzgadores y funcionarios del poder judicial reciben ingresos y beneficios diversos de excesivos costos, y que en tal poder impera la corrupción y el nepotismo, aparte de actuar generalmente a favor de los intereses de los grandes consorcios y capitales, casi nunca a favor del pueblo y los intereses nacionales.

El 28 de octubre, se conoció el proyecto del controvertido ministro: El fin de González es poner sobre la mesa una solución a la que considera crisis constitucional, por lo que opta por declarar la invalidez parcial del decreto de reforma. Esto es gravísimo error, porque ya dijimos, fue un decreto, ahora es articulado vigente de la Constitución. Sobre las tres causales que las oposiciones basan sus reclamos, a saber: a) la violación a la veda electoral, b) la falta de competencia del órgano reformador para emitir el decreto y c) la existencia de vicios en el proceso legislativo. El ministro ponente del proyecto los considera infundados.

Reconocido lo anterior, como y de dónde saca la propuesta el señor González Alcántara de terminar la supuesta “crisis”, es admitiendo algunas reformas y rechazando otras, específicamente la elección de juzgadores: si a la de ministros, y no a la de magistrados y jueces. Esto dio motivo para que se dijera que, hacia una propuesta al estilo del Rey Salomón, que cuando se le pidió hacer justicia sobre un recién nacido, sugirió partirlo en dos para dar a cada madre reclamante de la maternidad en disputa, una parte del bebé.

Así las cosas, el Poder Legislativo se apresuró y modificó dos artículos constitucionales (1’5 y 107) con objeto de precisar que, contra reformas o adiciones constitucionales, no existe ningún recurso. Esta reforma ya tiene vigencia desde la semana pasada. En cuanto a la presidenta Claudia, manifestado que no actuará jamás de forma restrictiva, por lo que descarta el juicio político que previene la ley suprema para los ministros. Y como el proyecto que comentamos se discutirá el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte, los exhorta para que, siendo profundos conocedores de la ley, actúen apegados a la Constitución, dejando al margen cuestiones políticas o intereses y privilegios.

El político González Alcántara, ahora acude ante medios de comunicación y lanza opiniones de plano tremendistas y muy parciales, incluso difamantes, como lo de asegurar que la reforma fue una especie de venganza de AMLO contra la Corte.

El senador Gerardo Fernández Noroña, quien preside al Senado, se ha manifestado molesto por actitud del multicitado ministro, y dijo el uno de noviembre: “yo le digo a Alcántara Carrancá y a los ministros que piensan votar a favor de ese bodrio (el proyecto) que los pondrá en el basurero de la historia…”

Con mucha sensatez, la presidenta Claudia expresó, ojalá que los señores ministros voten conforme decidió el pueblo de México. Porque lo que analizarán no es una reforma, sino la constitución vigente. Y alude al jurista, exministro y exprocurador de justicia federal, Diego Valadez, quien, no siendo partidario de la reforma en su momento, ahora solo dijo en un tuit: “Ya, ya no hay otra, ya es constitucional”.