NACIONALES
Controvertido fin de año: Término de islotes autonómicos y reminiscencias para olvidar
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Llegamos al tope del año, lapso de sucesos sensacionales para las mayorías y amargos para puñados. No nos ocuparemos por ahora del inmediato futuro, que esperando sea propicio, advierte desafíos revoltosos. Nuestro comentario resulta porque como estamos en el tramo final del 2024, concluimos que para acentuar nuestra confianza debemos inquietarnos poco, a cambio de optar por deleitarnos mucho con lo que tenemos a nuestro alcance. De esa manera, no solo terminaremos felices esta cincuentena de semanas transcurridas, sino que recibiremos alegres el inminente 2025.
Nuestra patria requiere de pobladores, -votantes, infantes y jóvenes- que unidos por la historia nacional e impulsados por la fraternidad y la democracia, con afán de justicia y prosperidad nos permita divisar un porvenir halagüeño.
Claro que, ante el vértigo de los festejos navideños y la proximidad del año nuevo, no debemos pasar por alto ciertos acontecimientos de suma trascendencia. Entre ellos, aparte de la controvertida reforma judicial y otras iniciativas de enmiendas constitucionales, la más reciente novedad en tal ámbito es lo que publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 20 de diciembre reciente, referente al finiquito de siete entes autónomos surgidos durante la época denominada del neoliberalismo, es decir cuando gobernaron a la nación el PRI, el PAN y la amalgama de ambos, es decir el PRIAN.
Previamente –el día10- tras el cómputo de votos aprobatorios de 21 congresos locales, se anunció que la Cámara de Diputados había declarado la validez constitucional de las reformas en materia de simplificación orgánica para extinguir a los aludidos organismos.
Esa publicación del DOF implica la desaparición efectiva del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Las funciones de esos institutos serán asumidas por distintas dependencias federales, incluyendo una de creación especial. En cuanto a los ahorros que generen tales supresiones, se aplicarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Esos organismos autonómicos, son oficinas que se encargan, dentro del sistema público, de cometidos ordinariamente encargadas al gobierno federal, pero que, a través de los casi ocho lustros del neoliberalismo, se fueron creando con el argumento de que esas ocupaciones deben ser “ciudadanizadas” a efecto de que sus disposiciones fuesen independientes y en consecuencia no influidas por los intereses de la administración federal centralizada.
En pocas palabras, esas instituciones, aunque vinculadas al Sector Público, su calidad de entidad autónoma les permite determinar en sus asuntos de competencia exclusiva, con independencia del área gubernamental en la que estén ubicadas, autogobernándose y hasta pudiendo dictar normas para lograr sus objetivos.
El principal problema de la formación de esas instituciones burocráticas residió en que, la mera verdad, surgieron para complacer partidos políticos, compromisos inconfesables y grupos de presión. Por lo tanto, la ciudadanización fue una ilusión, y las decisiones de dichas entidades oficiales, tuvieron manifiestas tendencias favorecedoras de grandes empresas, notables personajes o grupos poderosos. PEMEX -que casi lo quebraron deliberadamente- y el sector eléctrico -que fue disminuido- son ejemplos de cómo se actuó en contra de la soberanía nacional y los intereses populares.
Por otra parte, los organismos autónomos, fueron en general un pesado lastre económico, al tiempo que sus dirigentes crearon burocracias doradas, recibiendo percepciones muy elevadas y prestaciones privilegiadas, aspectos que los servidores públicos no suelen percibir; incluso, varios directores de tales instituciones recurrieron al amparo para continuar ganando salarios mayores a la Presidenta de la República, lo cual es violatorio del artículo 127 constitucional; lo peor es que el poder judicial los complació, quizás porque los juzgadores tenían la misma infracción.
De la septena de órganos eliminados, quizás el que más bullicio armó fue el INAI, cuya esfera de competencia no cabe duda de que es trascendente, para la conducta de sus mandamases, dejaron bastante que desear. Estos, cuando vieron que su liquidación iba en serio, ofrecieron reajustar sus gastos, pero ya no convencieron a la Presidenta Sheinbaum, quien afirmó que en esa organización había prácticas corruptas y que los recursos públicos que se les asigna anualmente pueden destinarse a otras necesidades, además de que sus quehaceres, es decir lograr la transparencia del gobierno, “va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, organismo que surgió de la transformación de la secretaría de la Función Pública.
El crítico de esta reforma, Salvador Romero Espinoza, -jefe del ITEI Jalisco- expresó: “La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.” Esto lo escribió en Nexos, la revista de Héctor Aguilar Camín, (el sistémico impugnador de la Cuatro T). Cada lector saque sus conclusiones, pues nutrido grupo opina que tiene conflicto de intereses en este proceso.
Quizás el segundo organismo más controvertido es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sin embargo, sobresale que su actividad es más bien duplicidad frente la misión del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cuyas investigaciones tienen enorme aceptación y prestigio por su profesionalismo.
De las demás entidades desaparecidas, es evidente que sus misiones quedarán más que cubiertas por las secretarías de su esfera, descollando la Secretaría de Energía, que recupera ramos que se le habían desmembrado en materia de energéticos: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Subrayamos lo que declaró la secretaria de esta dependencia, Luz Elena González Escobar: “con la iniciativa de reforma al Sector Energético se fortalecerá la planeación para garantizar el abasto y la confiabilidad de energía eléctrica en todas las regiones del país”.
De medianos saldos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) será absorbida por la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora quedará dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Por lo que ve a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), por lógica pasa a la Secretaría de Educación Pública.
Finalmente a moción del diputado Ricardo Monreal Ávila (coordinador de Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar -del mismo partido-, al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que primariamente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Los artículos que fueron modificados o adicionados, de la Constitución Federal, según el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, fueron los números 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123. Los congresos de la Unión y el de cada una de las Entidades federativas, tienen 90 días para que a partir de la vigencia de las reformas (21 de diciembre) lleven a cabo las adecuaciones que resulten necesarias.
La Presidencia de la República emitirá los decretos y acuerdos que sean conducentes para ese mismo efecto. De esta manera, se acabaron los islotes autonómicos que el neoliberalismo impúdico del PRIAN nos impuso a los mexicanos.
Finalmente, mencionaremos una remembranza para olvidar, registrada el 20 del mes último de 1994, aunque la terca realidad nos lo impide: “el error de diciembre” de ese año, cuando el recién entrado mandatario Ernesto Zedillo, dispuso pésimas medidas que generaron brutal crisis económica (también llamada del efecto Tequila) a tal grado que repercutió en Latinoamérica.
Al respecto, Carlos Salinas de Gortari, quien bastante culpa tuvo en el tema, forjó esa frase para imputar a la administración entrante de Zedillo Ponce de León, la responsabilidad y exceptuar de culpa a la política económica de su periodo. La crisis provocó la devaluación del peso mexicano con relación al dólar en casi un 300%, lo cual desencadenó altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y aprietos en la actividad comercial; como consecuencia miles de empresas recortaron sus plantillas de personal o de plano desaparecieron.
El nefasto Zedillo no solo hizo eso, sino que nos heredó el apabullante FOBAPROA, (establecimiento creado por Salinas en 1990, pero puesto en acción por Zedillo para encarar el error de diciembre) llamado el robo más grande del siglo que aún seguimos pagando los mexicanos, en tanto que el expresidente se pasea por el mundo entero como alto empleado -muy bien pagado- de empresas extranjeras que él favoreció en su mandato, además de ser favorito pensionado por el Banco de México con jugosa cantidad.
Por lo anterior, es que tal evocación debería ser para el olvido, pero lamentablemente, siendo tan pesada carga para varias décadas, no la podemos borrar.
Por lo tanto, especialmente por estos días, llenemos nuestras vidas de júbilo con familiares y amigos, festejemos posadas, nochebuena, final de año y recarguemos nuestro espíritu para que la cercana cuesta de enero, la superemos como actuamos los mexicanos en general y en particular los moradores de Jalisco: con prestancia, tenacidad, trabajo, solidaridad y la fortuna de poseer salud, familia y amistades, que son ni más ni menos, el mayor de los tesoros con que podemos contar.
– Opinión, por Iván Arrazola
El poder, ese viejo escenario donde se forjan héroes y se consumen rebeldes, suele desnudar la verdadera esencia de quienes lo alcanzan. A lo largo de la historia, ha sido capaz de transformar ideales en privilegios y convicciones, en concesiones.
En México, pocos casos ilustran mejor esta metamorfosis que el de Gerardo Fernández Noroña: el opositor combativo que enarbolaba la rebeldía como bandera y que, con el tiempo, terminó convertido en el mismo tipo de político al que solía denunciar.
En este sentido, desde sus tiempos como opositor, lo que dio a conocer al senador Fernández Noroña fue su actitud combativa y su rebeldía. Era el tipo de político capaz de hacer una huelga de hambre ante una decisión injusta del gobierno, el personaje que abiertamente criticaba los excesos de la vieja clase política: sus privilegios, sus viajes y el lujo en el que vivían.
Esa faceta crítica y contestataria la expresó también en episodios como su negativa a pagar el IVA en los supermercados, acciones que ponían en aprietos a trabajadores que, en realidad, poco podían hacer para cambiar los precios.
Sin embargo, todo cambió cuando López Obrador lo incluyó entre las llamadas corcholatas presidenciales. A partir de ese momento, el activismo callejero que había caracterizado a Fernández Noroña se transformó. De la noche a la mañana, subió varios peldaños y se convirtió en parte de la nueva élite política.
Así, cuando fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Senado, su estilo ya no fue el de un perfil austero. Los viajes en primera clase, las salas premier en aeropuertos y los vehículos de lujo pasaron a ser parte de su nueva realidad. Paradójicamente, el mismo político que antes presumía su cercanía con el pueblo y despreciaba a los elitistas, pronto cayó en excesos inconcebibles para alguien que se asumía contestatario. Incluso utilizó al Senado como espacio para exigir que un ciudadano se disculpara públicamente por haberlo insultado en un aeropuerto.
El contraste es aún más evidente si se recuerda que durante años criticó la corrupción de panistas y priistas, y denunció las injusticias contra el pueblo. Ahora, en cambio, mostró una sorprendente falta de sensibilidad.
Respecto al rancho de Teuchitlán, Jalisco, por ejemplo, minimizó la gravedad de lo ocurrido al afirmar que solo se trataba de cientos de pares de zapatos, negando que hubiera indicios de reclutamiento o atrocidades. En otros tiempos, probablemente habría exigido justicia y acompañado a las víctimas.
De igual modo, cuando surgieron señalamientos contra el coordinador de su bancada por vínculos de su secretario de seguridad con el crimen organizado, Noroña llegó incluso a cuestionar la existencia del grupo criminal involucrado. En otra época habría pedido el desafuero del implicado; hoy, en su nueva faceta, resulta difícil imaginarlo asumiendo una postura crítica.
No obstante, sus últimos días como presidente del Senado estuvieron marcados por un cúmulo de escándalos. Investigaciones periodísticas revelaron que era dueño de una casa de 12 millones de pesos.
Aunque intentó justificar la compra con un crédito, sus ingresos como senador y las supuestas ganancias de su canal de YouTube, rápidamente especialistas desmintieron que pudiera generar los 188 mil pesos que asegura el senador. Con soberbia, declaró: “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”. Incluso se ventiló que recibe donaciones ilegales a través de sus transmisiones en redes sociales.
En ese torbellino de acusaciones ocurrió un episodio que pudo haberle devuelto algo de legitimidad, pero que terminó mostrando que se trata de un político que vive el privilegio: el enfrentamiento con el líder nacional del PRI. Aunque al principio la conversación mediática giró hacia la agresión que sufrió junto a uno de sus colaboradores, el caso pronto escaló.
El Ministerio Público acudió de inmediato al Senado a tomarle declaración, mientras miles de personas comunes siguen sin obtener justicia pronta y expedita. Esa diferencia de trato encendió aún más las críticas.
La polémica creció cuando la jefa del Estado intervino, acusando a Alejandro Moreno y a la oposición de actuar como porros. En lugar de llamar a la prudencia y a la concordia, reforzó la confrontación y desvió la atención al señalar que la prensa se fijaba más en la casa de Noroña que en las acusaciones de la DEA contra García Luna.
El caso de Fernández Noroña ilustra crudamente lo que sucede cuando los principios se subordinan al poder, ya sea porque este transforma a las personas o porque desde el inicio solo fue una estrategia para alcanzarlo. Hoy, las condenas a la violencia en el Senado son unánimes.
Lo que no parece merecer la misma indignación es la incongruencia. El régimen insiste en convencerse a sí mismo de que “no son iguales”, pero en los hechos muestran que sí lo son o, lo más inquietante, que pueden incluso superar a aquello que juraron combatir.
– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego
A un año la Presidenta está haciendo lo que puede con quien tiene.
Resolver la herencia que le dejó López Obrador no es sencillo.
Una gran parte del país controlado por la delincuencia, finanzas públicas deshidratadas, obras inviables y tremendamente costosas, una nación endeudada brutalmente, un sistema de salud devastado y muchas otras asignaturas como la de lidiar con personajes impresentables por sus vínculos criminales o comportamientos inmorales y corruptos, son parte del pesado costal que carga todos los días Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, en este primer aniversario, estoy convencido de que la primera mujer que encabeza el ejecutivo federal está destinada a trascender en la historia.
Podrán muchos no estar de acuerdo en sus postulados, pero ¿qué mandatario en el mundo se escapa de la polémica y la crítica? Ninguno, sea mujer o varón.
La democracia, al margen de sus bases teóricas, siempre corre riesgos colectivos. Así lo demuestra la historia universal.
De cualquier modo, soy de los que opina que Sheinbaum tiene la convicción de lograr mejorar el estado de las cosas que recibió.
Dicho de otra forma, creo en ella.
Y si bien hay temas que pueden ser materia de cuestionamientos duros y legítimos, lo cierto es que en este primer aniversario de su sexenio sobresalen dos personajes que han dado la nota positiva (por no decir sobresaliente) de su gestión: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.
De ambos lo único que podría decirse en este momento es que están dando buenas cuentas a la sociedad y a la presidenta.
Los dos tienen algo en común: los escenarios que enfrentan son adversos y en extremo desafiantes.
Omar, pacificar al país en medio de una violencia nunca antes vista.
Marcelo, darle viabilidad productiva a México frente a la inestabilidad emocional de Donald Trump.
Si Claudia Sheinbaum ha tenido un acierto, es haber colocado en esas delicadas responsabilidades a Omar García Harfuch y a Marcelo Ebrard, quienes, llegado el momento, de seguro serán los únicos finalistas de Morena en el aún lejano 2030.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor, activista social y analista político.
– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz
En México, existe una preocupación creciente que corre el riesgo de pasar desapercibida: los fondos de pensión de miles de trabajadores en edad madura están en peligro de caer en el olvido, y con ello, en el terreno de la burocracia y la dificultad para ser recuperados.
Aunque legalmente el derechohabiente no puede perder su dinero, lo cierto es que los recursos que no registran movimiento en las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) están destinados a ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Esta disposición del dinero de los trabajadores, forma parte de una política con fines sociales encomiables, pero que, en los hechos, abre la puerta a un problema: cuando el ahorro para la vejez se olvida, rescatarlo se convierte en un proceso lento, desgastante y en muchos casos frustrante.
La urgencia radica en algo muy sencillo: el tiempo. Miles de mexicanos mayores de 60 años están a un paso de perder la disposición de su dinero, no porque la ley se los quite, sino porque la falta de información y la inactividad laboral los deja en la antesala del olvido administrativo.
EL RIESGO DEL OLVIDO Y EL PAPEL DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR
El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue creado con un propósito loable: complementar las pensiones de aquellos trabajadores que reciben menos de 18 mil pesos mensuales, a fin de equiparar su ingreso a un promedio calculado por el IMSS como un estándar mínimo de retiro digno. En otras palabras, se trata de un mecanismo redistributivo que busca equilibrar las grandes desigualdades que persisten en el sistema de pensiones mexicano.
Sin embargo, el traslado de recursos inactivos hacia este fondo plantea preguntas importantes: ¿qué pasa con los adultos mayores que tienen ahorros olvidados en su Afore? ¿Qué ocurre con aquellas personas que dejaron de cotizar hace décadas, pero que aún conservan un capital acumulado en sus cuentas? La respuesta es brutal: esos millones de pesos de miles de mexicanos, se irán a una bolsa de reparto de dinero para trabajadores con bajas pensiones, pero recuperar ese dinero será un procedimiento complicado, burocrático y lento.
El trabajador en teoría, siempre tendrá protegido su derecho respecto del ahorro. Pero en la práctica, los trámites para reactivar semanas cotizadas, actualizar expedientes y demostrar derechos laborales se convierten en un laberinto que muchos adultos mayores, por falta de información o por cansancio, prefieren no recorrer.
EL RESCATE REAL: REACTIVACIÓN LABORAL Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN
Frente a este escenario, surge una alternativa más eficaz: la reactivación laboral como vía para recuperar el control de la pensión. Trabajar un tiempo adicional bajo esquemas que permitan la cotización ante el IMSS no solo garantiza que el dinero en la Afore siga siendo del trabajador, sino que además abre la puerta para acceder a una jubilación formal.
Existen dos caminos clave en este terreno:
1. Modalidad 40 (continuación voluntaria en el régimen obligatorio): permite al trabajador seguir cotizando por su cuenta, con base en el último salario registrado, para incrementar semanas cotizadas y, sobre todo, el promedio salarial que determinará el monto final de la pensión. Es un mecanismo ideal para quienes ya tienen un número suficiente de semanas, pero buscan mejorar el monto mensual de su retiro.
2. Modalidad 10 (Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio): Pensada para personas trabajadoras independientes (PTI), esta opción permite generar semanas de cotización. Resulta ser una puerta de entrada para adultos mayores que necesitan cumplir con el requisito mínimo de semanas cotizadas.
La estrategia es clara: evitar que el ahorro caiga en el olvido, activar acciones que vinculen nuevamente al trabajador con el IMSS y con su Afore.
EL RELOJ CORRE MÁS RÁPIDO DESPUÉS DE LOS 60 AÑOS
Si bien la Ley del Seguro Social permite jubilarse desde los 60 años por cesantía en edad avanzada y hasta los 65 años por vejez, la realidad es que muchas personas superan esa edad y han entrado en una zona crítica. A partir de esa edad, cada mes, sin movimiento laboral y sin actualización de derechos, aumenta el riesgo de que los ahorros terminen siendo “trasladados” a una tarea social.
Para los adultos mayores, particularmente aquellos que han vivido décadas fuera del sistema formal de empleo, la jubilación puede parecer un terreno lejano. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aún es posible recuperar el control con una estrategia. Cotizar unos meses adicionales, incluso con un salario bajo, puede marcar la diferencia entre acceder a una pensión vitalicia o dejar el dinero atrapado a disposición de la burocracia.
LA FAMILIA: ALIADA EN EL RESCATE DE LA PENSIÓN
Un aspecto que no puede pasarse por alto es la necesidad de involucrar a la familia en este proceso. Muchos adultos mayores ignoran que dinero guardado en su Afore. Es común que los estados de cuenta se pierdan entre papeles olvidados o que, por falta de cultura financiera, el trabajador nunca haya dado seguimiento a su ahorro.
Aquí, hijos, sobrinos y nietos tienen un papel fundamental: acompañar a sus mayores en la revisión de su historial laboral, ayudarles a consultar en línea sus semanas cotizadas y, sobre todo, motivarlos a iniciar un proceso de recuperación de su dinero. Lo que para el adulto mayor puede ser un trámite complejo, pero para un familiar más joven puede ser una tarea sencilla.
Apoyar al papá, a la abuela o al tío mayor en este proceso no solo significa rescatar un derecho económico, sino también garantizarles una vejez con mayor seguridad y dignidad.
ENTRE LO SOCIAL Y LO INDIVIDUAL: EL RETO DE LAS PENSIONES EN MÉXICO
Nadie duda que el Fondo de Pensiones para el Bienestar cumple con un objetivo social importante: mejorar los ingresos de quienes menos tienen. Pero también es cierto que esta política no debe convertirse en un pretexto para que los trabajadores pierdan sus derechos individuales. Raro que la autoridad, no busque al trabajador y le exhorte a reactivarse antes de tomar su dinero, y hacer el bien con dinero ajeno.
Rescatar la pensión del olvido implica tres pasos:
1. Buscar asesoría y reconocer la urgencia: el dinero está en riesgo de ser transferido al Fondo de Bienestar.
2. Trazar una estrategia de reactivación laboral y jubilación: ya sea en modalidad 10 o 40.
3. Involucrar a la familia y buscar ayuda confiable: nadie debería enfrentar este proceso en soledad.
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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.
E-mail: amper61@hotmail.com
