Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Se ha convenido por todos los mexicanos, o casi, que el actual es tiempo de mujeres. Y como cabal ejemplo se trae a colación el hecho de que tenemos dos primeras presidentas en esferas esenciales del poder público nacional: Claudia Sheinbaum Pardo, científica y política quien es titular del Poder Ejecutivo Federal, o sea presidenta de la República, y Norma Lucía Piña Hernández, jurista y ministra, quien funge como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJ-, es decir, simboliza al Poder Judicial Federal.

Proverbialmente, los poderes constitucionales deben ser armónicos, pero debemos admitir que, durante el priiato, las Cámaras (Diputados y Senadores) fueron muy obsecuentes del Ejecutivo, y no se diga el Poder Judicial, tratado siempre como un apéndice del presidencialismo vigente.

A partir de 2018, cuando arribó al gobierno general la posición de izquierda representada por Morena y sus aliados -PT y PVEM- los tres poderes constitucionales actuaron con más o menos independencia. Sin embargo, luego de las elecciones de junio de este feneciente 2024, cuando la ciudadanía votante le dio enorme ventaja al Lopezobradorismo, por lo que los morenistas y asociados obtuvieron mayoría calificada y en consecuencia el gobierno de la Cuarta Transformación -4T- pudo cristalizar lo que llamó Plan C, que había sustituido a los planes A y B que contenían diversas iniciativas de reformas constitucionales, y que habían fracasado en el legislativo durante la segunda parte del periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o en su caso, cuando eran leyes secundarias, se frenaron en la Suprema Corte de Justicia, motivada para actuar por partidos de la oposición o por organismos no gubernamentales de inspiración prianista o empresarial, es decir de la llamada derecha política.

Por cierto, desde el 2 de enero de 2023, había llegado a la presidencia de la SCJ, por primera vez en la historia del Poder Judicial, una mujer: la ministra Licenciada Norma Lucía Piña Hernández. Con su arribo, los juzgadores federales multiplicaron sus acciones de amparo sobre operaciones de la 4T, todo ello festejado por los oposicionistas y con desabrida actitud gobiernista.

Con singular visión, el 5 de febrero de este año, el ahora expresidente AMLO, presentó un paquete de 20 propuestas reformatorias, la mayoría de índole constitucional, y pocas sobre normas de corte secundario. La meta era alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en los comicios de junio y así poder concretar legislativamente esas iniciativas. Celebrada la jornada electoral, triunfó arrolladoramente el Lopezobradorismo, logrando mayorías calificadas en las Cámaras, y dando la presidencia de la república a la ilustrada Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que desempeñaría tan alto cargo a lo largo de 200 años de historia independiente mexicana. De esa manera quedaron frente a frente dos distinguidas damas y presidentas, una de la Corte -prácticamente del Poder Judicial- y otra del Poder Ejecutivo.

Si desde el segundo trienio del período de AMLO, se habían distanciado los intereses de la 4T y del Poder Judicial Federal, se vio con expectativa como actuaría la sucesora de AMLO. Desde el momento inicial -1 de octubre reciente- del sexenio Claudista, se advirtió que su titular no actuaría contra su antecesor. Por lo tanto, eran de esperarse constantes jaloneos entre las dos presidentas. Y la ocasión se dio a propósito de la reforma del Poder Judicial.

La primera mandataria sugirió y así se hizo, que hubiese en el Congreso de la Unión una etapa o especie de parlamento abierto para escuchar a todos los interesados en la comentada iniciativa judicial. Fueron muchas las sesiones llevadas a cabo, y a ellas concurrieron desde los miembros de la SCJ, magistrados y juzgadores tanto de índole federal como estatal, como académicos y abogados de diversas instituciones. Hubo varias modificaciones a la original proposición de reforma constitucional, finalmente los críticos de ella quedaron inconformes desatando una áspera refutación mediática; comentócratas y los miembros de la justicia federal, fueron el alma de esa férrea impugnación, contando con la anuencia de la presidenta de la SCJ.

En esa ríspida contienda, en julio de este año, en un Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, expresó la guía de la SCJ: la reforma judicial es “… un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro País» (El Mañana, 8-VII-2024). Luego a principios de septiembre la presidenta Piña Hernández planteó un proyecto de reforma, muy diferente al que tenía el Poder Legislativo. Una frase de ella lo dice todo: “la demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende”.

A esos cuestionamientos, la presidenta electa declaró el mes de la Patria: con la reforma judicial “habrá más y mejor estado de derecho y más democracia para todas y todos”. Enseguida, ante diputados de su partido, agregó: “La propuesta aspira a poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos”. (Prensa Latina, sep.4/2024).

Así transcurrieron los días, hasta que el 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la multicitada reforma constitucional. El siguiente episodio pasmoso, fue cuando la SCJ discutió si era posible echar atrás la susodicha reforma, y en dramático acto, faltó un voto para que el pleno de la Corte aprobara esa proposición: con visible nerviosismo, la ministra Piña intentó que, en vez de 8 votos, solo se requirieran seis para declarar que si podía revertirse la modificación constitucional que nos ocupa, pero de nueva cuenta fue derrotada. Y así se selló que la Carta Magna y su reforma en materia judicial, quedaba firme. (Sesión 5 de noviembre, SCJ). Al respecto la presidenta del país afirmó el miércoles 6 de noviembre: “el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad”. (Aristegui noticias, 6-11-2024).

El asalto final, se verificó el pasado 10 de diciembre, con motivo del que será el postrero informe de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El evento se vio desairado por muchas personalidades, destacando desde luego las ausencias de la presidenta Sheinbaum, de los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como de la presidenta del Tribunal Federal Electoral.

La ministra presidenta señaló en un comunicado oficial, que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial. En un párrafo -, aludiendo asuntos que contravinieron intenciones gubernamentales, dijo la presidenta: «Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco». Incluso, se dice recibieron amenazas.

En la mañanera del 11 del mes decembrino, sobre lo dicho por Piña Hernández, estipuló la presidenta de México: es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo; ni del “presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza”.

La jefa del Ejecutivo Federal agregó que todo integrante del Poder Judicial, particularmente, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, “son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, … ser oscuros”, y por ello, se deben “hacer públicas algunas decisiones que se toman,…y que se manifiestan en “La Mañanera”, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada; o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses, y meses, para poder determinar una resolución de la Corte, por intereses personales o mercantiles; o casos en donde la Corte decidió legislar, contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución”.

En base a lo anterior, “en realidad el fondo es que el Poder Judicial y, particularmente, una parte de los ministros y ministras de la Corte, representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo”.

Por otra parte, aseveró Sheinbaum que la Transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México, “un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia” y contra lo que dicen los detractores de la reforma, “los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que “esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de derecho,… es todo lo contrario, ahora, va a haber autonomía del Poder Judicial por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo”.

“Si —lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta—, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo: en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados prácticamente por él en un acuerdo entre el PRI y el PAN…” Por consiguiente, asegura la mandataria, “lo que hay es dos proyectos de nación: Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios. Y, otro, avanzar con la Transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer -la presidenta de la Corte- con su informe? Pues el viejo régimen”.

De esta forma, prácticamente concluye este jaloneo entre presidentas, que como intitulamos esta colaboración, no fue sino la crónica de un forcejeo presentido.