Adiós al acceso a la información

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El Poder Ejecutivo decretó, en materia de simplificación administrativa, una reforma constitucional que desaparece siete organismos autónomos en el país, aunque sabíamos de la pretensión impulsada por Morena y del avance de aprobación de dicha reforma constitucional, el efecto que creará la desaparición de organismos importantísimos, tendrá un impacto significativo en ciertos sectores sociales, entre los organismos que desaparecen una vez que la mayoría de las legislaturas locales aprueben en el término de ley, aunque en su mayoría eran reguladores o de evaluación de políticas públicas.

Cabe hacer mención de que la mayor inquietud radica en el INAI, la reforma defiende una supuesta simplificación en materia administrativa, gubernamental y el ahorro de presupuesto; sin embargo, la realidad es que no existió un análisis y diagnóstico previo de las implicaciones sociales de meter en una bolsa de cosa que evidentemente estorban, siete organismos y extinguirlos.

En este sentido, para aquellos que durante los últimos veinticinco años hemos defendido los derechos humanos y para los que vieron la evolución en México del derecho al acceso a la información pública, y la herramienta tan valiosa que resultaba de una solicitud de información al organismo garante de este derecho humano que genera transparencia gubernamental, nos parece un retroceso.

Habrá que volver a empezar una lucha social por mantener el acceso a la información pública y combatir la corrupción que crea la opacidad desde otras trincheras. Un repaso breve por las modificaciones constitucionales al artículo 6° de nuestra Constitución, nos dejará ver el impacto a modo de demolición a la transparencia en México y su evidente retroceso a 1977.

A partir del cumplimiento de los artículos transitorios de la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024, los efectos para los organismos autónomos serán inmediatos. En materias como el acceso a la información, quedará a las entidades federativas la tarea de armonizar sus constituciones. Sin embargo, y bajo la autonomía de los Estados, existe la posibilidad de mantener sus órganos garantes estatales, y seguir apostando a la construcción de una sociedad que ejerce sus derechos de acceso a la información, protección de datos personales y a una vida libre de corrupción. La verdad es que solo aquellos que no sean gobiernos morenistas podrán manifestarse a favor del derecho a la información en México, la protección de datos personales, la transparencia gubernamental y el acceso a la información.

Todo un desafío será para el país el combate a la corrupción, sin el INAI y los órganos garantes locales. Un reto para los medios de comunicación, la sociedad y la libre expresión, ya que será el propio sujeto obligado el encargado de otorgar la información pública que se le requiera, sin que exista un proceso que garantice la entrega de la información; un derecho cuyo reclamo social ya había sido luchado y ganado.

Los retos para los próximos seis años en materia de combate a la corrupción serán difíciles, ya que una de las principales herramientas que tenían los ciudadanos, para ejercer los derechos humanos de acceso a la información y libre expresión, deja de garantizarse en México para dejar en su lugar el libre albedrío de las dependencias públicas federales y gobiernos estatales.

Hablemos todavía más claro. Aunque la reforma de simplificación administrativa defiende que eran organismos cuya labor y presupuesto resultaban sobrados, la realidad política es que se metieron en una bolsa de cosas sin importancia y que estorban a los gobiernos. Para que la decisión arbitraria se viera sólida, incluyen algunos organismos de evaluación y regulación, debido a que enfrentar el argumento de desaparecer el INAI hubiera resultado en un reclamo social de varios sectores y no habría forma de defender los «¿Por qué?», «¿Para qué?» y «¿El cómo?», pero era necesario obstruir y desvanecerse al órgano garante de la transparencia en México.

Sin embargo, las preguntas están perfectamente contestadas en el decreto de simplificación administrativa del 20 de diciembre. Además de ser una molestia la información pública que el ciudadano obtenía del INAI, en el transitorio, que a la letra dice: “Tercero. — Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente Decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable”.

Para el entrante gobierno federal, la estrategia de que las pensiones del bienestar se puedan seguir manteniendo, debido a que evidentemente producen votos en periodo electoral y habría que meter al INAI en la bolsa de cosas inservibles por dos razones: impacta negativamente en la imagen del gobierno y causó daño al gobierno de López Obrador. Esta sería la venganza, pero justificarán socialmente su desaparición con un falso dilema: ¿pensión o solicitud de información?»